Hablando Claro con Vilma Ibarra

Las preciadas medallas que colocaron a Costa Rica como líder mundial en generación de energía eléctrica con fuentes renovables, se nos están opacando. Hoy la realidad nos muestra grietas importantes en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que enfrenta (y con la institución el país) los resultados de múltiples decisiones que nos muestran las complejidades de la matriz energética. Para abril los embalses de Arenal, Cachí, Pirrís y Reventazón se encuentran por debajo de lo programado, lo que fue potenciado por los impactos de la fuerte sequía del fenómeno del Niño. Para muestra un botón: 10 años atrás, en el 2014 Costa Rica logró disminuir a 1 % la generación de electricidad con el uso de combustibles, pero en el 2023, llegamos al 8 %. A este cóctel se debe sumar la demanda de energía que va en un crecimiento proyectado para el 2024 en un 5 %, según dio a conocer la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico. Así, los escenarios que nos esperan, desde la perspectiva de innovación con fuentes modernas, nos están ganando la partida para poder garantizar una política pública acorde a los tiempos y nuevas tecnologías. Para encender luces acerca de esta situación conversaremos con el ingeniero José Daniel Lara, doctor en energía y recursos naturales.

En cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones de la policía judicial, todas las razones son de mucho peso. Y es que en la coyuntura que vive el país, el congelamiento salarial y los impactos en las remuneraciones por la aplicación de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y de Empleo Público, son tan determinantes como las necesarias obras de mejoramiento de la infraestructura, el deterioro en las futuras pensiones y, por supuesto, los riesgos asociados al hecho peligrosísimo de tener que enfrentar la más grave ola de violencia por la actividad criminal de nuestra historia. Los números no mienten. De enero de 2017 a diciembre del 2023, 287 funcionarios renunciaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A esta realidad se le deben sumar las dos rebajas presupuestarias a la Policía Judicial, durante la administración Chaves Robles, lo que ha impedido retener oficiales calificados, comprar equipos y mejorar urgentemente condiciones en sus instalaciones. Y otros estamentos del Poder Judicial, que realizan tareas complementarias a las del OIJ para contener las cada vez más sofisticadas organizaciones delictivas, también requieren más recursos materiales. Como es sabido, mientras merman los recursos económicos y de personal y aumentan exponencialmente las tareas de inteligencia y los operativos contra las mafias, la criminalidad organizada local y transnacional no tiene limitaciones de ningún tipo. Así las cosas, urgen soluciones para darle más recursos a la policía judicial. Y urgen ya. Ahora. Por eso abordamos el tema mañana con el director del OIJ, Randall Zúñiga y la diputada Kattia Cambronero, que lidera los empeños para liberar dineros para la policía judicial.

Precedida por un sin número de desencuentros, la ruptura entre Ecuador y México, ha puesto de manifiesto la profunda transformación de las relaciones diplomáticas que estamos viviendo, con implicaciones sí en los vínculos bilaterales, pero también en el orden multilateral, entre esos y otros estados. La inobservancia de los tratados internacionales, las normas, las costumbres y la buena voluntad, como las herramientas de cumplimiento político que se cimentaron con la posguerra, suponen consecuencias que no se pueden pasar por alto y que obligan a un debate global. En el caso concreto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador con discursos incendiarios contra homólogos suyos interfiriendo en decisiones soberanas de otros estados, como Ecuador, que justificó la intervención el viernes pasado en la embajada azteca en Quito, para capturar al ex vicepresidente, Jorge Glas Espinel condenado por actos de corrupción del famoso caso Odebrecht. El hecho generó una condena inmediata de otros Estados y organismos mundiales, pero también los ha obligado a una reflexión, sobre el respeto a los preceptos del Derecho Internacional en tiempos de enorme vulnerabilidad por las crisis geopolíticas y particularmente, por las acciones del crimen organizado que ponen, aún más en riesgo, las democracias y la convivencia global. Y este, por supuesto, no es el único caso. Ahí está Nicaragua, condenando la irrupción en la leglación mexicana, pero al mismo tiempo, albergando a expresidentes prófugos de la justicia de sus países, como el panameño Ricardo Martinelli, también sentenciado por actos de corrupción. O los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. ¿Y qué decir de Cuba, exponiendo la paja en el ojo ajeno, sin admitir la viga en el propio, cuando reprime brutalmente los reclamos de libertad y hambre de su pueblo? ¿O Venezuela, reclamando siempre soberanía, cuando expulsa a millones de sus compatriotas por falta de dignidad para poder acaso sobrevivir? Así que, entre otros asuntos muy sensibles, ¿cómo entender hoy la manoseada figura del asilo político en las relaciones internacionales, cuándo se está depreciando para convertirse en estratagema de huida de la justicia? Para ahondar en este escabroso tópico conversamos con el ex embajador de Costa Rica en Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri.

Las tensiones entre los médicos especialistas y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entraron a la segunda semana, con muestras de alta temperatura y molestias generalizadas. Se estima que unos 2.500 galenos se sumaron al movimiento de presión, lo que representaría prácticamente un 65% del total de los que trabajan para la institución. Un primer rechazo a un posible acuerdo fue el ajuste técnico salarial aprobado por la Caja, porque ese asunto en particular no forma parte de las reclamaciones en curso y, por tanto, tampoco de las negociaciones. Se acudió a la Contraloría General para denunciar la erogación de ₡12 mil millones para contratar servicios médicos privados a través de una licitación en SICOP. Los especialistas estiman que el procedimiento no fue el adecuado y que, por lo demás, esa vía es insuficiente para atender a los pacientes que requieren servicios. La institución ha tenido que atender, según informó al fin de semana pasado, a unas 463 personas que urgían de intervención. Pero hay quejas por la forma en que se han dado estos casos, con recargo a médicos generales. La negociación no está en punto muerto, pero todo parece indicar que sí lejos de encontrar una solución. Para seguir tomando el pulso conversaremos con Maikel Vargas Sanabria, vicepresidente del Siname.

¿Cómo está el arroz? Esta popular frase recobra particular relevancia luego que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogiera una medida cautelar solicitada por productores en contra de uno de los decretos ejecutivos que redujo los aranceles de importación del grano y, consecuentemente, ordenara su suspensión. Firmados en agosto del año 2022 la principal promesa era que generarían una reducción del precio al consumidor. Para analizar esto, casi dos años después, hay que ampliar en elementos del contexto nacional e internacional. A lo interno, hay que aclarar la discrepancia entre el gobierno, que insiste en que si ha habido una rebaja del precio, y los datos del Índice  de Precios al Consumidor que indican un aumento de casi el 4%, a pesar de la rebaja del arancel, así como de la caída del valor del dólar en el último año y medio. Además, hay que puntualizar en las denuncias del sector acerca de que esta medida permitió  a los importadores de arroz pilado y en granza no  pagar alrededor de  ₡20 mil millones al fisco, ocasionó la quiebra de 331 productores y derivó además en la  disminución del área de siembra de 35.301 a 14.300 hectáreas, lo que ocasionó  una caída de más del 100% de la producción nacional, de 153.173 toneladas a tan solo 60 mil  toneladas. Este cereal es la base alimentaria global, por lo que su producción es crucial de cara a las condiciones del mercado mundial, los impactos climáticos a la producción, y los conflictos internacionales, que perfilan riesgos para el abastecimiento con el consecuente  peligro para la seguridad alimentaria de millones de personas. Para analizar los equilibrios necesarios del mercado más distorsionado del mundo, las desregulaciones y las necesarias medidas de protección en esta coyuntura conversaremos con el economista Víctor Umaña.

Son grupos organizados con un enorme poder logístico, operativo, comercial y con relaciones transnacionales, por tanto, con grandes impactos en las economías.   Pero al revisar su portafolio de bienes y servicios se encienden todas las alarmas. Entre ellos se encuentran el tráfico internacional de drogas, armas, contrabando, extorsión y minería ilegal.   Sus actividades se extienden de forma macabra al tráfico y trata de personas, asaltos y asesinatos. Otras operaciones las han logrado “blanquear” y son negocios legales surgidos desde la ilegalidad.   Las economías criminales son una realidad acerca de la cual hay que actuar con políticas públicas, no solo a lo interno de las naciones sino también internacionalmente, pues es necesario enfrentarlas dado el deterioro que causan a la institucionalidad democrática.   Aprovechando la presentación de un libro acerca de este candente tema, conversaremos con el Brigadier General de la reserva activa de la Policía Nacional de Colombia, Juan Carlos Buitrago y con Víctor Hugo Guerra, especialista en comercio ilícito para el continente y editor de la publicación.

Para poder tener una comprensión integral del diferendo entre el personal médico especializado y la jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social, debemos acudir al bisturí fino, pues más allá de los desbalances salariales, los problemas de gestión también vulneran las demás condiciones laborales. Hay que auscultar, por tanto, las denuncias de persecución y acoso laboral que se han tornado en el pan de cada día, en el marco de un ambiente laboral pesado para los funcionarios y los mismos pacientes. En el trasfondo, también, prevalece una gestión de horarios que impide conciliar vida familiar, de descanso y muchas veces hasta entorpecer los estudios de posgrado; todo lo cual genera trastornos severos de ansiedad y estrés. Como se entiende entonces, la decisión gremial de no laborar horas extras desde el lunes pasado, va más allá de una pretensión salarial y obedece a la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales todas. En la segunda parte de nuestro abordaje sobre la problemática de los médicos especialistas, conversamos con las anestesiólogas, Thamy Meza y Jessica Sanjur.

El diagnóstico de lo que sucede, por la presión laboral de médicos especialistas con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, es complicado y requiere más que un simple tratamiento. Ganan mucho menos dinero de quienes trabajan para el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el sector privado. Por eso requieren del horario extraordinario. Los rangos de la diferencia, tras años de estudios, puede ser de más de ₡3 millones. No se ha solucionado esto desde la aplicación de la Ley de Empleo Público. Enfrentan problemas de gestión institucional, que se agravan con la salida de muchos especialistas. Tienen complicaciones para sus vacaciones, para participar en cursos avanzados de actualización y deben enfrentar los trastornos y enfermedades de una carga excesiva de trabajo, por unas listas de espera que han crecido exponencialmente en los últimos años. Este diferendo hay que conocerlo con mayor profundidad, ya que no solo ponen en riesgo al personal de salud, sino también a los pacientes que reciben sus servicios. Para abordar esta arista de la situación conversaremos con la anestesióloga, Thamy  Meza y con el cirujano plástico, Mario Quesada.

“Seguridad y jaque al narco”. Bajo esa promesa de campaña, el hoy presidente Rodrigo Chaves Robles, asumió los compromisos de seguridad ciudadana en su programa de gobierno. ¿Cuál es hoy la realidad?   Según las crudas estadísticas, el dominio del tablero lo está dando la más violenta ola de criminalidad de la historia de Costa Rica con 216 asesinatos al Miércoles Santo recién pasado. También, un clima promovido desde el Ejecutivo con el reiterativo guion de reparto de culpas a los otros poderes del Estado y, como si ello no fuera suficiente, la más drástica caída en decomisos de drogas de las últimas décadas.   La insistencia en remozar leyes y la colocación de escáneres van en camino con la aprobación de varias iniciativas en la Asamblea Legislativa y la donación anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de más dispositivos para colocar en puertos, aeropuertos y fronteras.   Pero todo se va quedando corto ante la realidad. Costa Rica, recordemos que lo dijo la embajadora estadounidense, Cynthia Téllez, es el principal re exportador de cocaína hacia Estados Unidos, Asia y Europa. Respecto de este último destino, son contundentes las incautaciones en puertos del viejo continente; tanto como la expansión de grupos asociados al narcotráfico en el territorio nacional.   De igual manera, se comienzan a hacer más evidentes -como señaló el experto de la organización Crime Sttopers, Alejo Campos- las rivalidades entre las fuerzas policiales, en el enfoque y las acciones para enfrentar el desafío nacional de este flagelo.   Seguimos profundizando en el tema con el especialista en seguridad e inteligencia policial, Álvaro Ramos Rechnitz.

Con el inicio de abril se conjuntan las fuerzas políticas en pos de obtener la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa. Y como suele suceder en política, este año tampoco nada está escrito en piedra y muchos intereses se mueven en torno al control para el manejo de la agenda, la designación de comisiones y la conducción del debate legislativo. Así que tras el receso de Semana Santa, viene una etapa de amarre de votos y negociaciones que comenzarán a perfilar el tono de la legislatura, en un año crucial para la administración Chaves Robles. Pero este arranque se verá matizado por una serie de conflictos sociales fuertes, tales como la de los especialistas médicos que no logran un acuerdo con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, otro de sectores del Magisterio Nacional con el gobierno por pagos pendientes y los reclamos por los desabastecimientos de agua potable. Para medir cómo calientan estos motores conversaremos con el politólogo Daniel Calvo.

Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo  y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente,  de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e  institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente  se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudará a dirimir una opinión consultiva que se le ha solicitado a ese órgano hemisférico precisamente para dar el siguiente paso en la incorporación del derecho al cuidado dentro de los Derechos Humanos. Para ampliar acerca de esto conversaremos con la especialista argentina, Laura Pautassi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

La Semana Santa es un tiempo que conjunta espiritualidad, reflexión, religiosidad, cultura y tradiciones, en una mezcla de manifestaciones que perduran en Costa Rica desde el siglo XVI. En los centros de concentración católica huele a incienso. En los hogares a chiverre. Los más apegados a sus tradiciones visten de morado, que es el color de la penitencia y se vive desde el más respeto de quienes lo celebran con absoluta devoción o de quienes aprovechan el caluroso verano para vacacionar. Las comunidades sacan lo mejor de su imaginería para procesionar y recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo, al punto que el Viernes Santo, desde abril del año 1895, se escucha la solemne marcha del Duelo de la Patria. Para repasar estas y otras particularidades de la Semana Mayor conversaremos con el historiador José María “Milo” Junco.

