Guatemala, la historia silenciada. (1944-1989) Autor: Carlos Sabino

El detallado recuento que hicimos en el capítulo anterior habrá hecho que muchos lectores, sin poder evitarlo, se pregunten: ¿Por qué? ¿Por qué razón debieron de morir tantas personas –no importa ahora su número ni su condición– por obra de un conflicto tan despiadado y tan brutal? Al repasar lo acontecido puede tenerse la sensación de que un sino peculiar, trágico y absurdo, hubiese impuesto a Guatemala una carga insoportable de largos sufrimientos.

Afirmar que se produjeron 37,000 y no 200,000 muertos solo cambia la magnitud cuantitativa de la tragedia y de ningún modo la hace moralmente justificable o menos importante. Quienes piensan que exagerando e inflando los números favorecen a las víctimas del conflicto caen presa de su propia ilusión, pues la verdadera justicia no puede levantarse sino sobre la base de la verdad histórica, de afirmaciones verificables y lo más sólidas posibles. Esta discusión, sin duda alguna, nos remite directamente a otro de los problemas más importantes que aparecen siempre cuando se trata de hacer historia reciente: el de la objetividad.

Con una idea aproximada de las víctimas fatales que sufrió el ejército, la guerrilla y la población campesina que fue víctima de las masacres, nos resta ahora volver sobre los puntos que no hemos podido evaluar todavía, los civiles que cayeron en el campo y la ciudad como resultado de actos que no podemos considerar como masacres.

El concepto de masacreno es preciso ni exacto, por lo que ha sido usado de un modo bastante poco uniforme en la bibliografía. El diccionario de la Real Academia lo define como “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. En el Compendio de Historia de Guatemala, por otra parte, se da una definición bastante extraña, pues en ella se incluyen solamente las acciones llevadas a cabo por el ejército y no por otras fuerzas armadas: “Por masacre se entiende toda aquella matanza perpetrada por fuerzas militares, en la que son muertos indiscriminadamente personas combatientes y no combatientes”. Llama la atención, además de la exclusión mencionada, que se considere también masacre a las acciones producidas en combate (por fuerza “indiscriminadas”) y no se puntualice que las víctimas deban ser civiles, o por lo menos “indefensas”, como lo dice la más tradicional pero apropiada definición de la Academia.

Para hacer una estimación realista y objetiva del número total de víctimas fatales del enfrentamiento armado interno que, en diversas fases y modalidades, se desarrolló en Guatemala desde 1960 hasta 1996, es preciso partir de algunas aclaraciones conceptuales que nos ayuden a precisar el problema. Como marco general de referencia conviene considerar, en primer lugar, los factores que tienden a aumentar o disminuir los conteos y estimaciones de las que disponemos.

La CEH realizó un extenso trabajo para conocer las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el largo período del enfrentamiento armado. “La Comisión recibió un total de 7,338 testimonios de declarantes” en los que se hizo referencia a 42,275 víctimas cuyos derechos fueron violados en hechos de diversa naturaleza.535 Un 48.39% de estas víctimas sufrieron “ejecuciones arbitrarias” o “desapariciones forzadas” y, si a estos casos se le agregan algunas otras causas de muerte que incluye la Comisión, se llega a un total de 24,910 personas que fallecieron por causa del conflicto interno.

Durante mucho tiempo diversos autores han ido proponiendo estimaciones sobre el número de víctimas de un enfrentamiento que, todavía, se estaba desarrollando en diversas áreas del país. Haremos un recuento, seguidamente, de varias fuentes que –como es natural– poseen diferentes sesgos ideológicos y modalidades diversas de aproximarse al tema en estudio.

La prolongada violencia política que sufrió Guatemala durante el período que abarca nuestra investigación produjo, indudablemente, una gran cantidad de víctimas de todo tipo. Mucha gente murió o quedó herida, otros desaparecieron más o menos misteriosamente, muchos tuvieron que desplazarse dentro del país o emigrar fuera de sus fronteras y no fueron pocos los que quedaron afectados porque sus familiares fueron muertos, secuestrados, perseguidos o amenazados. El historiador, casi siempre, se ve compelido a hacer la macabra cuenta de estas víctimas.

La mágica noche del 11 de noviembre de 1989 millares de alemanes que vivían en la parte oriental de Berlín cruzaron la frontera y comenzaron a derribar el muro que los gobernantes comunistas habían construido 28 años antes. Fue una fiesta, una celebración alegre y multitudinaria que duró toda la noche y que marcó simbólicamente el fin de lo que había sido uno de los sistemas más opresivos y brutales que haya construido la humanidad a lo largo de los últimos siglos.

A pesar de sus éxitos el ejército, durante los cinco años del gobierno de Cerezo, mostró una constante inquietud, que llegó a materializarse en dos conatos de golpe de estado que no estuvieron lejos de triunfar. En los documentos que circularon profusamente durante la época aparecen delineadas algunas de las causas de este malestar en los cuarteles que llegó a convertirse, por momentos, en tema central de la política del país. En un comunicado de un “Comando Nacional y Estado Mayor de los Oficiales de la Montaña”508 estos oficiales (nunca plenamente identificados), que estaban en contacto con algunos elementos civiles, manifiestan que la institución armada está gravemente afectada por la corrupción y la concertación con las fuerzas de la guerrilla.

La guerrilla, lo hemos explicado ya, había recibido en estos años golpes devastadores y decisivos. Con la ofensiva iniciada en noviembre de 1981, con la creación y rápida difusión de las PAC y con programas como el de Fusiles y Frijoles, se había detenido por completo su expansión y había sido obligada a retirarse a zonas cada vez más remotas y apartadas. La aparición en 1983 de un nuevo programa, Techo, Tortillas y Trabajo –que se centraba en tareas de reconstrucción– y la creación de las llamadas aldeas modelo poco tiempo después, hicieron que el estado guatemalteco le quitase efectivamente el “agua al pez”: ya la guerrilla no podía aspirar a moverse “como pez en el agua” porque la población campesina, dispersa u opuesta a sus propósitos, no podía o no quería colocarse detrás de ella como una fuerza capaz de darle la victoria.

