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Diego Da Rin, investigador del International Crisis Group, estima que la instalación del Consejo Presidencial de Transición no tendrá un ‘impacto directo en la violencia’, pero a pesar de todo constituye ‘una de las pocas razones para ser optimistas’ sobre la grave situación de violencia en Haití a causa de las pandillas.
 

Los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición asumieron durante una ceremonia celebrada tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry. El Consejo está conformado por representantes de los principales partidos políticos de la sociedad civil y el sector privado. Su primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert, dejó en claro las prioridades: conducir el país a la paz y la recuperación económica.

Esto es un gran desafío en un país cuya capital es la más pobre de América y está tomada en un 80% por las pandillas. Unos 95.000 habitantes tuvieron que huir. Haití es un país asolado por la violencia de las pandillas, que entre enero y marzo causó más de 2.500 muertos y heridos.

Una de las primeras tareas del Consejo Presidencial de Transición es lograr un consenso para nombrar a otro Primer ministro y organizar elecciones para ceder el poder en febrero de 2026. En este frente, sin embargo, Diego Da Rin, miembro del International Crisis Group, se muestra escéptico.

"Es claro que la instalación del Consejo Presidencial de Transición no va a tener un impacto directo en la situación de seguridad que se ha venido deteriorando a pasos agigantados desde finales de febrero. Pero este hecho sigue siendo quizás una de las pocas razones para ser optimistas en este momento en Haití. Al crear una nueva administración, un nuevo gobierno viable y funcional, se van a poder retomar las negociaciones con los socios internacionales de Haití para acelerar el envío de una misión de seguridad, la cual fue autorizada por el Consejo de Seguridad", sostiene Da Rin.

Para este especialista en Haití de ese grupo de reflexión, "hay en este momento muchas necesidades en el terreno porque la policía está completamente desbordada por la capacidad de fuego que tienen las pandillas. Coaliciones que antes eran rivales se han unido y ahora están combatiendo juntas para poner al Estado de rodillas", subraya.

Según el Consejo Presidencial de Transición, Haití está "secuestrada" por las pandillas que violan, raptan, matan e imponen su ley. Además, después de haberse unido, su poderío es tal que pretenden decidir en la nueva organización política del país. Para Da Rin, sin embargo, las pandillas no tienen interés en ejercer un control total del país.

"Las pandillas no quieren una situación de caos total porque perderían ciertas fuentes de financiación, por ejemplo, la extorsión de grandes empresas de puertos. Tampoco quieren tomar completamente el poder, aunque saben que podrían hacerlo, porque no podrían mantenerlo. Para mantener el poder en Haití se necesita el apoyo de la comunidad internacional. Las pandillas lo que quieren es tener una silla en la mesa de negociación para que su voz sea escuchada por los que están negociando la nueva forma de gobierno de transición y que ellos puedan cooptar de alguna manera algunas agencias del Estado para sacar recursos de ellas, para poder garantizar la impunidad de sus actividades y eventualmente asegurar una posible amnistía", concluye.

En Venezuela, dos meses después de su expulsión por parte del régimen de Nicolás Maduro, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) podría volver a operar en el país. Maduro hizo el anuncio el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y también abrió una delegación de su despacho en Caracas.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. El 15 febrero, fue expulsada tras expresar "profunda preocupación" por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

Una influencia limitada

El Gobierno venezolano acusó además a la oficina de la ONU de "convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas". Por lo pronto se ignora cuándo reabriría en Caracas, pero, ¿de qué serviría su reapertura en este momento?

“Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo, particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen”, explica a RFI Gonzalo Himiob Santomé, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal.

“Sin embargo”, prosigue, “no hay garantía de esto. Recordemos que durante todo el tiempo que ha estado la misión acá, las violaciones a los derechos humanos no han cesado. Pero siempre es buena noticia saber que contamos con personas que en el lugar están dispuestas a recibir de primera mano estos testimonios. Eso contribuye por supuesto muchísimo a que el poder de alguna manera sea un poco más comedido en este tipo de actos de violaciones a los derechos humanos”.

Persecución política

Foro Penal ha contabilizado 269 “presos políticos” hoy en Venezuela. “Se ha intensificado la persecución contra factores políticos de oposición. Recordemos que tenemos en este momento a seis activistas de uno de los principales partidos opositores, que es Vente Venezuela, el partido María Corina Machado, presos. Tenemos al activista Carlos Julio Rojas, privado arbitrariamente de su libertad. Vemos que se ha ilegalizado arbitrariamente a partidos o a figuras políticas para no poder participar en los procesos electorales”, detalla Gonzalo Himiob Santomé.

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, está “por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, o el caso de Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, que están en este momento presos”, añade.

El director de Foro Penal se dice particularmente preocupado por las nuevas leyes para restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como una difusa ley para castigar “el fascismo”, un término con el que el régimen se refiere a opositores y críticos.

En Argentina, este lunes el Ministerio de Justicia anunció que auditará a víctimas de la dictadura, la de 1976-1983. Mariano Cúneo Libarona, quien encabeza este Ministerio, asegura que se contabilizan "más de 100 casos" sospechosos de haber recibido unos 150.000 dólares y por ello se revisarán "todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”. 

Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia de Argentina, precisó este lunes en cadena nacional por qué decidió detener ciertas indemnizaciones de víctimas de la dictadura, extremadamente abusivas, a su juicio. “Descubrimos distintos juicios de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos formularios”, aseguró.

Transmitido en el medio La Nación, el ministro se atribuyó esta acción como un acto de justicia en nombre del nuevo gobierno. Pero Mariano Cúneo nunca mencionó que esto no es nada nuevo, que gobiernos anteriores ya tenían registros de intentos de fraude de supuestas víctimas e incluso que habían sido castigados.

“Lo que anunció el ministro tiene que ver justamente con una investigación que realizó la gestión anterior, la Secretaría de Derechos Humanos, cuando estaba a cargo de Horacio Pietragalla. Un expediente en el cual una persona que pretendía estafar al Estado cobrando una indemnización y justamente lo que hizo Horacio Pietragalla fue evitar que eso sucediera. Por lo tanto, lo que está diciendo el ministro es una falsedad. Lo que en realidad está haciendo es ni más ni menos que evitar que el Estado gestione como Estado y hoy por hoy lo están logrando”, aseguró el abogado Rodolfo Yanzón, quien lleva casos de víctimas de la dictadura. 

El abogado Yanzón, que tiene una larga trayectoria en Derechos Humanos, destacó que Mariano Cúneo es conocido por haber defendido a represores. 

Desde la campaña electoral, el equipo de Milei se caracterizó por un discurso negacionista que se materializa con este tipo de acciones. Un claro ejemplo de ello son los comentarios de Victoria Villarruel, la Vicepresidenta argentina quien este martes publicó en sus redes sociales que se debe Auditar al ‘curro’, la estafa de los derechos humanos que sirven, según ella, para fines políticos. 

Un discurso que preocupa al abogado argentino Fabián Salvioli, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Parece haberse roto un consenso que fue el más valioso en la sociedad argentina desde la recuperación de la democracia y era un acuerdo generalizado en el repudio de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y esto es muy peligroso, porque reivindicar esos hechos marca también la reivindicación de la intolerancia y puede contribuir a que en la sociedad no exista el lógico clima de concordia democrática que debe reinar más allá de las distintas posturas políticas que cada quien tiene derecho a tener”, dijo Salviolli.

Hace poco, las organizaciones México Evalúa, Data Cívica y el medio de comunicación Animal Político, publicaron el informe “Votar entre balas” que arroja datos detallados de lo que llaman la violencia político-criminal en México. Una investigación que va más allá de las agresiones en periodos electorales.

El informe titulado “Votar entre balas“, elaborado conjuntamente por las organizaciones Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, muestra que desde el comienzo formal del proceso electoral -en septiembre del año pasado- 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido víctimas de homicidio.

“Afectar el proceso municipal de las elecciones”

Una cifra que aumentó el pasado fin de semana a 25 fallecidos tras los asesinatos de Noé Ramos, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, y Alberto Antonio García, candidato de Morena para la alcaldía de San José Independencia, Oaxaca.

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Este informe aterrador va más allá de las agresiones a candidatos y contabiliza la violencia experimentada en personas que participan en la política de manera amplia, como funcionarios y familiares.

“Hasta el 13 de abril, contabilizamos 39 personas precandidatas y candidatas atacadas, de las cuales 19 fueron asesinadas, 10 sufrieron ataques armados, seis fueron secuestradas y cuatro recibieron amenazas con consecuencias tangibles. Si nos vamos de cuando inició el proceso electoral, que fue en septiembre de 2023, pues ahí contabilizamos cerca de 328 víctimas de manera amplia, tanto precandidatos, candidatos como funcionarios de los ayuntamientos y fuerzas del orden civil”, detalla para RFI Celine González, investigadora del Programa de Seguridad en el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa.

“De tres meses acá, de enero a marzo, lo que hemos contabilizado es 145 víctimas, el 77% de las víctimas se encuentran a nivel municipal, lo cual nos dice que la violencia político-criminal que estamos investigando es muy selectiva y busca afectar justamente el proceso municipal de las elecciones”, subraya.

“Proteger los intereses de estos grupos criminales”

El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia de México superando en violencia y asesinatos al de 2018. “En 2018 pasó esto y se redujo al año siguiente. En 2021 pasó exactamente lo mismo, pero lo que observamos es que después no se redujo. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años en México? Pues hemos tenido procesos electorales en años no concurrentes con la elección presidencial, y eso también tiene un efecto sobre cómo los grupos criminales buscan afectar estos procesos electorales, aunque sean mucho más pequeños y no concurrentes con la elección presidencial”, explica González.

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“¿Qué buscan los grupos criminales con esto? Pues justamente proteger territorios y mismo imponer a veces hasta candidatas y candidatos en ciertos municipios para que protejan los intereses de estos grupos criminales. Entonces sí es esperable que el 2 de junio tengamos un aumento sustantivo de estos picos de violencia que hemos observado en otras elecciones.