Mientras continúa el implacable y dramático éxodo de venezolanos por toda América y tras un cuarto de siglo de hegemonía chavista, el 2024 podría ser para Venezuela, uno de decisiones cruciales en lo político-electoral, lo económico y, como no, en lo geopolítico. Y es que el régimen cruzó líneas rojas pre acordadas con la comunidad internacional, al no haberse sustraído a la tentación de inhabilitar burdamente la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, quien en una jugada de alto perfil, cedió el viernes su nominación a la historiadora Corina Yoris para las elecciones inicialmente previstas el último domingo de julio. El chavismo madurismo tiene pánico de ir a unas elecciones verdaderamente libres y, lejos de detenerse, hará todo lo posible por burlarlas y “ganar” a las malas. Por otro lado, el colapso de la industria energética es gravísimo. La incorrecta administración de la estatal PVDSA ha destruido gran parte de su capacidad extractiva. Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo (260%) y con amplios sectores de la población cada vez más empobrecidos. La reeditada disputa (de enemigo externo) con Guyana sobre el territorio de 160 mil km² del Esequibo, rico en recursos naturales, escaló luego de haber instalado un asentamiento militar y haberle dado en el referéndum de diciembre pasado, tres meses a operadoras petroleras para salir de la zona. Para hacer repaso de uno de los procesos electorales más difíciles del ciclo latinoamericano conversamos con el ex embajador en ese país, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Costa Rica es un país privilegiado en su recurso hídrico. Contamos con 70 mil metros cúbicos de agua subterránea, declaramos el acceso y el saneamiento como un Derecho Humano y tenemos décadas de legislación e inversión para procurar agua potable para todos. Pero es un hecho que enfrentamos enormes desafíos en la gestión del líquido. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan esta situación: en el 2018, el 92,4 % de la población tenía acceso a agua potable, pero en el 2022 ese porcentaje disminuyó a un 89,5 %. El desabastecimiento, la poca protección de las fuentes y la paralización de inversión pública es evidente y urge un cambio de timón frente a esta grave situación que en los últimos tres años puso a Acueductos y Alcantarillados en una sequía institucional. Se estima que las generaciones futuras se enfrentarán a un déficit en la relación suministro demanda. Por eso es relevante reducir las fugas, controlar las fuentes de contaminación, atender infraestructuras e incidir en la planificación, entre otras tareas. Sin agua no hay vida, bienestar, progreso, crecimiento, desarrollo sostenible, paz y democracia. En el Día Mundial del Agua, dedicado este año precisamente al eje Agua para la Paz conversamos con las expertas Yamileth Astorga y Maureen Ballestero.

Hoy son los habitantes de Hatillo y San Juan de Dios de Desamparados. Días atrás los de Goicoechea, Tibás y Moravia cerrando calles y reclamando su derecho humano al agua. Hay desabastecimiento del líquido en muchas otras localidades a lo largo del país. Trece cámaras que representan sectores productivos alzan la voz, dado que el tipo de cambio excesivamente a la baja les deteriora la competitividad, la generación de empleo y la productividad. El sector agroalimentario uniendo esfuerzos para forzar la atención de las autoridades. Sindicatos del sector educación dando un ultimátum para que se cumpla el compromiso de pago por aumento del costo de vida y otros pluses pendientes. La población de Cartago llamando a una manifestación este viernes, para presionar por la adjudicación de la construcción del nuevo hospital para la provincia. La protesta social se ha ido incrementando y para entender este momento y sus posibles consecuencias, conversamos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

Este primer trimestre del año hemos pasado de frentes fríos a temperaturas históricas de 40 grados centígrados. Y ya nos ponen en alerta que aún no hemos terminado de vivir los impactos de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando los embates de La Niña nos pronostican una fuerte temporada de lluvias. La información y los datos que emanan acerca de la variabilidad y el cambio climático deben servir para consolidar políticas públicas que ayuden a generar más conocimiento climático, al servicio del gobierno y sus instituciones, las municipalidades, los sectores productivos y por supuesto, la ciudadanía. Hablamos de determinantes decisiones en salud, en la producción agroalimentaria, en la prevención y en las acciones integrales de resiliencia y adaptación climática. Para pasar de los datos a la acción, el Instituto Meteorológico Nacional lanza un ambicioso proyecto denominado Proyectiva. Ampliamos acerca de estos cambios y acciones con los meteorólogos Karina Hernández y Juan Diego Naranjo.

Costa Rica es una economía abierta que tiene en el turismo, la atracción de inversión extranjera directa y el sector privado exportador, sus motores más potentes. Todos en relación directa con el precio del dólar. Desde hace décadas somos líderes regionales en exportaciones. Con datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el año 2023 cerró con un crecimiento de 15,5 % en las exportaciones, logrando $2.452 millones más que en el año 2022, alcanzando la cifra de $18.244 millones. Solo este sector colocó en el exterior más de 2.500 productos costarricenses en 150 destinos y sostiene el empleo de 690 mil personas. Al tercer trimestre del año 2023, con registros del Banco Central, se determinó ya monto acumulado de inversión extranjera directa (IED) por $2.691 millones, lo que corresponde al 90 % de la meta estimada para ese año. La caída del precio de dólar sin duda tiene fuertes repercusiones en nuestra competitividad y el deterioro de estas áreas del desarrollo, lo que impacta en el tejido total de la economía, que se suma a la más baja inversión social en años, en educación, salud, vivienda, obra pública vial y otras en la prestación de servicios. ¿Hacia adonde nos lleva este peligroso cóctel, que gestiona la administración Chaves Robles? Para discutir estas derivas conversamos con el Dr. Roberto Artavia.

La espiral de violencia y asesinatos que conlleva la actividad del crimen organizado siguió creciendo en el país durante este primer trimestre del año. Los datos de la primera quincena de marzo reportan dos homicidios violentos por día de lunes a jueves, que se incrementan a tres o cuatro, los fines de semana. Cargamentos con drogas siguen saliendo de los puertos costarricenses, en tanto las incautaciones continuaron bajando de 23 mil kilos en 2022 a 15.860 en el año 2023. Las bandas criminales josefinas (en localidades como María Reina y Sagrada Familia), así como otras en Limón y Puntarenas, ostentan armas de grueso calibre y ejecutan refriegas a cualquier hora del día. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, anuncia que durante este año se incorporarán mil efectivos policiales, cuando especialistas indican que debemos pasar de 13,000 a 21,000. El panorama no pinta nada bien. Hacemos repaso de la problemática con el experto en materia de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Rechnitz.

Esta semana no solo termina anunciando los fuertes calores que se avecinan. Los acontecimientos políticos también aumentaron significativamente las temperaturas. Las profundas ramificaciones que va tomando el tema del decreto de emergencia forzado que justificó los ₡21.800 millones para reparar la pista del aeropuerto de Guanacaste. Los dimes y diretes del presidente Rodrigo Chaves, y del exministro Luis Amador, quien se autoexilia para protegerse -dijo- “de los tentáculos del mal”, las evasivas explicaciones de Alejandro Picado, presidente de la Comisión de Emergencias y las reveladoras declaraciones del representante de Meco, empresa siempre en el ojo de huracanes. El sector agroalimentario sumando esfuerzos para enfrentar la crisis estructural que viven y amenaza la vida de familias productoras y de la economía. La amenaza de un apagón en frecuencias de radio y televisión que hizo el mandatario y afectaría a medios de comunicación. La rápida salida de la ministra, Paola Bogantes para anunciar que en Semana Santa harán un anuncio sobre el tema. Todos son temas que tendrán amplificación en la Asamblea Legislativa, en donde el clima se calienta ante las negociaciones para la conformación del nuevo directorio, hoy marcadas por las denuncias de intromisión del gobernante para que Repretel separara a la diputada Vanesa Castro, como asesora legal externa de Repretel, tras 18 años de acompañamiento a ese conglomerado mediático. Precisamente con la diputada Castro conversamos para calibrar estos temas.

En tan solo 17 meses de gestión (de julio 2022 a diciembre 2023) la administración Chaves Robles emitió 6 decretos de emergencias. Desde los ciberataques, pasando por los impactos del huracán Julia, la tormenta Bonnie, ondas tropicales, la contaminación de agua con mercurio y hasta los flujos migratorios. De acuerdo con la información de los Planes Generales de Emergencias correspondientes con esos decretos, el costo total de las inversiones asciende a ₡210 mil millones, a los que se suman ₡21.800 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, obra que se incluyó un año después de emitido el decreto sobre Bonnie y cuya adjudicación provocó este martes la caída de Luis Amador, el polémico y hasta entonces poderoso jerarca del Mopt. Pero a esta situación particular, hay que añadirle dos hechos financieros no menores. El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito abierto por $700 millones con el BCIE, para atender unas 500 obras dañadas por efectos de emergencias y la semana pasada el Banco Mundial anunció la aprobación de otro crédito por $350 millones para “infraestructuras, servicios resilientes al clima y desastres en Costa Rica”. Son muchísimos recursos para gestionar bajo la amplitud de la ley de emergencias, que proporciona trámites y controles más expeditos y una verificación solo a posteriori de la Contraloría General de la República. Ya hemos vivido oscuros episodios de abusos e irregularidades en esta materia, por lo que se hace necesario poner en evidencia los peligros que entraña el abuso de esta figura para contratar por vía de emergencia, lo que muchas veces correspondería rigurosamente hablando con construcción ordinaria. Para conocer más detalles de cómo regular esta situación, conversamos con la ex presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanesa Rosales.

Los impactos del vendaval desatado por el presidente Rodrigo Chaves al despedir a Luis Amador, su ministro icónico, no se ajustan a otras muchas tramas de thriller político de “muerte anunciada”. No. Esta vez la sorpresa fue total. Tampoco hubo filtraciones horas antes, aunque sí una señal muy “extraña” el viernes con la apertura anticipada por parte del mandatario de los puentes temporales del Bajo Los Ledezma que Amador había anunciado para el lunes. En la corta de cabezas cayó también el Director de Aviación Civil, Fernando Naranjo. Ambos destituidos, por cierto, de viaje oficial en Canadá mientras el anuncio se daba. Todo apunta a que hay mucha tela que cortar tras la adjudicación del arreglo de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, justificado en un decreto de emergencia, cuando el presidente Chaves denuncia ante el país (sin denunciar al Ministerio Público, al menos hasta ahora) que los términos de referencia habrían sido diseñados para favorecer a la constructora Meco, por sobre el Consorcio Pedregal. Lo que calificó como un error que costó la bicoca de $2 millones. Como sea, Amador, el ahora exministro que se mencionaba desde hace meses como el posible candidato y heredero del chavismo, cayó en desgracia. Este mismo martes fue sustituido por el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, quien deberá hacer frente a la construcción de obra pública, cuando los datos muestran una reducción de los presupuestos, varias obras estratégicas detenidas y mucha urgencia por la reactivación del sector. Para hacer un primer acercamiento del sismo en el Mopt, conversamos con el politólogo Gustavo Araya y con el presidente de la junta directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas.

Como una verdadera calamidad económica. Así califican los agricultores costarricenses su situación actual. No sorprende. Parece esa ser la constante de la agricultura en muchas áreas del planeta. Pero esta es nuestra realidad y también nuestro desafío. Para buscar soluciones urgentes un grupo de ex jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se manifestaron con el afán de entrarle a asuntos álgidos como la importación de productos como el arroz, cuyo precio no ha bajado significativamente a favor de los consumidores, pero sí ha colocado a los productores del grano en una delicada situación. Otro tanto sucede con la no disminución del precio de los insumos; un contrasentido si tomamos en cuenta la caída sostenida en el precio del dólar. Un tema sensible es el acompañamiento ante los graves impactos a la producción por eventos extremos meteorológicos. El sector se apalanca en este grupo de exfuncionarios para llamar la atención del presidente Rodrigo Chaves y del ministro del ramo, Víctor Carvajal, con miras a resolver problemas, mejorar los precios a los consumidores y atender las condiciones adversas que atraviesan. Para ampliar acerca del tema conversaremos con los exministros Juan Rafael Lizano y Luis Felipe Arauz.

A propósito de la urgencia de remozar la legislación electoral, ya manifiesta desde hace años, pero confirmada por las irregularidades del informe de financiamiento de la última campaña, los diputados aprovecharon para avanzar con velocidad inusitada la modificación que pretende retroceder, muy convenientemente, las elecciones municipales con las nacionales. Pero alto… Hace un año, en marzo del 2023 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó cuatro proyectos de reforma electoral en relación con la disminución de la contribución estatal a las justas y, de paso, incluir el financiamiento a las municipales y ampliar el anticipo que se da a los partidos políticos; además de un adicional para mejorar la representación partidaria y una reforma más para regular las nuevas formas de propaganda política. Para repasar por donde transitan estas reformas conversaremos con el Director de Estrategia y Comunicación Política del TSE, Gustavo Román Jacobo.

¿Qué tiene que ver el maltrato a la inversión social con el Día Internacional de la Mujer? Pues en todo. Resulta que el desarrollo y la consolidación del Estado Social de Derecho se expande mucho más cuando son las mujeres las que, con su visión y su acción, deciden en torno a la inversión social, para beneficiar los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Así lo demuestran los resultados de un estudio realizado recientemente en siete países de América Latina, incluido Costa Rica. Y precisamente en nuestro caso, el asunto es de suyo significativo, dada la arremetida de la política fiscalista. Cuando esto sucede, las cargas para sostener el bienestar de las familias recaen con mucho mayor peso en las mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones adversas para sostener la ausencia o el debilitamiento de la institucionalidad, como está ocurriendo hoy. En este 8 de marzo, la experta en desarrollo social latinoamericano, Juliana Martínez, nos convoca a buscar respuestas a preguntas tales como: ¿es qué acaso las mujeres somos genéticamente buenas? ¿Cómo es que la inversión social se relaciona con el bienestar y la igualdad de las mujeres? Para poner foco en ello conversamos con la Dra. Martínez Franzoni.

La complejidad de la ola de violencia y criminalidad que enfrenta Costa Rica debe abordarse de manera integral, no desde la retórica que evade responsabilidades, sino desde una política sólida y anclada en decisiones acertadas.   No se puede atender esta grave situación, que nos involucra a todos, con los mismos policías, investigadores y una estructura judicial que antes atendía una situación muy diferente a la actual.   Tampoco se puede enfrentar sin una política pública, sólida y con recursos económicos, que de manera contundente brinde y consolide oportunidades en educación, empleo, formación a jóvenes y mujeres; así como programas permanentes de prevención de la violencia y atención a las víctimas.   En síntesis, lo que ha planteado la expresidenta Laura Chinchilla, desde su trayectoria y expertiz en la materia. Con ella ampliaremos en nuestro Hablando Claro.

Costa Rica tiene de frente un desafío demográfico que nos advierte que la población del país no llegará a 6 millones de habitantes. Esto nos debe hacer replantear, desde ya, una serie de importantes decisiones de políticas públicas. Esta situación se debe a dos posibles escenarios del futuro cercano: el primero es que de continuar la ultra baja fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer (ya alcanzada entre los años 2021 y 2023), la población comenzará a decrecer en una década; el otro es que las mujeres están retrasando la maternidad a una edad promedio de 31 años, lo que implicará un inevitable decrecimiento, en 25 años. Estos cálculos fueron presentados por el experto demógrafo Luis Rosero Bixby en el Simposio Tendencias de la Fecundidad en Costa Rica. La baja fecundidad es un indicador de desarrollo, ya que determina que las mujeres puedan estudiar, trabajar y tener autonomía, pero implica tomar decisiones con relación a cómo mejorar la calidad de la inversión y de los servicios públicos, al disminuir la cantidad de personas. Uno de los mayores será el las pensiones, ya que con base en estos datos se considera que el sistema Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social entrará en estado crítico en el 2035, cuando tres personas en edad productiva tendrán que soportar un pensionado, mientras que en el 2075 habrá un trabajador activo por cada persona en edad de pensionarse. Para seguir colocando este tema en la agenda de temas de interés conversamos con la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya.