Después de intentarlo durante mucho tiempo la DCG llegaba por fin al poder, favorecida por los cambios que se habían dado a comienzos de los ochenta, por los sucesivos golpes militares que habían permitido el retorno a un sistema democrático más amplio y plural. Con sus promesas de cambio, con su trayectoria de lucha, Vinicio Cerezo Arévalo contaba, al asumir el mando en enero de 1986, con un amplio caudal de prestigio en la opinión pública y con el respaldo mayoritario del organismo legislativo. Todo permitía augurar que, así favorecido, pudiese emprender una sólida obra de gobierno.

No habiendo un candidato oficial, pues el gobierno de Mejía Víctores actuó con bastante prescindencia en este sentido, eran varias las opciones políticas que tenían real posibilidad de llegar al poder. Todas competían en un ambiente abierto mientras, en algunas zonas del interior, proseguían unas operaciones contrainsurgentes cada vez más lejanas y que ya resultaban de menor trascendencia para el ciudadano común.

La constitución que surgió de la asamblea reflejó el estado de ánimo prevaleciente en el momento. Los acuerdos –a veces forzados– entre opiniones contrastantes, le dieron al texto una cierta falta de sistematización y de unidad, en tanto que la preocupación por los abusos del pasado reciente hizo que el tema de los derechos humanos se tratase de un modo excesivamente detallado, impropio de un texto constitucional. Lo mismo ocurrió con otros temas, y por eso se ha observado que en la nueva constitución se produjo “la inclusión de muchos asuntos de carácter no constitucional sino reglamentario”, del mismo modo que sucedió, apuntamos nosotros, con la constitución promulgada en 1945.

El estilo del nuevo gobierno resultó muy diferente al del anterior. Esto se debió, en buena medida, a que las personalidades de los dos generales que los encabezaron en poco se parecían: Ríos Montt era histriónico y directo, despreocupado a veces por las formas, personalista y sin duda convencido de que podía cumplir la misión de salvar a Guatemala de los muchos males que la aquejaban; Mejía Víctores, por el contrario, era un hombre sin ambiciones personales, que no deseaba aparecer en público, sereno, callado y poco carismático.

Los intentos conspirativos no habían cesado desde ese 23 de marzo de 1982. Desde el MLN Leonel Sisniega Otero prosiguió con su labor casi desde el mismo momento en que se sintió injustamente apartado del poder, pues había sido uno de los artífices del derrocamiento del general Lucas. En el ejército abundaban los oficiales que solo habían querido que se repitieran las elecciones de 1982, no que se estableciese un nuevo gobierno militar, pues su objetivo era –precisamente– apartar al ejército de la vida política, concentrarlo en su lucha contra la guerrilla y acabar con la corrupción.

Mientras la lucha en el campo iba decidiéndose, cada vez más claramente, en contra de la guerrilla, en el escenario político también se producían cambios de importancia. La junta surgida el 23 de marzo tendría que desarrollar, en un primer momento, una decidida labor para poder consolidarse en el gobierno, pues había varios problemas que debía resolver en lo inmediato de modo imperioso.

En esa época también se lanzó el plan Victoria 82, la primera tentativa de enmarcar la lucha contrainsurgente dentro de una visión coherente y de largo plazo. Por eso Victoria 82 comenzaba con una exposición de los “objetivos nacionales actuales”, donde se afirmaban ciertos valores generales –como la integración nacional y la paz– y se destacaba como meta principal “hacer sentir a la ciudadanía que la autoridad está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la autoridad”. Más concretamente, en cuanto a la estrategia militar, se fijaban como objetivos principales “negar el acceso a los subversivos a la población”, recuperar aquellos miembros de la guerrilla “que sea posible” y “eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas”.

Quienes se levantaron en armas en marzo de 1982 pensaban que la guerra interna se estaba perdiendo. Tal vez esta era una percepción demasiado pesimista que no tomaba en cuenta los logros de la contraofensiva lanzada a finales del año pasado, pero en todo caso era un sentimiento ampliamente extendido que preocupaba a los oficiales que luchaban en el terreno día a día contra los insurgentes. La guerra se estaba perdiendo, muchos pensaban, no tanto porque el enemigo fuese poderoso en sí mismo sino porque estaba conquistando a la población campesina. Las represalias del ejército, casi siempre indiscriminadas y a veces de una brutalidad extrema, estaban enajenando a los habitantes del campo, que se sentían indefensos ante los ataques de ambos bandos.

En los meses siguientes Rios Montt puso práctica, de un modo u otro, lo esencial de este proyecto. Lo hizo a través de programas concretos, bien definidos, por lo que el analista no tiene mayores problemas para delinear las acciones principales de una gestión que resultó concreta y focalizada y que, no puede negarse, se atuvo a lo prometido en su presentación inicial.

Efraín Ríos Montt es sin duda uno de los personajes más complejos y controversiales del drama histórico guatemalteco. Aún hoy, décadas después de los sucesos que estamos relatando, se expresan sobre su persona las opiniones más dispares y divergentes, cargadas casi siempre de admiración o de odio, contrastantes y fuertes. Hay quienes piensan que fue un ambicioso que deseaba perpetuarse en el poder y otros que lo recuerdan como un verdadero estadista; quienes lo consideran un “psicópata”, “deschavetado”, que realizó un despiadado genocidio o un gobernante valiente y sincero, que llevó a cauces más racionales el enfrentamiento armado existente.

Desde tiempo atrás, los oficiales de inteligencia y el propio general Otto Spiegeler se oponían abiertamente a que se continuase la tradición de postular como candidatos –y asegurar el triunfo– de quienes fuesen los ministros de la Defensa del gobierno en funciones. El propio presidente Lucas se hizo eco de estas ideas también, aunque infructuosamente, en los meses anteriores a la campaña.

Los resultados de las elecciones del 7 marzo no arrojaron mayores sorpresas. Los datos oficiales dieron la victoria al general Angel Aníbal Guevara, seguido por Mario Sandoval Alarcón, Alejandro Maldonado Aguirre y Gustavo Anzueto Vielman, en ese orden.419 Pocos días después el congreso, controlado por los partidos del oficialismo, perfeccionó la elección y otorgó la presidencia al general Guevara. Pero el escrutinio fue cuestionado de inmediato por todos los candidatos perdedores y un clima de profundo malestar se extendió por el país. No eran muchos los que estaban dispuestos a aceptar pasivamente estos resultados.