Guerrero y Michoacán son las entidades con más casos de violencia política en México, seguidos por los estados de Puebla, Chiapas y Morelos, además de los estados fronterizos del sur y del norte del país.

Bogotá sigue enfrentando su desafío hídrico. Tras la agudización del fenómeno de El Niño, y a pesar de las recientes lluvias, los niveles en los embalses que abastecen de agua a la capital siguen siendo preocupantes.

Durante la última semana, Bogotá ha enfrentado una situación alarmante en términos hídricos. La sequía prolongada y los récords de calor registrados en el país en lo corrido del año tienen en alerta a los embalses, que están solo a unos puntos de alcanzar el nivel crítico.

María del Mar Vásquez, meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en Bogotá, explica a RFI la falta de lluvias: "Lo que llevamos del mes de abril en general en el país hemos presenciado una disminución de volúmenes de lluvia respecto al promedio mensual multianual y esto se ha debido fundamentalmente a la dinámica atmosférica, caracterizada por vientos moderados del este y noreste, que ha disipado la nubosidad dejando cielos entre ligera y parcialmente nublados, especialmente sobre la parte centro y norte del país donde se encuentra la capital Bogotá".

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"Esto sumado también a la dinámica generada en alguna medida por la condición calidad de El Niño que se ha presentado desde finales de El año pasado y continuamos con estas condiciones y esta dinámica, pues también favorece la inhibición de las lluvias", prosigue la experta.

En Colombia, el Fenómeno del Niño suele estar asociado con periodos de sequía prolongada, un patrón climático natural que ocurre periódicamente en el Pacífico tropical,  que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano.

"El fenómeno El Niño en realidad es una de las fases de El Niño-Oscilación del Sur. Esto es una circulación que se genera en el centro del Pacífico. Normalmente tenemos vientos que vienen del este. Sin embargo, cuando se presenta un fenómeno de El Niño, estos vientos se debilitan y hacen que el océano Pacífico se caliente", responde a RFI Mar Vásquez.

"Estos cambios de temperatura, cambios en la circulación de los vientos, hacen que se cambien las dinámicas de circulación de vientos también a nivel local en nuestro país, lo que para nuestro país significa en este caso que haya una disminución de las lluvias de manera generalizada", concluye.

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Aunque las lluvias han aumentado en los últimos días, la primavera durará poco, un periodo aún insuficiente para devolverle el agua a la capital.

Este domingo 21 de abril los ecuatorianos votarán en un referendo y una consulta popular para reformar algunos puntos de la Constitución y aprobar propuestas del Gobierno de Daniel Noboa. Entre ellas, todo un paquete de medidas de seguridad, que prevén una mayor militarización del país para combatir la crisis de violencia.

Para los ecuatorianos, es la tercera consulta popular en poco más de un año y nuevamente tiene un alto componente de seguridad. “Se está jugando hasta cierto punto el apoyo político a un Gobierno que, como sabemos, va a tener que ir a elecciones en un año aproximadamente, otra vez”, comenta Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

“La magnitud de la violencia sigue siendo importante”

“La primera pregunta del referendo está efectivamente enfocada en si las Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional. Esto específicamente para combatir el crimen organizado. Es un apoyo que va a ser específicamente por 180 días, y se puede renovar por 30 días más. También, si se habla más específicamente del papel de las Fuerzas Armadas en el control de armas, por ejemplo, en realizar controles permanentes en las rutas, además de en los centros de rehabilitación social, este papel más específico ya no tiene este límite de tiempo”, detalla la docente.

En cuanto al componente de justicia, “hay algunos cambios normativos, como el tema de la extradición y el endurecimiento de penas para ciertos delitos como terrorismo, tráfico, narcotráfico, asesinatos, sicariato, trata de personas, tráfico de armas”, agrega. 

“Recientemente se terminó este estado de excepción. La magnitud de la violencia sigue siendo importante. El estado de excepción produjo algunos resultados, sobre todo en el control del sistema penitenciario. Y hacia esto es hacia donde están apuntando desde el Gobierno con esta consulta”, subraya Espín.

“Un sistema muy represivo”

Espín estima que la militarización tendrá elevadas tasas de aprobación. Este miércoles fue asesinado un segundo alcalde en dos meses en Ecuador. Pero la política de seguridad del Gobierno también genera temores. 

“Es un sistema muy represivo que se enfoca mucho en la pena como tal, pero no en la rehabilitación social, que es el otro componente que se está perdiendo dentro de este nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario. Si hay una respuesta favorable, hay ciertas preguntas. Por ejemplo, con el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, es un apoyo que cumple ciertos plazos, que va a tener que estar determinado por un informe que respalde la pertinencia, que haya un uso progresivo de la fuerza y tiene que existir un marco normativo que lo regule”, analiza Johanna Espín.

“Es algo bastante nuevo, no es algo que se veía antes, por eso es que ha causado este impacto que podría considerarse positivo en la percepción de seguridad. Porque durante mucho tiempo antes del estado de excepción, más bien había una queja ciudadana muy fuerte de que faltaba la presencia policial y la presencia de Fuerzas Armadas. Si vamos a pedirles que se involucren en temas de seguridad pública, es necesario formarles en eso”, concluye la docente.