Es cierto. Costa Rica tiene una larga trayectoria en normativa para la consolidación de los derechos de las mujeres, pero una de las deudas urgentes de saldar, es sin duda, la de la violencia estructural. Desde 1984, con la aprobación nacional de la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación” podemos sumar una cantidad importante de legislación, pero ello es aún insuficiente. Este enorme esfuerzo de colectivos, políticas e instituciones son un avance que choca contra la realidad cuando los datos procesados del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Observatorio de la violencia contra las mujeres, registraron 20 femicidios, 7.537 personas imputadas por violencia contra mujeres y 544 violaciones sexuales; de las cuales, tres de cada diez fueron contra menores de 20 años. Las causas múltiples de los delitos contra esta población se mantienen y van incorporando nuevas perspectivas acerca de las cuales debemos conocer y analizar, como es el caso de las mujeres migrantes que atraviesan nuestro país o las nacionales que deben migrar de un lugar a otro del territorio para buscar mejores condiciones de vida. La perspectiva de género, para garantizar derechos fundamentales, es un ejercicio siempre necesario, para lo cual conversaremos con las investigadoras de la Universidad Nacional, Sileny Mena Gómez y María Amalia Penabad.

Son la mitad de la población nacional, pero no llegan a ocupar ni 900 mil espacios laborales formales. Las mujeres siguen teniendo las más altas tasas de desocupación y de desempleo y 400 mil de ellas viven en la informalidad para poder subsistir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe 2023, enfatizó nuevamente nuestras falencias en políticas públicas para procurar mejores condiciones para ellas. Como sabemos, son las responsables de las tareas del cuido familiar sin remuneración, y nuestro Estado no ha sido capaz de proporcionarles mejoras en la provisión de redes de asistencia para potenciar sus capacidades. Por esta y otras circunstancias les es más complicado completar su educación. Falta además, por supuesto, reforzar un programa que impulse de manera sistémica su incorporación a carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las que tienen una alta demanda y mejores remuneraciones en el mercado laboral. Otros desafíos por resolver hunden raíces en la inequidad que enfrentan, pues más del 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral, y aun así, muchas de ellas llevan el pesado fardo de la responsabilidad total de la manutención de sus familias. Para arrancar la semana que nos convoca a reflexionar y analizar la situación de las niñas, jóvenes y mujeres, conversamos con la experta en materia social y ex vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.

Dicho sin ambages: hay un proceso de debilitamiento severo (desmantelamiento) de la inversión social por parte de la administración Chaves Robles. Así lo estableció un numeroso grupo de legisladores que denunció al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante la Contraloría General de la República por incumplir con las transferencias que debe hacer al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por toda respuesta, Acosta se mantiene en su mantra: “no hay plata”, como tampoco la hay para cumplir con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación pública o con el pago de la onerosa deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La lista de adeudos se amplía, entre otros, con la reducida inversión en vivienda y la paralización de proyectos importantes en agua y saneamiento. Para poner foco en el tema y conocer qué acciones políticas deben acompañar a la ciudadanía ante estos hechos, conversamos con las diputadas Kattia Cambronero del Liberal Progresista y Rocío Alfaro del Frente Amplio.

Las imágenes siempre dicen más que las palabras. La saturación de pacientes en condiciones indignas de hacinamiento y sin atención oportuna desbordan, desde hace meses ya, las salas de emergencias de cantidad de hospitales del país. Para muestra, el San Vicente de Paul en Heredia con un 191 % de ocupación, el San Francisco de Asís en Grecia con 160 %, el San Rafael de Alajuela con 143 %, según determinó un estudio de la Gerencia Médica de la CCSS. Pero circunstancias similares se experimentan en San Carlos y otros centros médicos. Tal situación no se produjo de un día para otro, pero está claro que ahora se ha tornado insostenible y obligó a la Junta Directiva a declarar el martes “emergencia institucional”. Así, durante los próximos seis meses se agilizará la dotación de personal, equipos, espacios y todas las estrategias necesarias para aliviar la situación y los impactos directos en la salud de las personas. Pero como era de esperar, la polémica se coló en la emergencia: la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin proporcionar fuentes ni documentos, aseguró que 7 de cada 10 personas que saturan los servicios de emergencias ¡no deberían estar allí! La CCSS sigue padeciendo una crisis sobre otra y ello obliga a mantener el dedo puesto en el renglón. Conversamos con Lenín Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines y con Deivis Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social.

Las personas de 65 años y más son hoy el 10% de la población total del país, 526.135 en total. ¿Qué condiciones esenciales de seguridad social les estamos ofreciendo? La profunda radiografía que nos ofrece el Tercer Informe de Personas Adultas Mayores, elaborado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, (ambos de la UCR) nos aporta resultados que no nos hacen ver muy bien. En 8 años los datos de abandono o víctimas de prácticas negligentes en los hospitales aumentó, igual se disparó la duración del tiempo de estancia en una cama hospitalaria, con las implicaciones que esto tiene en la salud emocional. Otras revelaciones tampoco pueden pasar inadvertidas: el aumento en las causas de muertes, el crecimiento de los diagnósticos de enfermedades del sistema circulatorio y el envejecimiento acelerado, son circunstancias que requieren de una atención integral, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Si a esto le añadimos pobreza, abandono (declarado delito desde el año 2020) y malnutrición, el panorama reclama urgente abordaje integral. Para esto conversaremos con el Dr. Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, y con Agustín Gómez, del Observatorio del Desarrollo.

El próximo año, el país registrará la menor inversión social en bonos de vivienda del último cuarto de siglo. Solo 10.286 familias podrán acceder al bono. Esto implica también una disminución para todos los demás grupos beneficiarios: jefas de hogar, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Tal es el fardo de los recortes en la inversión social, misma que se registra en el año en curso, en el que ni siquiera el sistema recibió una inyección adicional de 10 mil millones de colones, pese a que fue aprobada por el Congreso y avalada por el mismo Poder Ejecutivo. Un contrasentido del Ministerio de Hacienda que si bien no habría resuelto el déficit de entrega de bonos, al menos habría movido un poquito la aguja de la construcción de viviendas de interés social en el país. La información se desprende del estudio de la “Situación actual del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SFNV) y perspectivas para la construcción en el 2024”, de la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi). Para conocer más detalles conversamos con Guillermo Alvarado, presidente de la Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y con Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

A dos años de la invasión rusa a Ucrania, el balance es desalentador y el escepticismo acerca de la solución final, prevalece. Moscú, asediada por los embargos comerciales y económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, permanece firme en su determinación de mostrarse como una potencia en expansión territorial, con capacidad militar y poco o ningún escrúpulo respecto de los derechos humanos, lo que incluye, naturalmente, la represión a los propios opositores que, como Alexei Navalny, les representan un peligro a sus afanes de permanencia en el poder. Ucrania, por su parte, sigue resistiendo, buscando ayuda internacional para adquirir armas, equipo militar y fortalecer sus defensas. Sin estas ayudas se enfrenta a la amenaza de no poder mantener su esfuerzo bélico, ni sostener su economía maltrecha. En el marco de fondo, cientos de miles de personas muertas, 6 millones de personas desplazadas, infraestructura destruida y las implicaciones globales del conflicto. Para analizar cómo será el tercer año de esta guerra conversamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.

Concluye esta semana de labor legislativa con tres temas, que aunque no son artefactos nucleares, sí generan ondas expansivas en el debate público. En la comisión que atiende los asuntos de Cartago explotaron los nuevos argumentos del gobierno en contra de la necesidad de superar, ya una discusión que se torna estéril, sobre la urgencia de construir el nuevo hospital de la provincia. Por otra parte, con la velocidad de un rayo, la comisión que analiza reformas electorales dictaminó afirmativamente una propuesta del Partido Unidad que uniría las elecciones nacionales y municipales. Falta mucho camino de trámite aún, pero hay que poner mucha atención en la antojadiza iniciativa. Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, amenazó la semana pasada con que Nueva República no votaría ningún proyecto de ley, si la mayoría llegara a avalar la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual, que desde el año 2018 presentó el Frente Amplio. Para poner en perspectiva estos debates, conversamos con el frenteamplista Antonio Ortega.

La crisis del sistema de partidos políticos en Costa Rica se viene fraguando desde hace ya un cuarto de siglo. Ese proceso ha impactado fuertemente, y cada vez más, en la credibilidad de la ciudadanía hacia sus instituciones y en el consecuente desencanto hacia la democracia y -previsiblemente como en otras democracias- en apuestas arriesgadas a narrativas populistas que le permiten a personajes con discursos altisonantes y salvadores llegar al poder. Se trata de un fenómeno que se debe analizar desde una muy compleja multi causalidad. No se había enfriado el proceso de escogencia de las nuevas autoridades municipales, mucho menos analizados los resultados mediante estudios más profundos, cuando el secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, propuso una coalición. Pocos días después, en una entrevista con el diario La Nación, el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti hizo un llamado similar. De inmediato las repercusiones afloraron entre recriminaciones, quejas, señalamientos y descalificaciones. ¿Fueron muy tempranos e inoportunos estos llamados? ¿Es primero un anuncio al calor de victorias no contundentes y derrotas que se intentan disimular o una agenda programática sobre la cual cimentar un proyecto político de amplio espectro? Para repasar esta coyuntura conversamos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

Ahora resulta que -si los nuevos planes en ciernes salen bien- la postergadísima ampliación de la carretera San José San Ramón, estaría lista en el 2030. No es una broma de mal gusto. Es la realidad. Hacer una carretera en el país es un suplicio y aunque hay varios ejemplos a la vista, los ciudadanos de occidente, tanto como los sancarleños, pueden dar fe de ello. En Costa Rica las obras tardan cuatro o hasta cinco décadas. Lo de San Ramón es un tormento porque tras la ruptura del contrato de concesión de la obra, allá en la Administración Chinchilla Miranda (casi todos nos acordamos de aquello) costó tamaño tiempo armar el fideicomiso con el BCR aprobar la ley correspondiente y echar a andar la nueva criatura en los gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada. Se hicieron varias de las llamadas obis (obras impostergables) y ahí estábamos cuando la nueva administración Chaves Robles decidió pegarle una pedrada al panal y ¡vuelta para atrás! Ahora se anuncia que tras romper relaciones con el Fideicomiso del BCR, el CONAVI va a otro fideicomiso para el proyecto ¡otro! La diputada liberacionista, Montserrat Ruiz, estima que es suficiente ya de ocurrencias y sabotajes y que es hora de exigir transparencia en las resoluciones que se persiguen e insiste en que la obra posible es justamente la que estaba llevando a cabo el Fideicomiso BCR que lamentablemente terminará en diciembre próximo para empezar un nuevo (y también de seguro) tortuoso camino. Conversamos con la legisladora de occidente Montserrat Ruiz.

Después de semanas de silencio, el Banco Central de Costa Rica, salió al paso de las especulaciones en torno a los orígenes de transacciones en dólares no especificados en el sistema bancario. Si bien no existe evidencia, afirmó su Gerente General, de que haya flujos ilícitos de capitales, como se ha señalado insistentemente por parte de varios economistas, lo cierto es que el Central admite que en el muy comentado rubro de “Otros” hay categorizaciones inadecuadas e imprecisas respecto de los movimientos de compras y ventas en dólares. Precisamente en “Otros” se acumula el 48 % del origen y el 45 % del destino de las operaciones en esa moneda. Para esclarecer el tópico habrá que esperar hasta abril, cuando dé frutos el requerimiento de identificación precisa solicitado a los bancos. Mientras tanto, la Superintendencia de Entidades Financieras sigue controlando todos los flujos. Para ahondar en lo que sucede y analizar lo expuesto por el ente responsable de la política cambiaria y monetaria del país conversamos con el economista, José Luis Arce.

Como el cangrejo: un paso adelante y dos para atrás. Iniciando este gobierno se detuvieron varios avances en proyectos neurálgicos de infraestructura. Primero paralizaron la modernización ferroviaria. A falta de proyecto alternativo, como medida paliativa para enfrentar la mega congestión vehicular, este lunes Ferrocarriles duplicará el traslado de pasajeros de 3.600 a 7.200 de Alajuela a San José; y una semana después a 10.800. No se han vuelto a hacer inversiones en compra de trenes, con lo cual no ha aumentado la cantidad de las unidades que prestan servicios. No hay nuevas estaciones, ni ramales. Y tenemos un trazado de líneas que no se han cambiado. ¿Será esto posible en las condiciones actuales del Incofer? ¿Qué pasó con el Tren Eléctrico Metropolitano, que complementaría el transporte público de personas? ¿En qué fase está el Tren Eléctrico de Carga (TELCA), que descongestionaría las vías de la Gran Área Metropolitana por las que transitan hoy decenas -si no centenares- de furgones? Para conocer al respecto conversamos con el expresidente del Incofer, Mario Arce.

Son historias reales. Son las experiencias de cientos de miles de ciudadanos que padecen la megacongestión vial que vivimos estos días y que van más allá de la paciencia que piden las autoridades a cargo. Quienes viven en los cantones de San Ramón, Palmares, Sarchí, Grecia, Naranjo y más allá, deben sortear las presas de la interconexión que se construye para dar acceso a la zona franca Evolution, luego, las del arreglo de la radial y de otro puente modular en Alajuela hasta llegar al colapso por el cierre de Los Ledezma. Algunos duran más de 4 horas en llegar a San José y viceversa. Quienes vienen en Turrialba, Paraíso, Cartago y más allá, deben superar la presa del intercambio Taras-La Lima, luego, el congestionamiento de la Florencio del Castillo, si salen por Curridabat presa, si salen por San Pedro, deben sortear los cambios viales por La Galera. A veces 3 horas para llegar a San José e igual de regreso. Si vienen de cantones de Heredia, La Uruca, Pavas, Escazú, Hatillos o Alajuelita, meterse en el colapso es lo único que les queda. Para entender este nudo gordiano en el que vivimos (penamos) hoy, conversamos con el economista y especialista en temas de infraestructura, Federico Villalobos.