Resulta difícil calificar al sistema político vigente entonces en Guatemala como una democracia liberal, respetuosa de la ley, abierta a todas las formaciones políticas que quisiesen participar en el juego político y llegar al poder. Pero tampoco puede decirse, en propiedad, que el país viviese una dictadura. El sistema vigente, por razones bastante claras, se apartaba un poco de los modelos que tradicionalmente la ciencia política ha utilizado para clasificar a los regímenes políticos concretos.

No se piense que los sucesos que acabamos de relatar, cruciales para el futuro de Guatemala, acaparaban entonces la atención de la opinión pública nacional. Las peculiares circunstancias que vivía el país hacían que ese violento enfrentamiento quedase como en segundo plano, amortiguado en sus repercusiones: sus ecos llegaban a la capital y afectaban a quienes debían viajar al occidente del país, por cierto, pero no por eso alcanzaban a transfigurar la vida de quienes habitaban la ciudad de Guatemala. El país no vivía realmente como en guerra, y solo en ciertas áreas del interior se podía percibir la situación de un modo diferente.

Chupol es un caserío, enclavado en la montaña, que queda muy cerca de la carretera Panamericana que atraviesa toda Guatemala. Cuando, viniendo desde la capital por esta vía, se entra al departamento de El Quiche, el viajero penetra en una especie de desfiladero, rodeado de elevaciones que llegan hasta los 3,000 metros de altura. Allí, según se relata, habría comenzado a fines de 1981 la verdadera contraofensiva que hizo retroceder a la guerrilla del EGP hasta los pocos baluartes que le quedaron más tarde. En realidad la ofensiva comenzó un poco más hacia el este, cerca de Chimaltenango, pero Chupol debe recordarse como el sitio en que se libró una de los encuentros más intensos y decisivos de todo el enfrentamiento armado en Guatemala.

Dos fueron los cambios principales que se iniciaron. El primero fue adoptar una actitud diferente hacia la población civil, acabar con la represión indiscriminada y tratar de ganarse a la gente. El cambio de actitud que habían experimentado los campesinos convergía así con el que se daba ahora en el ejército, provocando un aislamiento fatal para las fuerzas guerrilleras. Los civiles, en este nuevo enfoque, se convertían entonces en la población que era necesario ganar para la causa, no en los odiados sospechosos que colaboraban con la subversión.

El segundo, más táctico y estratégico, contribuyó a acelerar el declive de la acción guerrillera en varios puntos de la geografía nacional. El ejército dejó de estar encerrado en sus cuarteles, como si se tratara de una guerra regular contra un enemigo convencional y pasó, gradualmente, a adoptar muchos de los métodos de lucha de los propios guerrilleros.

La situación en que habían quedado los campesinos, mayormente indígenas, se había vuelto realmente intolerable. “La gente ya no tenía salida, no podíamos trabajar, no podíamos vivir”; estaban acosados por la guerrilla y por el ejército, controlados en todos sus movimientos, sin poder atender sus milpas y sus pocos animales, atemorizados y empobrecidos por un conflicto que no daba señales de terminar y cobraba cada vez más vidas. Algo se debía hacer, pensaban, para acabar con un estado de cosas que los llevaba a la ruina.

No es posible comprender a fondo lo que sucedía en las zonas donde actuaba la guerrilla si no se toma en cuenta el papel que jugó la Iglesia Católica durante este período del conflicto armado. Catequistas, misioneros y sacerdotes abrazaron con mayor o menor pasión la lucha social, llegando algunos a incorporarse a la guerrilla del EGP, colaborando otros de un modo algo menos directo, o asumiendo –según los casos– posiciones menos comprometidas, pero siempre favorables a la lucha social y críticas del orden establecido. En el Quiché la propia diócesis asumió posturas bastante radicales.

Los campesinos de las áreas en conflicto, en varios departamentos del occidente, se vieron atrapados así entre dos fuegos, impotentes para escapar a las mortales amenazas que sobre ellos se cernían, encerrados en un círculo del que no podían salir. Miles de vidas fueron destrozadas, millares perecieron, tuvieron que huir o vieron como sus familias quedaban deshechas. Y la tragedia fue peor porque, cada vez que un bando recurría a la violencia y cometía alguna atrocidad, el otro bando respondía de forma si se quiere más brutal o más sangrienta, provocando una escalada que, en muchas ocasiones, llegó hasta extremos demenciales.

Con este amplio y diversificado apoyo, con la existencia paralela de otras organizaciones que, como las FAR y la ORPA, mantenían sus propios frentes independientes de lucha, el EGP se sintió cada vez más fuerte a medida que concluía la década de los setenta y los acontecimientos internacionales iban creando un marco cada vez más propicio a la consumación de sus objetivos. Su meta final estaba ya al alcance de sus manos, o al menos así lo parecía.

La idea de golpear al ejército para luego desaparecer, básica para la acción guerrillera, no podía resultar efectiva a largo plazo si no se lograba, paralelamente, una sólida base de apoyo, un respaldo efectivo y entusiasta entre la población campesina. Solo un respaldo creciente, que se convirtiera en una amplia movilización de “las masas”, podía expandir el núcleo inicial de combatientes hasta convertirlo en un verdadero ejército que, como en China o en Vietnam, pudiese desafiar al poder central y finalmente derrotarlo.

La estrategia general de un movimiento guerrillero consiste en concentrar sus fuerzas hacia objetivos limitados, golpear con toda la efectividad posible y luego dispersarse otra vez hacia regiones que son poco accesibles, o donde resulta posible diluirse en medio de la población civil. La guerrilla parte de la constatación de una inferioridad de fuerzas, por lo que se ve obligada a rehuir todo combate abierto –que podría destruirla de una vez ante la disparidad de efectivos existente– y a utilizar la táctica de realizar pequeñas pero continuas emboscadas cuando las condiciones le resultan favorables.

Los cuerpos de seguridad habían comenzado a interesarse cada vez más por ciertas actividades que, en algunas residencias de la ciudad, parecían demostrar que allí se concentraban militantes guerrilleros. La red de informantes policiales permanecía atenta y, se dice que con ayuda de expertos argentinos, logró encontrar que en ciertas casas había un movimiento inusitado que se reflejaba en altas facturas mensuales de teléfonos y de electricidad. No era para menos, pues se habían relajado las normas de seguridad y, en el constante movimiento al que obligaba la lucha, vivían en algunas casas de la guerrilla hasta cincuenta personas.