Estados Unidos renueva sus sanciones petroleras contra Venezuela, al considerar que el presidente Nicolás Maduro no ha respetado los compromisos electorales firmados el año pasado en Barbados para organizar elecciones libres.

Se vence este jueves la llamada Licencia 44 con la que Washington había aliviado las sanciones al petróleo y al gas venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“Office Foreign Asset Control”-OFAC) confirmó in extremis que no la renovará, reintroduciendo restricciones contra Caracas.  

“Se sabe que siguen conversando”

La administración Biden explicó que se debe a los incumplimientos del Gobierno de Nicolás Maduro respecto al Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales y derechos políticos, en especial con la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición.

“Va a tener un impacto en los ingresos, y también va a tener un impacto a mediano largo plazo, porque obviamente en estas circunstancias es muy difícil atraer las inversiones que necesita Venezuela para recuperar su industria petrolera. El Gobierno de Estados Unidos está muy decepcionado con la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Maduro con los términos del Acuerdo de Barbados de octubre del año pasado, que supuestamente iba a garantizar por lo menos condiciones mínimas para una elección competitiva en julio de este año”, explica Phil Gunson, del Crisis Group en Venezuela.

“Pero las negociaciones continúan”, subraya el analista: “En estos días ha habido un encuentro directo entre oficiales funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y de Venezuela. No produjo ningún resultado positivo hasta ahora, pero por lo menos se sabe que siguen conversando”.

En efecto, con esta medida, Washington no cierra la puerta al diálogo. El fin de la Licencia 44 no va a sacar de Venezuela a las petroleras europeas y estadounidenses, y mucho menos a Chevron, que opera de nuevo desde 2022 en el país. Las licencias privadas se evaluarán caso por caso.

Efectos indeseados

Para Estados Unidos, restablecer plenamente las sanciones hubiera tenido un efecto indeseado a siete meses de las elecciones. Entre otras cosas, analistas liberales dicen que la decisión perjudica la economía venezolana y podría terminar impulsando aún más la migración de venezolanos.

“Hay preocupación por parte de la administración Biden por los efectos colaterales de renovación de las sanciones o el fin del alivio de esas sanciones, sobre todo en materia de migración. Porque en la medida en que la economía venezolana siga en problemas, y aquí a pesar de que hay cierto crecimiento en este momento la crisis humanitaria es muy grave, eso evidentemente empuja la migración, parte de la cual termina llegando a las fronteras de Estados Unidos y causando problemas políticos para el Gobierno”, señala Phil Gunson.

“Y por otra parte, quizás en menor medida, pero también está el tema energético. En las condiciones actuales se supone que por lo menos seguirá habiendo una presencia de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como europeas, en la industria petrolera venezolana. Y eso es importante también en términos geopolíticos, para no empujar más a Venezuela hacia los brazos de los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, como los rusos, los chinos, etc.”, recalca el analista.

Las sanciones vienen en un momento en el que Venezuela produce la mayor cantidad de petróleo desde el 2020, y después de que en febrero Washington dejara expirar la licencia para la venta y exportación del oro venezolano.

Ecuador ha vivido una semana de apagones y está sumido en una crisis energética agravada por la sequía, en un país que depende casi exclusivamente de fuentes hidroeléctricas, inclusive provenientes de Colombia. El presidente Daniel Noboa ha pedido la renuncia de su ministra de Energía este martes y declara el estado de emergencia eléctrica. Agregó que se ha abierto una investigación por sabotaje, pero las causas de esta crisis no son tan sencillas.

Casi el 80% de la electricidad que consume Ecuador es de origen hidroeléctrico y no solo de represas ecuatorianas, sino también colombianas. Ambos países atraviesan una intensa sequía y esta semana Bogotá anunció a Quito que dejará de exportar la energía. 

“Primero experimentan una periodo relativamente seco de bajas precipitaciones durante enero, febrero y marzo, que coincide con el fenómeno del niño, que lo que hace es intensificar la sequía. Quizás son los niveles más bajos que tenemos de reservas hídricas en los embalses en los últimos 40 años”, explica Erasmo Rodríguez, hidrólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

Los embalses colombianos funcionan en un 29% de su capacidad, Cerca del nivel "crítico" que es del 27%. Para no llegar a los apagones, ya hay racionamiento de agua, por lo menos en Bogotá, capital con 10 millones de habitantes. 

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Según Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Quito, los apagones y el racionamiento en Ecuador no tienen como simple causa el fenómeno del niño, considera que el sector eléctrico en Ecuador ha sido descuidado, al no tomarse las medidas necesarias para que funcione correctamente, sin la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. En 2018, la generación de energía hidroeléctrica alcanzó el porcentaje más alto en Ecuador. 

“Por otro lado, se contaba con la energía desde Colombia, se estaba pagando más o menos 20 millones de dólares semanales, por eso es que también nosotros hemos reclamado que el Ministerio de Energía debe volver a ser un ministerio independiente y tomar las medidas que deben tomarse”, concluye Acuña.