Es lo mismo desde hace más de un año: el dólar a la baja y el colón apreciándose. La diferencia es que ahora ya las consecuencias están ahí. A los sectores exportadores y turísticos (primeros en advertir de la situación) se unieron ya ganaderos, piñeros, cafetaleros y otros. La Corporación Ganadera argumenta competencia desleal, dado que los comerciantes prefieren importar carne, antes que comprarla a los productores nacionales. Standard Fruit Company, una de las grandes empresas empleadoras, cerró dos fincas y despidió a 111 personas alegando la política cambiaria del Banco Central. El Instituto del Café de Costa Rica indicó afectación de 26 mil productores, quienes reciben menos de ₡19 mil por fanega por la misma situación. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña solicitó la versión correcta del exceso de dólares y pidió al ente emisor explicaciones con documentos del ingreso de $1.708 millones que se colocan en la sección de otros, en el cuadro con los principales flujos de divisas negociables en ventanilla. Otra alarma se encendió en una actividad de análisis de coyuntura fiscal y de política monetaria, con la presencia del ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. En este acto, Sylvia Saborío, de CONASSIF dijo que no es suficiente simplemente decir que el exceso de dólares es por aumento de visitas turísticas e inversiones extranjeras, ya que “podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”. Para lograr entender qué está pasando conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

Lo de Donald Trump puede ser cualquier cosa, menos los escrúpulos. Un día sí y el otro también lanza explosivas declaraciones, para mantener su agitadora estrategia electoral. En ese arsenal de provocaciones, desinformación y bravuconadas, provocó temor en Europa cuando el sábado sugirió que alentaría a Rusia a hacer "lo que diablos quiera" con cualquier miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no gaste al menos el 2% de su presupuesto en ese grupo comunitario de defensa. Calculadamente, esto lo dice, cuando se está a pocos días de que la guerra entre Ucrania y Rusia cumpla dos años y en medio de un complejo debate en el Congreso estadounidense que persigue la aprobación de un grueso paquete de ayuda económica por $95 mil millones, de los cuales $60 mil millones serían para Kiev. Fuera de toda sensibilidad, sus palabras dejan en riesgo la seguridad de los soldados en campo. El exmandatario lo mismo aprovecha sus incendiarios mítines como las convocatorias judiciales, para calificar como un complot urdido por “el corrupto” presidente Joe Biden los cargos federales y estatales que está enfrentando. Tampoco desistirá, cada vez que le venga en gana, reiterar su oferta de lanzar el mayor esfuerzo de deportación en la historia estadounidense, cuyo objetivo es expulsar a millones de personas que viven sin regularización, mediante grandes redadas, como lo reportó en noviembre pasado The New York Times. Para dimensionar el peligro de las maniobras electorales de Donald, conversamos mañana a las 8 a.m. con el relacionista internacional Carlos Murillo Zamora.

La radiografía posterior y detallada del reciente proceso electoral municipal da pie a una hipótesis plausible: si el 97 % de los abstencionistas fueron en su día adherentes o simpatizantes del Partido Liberación Nacional, el PLN no solo arrastra su propia debacle electoral, sino también gran parte de la desafección y la apatía en la adhesión a las urnas. Es una hipótesis que merece más estudio, pero que no es descabellada cuando una empresa sería como la consultora Deepn, nos muestra muchos de los huesos rotos de la radiografía. Los datos duros comparando la elección del 2020 con la del primer domingo de este febrero, nos dicen que los verdiblancos perdieron 110 mil votos y 14 alcaldías. En parte a merced de ello, la Unidad Social Cristiana logró ganar cinco alcaldías más (20 en total), pero sin crecimiento alguno (de hecho con 42 votos menos que hace 4 años). Esto demuestra la perdida de poder del bipartidismo, aunque en el caso del PUSC la tracción que perdió en la zona urbana la recuperó en las periferias. Los otros partidos nacionales crecen en votación en Alajuela, Limón y Heredia. Un total de 41 alcaldías (82 en el 2024) cambian de partido político. 23 personas logran reelegirse, mientras que 25 no lo logran. En 21 cantones se mantiene en el poder el mismo partido. Los datos reveladores del abstencionismo a nivel nacional son contundentes: los que menos votos recibieron fueron los cantones centrales de San José con un 73 %, Heredia con 69 % y Limón con 68 %. Mientras que en Liberia se escogió con la menor participación, apenas un 5% de los votantes, Monteverde, dio muestras de entusiasmo porque logró llevar al 42 % de los ciudadanos a las urnas, acaso por tratarse de la primera vez que se reflejaban como cantón. Para seguir diseccionando esta elección conversamos con el investigador y analista Mario Quirós.

América Latina, es un territorio dinamitado por la polarización social y la insatisfacción creciente de la ciudadanía para con la democracia. Un rápido repaso nos calibra la alta temperatura: La autoridad electoral de El Salvador aún no ha dado los resultados oficiales del proceso de una semana atrás y, al parecer, no importa: los artilugios de la ceremonia en que Nayib Bukele celebró su reelección inconstitucional, dejaron de lado el “mero formalismo” de unos resultados confiables, creíbles y transparentes. En Panamá, la novela deja atrás la imaginación de García Márquez. El expresidente Ricardo Martinelli sigue refugiado en la embajada de Nicaragua, para intentar salvarse de ir a cárcel por corrupto. El presidente Milei presiona en Argentina a quienes adversan los excesos de su “ley ómnibus” y la discusión pública llega a los extremos. Nada sorpresivo. De igual manera, diversos asuntos en Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Brasil mantienen caliente la región. El único respiro temporal fue la unión mostrada en el sepelio oficial del ex gobernante chileno Sebastián Piñera, que nos permitió un respiro de respeto y adhesión a los valores de la institucionalidad democrática. Para ahondar en estas líneas, conversamos con el politólogo, Sergio Araya.

Cuatro meses después de su inicio, la guerra entre Israel y Hamas, en la devastada franja de Gaza, sigue provocando implicaciones en toda la región de Medio Oriente e inevitablemente las tendrá en el cada vez más inminente y mundialmente decisivo torneo electoral estadounidense, el primer martes de noviembre.   Por ahora el conflicto está signado por el fracaso. No hay tregua. Por un lado, las ambiciosas exigencias del grupo terrorista, por otro, los reclamos de sectores israelíes para seguir actuando con fuerza y agilizar la entrega de rehenes, complican las vías de negociación.   Y en ese tablero, juega el Secretario Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que sigue moviéndose de un escenario al otro en busca de las líneas que restablezcan un muy precario equilibrio que hoy parece imposible.   Pero no encontrar un acuerdo, no es una opción para la Administración Biden, que por un lado busca el cese al fuego en Gaza, pero por otro, quedó obligado a la retaliación contra la milicia pro iraní que la semana tras anterior mató a tres soldados estadounidenses e hirió a otros 40 en un ataque con dron en Jordania. La represalia se ejecutó en Irak y cobró la vida de uno de los líderes de la milicia pro iraní Kataib Hezbollah, aunque también continúan las acciones bélicas contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.   Es mucho lo que está sucediendo y por ello conversamos con el especialista en Relaciones Internacionales, Carlos Cascante.

Con 34 años de edad, de los cuales ocho ha estado vinculado al quehacer municipal, el nuevo alcalde de San José asumirá el cargo en mayo, siendo sin duda el político más sobresaliente del recién concluido proceso de elecciones territoriales del país. Muy joven sí, pero con bastísima experiencia, conoce todos los laberintos y rincones del municipio costarricense más poderoso. Y cómo no: en su camino ha tenido que enfrentarse a la férrea estructura que en tres décadas construyó Johnny Araya, como amo y señor de ese feudo. En ese transitar, por cierto, también dejó al Frente Amplio, su casa política de origen y fundó Juntos por San José, la divisa que el domingo sorprendió a unos y otros, al alzarse con la victoria. Para gobernar los 11 distritos del cantón capitalino cuenta con un presupuesto de ₡73 mil millones y un amplio programa de gobierno con el que se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de los más de 350 mil habitantes de la capital, anclado en el compromiso con la democracia, la lucha contra la corrupción y la solidaridad, como banderas para mejorar la planificación urbana y la protección del ambiente. Para conocer cómo pretende pasar de los planes a la acción -y si se lo permitirán las fuerzas opositoras internas- Diego Miranda, el electo alcalde capitalino que logró derrotar el mito de la invencibilidad de Johnny Araya y el PLN, nos acompaña en Hablando Claro.

Cumplir 17 años aportando nuestro grano de arena al fortalecimiento de la libertad de expresión, del acceso a la información y a la deliberación democrática para la formación de opinión pública, nos genera una inmensa satisfacción y también, como no, un profundo sentimiento de gratitud para con nuestros oyentes, invitados siempre calificados, auspiciadores y nuestra casa, Radio Columbia. También ha sido un eje de enfoque temático prioritario para Hablando Claro, la autocrítica del ejercicio periodístico y con ello, el desafío de hacer periodismo informativo y de opinión en tiempos tan vertiginosos de dinámicas transformadoras de la comunicación, como la desinformación en todas sus manifestaciones. La desinformación ocupa el primer puesto entre los riesgos más severos a corto plazo que podrían afectar negativamente la convivencia social, la economía, la democracia y a la población a nivel global. La multiplicación inmediata de noticias falsas y la extendida manipulación de la verdad son sin duda alguna una amenaza a la estabilidad política y social, tal como lo acaba de establecer el Informe de los Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial. Es tan grave la advertencia que la coloca en el primer lugar, antes de los impactos de las guerras, el cambio climático y otros peligros. Modernos sistemas surgidos de la innovación y la tecnología, como las plataformas digitales y la inteligencia artificial, amplían el alcance, la eficacia y la difusión de este tipo de noticias, informaciones, videos y cualquier formato con capacidad de llegar a públicos muy segmentados. Como si fuera poco, vivimos en tiempos de ciber inseguridad. Para poner el tema en perspectiva en este nuestro 17 Aniversario, conversamos con la presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera y con el periodista David Bolaños, del proyecto de verificación de noticias falsas Doble Check de la UCR.

Para unos, la euforia del triunfo. Para otros, el trago amargo de la derrota. Es la ecuación final del juego democrático que nos permite, desde la vitrina del análisis, hacer balance de un proceso municipal marcado por el ausentismo, lo que equivale a apatía, desidia, desinterés... Los malos resultados para el Partido Liberación Nacional, el plantón de realidad para el Frente Amplio, el lentísimo avance para Nueva República, las ilusiones (cuales luces que encandilan) para el partido Unidad Social Cristiana y el más joven Unidos Podemos; las rupturas de las coaliciones y la desaparición del PAC de los espacios de representación, son resultados que convocan a modificaciones profundas de las fuerzas electorales. Y si a ello sumamos, la polarización, el odio, la desinformación y, a la vuelta de la esquina, los estragos de la inteligencia artificial, estamos ante un peligroso coctel para sostener el apego a la democracia y su institucionalidad. Para muestra el gran botón salvadoreño. Borrados del mapa la separación de los poderes, sin siquiera necesidad de esperar los resultados oficiales del tribunal electoral, Bukele (dícese que el mandatario más popular del mundo) no solo se proclamó reelecto, sino que él mismo dio los resultados del proceso. "Democracia de partido único" lo definió él mismo. Con ungimiento del Todopoderoso para gobernar en medio de normalizadas y cada vez más frecuentes suspensiones de garantías y la gran promesa de lo que está por venir los próximos cinco años de su segundo mandato. Y tal vez de otros más. De ambos procesos centroamericanos conversamos con Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio de la Política Nacional de la UCR.

Cumplimos una nueva jornada electoral y el mapa del poder territorial cambió, y una vez más el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió un papel fundamental para la democracia, dándonos absoluta seguridad antes, durante y después del proceso. Somos un país con una división administrativa muy disímil, con cantones muy pequeños y otros de gran extensión. Eso sí, con realidades muy dispares, con solo recorrer unos pocos kilómetros. Este torneo deja muchas enseñanzas para seguir fortaleciendo las elecciones municipales. Los resultados los seguiremos conociendo en las próximas horas, pero el proceso pone en agenda de los partidos, lo que la ciudadanía les dice otra vez en las urnas, a las nuevas autoridades que ya no tienen feudos y que las reformas legales y la imperiosa modernización de las agrupaciones políticas acorde con las exigencias de los tiempos, deben ser la guía de aplicación urgente. Para profundizar estos y otros aprendizajes conversamos con el experto en temas del régimen municipal Juan José Echeverría.

El crítico caso de la contaminación del agua con xilenos en Goicoechea, Moravia y Tibás se podría repetir en otros lugares del país, dadas las grietas y fugas que evidencia una política pública que debería ser potente y cristalina, pero que evidentemente ha venido a menos en los últimos años. Enormes vulnerabilidades desbordan un sector que requiere de una rectoría fuerte, lo que por supuesto va más allá de la decisión política coyuntural de conformar un comité o comisión que acompañe al nuevo presidente de AyA, en el que -por cierto- se cedió un espacio a la Cámara de la Construcción, lo que en la práctica implicaría que un actor privado tomara parte en la adopción de decisiones de política pública. Abriendo más el tubo, hay que poner atención en las postergadas inversiones de proyectos importantísimos como Orosi II, para garantizar el suministro del líquido a la Gran Área Metropolitana y recuperar la pérdida en la cobertura de agua potable a nivel nacional que solo del año 2021 al 2022, cayó de 95,7 % a un 89,9 %. Urge restablecer la planificación, tanto como la regulación de actividades productivas riesgosas, y también reforzar el tratamiento, el monitoreo de la calidad de las aguas y, por supuesto, ajustar nuestra obsoleta legislación, para una adecuada gestión de cuencas y protección efectiva de fuentes de agua. Continuamos conversando del tema con doña Yamileth Astorga, ex presidenta de AyA y nos acompaña también Edgar González, especialista en recursos hídricos.

La seria crisis sanitaria provocada por la contaminación del agua con un hidrocarburo aún no determinado no se resuelve con haber encontrado la aparente fuente en la Quebrada Honda 2 en Coronado, tal como lo anunció la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive. Ahora debe establecerse el elemento contaminante, lo cual puede aclararse pronto dado el trabajo que realiza el Laboratorio en Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq) de la UCR, para tener la información técnica y adoptar las medidas correctivas en relación con la seguridad y la salud de las personas y familias. El problema persiste, ya que las 107 mil personas siguen severamente afectadas. De igual manera, la operación establecida para la entrega de agua por cisterna sigue siendo criticada en las comunidades y se llega al décimo día del problema, que ahora se agrava y se extiende con el desabastecimiento del líquido en otras comunidades metropolitanas, para atender el suministro mínimo en los cantones de Moravia, Goicoechea y Tibás, donde la población sigue manifestando su legítima inconformidad, exigiendo respuestas y pronta solución. Incluso la Sala Constitucional recibió varios recursos de amparo, que deberá resolver en próximas horas. Pero el foco debe abrirse para entender esta situación, desde las acciones y seguimiento a la gestión del recurso hídrico de manera integral. Para seguir aportando elementos conversaremos mañana con la expresidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, y con el coordinador del Celeq UCR, Dr. Roberto Urcuyo.