Ya hemos comentado333 que la política exterior de Jimmy Carter se basaba en dos ejes: defender los derechos humanos, en especial contra las acciones de los gobiernos del continente que más actividades represivas realizaban, y promover una serie de reformas que pretendían quitar la razón de ser a la insurgencia comunista, realizando parte de su programa, tomando sus banderas contra lo que se percibía, en el Departamento de Estado sobre todo, como el dominio de una cerrada oligarquía insensible a los justos reclamos populares.

Entre las acciones más destacadas de 1980 cabe mencionar los atentados fallidos que, posiblemente ejecutados por el EGP, trataron de eliminar a dos conocidas figuras del régimen, el Ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez y el jefe de la Policía Nacional, general Germán Chupina. Se realizaron pocos días después de la toma de la embajada de España, posiblemente como represalia contra quienes se consideraba responsables por las muertes ocurridas, colocando poderosas cargas de dinamita ante el paso de los vehículos de esos funcionarios.

Durante los años 1979 y 1980 se fueron multiplicando las acciones armadas de la guerrilla en un país que se iba hundiendo, sin pausa, en el camino de la violencia. El EGP, sobre todo, que ya tenía varios años actuando en las zonas poco pobladas del norte del Quiché, se fue mostrando gradualmente más audaz en sus objetivos y sus métodos de lucha.

Buena parte de la opinión pública, en los días y semanas siguientes, respaldó al gobierno del general Lucas destacando la dudosa conducta del embajador Cajal, a quien se sindicó como cómplice de la acción de los ocupantes y responsable –al menos parcial– de los trágicos hechos ocurridos. Pero no sucedió así fuera del país, donde la imagen del gobierno quedó seriamente afectada. España, en un gesto inusual, rompió relaciones con Guatemala, poniendo de relieve el hecho de que la policía había entrado a la embajada, un recinto extraterritorial, sin la autorización del diplomático acreditado en el país. Con su ostensible rechazo, para ser más precisos.

Diversos son los puntos que nos parece necesario comentar, antes de proseguir con el relato histórico que desarrollamos en este libro. El carácter del tema, tan espinoso, y las innumerables acusaciones que se han lanzado a lo largo de los años, nos parece que así lo demandan.

Hacia la una de la tarde las tropas especiales de la policía comenzaron a prepararse para penetrar en la sede española y se comenzaron a vivir momentos muy tensos, mientras centenares de personas, desde el exterior, comentaban lo que estaba sucediendo, impotentes para hacer algo concreto frente al conflicto planteado.

Uno de los elementos que hacen más difícil relatar lo que luego sucedió es que nadie, en el gobierno, se hizo responsable expresamente por el curso que desde allí en adelante seguirían los sucesos. Desde la embajada no se logró hablar con ningún alto funcionario, hasta que por fin quedó cortada la comunicación con el exterior, ni hubo ninguna información oficial de cómo se habría de proceder.

La embajada había sido tomada sin mayor dificultad, pues el edificio no tenía custodia ni vigilancia policial y el grupo – conformado por 27 personas, según se pudo establecer después– dispuso rápidamente de las instalaciones cerrando las puertas del local, anunciando su intención de permanecer allí hasta que el gobierno los atendiera y declarando que tomaban como rehenes a todas las personas que se encontraban en el recinto. Aparte del embajador y de los tres notables abogados mencionados estaban en la embajada el secretario de esa dependencia, seis empleadas que trabajaban allí y un ciudadano español que, por pura coincidencia, había acudido al lugar para realizar gestiones personales.

La decisión de dirigirse a la embajada de España no parece haber sido casual. Ese país había enviado un nuevo embajador a Guatemala en agosto del año anterior, una persona que, ya antes de llegar al país, suscitó una viva controversia en diversos círculos de opinión. Máximo Cajal, vinculado al partido socialista, formaba parte de una nueva camada de diplomáticos españoles que nada tenía que ver con la filiación franquista de sus antecesores y que, por todo lo que se puede deducir de sus actuaciones y de la lectura de sus escritos, se inclinaba visiblemente hacia la izquierda.

Un grupo de campesinos, provenientes de El Quiché, llegó a la ciudad de Guatemala a comienzos o mediados de enero: exactamente cuántos eran y qué propósitos tenían no ha sido determinado con completa exactitud, pero su propósito manifiesto era protestar por la represión que se estaba produciendo en la zona. Los campesinos exigían al gobierno “la exhumación de cadáveres de campesinos secuestrados en una de las aldeas del municipio de Uspantán, muertos, según se dijo, por el Ejército y arrojados a una cuneta, haciéndolos pasar por guerrilleros. Perseguían demostrar que los cadáveres a exhumarse no eran de guerrilleros sino de sus compañeros indígenas”.

El 18 de septiembre de 1979, con el asalto a la finca Mujuilá, en San Marcos, saldría a la luz pública una nueva organización guerrillera, la ORPA, que actuaría pronto con mucha fuerza en el occidente del país, desde la frontera mexicana hasta Sololá, aproximadamente. Si bien la ORPA no trabajaría en principio en conexión directa con el EGP, o con las preexistentes FAR, había una colaboración estratégica entre todos estos grupos armados,

Las estadísticas que hemos recopilado sobre la base de informaciones de prensa, y todas las fuentes consultadas, indican que se produce un claro y visible aumento de la violencia en Guatemala a partir de 1980. Se puede verificar que, entre el comienzo y el final de este período de gobierno, se multiplican casi por 10 el número total de hechos de violencia política, especialmente los ataques de la guerrilla, los enfrentamientos entre esta y el ejército y los actos de sabotaje que se suceden en muy diversas partes del país. Lo mismo ocurre con el número de muertos y de heridos, como es natural, marcando un visible contraste con lo acontecido durante el período de gobierno anterior.

Fernando Romeo Lucas García provenía de la Alta Verapaz y era un militar de carácter reservado, tozudo y un tanto tosco, que se había criado en el medio rural y todavía selvático de la parte norte de ese departamento y del sur del Petén. Muchos lo han considerado persona de escasas luces debido a la impresión que causaba su carácter adusto. Pero en realidad no le faltaba inteligencia, aunque la rudeza de su trato y su timidez habían hecho a muchos calificarlo de otro modo.