En un comunicado, el Colegio de Ingenieros Eléctricos denuncia cierta opacidad sobre los recursos que Ecuador ha gastado comprando energía a Colombia, al detrimento de fuentes renovables que solo representan el 2% de su producción.

Casi diez años después del caso de los '43 de Ayotzinapa', una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México, familiares de los estudiantes desaparecidos reclaman al presidente López Obrador una reunión para hablar sobre las investigaciones. En particular, para que les comunique lo que el mandatario ha dice saber sobre el caso.
 

Mario González es padre de Cesar Manuel González, uno de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en 2014. Tanto él como los otros padres que siguen luchando casi 10 años después por esclarecer la desaparición de sus hijos advirtieron que, de no ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como prometió el mandatario el pasado 6 de marzo, comenzarán un boicot en pleno proceso electoral de las presidenciales mexicanas.

"Ya tiene como medio año que no vamos a reuniones con el presidente. Él dice que tiene información, pero que ahorita no se puede reunir con nosotros. Pero, ¿por qué no? Si ya tiene la información sobre el caso, tiene que dárnosla a nosotros ya que son nuestros hijos. Eso es lo que se le ha repetido miles de veces. Pero si él se reúne con nosotros, esto puede tener muchos costos políticos porque no se ha resuelto el caso. Desafortunadamente fue un fracaso total. Para él, los culpables son nuestros abogados. Y quiere reunirse, pero sin nuestros abogados", dice González.

Precisamente, uno de los abogados de las familias es Vidulfo Rosales, quien pertenece al centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinolan.

"El debate es si se hace la reunión ya, en los próximos días, o si se hace después de las elecciones. La postura del presidente es que las reuniones sean después de las elecciones porque, según él, este tema se podría utilizar con fines político-electorales. Nuestro tema no tiene nada que ver con el tema de elecciones. Es un tema de justicia, de verdad, que amerita una pronta reunión, pues en septiembre de 2023 se celebró la última reunión. De ahí para acá no ha existido ni una sola reunión más", concluye.  

La presión para que López Obrador resuelva el caso Ayotzinapa ha crecido durante el inicio de esta campaña presidencial teniendo en cuenta que fue una de sus principales promesas electorales cuando fue elegido como mandatario de la nación norteamericana.

En la ciudad más grande de Colombia las autoridades se han visto obligadas a imponer cortes de agua por sectores, algo inédito desde la construcción de los embalses que la abastecen. 'La situación es crítica', dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. Por el momento, los cortes no cumplen la meta de bajar el consumo a 15 metros cúbicos por segundo, como estableció la alcaldía. ¿Cómo se vive la escasez de agua en la capital colombiana? Informe de nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.
 

Bogotá dice adiós a lavar platos con agua del grifo y a las duchas prolongadas, e incluso, a bajar el agua del inodoro normalmente. Por primera vez, una ciudad de casi nueve millones de habitantes, que se preciaba de la pureza y abundancia del líquido, entró en racionamiento.

¿El motivo? Los alarmantes niveles de los embalses de Chuza y San Rafael, que abastecen a la ciudad más grande de Colombia.

Así justificaba Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, la inédita medida: "La situación es crítica". Es el nivel más bajo de estos embalses desde que iniciaron operación en los años 80".

Se trata de la segunda alarma del año por el fenómeno del Niño después de los incendios que, hace unos meses, cubrieron de humo sectores del norte y oriente bogotano.

Ahora, estos cortes de agua por sectores, se hacen en turnos de 24 horas que, a veces, se han extendido hasta 12 horas más.

Ricardo Vega, habitante del occidente de la capital, ya pasó por el primer racionamiento. "Si la gente dice 24 horas son 24 horas, no 29 ni 30, 31, 40… porque uno se programa".

Vega vive en su casa en Engativá, una zona comercial llena de restaurantes, tiendas, y panaderías. Por eso enfatiza: "Sí, a mí me afecta, porque es mi casa, una casa de familia, ahora dígame los restaurantes de este sector, los 9, 10, 11, no hay agua… yo me imagino que más de uno no abrió, o se vio limitado, o compró agua, que ya es un gasto adicional".

En cada lugar, el tema de conversación por estos días es el mismo: cómo reciclar el agua. "El agua de la lavadora la dejamos organizada para utilizarla para los baños. Decenas de calles más allá, en el centro de Bogotá, César Martínez explica sus estrategias: “En casa lo que hicimos fue que tomamos el agua de cocinar, para comer y demás, y unas 4 poncheras de aproximadamente 12, 15 litros, para otros asuntos que necesitan agua no tan potable".

Sin embargo, como vive en Bogotá hace dos años y viene de un pueblo sin acueducto, ya estaba preparado. "Allá nosotros para poder tomar agua es agua que venden a nivel comercial o hacemos una técnica de filtrado y depuración del agua casera a temperatura muy alta y una vez hecho eso, que pase por un filtro".

El agua potable es un lujo en pequeños pueblos colombianos. Pero la escasez nunca había tocado la "burbuja" bogotana.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) expresó su satisfaccion por el fallo judicial del pasado jueves 11 de abril que responsabiliza a Irán por los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la mutual perpetrados en los años 1990 en Buenos Aires. Un histórico, aunque "agridulce" fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, dejando un sentimiento de no reparación a las víctimas.