A cuatro días de la cita electoral, tres estudios de opinión pública establecen que la limitada asistencia a las urnas será una de las rúbricas que sellarán el torneo de las municipales en las que se jugará la elección de poco más de 6,000 cargos de servicio público en los 84 territorios del país. El ambiente no calentó ni siquiera en la conversación de los tan activos canales digitales, dijo el Observatorio Digital de la Universidad Latina. Mientras tanto, Umbral Político de Idespo, UNA, aseguró que el 42 % de los ticos está seguro de acudir a las urnas. Dijo también que se manifiesta apoyo creciente a divisas cantonales o provinciales frente a partidos de índole nacional. Ya veremos cómo se traduce ese apoyo en votos porque hay, efectivamente, decenas de agrupaciones que solas o en coaliciones se presentan a un electorado que tiene, en general, poquísima información para participar. La última encuesta de la semana, nos la presenta en estas horas el CIEP-UCR con las valoraciones de cara a las municipales y también con las opiniones actualizadas sobre la gestión de gobierno, sin medir claro está, la crisis de abastecimiento de agua que tiene al límite de la paciencia a los pobladores de tres cantones josefinos que no se sabe cómo estarán de ánimo para votar el domingo. Para conocer los detalles de esta última encuesta, conversamos con el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Ronald Alfaro.

El artículo 50 de nuestra Constitución Política, recientemente remozado, garantiza que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable, de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano… Y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. Se trata entonces de una norma de obligada observancia, y por ello las actuaciones, omisiones, retrasos y medidas adoptadas (o no) por las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en una crisis como la actual de contaminación del líquido en varios cantones del Área Metropolitana, demanda explicaciones más contundentes. Veamos: hay más de 100 mil personas afectadas, las primeras alertas advirtiendo de la situación, tanto de pobladores, como de funcionarios de AyA, se desoyeron. Para colmo luego se intentó minimizar la situación al afirmar que no se sabía si el contaminante era o no suficientemente tóxico. Una semana después, no se tiene claridad del origen de la contaminación y el abastecimiento con cisternas resulta insuficiente. Estamos ante una emergencia que no se trata como tal, con vocerías verticales que no cubren las necesidades de información de interés para la ciudadanía, dado que al AyA se la ha prohibido atender requerimientos de la prensa y Salud no da abasto para atender todas las demandas. Pero el tema, si bien es de atención inmediata, va más allá de la coyuntura. En un marco más amplio, los problemas con agua, vienen desde hace meses. Se han dejado perder préstamos para importantes proyectos de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y el muy crucial para la modernización del Laboratorio Nacional de Agua. Todo nos coloca en una posición vulnerable. Y para analizar esta delicada situación conversaremos mañana con Rolando Marín, investigador, asesor y consultor nacional e internacional en el tema de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua.

En un ambiente de desencanto, como en prácticamente todas las democracias del mundo, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. Es una de las decisiones más significativas para el balance de fuerzas y posturas no solo a lo interno de la gran nación del norte, sino para el planeta entero. El torneo de oficialización de la candidatura del contendor republicano para enfrentar al presidente Joe Biden, inició este mes con caucus (Iowa) y primarias (New Hampshire) y se extenderá hasta el super martes de la nacional. Hoy por hoy, nadie duda que Donald Trump se hará con el trofeo de esa nominación, aunque su contendiente Nikki Haley no está dispuesta aún a tirar la toalla. No todavía. Pero la suerte al parecer con todo y causas judiciales pendientes está echada para el inevitable reencuentro entre ambos líderes de la política bipartidista estadounidense. Para los intereses de Ucrania el resultado electoral será vital en tanto la reelección de Biden le aseguraría el apoyo que requiere la larga guerra con el invasor ruso y, por el contrario, el retorno de Trump a la Casa Blanca sería un revés severísimo. ¿Y qué decir de la incidencia que tendrá esa elección en la conflictividad de Oriente Próximo con el asunto Israel, Hamás, Palestina y los árabes? ¿Y qué decir de las tensiones en Asia? Poder establecer cómo se vislumbra el estado de situación del tablero geopolítico según gane uno u otro aspirante, es lo que haremos este lunes con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Lo positivo, sin duda, fue el acuerdo alcanzado por los jerarcas de los tres Poderes de la República, quienes afianzaron las acciones de la mesa de trabajo de seguridad con 10 proyectos consensuados, que ahora quedan bajo la responsabilidad de trámite legislativo para mejorar las armas país contra la ola de violencia del crimen organizado. Lo deplorable tiene varios flancos: uno, la persistencia del enfrentamiento que mantiene el presidente de la República con la Contralora y por extensión contra la Contraloría General de la República y por extensión contra la Expresidenta Laura Chinchilla. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, como si no faltaran focos distractores, se produjo este jueves un espectáculo más, cuando en su comparecencia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la siempre polémica jerarca de la CCSS, doña Marta Esquivel, llego blindada por escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que es un cuerpo policial especializado en actos de terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué la Presidenta de la Caja llega al Congreso así custodiada y los efectivos terminan empujando y fotografiando a los periodistas que intentaban acceder a declaraciones de la compareciente? Por supuesto, los diputados pegaron el grito al cielo. El asunto, dijo el Presidente Legislativo, Rodrigo Arias, deberá esclarecerse. En estos y otros sobresaltos, como el del pretendido negociado petrolero, discurre la vida política nacional de este enero y para ponerlos en perspectiva conversamos con el politólogo, Claudio Alpízar Otoya.

La polémica para retrasar el inicio de la construcción del Hospital de Cartago se ha hecho agotadora, y eterna, particularmente para los sufridos pacientes y el personal de salud del viejo nosocomio en funcionamiento. Y las excusas de todo tipo por el terreno en el Guarco, siguen teniendo réplicas de alta intensidad. La última iniciativa de la presidenta de la CCSS, de traer expertos en geología de California para hacer estudios adicionales, detonó un enjambre de oposiciones. El Colegio de Geólogos alzó la voz en defensa de la capacidad de los profesionales con los que cuenta el país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por su parte, criticó la idea, recordando además la existencia del riguroso Código Sísmico que aplicamos para, precisamente, asegurar las edificaciones, dada la sismicidad de nuestro territorio. La Embajada de Estados Unidos, mientras tanto, desmintió que estuviera gestionando visita alguna de profesionales californianos por encargo del gobierno costarricense. Marino Protti, uno de los más reconocidos sismólogos del país, fue claro en indicar que antes de llamar a expertos en geología y sismos de otros lares, es importante conocer la diferencia entre trabajar en las áridas zonas de ese estado norteamericano y las de un país tropical como Costa Rica, aportando muchas otras consideraciones ante la (aparentemente fallida) propuesta. Para focalizar desde el criterio especializado acerca de la situación sísmica del Valle del Guarco, conversamos con el doctor Protti, quien es investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional.

¿Hay alguien que puede decir que no ha tenido cerca en las últimas semanas a algún amigo, compañero o familiar con una gripe marca diablo? El segundo boletín epidemiólogo del Ministerio de Salud de este año nos evidencia lo que estamos atravesando: 345 casos de covid-19 (un aumento del 12 % respecto del primer reporte), 2.567 casos de infecciones respiratorias agudas y 30.649 reportes por dengue. Y hablamos solo de casos reportados, porque la inmensa mayoría pasa debajo del radar. A finales del año pasado enfrentamos un pico alto de menores de edad con problemas respiratorios, que saturó el Hospital Nacional de Niños y mientras atendíamos esa situación, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el “coronavirus seguía mutando y matando”, por lo que no se podía bajar la guardia, ya que las variantes ómicron y JN1, se transmiten con mayor facilidad. ¿Cómo debemos actuar frente a esta realidad, más allá de la vigilancia epidemiológica de los especialistas? ¿Qué hacemos si no tenemos vacunas disponibles? ¿Cómo proceder por nuestra propia cuenta a falta de campañas de promoción de medidas sanitarias personales y comunitarias? Para repasar acerca de este tema de salud pública conversaremos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Con datos del año 2020, Costa Rica contabiliza alrededor de 950 bibliotecas educativas para el aprendizaje público, distribuidos en 27 redes, en las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública. Lo que no se tiene claro respecto de este antecedente, es la calidad de la infraestructura de estos espacios, menos aún, la disposición de libros y equipos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje. La situación se torna más compleja en los centros educativos de los territorios rurales. Sin duda, es un factor adicional que viene a reflejar el deterioro de la educación pública, y que se refleja tanto en el proceso de enseñanza, como en los pésimos resultados (retrocesos) en lecto-escritura, como lo constata el Informe sobre el Estado de la Educación. Esto lo tiene muy claro el proyecto “Biblioteca Actualiza” de Guiare, una la asociación sin fines de lucro apoya la situación donando bibliotecas equipadas. Para el ingreso del curso lectivo en febrero próximo, tiene la meta de dotar de bibliotecas a dos escuelas en Upala. Para poner en examen esta situación conversaremos con las lideresas de Guiare, Alda Cañas y Victoria Coronado.

El 2024 inició como un año extremadamente complejo, con un almanaque electoral global en 70 países (en los que vive el 54% de la población mundial), con dos cruentas guerras y un escenario de mayores polarizaciones con impactos directos en lo humanitario, social y económico. Pronto se cumplirán dos años del conflicto entre Rusia y Ucrania; una guerra que continuará con más pérdidas, muertes y destrucción para los ucranianos y un mayor aislamiento y dificultades económicas para los rusos. En el otro escenario armado, casi 24 mil palestinos han muerto tras 100 días de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, lo que enmarca apenas la pérdida de vidas. El conflicto ha comenzado a incendiar otros puntos sensibles en Irán y el mar Rojo, lo que complica esa zona estratégica para la provisión de derivados del petróleo y muchas otras mercaderías imprescindibles para las cadenas de suministro. Las recientes elecciones en Taiwán del más férreo opositor al gobierno chino puso otro foco a las tensiones en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De por medio está el control del centro de producción de componentes electrónicos más grande del mundo, de los que depende cada vez más la economía. Aquí en nuestro continente las determinantes elecciones de Estados Unidos y México se juntan con las de México, El Salvador, Panamá y Venezuela; todas ellas agitando diferencias. Se suman a estos procesos las crisis migratorias y la ola de violencia por la guerra de grupos del crimen organizado. Para hacer repaso internacional y analizar estos hechos y las reconfiguraciones que implican, conversaremos con el internacionalista y director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.

Ni el receso de fin de año logró bajar la temperatura de los diferendos políticos. El Ejecutivo tiene una cantidad de piedras calientes con las repercusiones de los audios de Presidencia, las polémicas que envuelven a la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una ola de criminalidad que no logra contenerse, los cuestionamientos vinculados con los aparentes usos indebidos de RACSA y el SINART y el último frente de batalla abierto con la Contraloría General de la República. El Legislativo sigue con su actividad de control político que pone en zona caliente de investigación a varios jerarcas; tal el caso del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, que tras su primera reacción de resistencia, parece que desea bajar el tono ahora con la declaración de que si devolverá los sobre sueldos recibidos, aunque aún mantiene la batalla contra la construcción del nuevo Hospital de Cartago en el lote de la discordia. También continúa muy activa la comisión que investiga el financiamiento de la pasada la campaña electoral, con énfasis, casi exclusivamente, en los manejos del partido oficialista. Y desde el foro de representantes de los poderes de la República, inició muy activo el año con la deliberación para amarrar proyectos neurálgicos de mejora de la seguridad ciudadana y reformas de leyes punitivas necesarias. Una ciudadanía que ya estableció como sus mayores preocupaciones la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción sigue esperando resultados de la gestión gubernamental. El año 2024 se perfila desafiante y las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Para aportar elementos a este arranque conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.

Declarar un día contra la violencia obstétrica como un acto efectista consecuencia del lamentable caso de Angie Herrera y su hija Isabella no, no solo es absolutamente insuficiente, sino que soslaya la necesidad de penalizar ese tipo de maltrato físico y emocional. Lo que resulta imperioso es trabajar aún más en la humanización de la atención sanitaria, incluidos los maltratos verbales, la falta de información y de acompañamiento, las violaciones al derecho a la intimidad, el trato humillante y degradante, la utilización de técnicas obsoletas, la falta de equipo médico, y de atención oportuna y eficaz de las emergencias de las mujeres embarazadas. En una década la Defensoría de los Habitantes reportó haber recibido 330 denuncias este tipo, por lo que desde el 2015 ha enviado informes con recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las direcciones hospitalarias, ya que han investigado casos en los que han determinado hechos referidos a humillaciones, maltrato verbal, inobservancia del consentimiento informado y procedimientos dolorosos, entre otros que tipifican esta conducta. Como sociedad se demanda un abordaje que incluya los derechos humanos y reproductivos de la mujer embarazada, la legalidad, el acceso a la salud, la perspectiva de género, la atención institucional y médica. Es un tema que ha vuelto a la palestra y por ello lo profundizamos con la Dra. Gabriela Arguedas, catedrática de la UCR y coordinadora del Observatorio de los Derechos Reproductivos.

El panorama económico ya presenta claroscuros para los próximos 11 meses de este recién estrenado año. El crecimiento económico se estima que estará entre un 3,5 % y un 4 %, un poco más bajo que el del 2023, dadas condiciones internas y externas. Ya culminó la primera quincena y el dólar sigue en descenso, teniendo el precio más bajo en la última década, lo que constituye la preocupación diaria de los sectores exportador y turístico (que atiende la temporada alta). También está por determinarse cómo actuará el Banco Central con respecto a las tasas de interés. El menor dinamismo que se estima en la economía implicaría menos inversión y también que se seguiría limitando la capacidad de generar empleos, ya de por sí venida a menos, según lo indican los desalentados. Otra preocupación que se intenta detener es la del costo energético, para no desmejorar las decisiones de inversión de los empresarios. Para hacer repaso de la materia conversaremos con el economista, Gerardo Corrales.

Como un programa de opinión y análisis cuyo objetivo es fortalecer la deliberación democrática en Costa Rica, en estos 17 años (muy prontos a cumplir) hemos sido absolutamente responsables en abordar, desde diversas perspectivas, el tema de la criminalidad y la inseguridad, que actualmente muestra los mayores índices de preocupación de la ciudadanía. Y no es para menos. El año que acabamos de dejar atrás, quedó registrado como el más violento de nuestra historia, en relación con la tasa de homicidios, dada la penetración de grupos del crimen organizado vinculados (fundamental aunque no exclusivamente) a la actividad del narcotráfico. Esta preocupante coyuntura la hemos tratado con seriedad y abriendo nuestro espacio a personas especializadas para conocer y puntualizar en tan delicado tema. Desde el nombramiento del actual jerarca de Seguridad hemos conversado con don Mario Zamora en varias oportunidades para tener presente las acciones que ejecuta el gobierno de la República desde las competencias y responsabilidades que le son atribuibles. Por ello, nos hacemos partícipes de las discusiones en torno a nuestras vulnerabilidades de seguridad y cómo encararlas para proveer más recursos económicos, legislación más adecuada al cambiante fenómeno delincuencial de este siglo y un trabajo interinstitucional cada vez más y mejor coordinado. En el contexto de la coyuntura ecuatoriana, la semana pasada, el historiador Vladimir de la Cruz aportó sus preocupaciones y opiniones. Desde ese día quedo abierto el espacio para el jerarca don Mario Zamora y por eso conversamos con él.