El punto siguiente en esta escalada de violencia ocurrió el 29 de mayo, cerca de un mes antes de que el nuevo presidente, Romeo Lucas García, asumiese su cargo. La llamada masacre de Panzós avivó el interés internacional por la represión que ocurría en Guatemala y dio en cierto modo un giro a la lucha, pues de allí en adelante muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales comenzaron a denunciar en firme al gobierno del país y a levantar su clamor por el irrespeto a los derechos humanos de la población indígena y campesina.

Mientras la ORPA desarrollaba con éxito su fase de preparación y las FAR continuaban con sus acciones puntuales, el EGP continuaba su expansión en el área del Quiché y regiones aledañas, cada vez más audaz en sus acciones, cada vez más confiado en que la victoria podría sonreírle en un futuro bastante cercano. La situación general de Centroamérica se iba tornando con el tiempo más favorable a sus propósitos, pues los sandinistas ganaban terreno en Nicaragua y se asistía a un aumento de la violencia en El Salvador, donde la guerrilla se iba afirmando y extendiendo con velocidad.

Mientras el grupo de guerrilleros que había entrado desde la selva lacandona iba adquiriendo fuerza en El Quiché y se constituía formalmente como Ejército Guerrillero de los Pobres, otros militantes revolucionarios, provenientes también del núcleo originario de las FAR, desarrollaban sus acciones y trataban de establecer focos independientes de lucha guerrillera.

Ocurrió el 19 de enero de 1972, de madrugada. Un grupo de quince guerrilleros, que la noche anterior había transportado “armamento, mochilas, alimentos, libros y otras vituallas en la tupida selva, del lado guatemalteco”, penetró desde la selva Lacandona, en México, y se internó en la región conocida como el Ixcán, en el extremo norte del departamento del Quiché.

Los indígenas guatemaltecos constituían una buena parte de la población nacional, pero distaban mucho, como dijimos, de conformar un todo homogéneo, social y culturalmente hablando. No mostraban para nada, además, una actitud que pudiese calificarse como de revolucionaria y, por el contrario, aparecían en la historia del país más bien como una fuerza conservadora que solo en algunas ocasiones –muy espaciadas entre sí– se alzaba en rebeliones más bien desesperadas.

Al comenzar los años setenta, después del ya patente fracaso de las guerrillas de nororiente, se abrían para la izquierda revolucionaria preguntas que provocaban una intensa reflexión. ¿Cuál era el carácter de esa revolución que todos deseaban llevar a cabo y que era sentida como un acto liberador, casi escatológico, que pondría fin al viejo orden para conducir Guatemala al socialismo? ¿Cuáles eran las fuerzas sociales que podrían impulsarla? ¿Cuál la estrategia, el plan o modelo general de lucha, que se debía seguir?

Parecía enteramente posible que, luego de las elecciones, Guatemala se encaminase hacia un sistema político más abierto y participativo, porque la prometida inscripción del FUR y del partido de Maldonado Aguirre podría revitalizar un sistema que ya corría el riesgo de ir anquilosándose y de perder credibilidad y respaldo popular. El hecho de que los tres candidatos fuesen militares no significaba otra cosa que el reconocimiento del importante papel que desempeñaba el ejército en la vida nacional, especialmente cuando emergían otra vez las guerrillas con inusitada fuerza en el occidente del país, pero no implicaba nada parecido a una dictadura militar, como muy posteriormente lo señalaran algunos analistas.

El diferendo sobre Belice con los británicos permaneció como una preocupación constante para los guatemaltecos, en vista de la total ausencia de resultados positivos. No se consumó la invasión para la que se habían hecho tantos preparativos, pero tampoco se logró nada por la vía diplomática. Muy por el contrario, a medida que pasaba el tiempo Guatemala empezó a distanciarse del gobierno que, hasta entonces, había sido uno de sus más resueltos apoyos, el de los Estados Unidos. La potencia del norte prefirió –como lo hizo algunos años después en el caso de la Argentina– apoyar a su tradicional aliado británico y no respaldar las reivindicaciones territoriales de Guatemala.

Eran las tres y dos minutos de la mañana de ese día cuando se desató el más intenso terremoto que conociera el país en la segunda mitad del siglo XX. “El ruido fue lo primero, luego la cama empezó a agitarse con una violencia como nunca había sentido. Los temblores eran cosa común, pero a pesar de ello a mí siempre me habían dado miedo. Pero aquel temblor era el más fuerte que yo había sentido. Era más violento y estaba acompañado por un ruido sordo, bajo, como algo oscuro. Los muros y el techo de la casa se tronaban y aullaban, todo se agitaba”, nos relata alguien que vivió esos tremendos momentos en la capital cuando era un adolescente de apenas quince años.

"Cabracán es un personaje mitológico delPopol Wuj, un ser invisible al que le basta golpear la tierra con los pies para que las montañas tiemblen y se abran. En una zona sísmica como la de Guatemala, esa bestia encerrada y monstruosa no puede ser otra que el terremoto, fenómeno que en lengua k’iche’ lleva justamente ese nombre, cabracán".

Francisco Pérez de Antón

La campaña electoral se desarrolló en un clima de bastante apertura para todas las fuerzas que concurrían a los comicios. Un repaso rápido de la prensa del período muestra que esta publicaba con libertad, sin censura alguna, noticias favorables y contrarias al gobierno. Hubo también manifestaciones y actos de todos los partidos a lo largo y ancho del país, sin que hubiese que lamentar incidentes de importancia.

Ya desde fines de 1972 comenzaron, de un modo u otro, los preparativos que realizaban las diversas organizaciones políticas con miras a su participación en las elecciones de marzo de 1974. Se lanzaron precandidaturas que, al estilo de globos de ensayo, fueron sondeando el estado de la opinión política del país y promoviendo los alineamientos de la futura contienda electoral, en tanto que otras fuerzas iniciaron la lenta tarea organizativa que se necesitaba para constituirse como partidos políticos.

La guerrilla rural, en apariencia, había sido casi totalmente eliminada de Guatemala. Dispersado el foco de nororiente las emboscadas y los enfrentamientos en el campo disminuyeron notablemente, sobre todo a partir de 1973. Pero esto no se debió en absoluto a que los dirigentes marxistas hubiesen renunciado a la lucha armada y a la estrategia guerrillera, sino a las particulares circunstancias que vivieron los diversos grupos marxistas durante estos años.