Por Pablo Martínez Vega

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) expresó su satisfaccion por el fallo judicial del pasado jueves 11 de abril que responsabiliza a a Irán por los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la mutual perpetrados en los años 1990 en Buenos Aires. También se señala la responsabilidad del movimiento chiita Hezbollà. 

Un histórico, aunque agridulce fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que deja un sentimiento de no reparacion a las víctimas: “Es una gran noticia, pero no es una novedad. en 30 años de una causa que investiga el peor atentado que hemos sufrido, no hay una sola persona respondiendo." expresó el presidente de la AMIA, Amos Linetzky ante el fallo de la Ultima instancia judicial federal de Argentina. 

La Asociacion lamenta también que el marco legislativo contra el terrorismo internacional sea el mismo desde que se comenzara a investigar el ataque, hace ya 30 años. Un cambio legislativo que también reclaman diversas fuerzas políticas en Argentina. 

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RFI ha conversado con Sabrina Ajmechet, historiadora y diputada del partido PROArgentina: "Es un fallo que es muy importante porque la realidad es que todos sabíamos que Irán estuvo involucrado. Es muy importante que quede claro que para la justicia Argentina Irán es un estado terrorista, responsable de 2 ataques terroristas que mataron a argentinos. Es un sentimiento un poco agridulce como las cosas buenas que llegan a destiempo. Es muy bueno que haya sucedido finalmente, pero pasaron 32 años desde la embajada de Israel, 30 años desde AMIA, es realmente mucho tiempo. Sí celebramos que finalmente se esté dando. Tenemos que resaltar que esos atentados aún quedan impunes, no ha habido justicia para los argentinos y especialmente para los familiares de las  víctimas."

El atentado de 1994, que dejo 85 muertos, es ademàs un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptible. La pregunta es qué acciones puede tomar ahora Argentina; si cabe la posibilidad de una demanda ante la Corte Penal Internacional; y sobre todo, qué consecuencias tendrà para el estado iraní. Sabrina Ajmechet: "Yo espero que la Argentina rompa relaciones diplomáticas con Irán, que los representantes iraníes que hoy están en nuestro país tengan que abandonar la Argentina;  creo que sería muy bueno; que los países occidentales que estamos comprometidos con la democracia, con la libertad y con la paz, condenen fuertemente que otro país haya actuado activamente y sea responsable de ataques terroristas. Habrá que ver qué es lo que sucede en organismos internacionales. Ojalá que en el Consejo de paz de Derechos Humanos de Naciones Unidas esto llegue y tenga su reflejo y consecuencias para Irán."

Cabe recordar que Irán, al día de hoy, sigue negando toda implicación en el atentado contra la sede de AMIA en el 94, y contra la embajada de Israel en el 92.

Entrevistada: Sabrina Ajmechet, historiadora y diputada del partido PROArgentina

México pidió este 11 de abril la suspensión de Ecuador de la ONU, por el asalto de su embajada en Quito. Esta demanda en la Corte Internacional de Justicia no es el único frente diplomático y legal abierto para Ecuador, que afronta una condena internacional casi unánime, y una cascada de sanciones.

Desde el asalto policial a la Embajada de México, la presión sobre Ecuador aumenta en todos los foros internacionales. Al pedir este jueves la suspensión del país sudamericano de la ONU a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), México se muestra optimista y confiado en tener a su favor el derecho internacional, algo en lo que parecen coincidir todos los analistas. 

Un proceso largo

La politóloga ecuatoriana Valeria Argüello explica a RFI que, si bien es posible que sea admitida la denuncia, al estar México en un proceso electoral, algunos candidatos podrían retirarla. En todo caso, afirma, “es un proceso que va a tomar mucho tiempo en la CIJ. Hay otros foros que ya van a encontrarse ahora mismo, Mercosur, CELAC, pero cuando ya tenemos un antecedente no sancionatorio, en que no se suspendió la participación de Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), porque eso podía haber pasado. La resolución también muestra en cierta medida como los Estados condenan a Ecuador, pero al mismo tiempo recuerdan otros artículos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas”.

La OEA ha aprobado este miércoles una resolución para condenar el violento asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito. Con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, el organismo panamericano acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.

¿Sanciones múltiples?

Entonces, ¿se da por hecho en Ecuador que habrá sanción por parte de La Haya? “Ecuador debería ser sentenciado, porque no solamente es la violación de la sede, sino la violación de la dignidad del funcionario, que también tiene inmunidad. Eso es lo que nos podría llevar no solamente a la Corte Internacional de Justicia, sino nos va a llevar primero a la CIDH y nos va a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso va a representar para el Estado ecuatoriano una sentencia pecuniaria y no sabemos a cuánto podría elevarse”, responde la politóloga.

Lo cierto es que existen pocos precedentes en la región como este caso. Salvo en contadas ocasiones, ni siquiera en las férreas dictaduras militares latinoamericanas de los sesenta y setenta se permitió el asalto a embajadas. Por eso resulta complicado prever qué sanciones podría enfrentar Ecuador.