Como sociedad, una de las grandes tareas que debemos fortalecer es la relacionada con las condiciones, los cuidados y la atención integral de las personas adultas mayores. Costa Rica registra, para el año 2023, más de medio millón (526,000) de personas de 65 años y más. Esto representa un 10 % de la población total, que se proyecta ascenderá al 17,6 % dentro de dos décadas. Hoy la mitad de esa población vive en condición de pobreza extrema. Pero una gran mayoría del total enfrenta diferentes niveles de abandono debido a la pérdida de familiares, problemas de salud, de movilidad e insuficiencia de autonomía económica, entre otras circunstancias adversas. Se tienen identificados los cantones con mayor cantidad de adultos mayores en vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, con limitación de acceso a diferentes servicios, en territorios con infraestructuras inadecuadas y en general con una política pública a la que le falta mucho para estar a tono con las exigencias éticas a las que debemos aspirar como sociedad. Para ampliar acerca de esta realidad conversaremos con Eduardo Méndez, especialista en gerontología y Gerencia Social.

Aunque como bandas narcocriminales son rivales entre sí y pugnan por el control de territorios, todas tienen un enemigo común que las cohesiona: el Estado de Derecho. En el caso que nos ocupa, el ecuatoriano. Son actores principales en revueltas, motines, masacres carcelarias, atentados contra la población, extorsiones, secuestros, amenazas y violencia contra medios de comunicación, universidades y cualquier otro sector que califique como un objetivo de sus perversos fines. Han infiltrado las instituciones públicas comprando funcionarios con sus ilimitados recursos, y por supuesto se aprovechan la dolorosa realidad latinoamericana de los problemas estructurales nunca resueltos. Nacieron en regiones marginales, tienen estrechos vínculos con los poderosos carteles mexicanos, cuentan con alrededor de 50 mil personas vinculadas a sus actos delictivos y desde inicios de esta semana las 22 bandas criminales conocidas pasaron a la categoría de terroristas. De ellas, tres son las más grandes y violentas: Choneros, Lobos y Lagartos. Para intentar el dominio total del país se valen de micro organizaciones con las cuales establecen alianzas criminales y de acuerdo con un muy reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, estas pandillas más pequeñas conforman una gran telaraña delictiva, manejada por los capos, desde adentro y fuera de las cárceles. Con la llegada del presidente Daniel Noboa se han sentido amenazados por el denominado Plan Fénix, que, por un lado, plantea llevar a discusión nuevamente el delicado tópico de la extradición y por otro, ha prometido la construcción de más centros penitenciarios. Mientras tanto, gracias a la declaratoria de conflicto armado interno, se ejecutan acciones conjuntas entre el ejército y la policía, para neutralizarlos. Para profundizar este entramado conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Ecuador sufre y resiste dramáticos episodios de violencia, que enfrenta a los ciudadanos honestos, el Estado y sus instituciones al poder de los grupos criminales que dominan el gigantesco negocio del tráfico de estupefacientes que en pocos años ha ido apoderándose del país, como un cáncer extendido. La crisis pone de relieve los enormes desafíos estructurales de la nación andina y el margen de maniobra que tiene, coyunturalmente, para manejarlos el joven presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace apenas dos meses para terminar el período inconcluso del gobierno de Guillermo Lasso. La chispa que encendió la crisis de esta semana se originó, para sorpresa de nadie, en la lucha de las mafias a lo interno de los centros penitenciarios donde desarrollan cruentas batallas por el control de esos espacios. La extrema dificultad para la gestión carcelaria por parte de las autoridades derivó el domingo en la fuga de uno de los más importantes líderes mafiosos (Adolfo Macías alias Fito, jefe de Los Choneros) y ese fue el inicio de los ataques simultáneos sin precedentes que se han vivido en las últimas horas. El mandatario Noboa declaró el lunes un estado de emergencia de 60 días -recurso usado por su antecesor sin éxito-habilitando patrullas militares y un toque de queda nocturno nacional. Y la impactante toma de las instalaciones de la televisión de Guayaquil el martes dio pie a un segundo decreto inédito para declarar un "conflicto armado interno" que califica a 20 organizaciones delictivas como terroristas. Los actos delincuenciales se perpetraron, además de la prensa, contra universidades, hospitales, estaciones policiales y en calles y barriadas de las principales ciudades. Para comprender este complejo momento conversamos con Marco Méndez, actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien vivió durante su posgrado en el ecuador del mundo.

El 4 de febrero es la fecha del calendario en la que elegiremos a las nuevas autoridades de los 84 cantones del país. En un territorio continental de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, pareciera que son muchos “pedacitos” -como cita la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones- los que tienen su propio esquema de gobernanza. Los municipios tienen origen en los cabildos de la época colonial. Desde entonces manejan aspectos de la vida social, política y económica. El Ayuntamiento de Cartago está registrado desde 1563 como el primer cabildo no aborigen. Pero es hasta el año 1825 que se dispuso que en cada pueblo, aun con un territorio de poca extensión, debía establecerse una municipalidad, lo cual no era muy bien visto por quienes querían mantener centralizado el poder. Sigue avanzando nuestra historia y en 1876 se estipula que cada cantón debía contar con una municipalidad, tal y como las conocemos en nuestros días. Hacemos un repaso desde la perspectiva histórica y política de los gobiernos locales con el historiador Vladimir de la Cruz.

En su recta final, las elecciones municipales del primer domingo de febrero comienzan a ocupar parte importante de las agendas de tópicos de interés local y nacional. La encuesta “Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales del 2024” del IDESPO de la Universidad Nacional realizada a fin de año, dio señales de algunas determinaciones de la ciudadanía: Un dato relevante es que un significativo 47 % de la población encuestada se mostró decidida a acudir a las urnas. De ese total, la mayoría prefiere hacerlo por un partido cantonal o provincial, en detrimento de los debilitados partidos de corte nacional. El estudio divide a los electores en votantes tradicionales (54,9 %) que son personas que muestran interés en la política y que votaron en las últimas municipales del 2020. Luego están los denominados flotantes, (27,9 %) que también fueron a votar en el proceso anterior, pero que no hablan mucho de política; es decir, no son ciudadanos tan interesados. Finalmente, están los apáticos (17,3 %) que muestran no tener interés alguno en la política. La disposición a participar en actividades electorales es muy poca, pero algunos si estarían dispuestos a mostrar signos partidarios, no así a realizar donaciones para los gastos de campaña. Un amplio 89,3 % está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en que exista paridad entre hombres y mujeres en los puestos de elección. Estos y otros resultados los ampliamos con Norman Solórzano, director del IDESPO y José Andrés Díaz coordinador del estudio.

A 28 días de las votaciones municipales, Costa Rica ratifica una vez más la solvencia de su sistema democrático electoral. Para este proceso se aplicó la paridad de género y se limitó la reelección. Además, la jornada pondrá a prueba la participación de las juventudes alejadas de la política, las graves diferencias entre las realidades y desafíos territoriales y la otrora fuerza de los partidos políticos tradicionales que enfrentan a grupos nuevos y locales. Elementos que remarcan la diversidad política y la urgencia de reconocer y entender las brechas regionales. En una geografía pequeñísima como la nuestra tenemos 84 cantones que renuevan autoridades y una gran cantidad de fuerzas políticas: 33 nacionales, 22 provinciales y 104 municipales. Tal volumen de opciones nos obliga a reflexionar acerca del fenómeno de la fragmentación y sus consecuencias. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya está listo; ya contestó los recursos de las opciones que no cumplieron con todos los requisitos de ley e implantará un plan piloto de voto electrónico. Para ampliar, conversamos este lunes con su Director General de Estrategia y Gestión Política, Gustavo Román Jacobo.

Abrimos un año 2024 que nos arrastra las consecuencias y los impactos que la democracia ha experimentado en su institucionalidad, sus esquemas de gobernanza y con una cantidad de rupturas que la han puesto a prueba en los últimos 12 meses. En el marco de una desconexión entre los sistemas políticos y la ciudadanía electora; las repercusiones dramáticas de las violencias de la actividad criminal y la desigualdad, que son el caldo de cultivo que aviva los reclamos de amplios sectores que no sienten que la democracia les aporte bienestar y solución a problemas concretos. Pasamos la página del año con los estragos a una libertad de expresión golpeada, en un entorno complejo de una gobernabilidad que no logra dar respuestas adecuadas a la gestión y a las falencias de una gobernanza que no logra afinar instituciones fuertes, marcos regulatorios claros e indefinición en agendas políticas. La región seguirá enfrentando los desafíos y las respuestas que se deban dar a la mezcla de Estados erosionados, señalamientos a la democracia, el avance del crimen organizado y un populismo autoritario, Ingresamos a un año desafiante para América Latina con 6 procesos electorales en El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Para realizar una primera aproximación conversaremos con el politólogo, Alejandro Barahona.

Las vidas y luchas de Aymara Nieto de las Damas de Blanco, de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano de Cuba y de Xiomara Cruz, de la Unión Patriótica de Cuba, son el potente hilo conductor de la película Dos Patrias, que amarran con fuerza los anhelos de la libertad y la democracia. La producción es de una calidad audiovisual impecable y arranca con el poema del mismo nombre de la cinta, del reconocido José Martí Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. ¿O son una las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba cual viuda triste me aparece. A partir de esas potentes palabras nos sumerge en 70 minutos de un foco que nos permite reconocer zonas oscuras de un régimen y de la fuerza de acciones pacifistas de tres disidentes políticos, en un entorno de represión que relata una Cuba que encarcela y reprime a quienes impulsan reformas, defienden el derecho a la libertad de expresión o solo salen a marchar para reclamar derechos. Para repasar esas narrativas, que se construyen desde adentro y desde afuera de la Isla y son el diario vivir de su ciudadanía, conversaremos con la reconocida cineasta y directora de la cinta, Hilda Hidalgo.

Que tengamos la posibilidad de poner un buen apellido al año 2024. Para lograrlo debemos ampliar perspectivas, librarnos de paradigmas, tener criterios para enfrentar las manipulaciones y aliarnos con la educación (aprender de mucho y de muchas situaciones), para tener elementos para erradicar la palabra problema. Gestionar nuestras vidas nos permite darle sentido de propósito, lo cual debemos sumar a tener calidad de vida física, familiar, profesional, material, emocional, social, espiritual. La calidad de vida es la que nos permite tener calidad de relaciones con los demás. Nos hacen una sugerente a poner apellido al año, al mes, a la semana y al día que vivimos, con base en la misión y sentido que tengamos con la actualización que debemos hacer de nuestras determinaciones. Para comprender esta interesante propuesta conversaremos con el catedrático de INCAE, Máster en Administración Pública y consultor de equipos gerenciales, German Retana.

Feliz año nuevo, salud y bienestar en este 2024 que inicia. Aquí seguimos juntos para continuar fortaleciendo la necesaria deliberación democrática para Costa Rica. Todas las personas buscamos, sin saber cómo o determinar qué es, la felicidad. Pero no nos detenemos para reconocer lo que tenemos y si en estos tiempos que corren podríamos ser plenos, en una sociedad cada vez más complicada y llena de desafíos. La felicidad está delimitada en los propósitos que cada uno de nosotros determina para su vida y tiene una enorme relación con la gratitud y la resiliencia. A cada quien lo hace feliz distintos resultados, acciones y momentos, tal como hayamos determinado que queremos alcanzar en la vida. La felicidad no es un recetario, es subjetiva y nos obliga al autoconocimiento y a esforzarnos a tener un mayor desarrollo personal y a reforzar la resiliencia de modificar la realidad, profundizar convicciones y tener una gran habilidad para improvisar. Para conocer más acerca de este conversaremos mañana con el escritor, divulgador y Máster en neurofelicidad aplicada, Rodrigo Sánchez.

La gastronomía es un camino esencial por medio del cual los seres humanos logramos comprender nuestro lugar, nuestras tradiciones, nuestros sabores y aromas, permitiendo definir las relaciones que mantenemos con la familia, seres queridos y comunidad. Repasar las comidas habituales de final y principio de año no es solo un delicioso recorrido, sino que nos conecta con las herencias, costumbres y rutinas que siempre nos reúne alrededor de una mesa que se torna en la extensión de la cocina del ayer, del hoy y del mañana. Estas épocas nos evocan el tamal, como el platillo principal que, si bien antes se elaboraban en casa, hoy se mantiene como parte una herencia ancestral que se ha industrializado; pero igual son tiempos de la deliciosa pierna de cerdo (chancho), el rompope cargado y el dulce queque navideño que son elaboraciones que tienen la categoría de patrimonios gastronómicos en Costa Rica. Sin duda estos son tiempos para pasar en familia y disfrutar de estas delicias, las cuales repasaremos desde la visión de la investigadora, periodista, escritora y experta en gastronomía, Marjorie Ross, quien ha dedicado mucho a rescatarla en libros, ensayos, crónicas, poesía y novelas.

Hace 800 años la humanidad celebra la creación de la primera representación del nacimiento de Jesús de Nazareth, como una iniciativa de San Francisco de Asís, quien lo realizó como un tributo a este acto histórico, religioso y espiritual. Lo hizo en una caverna de la zona de la Toscana, en el monte Greccio en Italia en el año 1.233 y desde entonces en muchos países se hacen todo tipo de pesebres, que mantienen como amalgama la convicción de la fe. En Costa Rica también está la tradición del pasito para el nacimiento del Niño Dios y los hay de dos tipos. El típico que usa aserrín de colores y otros elementos autóctonos y el bíblico que tiene una representación más apegada a la recreación de Belén. Repasamos una serie de hechos e historias en torno a diferentes variantes de cómo se hacen, se recrean y se mantienen como un testimonio que pasa de generación en generación. Para poner en perspectiva este relato, conversaremos con el historiador, José María “Milo” Junco.

La gratitud atrae el bienestar y lo potencia, como un motor que tenemos todas las personas para poder apreciar lo bueno y enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Es un elemento fundamental que nos permite revisar y revisarnos con base en lo que elegimos para aprender y emprender Ser agradecido atrae el bienestar y podemos ejercitarla cuando agradecemos lo que tenemos, cuando vivimos el presente, cuando apreciamos lo que se vive, cuando nos reconocemos y lo hacemos con los demás, cuando evitamos las comparaciones. Es poder reconocer que nos hace ser agradecidos, tiene enormes réditos a la salud, ya que tiene incidencia en contrarrestar la depresión, disminuye la inflamación, el azúcar en la sangre, la presión arterial y mejora la función inmunológica. La felicidad no es el resultado de un recetario, sino de una convicción de que nos hemos propuesto y ayuda a aumentar la productividad, aumenta la generosidad y estimula la salud mental. Nos hace mejores personas. Para aprender acerca de esto conversaremos con el psicólogo, Milton Rosales.