En vez de una lucha política cada vez más institucionalizada y de consensos cada vez más amplios, Guatemala mantuvo un nivel de violencia bastante elevado y no logró integrar a las minorías de extrema izquierda a un sistema político que se fue volviendo, a su vez, gradualmente más rígido y menos abierto. La terrible lógica de las acciones y reacciones violentas, de la retaliación y de la guerra, fue imponiéndose otra vez, como en los años cincuenta, en un proceso largo y complejo que iremos presentando en los siguientes capítulos.

Como en toda la América Latina, en aquellos tiempos, izquierdas y derechas compartían un mismo credo económico intervencionista, que otorgaba al estado un papel decisivo como promotor del desarrollo económico. La visión que tenía el equipo de Arana, en tal sentido, no se apartaba mayormente de la que habían desarrollado el PR en el gobierno anterior, por lo que el presidente decidió aceptar el plan económico que había preparado el Consejo de Planificación Económica bajo la dirección del economista Gert Rosenthal, el mismo que a su vez había servido como plataforma programática para el candidato del PR en las pasadas elecciones.

Carlos Arana escogió un gabinete bastante representativo de las variadas fuerzas que lo apoyaban. 

El país que recibía la administración de Arana era pródigo en contrastes y complejo en su panorama político y social, pero avanzaba con paso bastante firme en la senda del progreso. Nada hacía suponer que ocurriría una trágica ampliación de la violencia en la década siguiente y que Guatemala se vería envuelta en un conflicto armado desgarrador, de prolongadas consecuencias.

El Partido Revolucionario había llegado a la campaña electoral con bastante optimismo. Es cierto que, por un lado, el gobierno no había realizado los cambios sociales que algunos esperaban, al estilo de los dos primeros gobiernos de la revolución, pero en cambio sí podía decirse que el país marchaba bien en lo económico, avanzando en la construcción de su infraestructura y en el lento mejoramiento de las condiciones de vida de su población. La ciudad capital, sobre todo, se modernizaba de modo acelerado, aumentaba su actividad económica y cultural e iba acercándose con rapidez a la cifra del millón de habitantes.

Mientras comenzaba la campaña electoral para las elecciones de 1970 y las fuerzas políticas definían sus candidatos, organizaban sus equipos y comenzaban a poner en marcha la maquinaria propagandística necesaria para concurrir con éxito a los comicios, se producían a la par innumerables actos de violencia política que darían un tinte sombrío a todo el panorama político nacional.

Mientras proseguían las discusiones y las divisiones en el seno del movimiento guerrillero, algunos militantes y pequeños grupos trazaban ya renovadas estrategias y preparaban nuevos teatros de acción. En este tiempo se echarían las bases para el surgimiento del nuevo frente guerrillero que comenzaría a crearse en el occidente del país, en San Marcos sobre todo, gracias a la acción de algunos militantes que se trasladarían a México y que, desde la frontera, comenzarían a realizar acciones en el territorio nacional.

El partido revolucionario era un partido de corte socialdemócrata, para nada revolucionario en un sentido marxista, y que por lo tanto estaba comprometido con alcanzar el desarrollo económico a través de una amplia intervención del estado, pero respetando a la vez como piedra angular el principio de la propiedad privada. Sus miembros propugnaban una extensa política social pero no un cambio radical del orden existente y, por lo tanto, eran acusados por los guerrilleros de no ser otra cosa que reaccionarios o reformistas que se escudaban detrás de un discurso de izquierda.

Muchos serían los sacerdotes y pensadores cristianos que, después del Concilio Vaticano II y de las sucesivas encíclicas difundidas por el papado, intentaban definir teológicamente las nuevas posiciones que la iglesia iba adoptando ante el mundo. Después de Medellín, en toda la América Latina, surgían interpretaciones, cada vez más audaces, que intentaban colocar en un adecuado marco evangélico las preocupaciones y la actividad de una iglesia que se había acercado apresuradamente al mundo y que trataba de construir un mensaje coherente y renovado.

Ante las divisiones en el seno del clero, ante la confusión que reinaba en muchos espíritus en una época de turbulencias políticas y continuos cambios sociales, la jerarquía eclesiástica de América Latina decidió afrontar la situación creada y fijar posición frente a los principales temas en debate.

En el curso de muy pocos años, se creó toda una organización que nucleaba en su seno a los estudiantes que demostraban mayor vocación para pasar a la acción y una inclinación revolucionaria más definida. El centro pronto asumiría el más sugerente el nombre de Cráter, al que se acercarían estudiantes de la USAC y miembros de la JPT vinculados a las guerrillas.

Marian llegó como misionera al país a mediados de los años cincuenta y fue destinada al colegio Monte María. Era uno de los mejores colegios de la ciudad, pero Marjorie sintió, después de algún tiempo, que no podía conformarse con enseñar las materias convencionales a las jóvenes que estudiaban en ese ambiente exclusivo. Su preocupación ante las diferencias sociales que encontró en el país fue estimulando su vocación por la lucha social, despertando sus deseos de cambiar el mundo en que vivía, y que le resultaba en verdad intolerable. “Para entonces yo estaba obsesionada con la desesperada pobreza de Guatemala”,

Nos hemos referido muchas veces en este libro al ejército –una de las dos instituciones que fueron los pilares de la Guatemala tradicional–, pero poco hemos dicho hasta ahora de la otra, la iglesia católica, fuerza espiritual pero a la vez política, que siempre ha tomado parte en el debate de las ideas y también, sin duda, en más mundanos conflictos.

Turcios, que tenía apenas 25 años al momento de su muerte, había sido un cadete destacado –becario en Fort Benning, Estados Unidos, donde fue entrenado en lucha antisubversiva– y uno de los alzados del 13 de noviembre de 1960. Era un hombre carismático, inteligente y de buen carácter, capaz de unir tras de sí a muchas de las personas y grupos que creían en la lucha armada como método de acción. Por eso había logrado aglutinar alrededor de las FAR a un importante núcleo de combatientes que provenían tanto de los militares que se sublevaron del 13 de noviembre como de la izquierda radical y estudiantil.

El ejército, a partir de 1966, fue dando mayor importancia a la aniquilación de los focos guerrilleros –sobre todo en el área de la Sierra de las Minas– y pronto alcanzó resultados favorables a sus objetivos. 

Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue presentarse ante la población como el “tercer gobierno de la revolución”, una forma algo provocativa de definirse, pues se evocaba implícitamente el fantasma de Árbenz y se desconocía cualquier continuidad que pudiesen haber reclamado ciertos seguidores de Carlos Castillo Armas, también él un personaje de la revolución de 1944. Pero en la práctica el gobierno de Méndez Montenegro no resultó conflictivo ni tuvo la pugnacidad propia de los antecesores de los que se sentía heredero, sino que optó por una política bastante consensual,

En un ambiente caldeado se llegó a un acuerdo entre el alto mando militar y los nuevos gobernantes, plasmado en un texto que permaneció secreto durante mucho tiempo y que solo vio la luz cuando Clemente Marroquín Rojas, vicepresidente electo, lo denunció e hizo público en su periódico muchos años después.

Mientras el ejército se lanzaba a una acción más intensa y coordinada para aniquilar la guerrilla que subsistía en el nororiente del país, sus mandos, todavía en el poder, decidieron tomar medidas para evitar que el nuevo gobierno que se instalaría en junio de 1966 actuase de forma contraria a sus intereses.

El 7 de enero de 1966, a dos meses de las elecciones, la guerrilla emboscó a un destacamento del ejército en Sunzapote. La acción en sí no fue importante ni desde el punto de vista militar ni en el plano político, pero tuvo sin embargo repercusiones y consecuencias muy serias. Uno de los caídos fuese un oficial, el capitán de infantería José Dolores Amézquita, del cual se ha dicho que tenía cierta vinculación con la guerrilla. Esto dejó un sabor amargo a los triunfantes guerrilleros, pero  mucho más doloroso resultó aún para los cuadros del ejército que comenzaron a comprender los alcances que podría tener para ellos una lucha rural a la que no habían dado todavía demasiada importancia.

Muy poco después de que se iniciara la competencia electoral, el día 31 de octubre de 1965, ocurriría la muerte violenta de Mario Méndez Montenegro. Apasionado líder de la revolución de 1944, alcalde de la ciudad de Guatemala en los años siguientes y partidario luego de Francisco Javier Arana –hasta el punto de encabezar el levantamiento armado que sería la respuesta al asesinato del coronel– Mario Méndez Montenegro había sido figura principal de todo el proceso revolucionario y había combatido por sus ideas con pasión y persistencia durante dos largas décadas.

Surgió la idea de que hacía falta, en Guatemala, una expresión de la derecha no extremista que garantizara la continuidad democrática y la oposición al comunismo, un partido capaz de ejercer un rol estabilizador en el complejo panorama de las fuerzas en pugna. Surgiría así el PID, Partido Institucional Democrático, una nueva formación política que intentaba convertirse en factor de equilibrio y que, de algún modo, aspiraba a cumplir con el rol hegemónico que en México asumía el PRI desde hacía varias décadas.

Los nuevos gobernantes militares de Guatemala, a pesar de sus declaraciones iniciales y de la presencia de la guerrilla en el nororiente del país, no se plantearon como tarea central la de erradicar los focos insurreccionales que pacientemente estaban creando el MR13 y las FAR. Su orientación era sin duda anticomunista pero, como dijimos, ellos pensaban que la amenaza marxista provenía esencialmente de las acciones políticas del PGT en el medio urbano y no de lo que ocurría en el interior del país.

Para quienes combatían al comunismo en Guatemala, en la década de los sesenta, las diferencias entre las diversas organizaciones y corrientes marxistas no eran más que matices a los que –en el fondo– no debía prestarse mayor atención. Pero así como encontrábamos una fragmentación política significativa entre los opositores a Arévalo durante los años finales del gobierno de Ydígoras, del mismo modo puede decirse que en el campo contrario, entre las fuerzas dispuestas a llevar a Guatemala a un sistema socialista, existían también fuertes pugnas y divisiones que crearían un panorama complejo, muchas veces difícil de entender, y generarían debilidades capaces de afectar el desempeño de quienes se inclinaban hacia alguna forma de acción revolucionaria.

Buena parte de los dirigentes políticos y jefes militares percibían la amenaza del comunismo como proveniente, antes que nada, del PGT y sus aliados. Las experiencias del gobierno de Árbenz y de los sucesos de marzo y abril de 1962 habían creado un precedente que se percibía como el modelo del posible retorno de los comunistas: para quienes se oponían al marxismo el riesgo era que la fuerzas políticas de izquierda –en los sindicatos, los partidos y las organizaciones estudiantiles– pudiesen ser copadas por los comunistas, que así podrían regresar al poder sobre la base de un amplio frente que controlarían más o menos sutilmente, como había ocurrido durante el segundo gobierno de la revolución, el de Jacobo Árbenz.

El golpe militar del 31 de marzo de 1963 rompió otra vez el hilo constitucional de Guatemala, pero el hecho no suscitó, realmente, mayor sorpresa. Más aún, puede afirmarse que el golpe era esperado por muchos y que amplios sectores de la población lo recibieron con sincera e inocultable aprobación. El presidente Ydígoras, a pesar de todas sus diestras maniobras, había caído en la trampa que él mismo se había fabricado.

A pesar del escenario complicado y a veces confuso, el país avanzaba en otros planos: crecía económicamente a pesar del lastre que significaría la política de sustitución de importaciones –acogida por casi todos con tanto entusiasmo en aquel tiempo- y se diversificaba en sus actividades productivas; la vida rural y los amplios grupos indígenas, tan apartados de la vida urbana, comenzaban a transformarse y a integrarse –aunque muy lentamente- al fluir general de los sucesos638; la ciudad de Guatemala también se expandía, física y culturalmente, y se iba convirtiendo en un centro urbano cada vez menos provinciano, cada vez más abierto al mundo.

Las dos décadas que se extienden entre el fin del gobierno de Ubico y el golpe de estado de Peralta Azurdia pueden dar la impresión, a primera vista, de una incesante e incomprensible sucesión de hechos que escapan a toda lógica interior. Manifestaciones populares de todo signo, levantamientos militares victoriosos o frustrados, asesinatos políticos, represión y decenas de elecciones se entrelazan de un modo que dejan en el observador una sensación de confusión, de caos, de innumerables actores que se enfrentan en un ambiente de profunda inestabilidad. Pero esta es, simplemente, la primera impresión. Detrás del sonido y la furia636, de la continua agitación, se puede apreciar que los acontecimientos se desarrollan sobre algunas líneas maestras que sirven para darles sentido e intención.