“Hay varias sanciones que pueden ser tomadas de manera unilateral por México. La ruptura de relaciones diplomáticas que ya es una realidad, puede significar sanciones para los inmigrantes ecuatorianos. Tiene que ver con el sistema de visas, porque los ecuatorianos necesitan visa, así sea para ir como turistas a México. Puede haber repercusiones para los estudiantes ecuatorianos que están estudiando en México, puede haber sanciones comerciales por parte de México”, subraya Alexis Medina, historiador y profesor de Asuntos Latinoamericanos en la Universidad de Besançon.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con celeridad. La admisión a trámite de esta denuncia puede demorarse entre cuatro y ocho meses.

Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la prohibición absoluta del aborto vigente en el país. La denuncia del caso particular de Fausia, una activista indígena hondureña, fue presentada por las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres. Honduras, donde la prohibición del aborto está blindada por la Constitución, podría hacer frente a una resolución inédita de las Naciones Unidas.

El caso de la hondureña Fausia podría hacer historia. Esta defensora de los derechos humanos, indígena, fue víctima de una violación como represalia por su activismo. Ahora, un órgano de expertos de las Naciones Unidas tendrá que evaluar si Honduras vulneró los derechos de Fausia al imponerle un embarazo y una maternidad forzosa.  

“Esperamos que el Estado haga un cambio legal”

Honduras es uno de los países más restrictivos del mundo en derechos reproductivos: el aborto está prohibido bajo toda circunstancia, incluso por violación o si peligra la vida de la madre. Y hasta el pasado 2023, era el único de la región donde la conocida como “pastilla del día después” también estaba prohibida.

“Este caso es histórico porque es la primera vez que Honduras va a tener que responder sobre la total prohibición del aborto ante un órgano internacional. Estamos esperando que el Comité primero emita una serie de reparaciones individuales para nuestra representada, medidas de rehabilitación social, física, psicológica, económica”, explica a RFI Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos, una de las dos organizaciones que han llevado a Honduras frente al Comité de la ONU.

Además, subraya, “creemos que una decisión del Comité puede abrir la puerta para que el Estado tome conciencia de que esto es un tema de derechos humanos, que esto es un tema de salud. Entonces esperamos que con esta decisión el Estado haga un cambio legal y esperamos seguir avanzando hacia la despenalización del aborto”.

¿Obligatoriedad de la resolución?

Pero, ¿puede obligar una resolución de la ONU a despenalizar el aborto?  “Como bien lo digo, primero hay una obligatoriedad, sí o sí, porque el derecho internacional lo demanda y sí existe una obligación, pero adicional a eso, y lo cual juega a nuestro favor, consideramos que también puede haber una voluntad política por parte de este Gobierno”, responde Martínez Coral.

El Centro de Derechos Reproductivos recuerda también que, en la región de Latinoamérica, aún existen seis países donde el aborto es una práctica totalmente ilegal: “En El Salvador vemos, por ejemplo, casos de mujeres que tuvieron una pérdida del embarazo y terminan estando en la cárcel hasta por 40 años”, detalla la experta.

“Sin embargo, yo sí quisiera resaltar que también en los últimos años América Latina ha tenido unas victorias importantes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el reconocimiento de los derechos reproductivos. Tuvimos una gran victoria en Argentina, varias victorias en México, tuvimos la histórica despenalización del aborto en Colombia, y esperamos que el Comité de Derechos Humanos permita que Honduras se suba a esa marea también”, concluye Catalina Martínez Coral.

Al menos 50.000 abortos se realizan cada año de forma clandestina en Honduras, en muchas ocasiones con medicamentos importados de países vecinos; y, en el peor de los casos, en condiciones insalubres que ponen en peligro la vida de la mujer.

El régimen cubano ignora la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitaba vías legales para excarcelar a los presos políticos de la Isla. El plazo de 90 días de este requerimiento expira ahora, y la situación de cientos de manifestantes condenados sigue preocupando a la comunidad internacional.

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncian la falta de compromiso del régimen con las instituciones internacionales. Insisten además, en que, al agotar el plazo para responder formalmente al documento de la Comisión Interamericana para excarcelar a los presos políticos de la Isla , el Gobierno de Miguel Diaz-Canel se ensaña con cientos de presos, aparentemente condenados injustamente. Las condiciones penitenciarias siguen siendo muy precarias, especialmente desde las masivas detenciones del 11 de julio de 2021. 

Berta Soler, líder del grupo disidente Damas de Blanco, insiste en “que  el régimen cubano realmente hace caso omiso a una institución prestigiosa que realmente mira más allá y está al corriente de lo que está pasando dentro de Cuba”. Denuncia que el domingo a ella, y a otras 14 mujeres, las detuvierron cuando se dirigían a una iglesia, porque pretendían “participar en las misas organizadas en diferentes provincias “para orar por nuestros seres queridos, para orar por la libertad de los presos políticos”. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también recuerda que el régimen cuenta con vías legales para la excarcelación inmediata de los presos, como el indulto, la libertad condicional, la amnistía o sanciones alternativas. 