Que hayan disfrutado de este fin de semana de Navidad junto a usted y sus seres queridos. Estos son tiempos que nos permiten hacer un alto y una introspección necesaria, que nos permita retomar la gestión de nuestras emociones, para si se tiene y si no, construir y consolidar un liderazgo personal que nos ayude a hacernos cargo de nuestra realidad. La naturaleza humana persiste junto a nuestras potencialidades y en estas épocas nos deja regalarnos y regalar dos obsequios que no ocupan envoltura. Uno es qué es aquello que no tengo y si lo logro seré mejor persona y el otro es qué cosa que no hago, si la realizo seré mejor ser humano. Iniciamos, una serie de programas especiales de fin y principio de año con el motivador, Mauricio Corrales.

El periodismo es un quehacer fundamental de cualquier sociedad que se precie de sus instituciones democráticas y la defensa de los Derechos Humanos. Su andamiaje se sustenta en elementos fundamentales como el interés público, la búsqueda de la verdad, el derecho del público a saber y la corroboración, precisión y corrección en la presentación de los hechos. Generalmente, el trabajo deviene de la auscultación meticulosa de los hechos que indaga a diario el periodista. Pero muchas otras veces, la tarea es a partir de las pruebas que se le hacen llegar mediante filtraciones anónimas o por el testimonio de un denunciante identificable. “Los audios de Presidencia”, la serie de reportajes de las últimas dos semanas publicadas por el Diario La Nación, está basada en la entrega de grabaciones que hizo la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro y es una de esas expresiones periodísticas de hechos de interés público construidas con rigor y responsabilidad profesional. Los audios dejan en evidencia la forma en que se fraguaron desde el despacho presidencial algunas decisiones de política pública y de comunicación política durante los primeros meses de la Administración Chaves Robles. Decisiones que se tomaron alejadas de la ética pública, mintiendo, empujando voluntades e incluso amedrentando a los mismísimos jerarcas del Consejo de Gobierno. Para ampliar sobre la elaboración de la serie noticiosa, conversamos con los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, dos de los tres autores de este trabajo.

A dos semanas de terminar el año, el tipo de cambio del dólar es el más bajo en una década. La apreciación del colón respecto de la divisa estadounidense se ha convertido en una constante. Las explicaciones a esta situación se centran en la recuperación del turismo, la atracción de inversiones extranjeras y el cambio de divisas para el pago de las obligaciones empresariales de fin de año. El Banco Central tiene una cifra récord en reserva de divisas para sostener la estabilidad en algunas cifras macroeconómicas. La continua caída en el tipo de cambio es motivo de preocupación para empresarios exportadores y turísticos, que reciben los impactos de cada rebaja en su flujo de ingresos. A ellos se suman las personas que ganan salarios en dólares. Para el año 2024 se proyecta que la inflación se mantendrá baja, lo mismo que el tipo de cambio y, eventualmente, las tasas de interés. Para poner en balanza este tema conversamos con el economista, José Luis Arce.

El cierre de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023, está enfrascado en la polémica y la consecuente postergación de acuerdos vitales para la humanidad. Por supuesto que el lujoso esplendor de la sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, no ha podido ocultar las fisuras que contiene el 'Balance Global', el paquete de decisiones que 200 países están llamados adoptar y que debe revisar los esfuerzos, avances, retrocesos y las decisiones no adoptadas en materia climática desde la firma del Acuerdo de París de diciembre de 2015. El principal punto de desacuerdo es el paquete energético, ya que no hay una clara definición de qué deben hacer los países para rebajar las emisiones en un 43 % para el muy cercano 2030, lo que resulta trascendental para contener el peligroso calentamiento global y de esa manera no traspasar los 1.5 grados de temperatura en este siglo, lo que condiciona toda la vida en el planeta. Dada las discusiones y la falta de determinación, la cumbre podría alargarse para conocer el documento final o se postergaría hasta la COP29 en Azerbaiyán. La delegación de Costa Rica, compuesta por 27 personas, no tuvo mayor notoriedad y se devuelve sin el apoyo a la iniciativa de la “Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas Natural”, que impulsa desde el 2021 junto con Dinamarca y cuyo objetivo aspira a eliminar de manera gradual el uso de combustibles fósiles. Para poner en perspectiva esta cumbre y sus impactos conversamos con Bernardo Aguilar, de la organización no gubernamental, Parlamento Cívico Ambiental.

Guatemala vive horas cruciales con una intentona de golpe de Estado a fuego lento y artero que amenaza con provocar una inestabilidad que hasta ahora se ha logrado contener. Desde agosto, tras el triunfo electoral inobjetable de Bernardo Arévalo, las estructuras corruptas anquilosadas en las instituciones, un día y otro también, se han empeñado burdamente en desacreditar el proceso y la decisión electoral de la ciudadanía. El último intento es la decisión de los deleznables fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche, quienes presentaron los resultados iniciales de una mal habida investigación realizada por ellos acerca del manejo de documentación electoral, que por supuesto califican una alteración de resultados en un software contratado; maniobra para pedir la anulación de las elecciones. Tras conocerse ese disparate, el Tribunal Supremo de Elecciones sostuvo que en nada cambia el resultado de las elecciones y que el torneo no tiene ni puede repetirse. A un mes para que asuma el poder Bernardo Arévalo el 14 de enero próximo, ha debido enfrentar una andanada de escollos que siguen entorpeciendo el cambio de mando urgido por una ciudadanía urgida de brisa democrática. Para profundizar en este momento que se vive conversamos con Eduardo Núñez desde ciudad de Guatemala.

“Vamos a comprar servicios, aplicar el pago compartido y afinar los costos de la Caja para cumplir las metas, vamos a ir contra viento y marea, quienes nos apoyen son bienvenidos y los que no, que no se pongan en nuestro camino”. Esto lo dijo Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la presentación de la estrategia “Menos espera, mejor servicio”, que conjunta una serie de acciones para disminuir las listas de espera. Entre las posibles soluciones para los asegurados está el co-pago, una figura que implica que para ciertos procedimientos, la CCSS pondría un porcentaje del costo y el paciente asumiría el pago restante. Para esta acción se dispuso presupuesto de ₡200 mil millones. El anuncio del programa desató al instante un aluvión de reacciones adversas urgiendo transparencia respecto de estudios, contratos, soporte financiero y afinamiento de las metas del programa. Para conocer más a profundidad acerca de este tema conversamos con Alvaro Ramos Chaves, ex presidente de la CCSS.

“Los audios de la Presidencia”, una serie de revelaciones publicadas por el diario La Nación, con base en grabaciones hechas por la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, son el pegamento que une una serie de investigaciones en curso que vinculan al presidente Rodrigo Chaves y su círculo más cercano, con órdenes emitidas para la elaboración de contratos, así como el manejo, control y concentración de pautas publicitarias de instituciones estatales. El último capítulo de la saga es el categórico rechazo de la Fiscalía General respecto de la pretendida solicitud del mandatario de detener las publicaciones periodísticas, lo cual implicaría censura previa, una transgresión inaceptable en nuestro Estado de Derecho. Las autoridades reiteraron, en apego a la jurisprudencia vigente, que las grabaciones no califican como conversaciones privadas, ya que tienen relación directa con la disposición de contratos y dineros públicos, en la que habrían participado el gobernante y otros funcionarios de su confianza, lo que deviene en un asunto de absoluto interés público. Tanto la Fiscalía General, como la Contraloría General de la República, tienen investigaciones abiertas respecto del caso y la Asamblea Legislativa ya había formado una comisión investigadora sobre el tema Sinart que ha logrado dilucidar datos, información y una relación de hechos que se vinculan estrictamente con las grabaciones del contrato BCIE y sus derivaciones. Para poner en perspectiva los nuevos acontecimientos conversamos este viernes con el diputado Ariel Robles Barrantes.

El Poder Ejecutivo presentó la Política Nacional de Seguridad Pública el 22 de noviembre pasado, pero el enfrentamiento que en esa misma actividad generó el discurso del presidente con la Asamblea Legislativa, truncó las posibilidades de un análisis a profundidad. Esta nueva propuesta tiene cuatro ejes de acción: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. En la presentación, el jerarca Mario Zamora no eludió la extrema violencia criminal que marca este año, por lo que instó a que el trabajo siga comprometiendo a los tres poderes del Estado y a la ciudadanía, desde una visión integral. Entre las metas propuestas se impone bajar a 480 los homicidios violentos (poco menos de la mitad de los que terminaremos registrando el próximo 31 de diciembre) para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, feminicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y capacitación. Para poner foco en esta política y cómo inicia su implementación, conversamos con el ministro Zamora.

El vertiginoso inicio de diciembre, que marca el cierre de un trepidante año 2023, nos da cuenta esta semana de dos hechos relevantes en el sistema financiero nacional. El lunes renunció Alberto Dent Zeledón, como miembro y presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Adujo motivos personales y su salida será el 31 de diciembre. El Banco Central deberá nombrar a quien lo sustituya en el contexto inobjetable de la diferencia que ha tenido el ente rector con el Consejo, debido al polémico y sensible asunto del acceso a datos de deudores con identificación por parte del Central. Un día después, este martes, renunció a su cargo el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, quien confirmó su separación, tras la investigación que se lleva a cabo por la sustracción de ₡3 mil millones. Ambos acontecimientos sin duda impactan y tendrán repercusiones de las que conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

La conversación digital y la prominencia en las redes sociales le resultan cada vez menos favorables a la Administración Chaves Robles, a pesar del empeño por mantener estos canales para la difusión de contenidos oficiales. El último reporte de los 21 de este año del Observatorio Digital de la Universidad Latina, lo refleja en sus hallazgos relevantes: los comentarios positivos son ahora 36,1 %, 22 puntos por debajo respecto del inicio de la gestión (52,8 %) los negativos se ubican en 34,6 % y los neutros en 29,3 %. Los negativos respecto del gabinete llegaron a un 52,4 % entre setiembre y noviembre. Las conferencias de prensa, en el último trimestre, reflejan una disminución del 45,46% en la cantidad de dispositivos conectados. Cuando esta medición, en el plano digital, se lleva a los hechos concretos, los mejor valorados fueron las noticias de las calificadoras de riesgo, la baja del marchamo, las informes de reducción de desempleo y los números macroeconómicos; mientras los peor valorados fueron la cifra histórica de homicidios, el artículo publicado en México acerca de las supuestas negociaciones con carteles de la droga, el decomiso de cargamentos del narcotráfico en puertos de Europa y las revelaciones de la comisión legislativa del SINART. Para ampliar acerca de los resultados de esta medición, así como el tema recurrente de violencia política contra las mujeres y la temporal en relación con las elecciones municipales, conversamos con el coordinador de este estudio, Cristian Bonilla.

La jueza Nancy Hernández López será la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a partir del primero de enero próximo. Un honor que Costa Rica asume siendo ella la tercera mujer en ocupar esta prestigiosa posición desde que el organismo fue creado en 1969. La CorteIDH es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José y con sede en nuestra capital. Su amplia trayectoria de más de tres décadas en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos la ha llevado a desempeñarse en el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, donde fue magistrada de la Sala Constitucional. Asumió como jueza de la CorteIDH tras la salida de la también connotada jurista costarricense de talla internacional Elizabeth Odio Benito, que la presidió en el periodo 2020-2022. Entre sus sentencias comprometidas con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, figuran la del matrimonio igualitario, la de paridad horizontal a favor de los derechos políticos de las mujeres, así como otras relevantes en materia de tortura y abuso policial de detenidos. Para ampliar acerca de su período como presidenta 2024-2025 y sobre los inmensos desafíos de la protección de los Derechos Humanos en nuestro continente conversamos con la jueza Hernández López.

Celebramos, con alegría y legítimo orgullo, los 75 años de la abolición del ejército; uno de los mayores hitos de nuestra Patria. Un compromiso y un tributo nuestro en favor de la paz universal y la resolución pacífica de conflictos. Costa Rica abolió el ejército el 1• de diciembre de 1948, tras la decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República, simbolizada en el “mazazo” del Presidente José Figueres Ferrer al cuartel Bellavista. Este hecho signa la construcción moderna de nuestra identidad, de los valores y la acción política que nos conducen en la convivencia interna y global. Constituye, sin duda, un hecho excepcional en la decisión de forjar una Nación más justa, equitativa y con la capacidad de generar políticas públicas que respondieran a los desafíos más apremiantes de su ciudadanía, centrados en el respeto por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos de todas las personas, el desarme y, más recientemente, el respeto por el ambiente. La renuncia unilateral al uso de la fuerza militar nos obliga a buscar el diálogo, la negociación, y a descansar en la diplomacia, el derecho internacional y el multilateralismo como los caminos en los que los costarricenses creemos. Para leer este acontecimiento histórico de la vida nacional conversamos con el historiador, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Dos recientes golpes a estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas no han hecho, sino confirmar los argumentos y los razonamientos de autoridades policiales y expertos acerca del inmenso poder que han alcanzado estas organizaciones en el país. Se trata del denominado caso Corona, referido a una sofisticada banda que trasegaba cocaína líquida a Israel y Europa. El otro es el desmantelamiento de la primera organización de producción y distribución de fentanilo en Centroamérica. La primera alerta es que son grupos criminales que trabajan con logística, organización, vínculos, recursos millonarios y acción delincuencial en Costa Rica. La segunda es que evidencian una sofisticación, avance y evolución de negocios ilícitos. La tercera tiene que ver con las relaciones que ostentan con autoridades de cierto nivel, con liderazgos territoriales y dentro de las instituciones del Estado. Las grabaciones del caso Corona tienen a las fuerzas policiales y al Ministerio Público investigando los contactos que se le atribuyen al ex jerarca del INCOP, Braulio Venegas, de facilitar una reunión con funcionarios del INCOFER, para un posible negocio de administración de predios de almacenamiento para contenedores, así como los avances que intentaron con RACSA, para una posible participación en el establecimiento de escáneres en puertos y fronteras. Tan grave como eso, son los intentos de esas estructuras criminales de dar seguimiento y apoyo a personas que estarían participando en las elecciones municipales. Estos embates se dan en el marco de la malograda presentación de la política nacional de seguridad pública y de una nueva reunión a la que acudirán los presidentes de los tres poderes de la República, para intentar recomponer, una vez más, el clima enrarecido por las altisonantes manifestaciones del jefe del Ejecutivo. Para conocer mayores detalles de esta compleja realidad conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos.