Los intentos de golpe militar, la presencia de incipientes guerrillas en el oriente del país, los choques entre policías y manifestantes y los actos de amedrentamiento, especialmente las bombas que estallaban con frecuencia en la ciudad capital, dibujaban un cuadro alarmante que manifestaba la total ingobernabilidad en que iba cayendo el país.

Era evidente que en el ejército existía un fuerte malestar, en especial entre los oficiales de escuela, y que de ningún modo estaba alineado como un bloque detrás del presidente para defenderlo y apoyarlo. No era mejor el panorama que se le presentaba en el ámbito puramente político porque, si bien contaba con una mayoría en el congreso, los tres partidos más importantes del país se encontraban en franca oposición a su política y pronto establecerían lo que se llamó el Pacto Tripartito, un compromiso de colaboración que se mantuvo secreto durante ese tiempo pero que no por eso resultó menos efectivo.

La asonada se inició durante la noche del 12 de noviembre en el Cuartel General del Ejército, con sede en el fuerte de Matamoros, y desde un comienzo resultó violenta: en la toma del cuartel murieron el coronel Lisandro Ortiz Córdoba y el capitán Ernesto Juárez Mayén. Se liberó enseguida a los complotados que estaban allí detenidos y, contando con el apoyo de un contingente de la Policía Militar que estaba acantonado en esa plaza, los rebeldes se montaron en camiones y se dirigieron hacia el oriente del país, pues contaban con que se levantarían también las guarniciones de Puerto Barrios, Zacapa y Jutiapa.

En la finca Helvetia, situada en terrenos altos del departamento de Retalhuleu, comenzaron a llegar los exiliados cubanos y, poco después, las armas y abastecimientos que enviaba la CIA. Hacia julio de 1960 ya se había ensamblado un grupo como de 160 hombres, que soportaba condiciones por el momento muy poco favorables: la finca estaba situada a 7.000 pies de altura (más de 2.100 sobre el nivel del mar), y el clima frío y lluvioso para nada favorecía a los caribeños, acostumbrados a condiciones más benignas. No había instalaciones adecuadas y la comida era de pobre calidad, pero los cubanos seguían llegando, motivados por sus deseos de acabar con el gobierno de Fidel y organizados por la CIA.

El 1 de enero de 1959, barbudo, triunfante y aclamado por casi todo el mundo, Fidel Castro entró en La Habana y comenzó uno de los más largos gobiernos de los que tenga memoria la humanidad. Sin ser comunista aún, o al menos no manifestando su adhesión ideológica en el momento, Castro encabezó una revolución que adoptaría de inmediato un declarado curso izquierdista. La pesadilla de todos los anticomunistas, que habían visto con gran aprensión la experiencia guatemalteca, se había convertido en realidad en la isla caribeña: ahora sí, al muy poco tiempo, podía afirmarse que el comunismo había ganado su primera cabeza de playa en el hemisferio occidental.

El partido Redención –como se llamaba también al PRDN- había anunciado que su candidato gobernaría con “mano de hierro y guante de seda”, o con mano de “acero inoxidable”, imágenes que captaron el interés del electorado y reflejaban a cabalidad el estado de ánimo de una opinión pública que quería a la vez reconciliación y firmeza.

Las elecciones del 20 de octubre de 1957, en vista de los severos problemas que presentaron, fueron inmediatamente objetadas por los partidos perdedores. Ya al final de la mañana de ese mismo día comenzaron a producirse las primeras irregularidades en la capital, donde tradicionalmente el ydigorismo era más fuerte, pues se acabaron las boletas de votación dejando a una buena cantidad de ciudadanos sin la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio. Luego llegaron denuncias sobre personas que votaban varias veces en las zonas rurales –conducidas de un lugar a otro en camiones por funcionarios del gobierno, como era tradicional en Guatemala. Cuando fueron proporcionados los primeros escrutinios, que daban una amplia ventaja a Ortiz Pasarelli, Ydígoras y sus partidarios se decidieron a pasar a la acción, organizando manifestaciones de protesta.569

Muy pronto el ambiente político se cargó de tensiones. El partido oficialista, el MDN, se vio enfrentado a la necesidad de revalidar su posición política en el curso de pocos meses, con el riesgo de perder el disfrute del poder y arriesgar lo que se había logrado en cuanto a mantener a raya cualquier posible amenaza comunista. En el ejército, siempre algo inconforme con el dominio que ejercían los liberacionistas, altos oficiales exploraron las posibilidades de lanzarse como candidatos. Pero otras dos fuerzas emergieron rápidamente en un escenario político que, ahora, se abría a todos aquellos que habían permanecido al margen durante el gobierno de Castillo Armas: los simpatizantes de Ydígoras Fuentes, por una parte, y los grupos que –situados más a la izquierda- pretendían reencauzar el curso del proceso revolucionario iniciado en 1944.

El presidente avanzaba con su esposa por el corredor para ir a cenar cuando un soldado apostado en el sitio, Romeo Vásquez Sánchez, le disparó desde unos pasos de distancia matándolo prácticamente de inmediato y alcanzando a dispararle otra vez, desde muy corta distancia, ya caído o cuando estaba cayendo. 

Castillo Armas, ya en funciones de gobierno, comprendió pronto que no podía ejercer el poder sin un respaldo político organizado que superase las carencias de ese amplio y difuso movimiento que se conocía como la Liberación.

No es cierto que el gobierno de la Liberación echase por tierra, completamente, las conquistas sociales de la revolución del 44. La derogación del Decreto 900, el de la reforma agraria, se produjo casi de inmediato, pero en contrapartida se pusieron en práctica nuevas medidas para encarar el problema de la tierra, se mantuvieron en vigencia casi todas las disposiciones del Código de Trabajo, se conservó y hasta se extendió la cobertura del IGSS, se fue ampliando –aunque muy lentamente- la libertad sindical, y se continuó en general con las obras públicas proyectadas por el gobierno anterior.

¿Era Carlos Castillo Armas un tirano en potencia, un militar con ínfulas de dictador que aprovechaba la propicia ocasión que se le había presentado para afirmarse en el poder y ejercerlo de manera despótica? ¿Era, como piensan algunos, un hombre ‘puesto por la CIA’ para hacer de Guatemala una dócil republiqueta sometida a los designios norteamericanos? Tanto la trayectoria del coronel como su acción al frente del estado después de asumir el poder nos inclinan a dar una respuesta negativa a estas preguntas, aunque con el agregado de algunos indispensables matices.