Tras siete semanas de guerra, la esperada tregua entre Israel y el grupo Hamás, ha dado un respiro de alivio a la población de la Franja de Gaza. La suspensión de las hostilidades permitió la liberación de personas tomadas como rehenes durante el asalto del 7 de octubre, así como de presos palestinos, en el obligado intercambio que imponen estos conflictos. En los primeros cuatro días del acuerdo, Hamás liberó a 50 rehenes israelíes y 19 extranjeros (en su mayoría trabajadores agrícolas tailandeses). Hasta ahora, Israel liberó a 150 prisioneros. El cese temporal de la confrontación podría volver a prolongarse y permitir la liberación de más rehenes, como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar -principal mediador- al anunciar que por la liberación de cada diez cautivos, se prolongará un día adicional la pausa en los ataques. Durante estos días, los gazatíes aprovecharon el alto al fuego para abastecerse de artículos de primera necesidad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó del ingreso de 137 camiones con combustible, alimentos, agua, AA medicinas y otros artículos. De igual manera, se aprovechó para evacuar a una veintena de pacientes en estado crítico. El cese limitado de los combates fue el resultado de semanas de intensas negociaciones y la esperanza es que sea posible lograr la liberación de más rehenes, pero está claro para los especialistas que no todos correrán con la misma suerte, pues algunos hombres constituirán el canje final o mejor dicho, los escudos, que asegurarán a los dirigentes de Hamás. Para poner en perspectiva este período conversamos con el relacionista internacional y Director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo Zamora.

Costa Rica evidencia, cada vez con mayor acento, números rojos en una de las políticas públicas que le ha dado enorme brillo global: la materia ambiental y las acciones de descarbonización de la economía no están siendo congruentes con los esfuerzos históricos de la legislación y las consecuentes políticas públicas. Es tan delicada la situación que a hoy tenemos más áreas protegidas, pero muy pocos recursos para defenderlas. Hay robusta legislación, pero con capacidad institucional disminuida. Se asumieron compromisos ejemplares para la descarbonización, pero se han tomado decisiones que evidencian retroceso en la matriz energética. Otro tema sensible tiene relación con mayor conocimiento acerca del riesgo por impactos naturales, pero mínimos avances en el ordenamiento territorial. En la práctica, decisiones como la aprobación del aumento en la vida útil de la flotilla de transporte público contaminante, el descarrilamiento temporal del tren eléctrico para personas y para carga, las recurrentes intenciones de abrir la exploración y eventual extracción de gas natural y la lentísima respuesta a la recuperación en comunidades y sectores productivos debido a los impactos por eventos de cambio y variabilidad climática, nos ponen delante de un panorama poco halagador. Y como si todo ello fuera poco, el país sigue teniendo una gran dependencia de derivados del petróleo. En los últimos once años registramos un crecimiento en las importaciones del 41%. Solo en el año 2022 se compraron 21,7 millones de barriles de petróleo, 1,2 millones de barriles más respecto del año anterior. Para abrir el foco en un tema medular, con base en los resultados del Informe sobre el Estado de la Nación, conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador de este vigésimo noveno estudio.

A propósito de la presentación de la esperada política nacional de seguridad pública, el presidente de la República volvió a agitar las aguas políticas. Su arremetida contra los poderes Legislativo y Judicial fue tal, que trastocó de inmediato el funcionamiento de las sesiones extraordinarias del Congreso, tanto en el plenario como en las comisiones. Por tratarse de un tema tan sensible como la crisis de inseguridad, los acontecimientos obviamente afectan la convivencia cotidiana, pues siguen a la orden del día las preocupaciones por la seguridad y la falta de opciones de empleo. En medio de estas circunstancias, el diario La Nación dio conocer que la investigación policial del denominado caso Corona, que desarticuló una poderosa banda de tráfico internacional de drogas, tiene delicadas ramificaciones que tocan al Poder Ejecutivo. Por otro lado, continua en compás de espera la decisión final del Tribunal Supremo de Elecciones, acerca de la participación o no, de la agrupación cercana a la fracción de gobierno en las próximas elecciones municipales. Las tensiones no bajan y para poner estos elementos en análisis de contexto conversamos con el politólogo Sergio Araya Alvarado.

“Durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible, así como una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo”. Este es la preocupante síntesis que le presenta a Costa Rica el Informe Estado de la Nación 2023, que se suma a alertas que nos señalan ser una democracia con problemas que solucionar antes que evadir o justificar. Hemos hecho los esfuerzos por ser una sociedad que tomó decisiones y acciones de política pública para fomentar y diversificar la producción, pero hoy nos muestra exclusión, desigualdad y brechas. Por un lado, la promoción de exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) muestran éxito, pero otros sectores denotan crisis estructurales del un crecimiento económico desequilibrado que son un freno al desarrollo humano y que tienen impactos profundos en las poblaciones, los sectores y los territorios más vulnerables. El informe nos ofrece una cantidad de información que iremos analizando, pero haremos una primera valoración de este enorme desafío. Para iniciar este proceso de análisis conversaremos mañana con Leonardo Merino, coordinador general de la investigación, y Natalia Morales, del equipo técnico del Programa Estado de la Nación.

Una nueva versión más y la administración Chaves Robles presentó lo que denomina la Política Nacional de Seguridad Pública. Esta la podemos dividir en dos actos, para lograr entender lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, en Guápiles. En el primero, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y sus dos viceministros, Erick Lacayo y Manuel Jiménez, esbozaron cuatro ejes de acción. Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. El jerarca no eludió que este es el año más violento, en cuanto a criminalidad y enfrentamiento de grupos e insto a que el trabajo siga comprometiendo a los poderes del Estado, a la institucionalidad y ciudadanía, desde una visión integral. Como metas se imponen reducir a 480 los homicidios violentos para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, femicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y capacitación. Hasta allí todo bien. El segundo acto es el discurso del presidente, quien una vez más encendido y por momentos iracundo comenzó la habitual repartición de responsabilidades y justificar lo que a su mandato le corresponde. Embistió con fuerza a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, a quienes una vez más les endilga que no hacen lo suficiente. De un momento a otro indicó que le ordena a la ministra de la Presidencia, que al llegar a San José se firme la desconvocatoria, en este periodo de sesiones extraordinarias, los proyectos enviados, dada la molestia por los señalamientos que han hecho a tres de estos. Y de repente afirmó que sea el Poder Legislativo que convoque 26 proyectos que se han analizado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de respuestas a la ciudadanía (ya sin la participación del Ejecutivo) y lo hace responsable político de las consecuencias de la grave crisis de inseguridad. Para hacer una primera aproximación a los alcances de esta política conversaremos mañana con el experto en temas policiales, de seguridad y exviceministro de esta cartera, Daniel Calderón.

Es un problema en el cual todas las personas tenemos responsabilidad, pero para solucionarlo no la asumimos, miramos hacia otro lado o la echamos en cualquier sitio, para que otros la asuman. Con datos del año 2021, del Ministerio de Salud, en Costa Rica producimos 1.6 millones de toneladas de residuos ordinarios, con una tasa de recuperación de un 6.9 %. De ese total, 1.3 millones de toneladas se generaron en hogares y 291 mil toneladas en comercios y otros. El país cuenta, desde la Constitución Política, leyes y reglamentos para la gestión integral de desechos y para el manejo de rellenos sanitarios públicos y privados, pero aun así no se logra establecer una estrategia nacional de economía circular que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Por ley el manejo de la basura es responsabilidad de las municipalidades, pero investigaciones concluyen que un 62 % de los municipios no cuentan con un plan regulador que les permitan atender esta problemática ambiental y de salud pública. Una empresa española creó un sistema, llamado limpulación, para gestión de residuos municipales, son plantas que procesan toda la basura de todo tipo, con excepción de la hospitalaria y de desechos, que los convierten en material limpio. El líder de esta innovación se encuentra en Costa Rica promoviendo el tema, así cómo lograr que se eliminen los rellenos sanitarios. Para conocer detalles de esta tecnología, en el marco de las elecciones municipales como parte de lo que la ciudadanía debe conocer en uno de los servicios esenciales, conversaremos mañana con el fundador y presidente de la compañía Thermowaste, Oscar Ribas.

La economía de Cosa Rica crecerá este año un 5,3 %, más alto de lo previsto, la salud fiscal del país es óptima y la inflación está controlada. Todos estos elementos son considerados un éxito y ayudan a presentar número positivo de la gestión gubernamental. Eso sí, el año entrante el crecimiento proyectado bajará y aun con estas condiciones macroeconómicas buenas, no se tiene prevista una baja en las tasas de interés que tengan incidencia directa en mejores condiciones para las personas, familias y sectores productivos, en medio de un año con una baja en el precio del dólar respecto del colón. Ya economistas advierten que los vientos favorables de las condiciones internacionales que ayudaron en esto no serán tan propicios, así como otras condiciones internas que nos presentan un 2024 de desafíos por enfrentar. Pero todo esto. ¿En qué beneficia, en el día a día, en el bienestar general de la población? ¿Cómo se refleja en el costo de la vida y el acceso más barato al dinero? Estos son parte de las incógnitas que nos ayuda a responder el primer informe del Modelo de proyección Macroeconómico de Costa Rica, elaborado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible CINPE-UNA, que también aporta información acerca del impacto de la posible venta del Banco de Costa Rica. Para ampliar acerca de este tema conversaremos mañana con el economista e investigador de este centro académico, Marco Otoya.

Argentina resuelve su más estrepitosa jornada electoral y Javier Milei, ultraderechista y liberal, ganó la segunda ronda y se convierte en presidente electo y abre una nueva etapa de la vida política, económica y social, al emerger una fuerza, que conjunto el descontento y le permitió derrotar a los partidos tradicionales. En el fondo una nación con una crisis estructural que le da un mandato contundente en las urnas, pero precario en el resto del Estado con solo 37 representantes legislativos y 8 senadores. Todas las cartas abiertas para determinar cómo será su comportamiento como gobernante, la moderación ante sus promesas y el papel que tendrá la oposición. Culminada la elección hay que analizar los elementos que llevaron a este resultado, cómo se conformará gobierno para el traspaso de mando el 10 de diciembre y el arranque de reformas que exige una ciudadanía polarizada, demandante y vigilante. Ante esto Milei en su discurso de victoria es claro al señalar que “hoy comienza la reconstrucción de la Argentina”, con un gobierno que cumple a rajatabla con los compromisos tomados y que ayude a  limitar el papel empobrecedor del Estado. Reseñó que la dimensión de la crisis del país no admite gradualismos, medias tintas, ni tibiezas. Llega el tiempo para saber sí su caudal le dará la gasolina suficiente para iniciar el proceso de los recortes del gasto público, de los impuestos, el cierre del Banco Central y la dolarización del país. De igual manera la eliminación de regulaciones; la privatización de industrias estatales; la reducción de los ministerios federales; los cambios propuestos en la educación y salud públicas. Así como temas de alta sensibilidad como prohibir el aborto y liberalizar las regulaciones de tenencia de arma. Para analizar este momento argentino conversaremos mañana con los politólogos Carolina Ovares y Saul Buzeta.

Fue, sin duda, la noticia política de la semana: la Sala Cuarta determinó la inconstitucionalidad del controversial proyecto de jornadas 4x3, debido a un vicio sustancial en el procedimiento legislativo. Borrón y cuenta nueva. El Ejecutivo, en respuesta a esa decisión que acabó con el proyecto tal cual se estaba tramitando, aspira ahora a recomponer la alianza de cuatro partidos políticos y una mayoría de los de Liberación Nacional para, básicamente, hacer un nuevo expediente que logre llevar a término esa iniciativa en la que ha empeñado una significativa apuesta de capital político, que no está dispuesto a perder. Este cambio significativo de condiciones de jornada laboral ha sido un tema en extremo polarizante. Tanto que ahora que los magistrados confirmaron la irregularidad del procedimiento se volvió a abrir la polémica: el gobierno y quienes apoyan las jornadas flexibles aseguran que no tenerlas pone en riesgo las inversiones planificadas por empresas multinacionales y en peligro la llegada de nuevas corporaciones, afectando seriamente la creación de empleo, aunque INTEL, CINDE y hasta PROCOMER, se encargaron de desestimar rápidamente esa tesis. Para abordar el tema invitamos al diputado Jonathan Acuña, de la bancada opositora al proyecto, así como al abogado laboralista, Esteban Calvo.

La paciencia de la población cartaginesa sigue a prueba por la manera en que se posterga, con todo tipo de argumentaciones, la cada vez más urgente adjudicación para empezar a construir el nuevo hospital de la provincia. En punto a esta truncada situación, dos hechos relevantes han ocurrido en los últimos días: primero, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con un pronunciamiento contundente: “puede concluirse que no existe evidencia de la presencia de la proyección superficial de una posible ruptura del sistema de fallas de Aguacaliente o de alguna de sus posibles ramificaciones, en el terreno en donde se construirá el hospital nuevo de Cartago. Esta afirmación se fundamenta en la reinterpretación especializada y detallada de todos los estudios realizados hasta la fecha: geología, geofísica, geotecnia, trinchera y amenaza sísmica”. El otro elemento se dio a conocer este miércoles y aunque no resultó sorpresivo, era necesario de finiquitar: el Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica declinó el pedido de la Caja Costarricense de Seguro Social de construir el hospital dentro del campus, dado que su plan maestro le impide desprenderse de los objetivos y obligaciones de fortalecer y desarrollar sus centros y actividades de investigación, extensión y docencia, de acuerdo con su naturaleza como institución académica. ¿Qué continúa ahora para alcanzar el objetivo de que finalmente se adjudique la construcción, si pese a los criterios técnicos, el Ejecutivo y la Directiva de la Caja objetan el terreno ya avalado para la edificación? Al respecto conversamos con el ex rector del TEC, Julio Calvo y con el vicepresidente de la Junta de Salud, Eduardo Castillo Rojas.

El pasado 7 de octubre sorprendió a Israel una incursión terrorista que desató la guerra en Gaza.  Desde entonces el panorama está signado por bombardeos, invasiones terrestres y la muerte de civiles y rehenes.  El balance es desolador: 11 mil fallecidos y 242 rehenes, de los cuales 57 habrían muerto ya, son algunas de las más trágicas estadísticas de este escenario explosivo de confrontación.  Pero hay también 2.2 millones de desplazados, de los cuales la mitad serían menores de edad. Fuera de servicio están más de la mitad de hospitales y centros médicos de la Franja de Gaza, lo que acelera una crisis sanitaria, a la que se suma una muy limitada logística de entrega de alimentos y medicinas.  Otras alertas son la escasez y mala calidad del agua, así como un precario suministro de energía eléctrica que asfixia a la población gazatí.  Hasta ahora han sido inútiles los llamados de países y organismos internacionales para encontrar condiciones mínimas que den cabida a un cese al fuego.  Para poner en perspectiva este conflicto de repercusión global, conversamos con el relacionista internacional Carlos Cascante.