Aunque no existe una cifra oficial y exacta, las organizaciones no gubernamentales estiman en más de 1.000 los presos políticos en la Isla. Cientos de ellos participaron en las masivas protestas de julio de 2021. Algunos recuperarán próximamente su libertad, pero por haber cumplido su pena de dos años. 

“La gran mayoría están presos todavía en condiciones inhumanas. Hay cinco ‘Damas de Blanco’ presas. Hay enfermos en prisión y no les dan su tratamiento médico requerido. La alimentación es pésima, están prácticamente desnutridos. Los presos políticos y otros presos también que no son políticos”. advierte la disidente cubana Berta Soler. 

A la tensa situación política en ese país, este domingo se sumó una nueva jornada de intensas protestas en Santiago de Cuba, la capital,  así como en  otras localidades, por los cortes de electricidad y la escasez de alimentos.

Un eclipse solar cautivó este 8 de abril a millones de personas en América del Norte, desde México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos. Recogimos testimonios en México y Washington de gente que quedó maravillada.

“Fue un momento mágico, increíble, porque no te esperas la cantidad de oscuridad que va a haber. Era prácticamente mediodía. O sea, el sol estaba en su máximo punto y de repente el día se vuelve noche. Alcanzamos a ver algunas estrellas, unos planetas, de la cantidad de oscuridad que se dio. Lo pudimos ver sin lentes especiales, fue a simple vista ya cuando estaba en el eclipse total. Y el sol se veía blanco, el anillo, el diamante que le llaman por acá, y la luz tapada. Fue una imagen increíble”, cuenta a RFI Ángel Ramírez, testigo del eclipse solar en Canatlán, municipio del estado mexicano de Durango, donde el eclipse duró cuatro minutos con 29.9 segundos.

“Fue algo muy muy bonito”

El fenómeno astronómico también oscureció el cielo de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, ofreciendo a centenares de miles de personas una impresionante postal que se despedía formando un halo solar. Carmen Solís, que trabaja en el Departamento de Turismo de esta región, fue testigo de este eclipse total de sol: “Ha sido de maravilla, la verdad se vio muy bien. Duró alrededor de cuatro minutos, como tres, cuatro minutos oscuro. Se tapó totalmente el sol, se oscureció aquí en la zona donde lo vimos que se llama Ricardo Flores Magón, es la mejor zona para verlo. Se vio de maravilla”, explica.

“Había mucha gente. Había gente de Hawái, de Alemania, de Estados Unidos, muchos extranjeros y mucha gente de aquí mismo, de México. Todos estaban con sus gafas de sol viendo el eclipse, algunos gritando de emoción por este maravilloso fenómeno. Se sintió como esa adrenalina, esa emoción al momento que se empezó a oscurecer. Fue algo muy muy bonito. La verdad que mucha gente no pensábamos que íbamos a vivir un fenómeno así. La gente quedó muy contenta, quedó satisfecha”, prosigue.

Los eclipses solares se producen cuando hay una perfecta alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra; estos fenómenos astronómicos no son muy frecuentes, ocurren cada cierto tiempo. La última vez que los mexicanos disfrutaron de uno parecido data de 34 años. En aquella ocasión fue nombrado como “el eclipse del siglo”, ya que tuvo una duración de siete minutos con dos segundos, hasta ahora el más largo registrado por la NASA.

En Washington, se pudo “conectar con el cosmos”

Desde los techos de los edificios, desde las calles, los parques, estacionamientos, millones de personas vieron el eclipse en compañía de sus colegas, amigos y familiares, informa nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez. El cielo se oscureció y se sintió el cambio de temperatura durante el eclipse. La NASA estuvo distribuyendo gafas para poder verlo desde el National Mall en un lunes que parecía un día festivo.

Para la ciudadana Cristina Sevilla, fue una oportunidad para conectar con el cosmos: “Creo que de vez en cuando está bien considerar nuestro lugar en el cosmos y conectar con estos eventos celestiales. Así que, si lo puedes vivir con amigos y familiares, es una gran ocasión”.

Juan Riveros, un venezolano que vive en Washington, viajó hasta Arkansas donde el eclipse se logró ver de forma completa: “Viaje desde Washington hasta Arkansas a un pueblo que se llama Pocahontas. Fue una experiencia muy bonita, acá había gente de todas partes de Estados Unidos. Me puse a ver las placas de los carros y vi gente de California, Florida, Texas, Louisiana, Georgia, New Jersey, New York y muchos estados más. La verdad es que esto superó todas mis expectativas, nunca había visto algo así. El cielo se pone obscuro en el medio del día y se puede ver la corona alrededor del sol. Es difícil de describir, pero es hermoso”, expresa.

Expertos pronostican que el próximo eclipse que se logre ver en Estados Unidos será en agosto del 2044.

Laura Richardson, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, fue recibida por Javier Milei en Ushuaia, donde anunciaron la creación de una base naval. Con esta acción el mandatario argentino quiere dejar en claro que para estrategias militares prefiere a los Estados Unidos y le pone punto final a las aspiraciones de China para acercarse a la Antártida a través de Argentina. 

A la primera hora del viernes 5 de abril, los habitantes de la apacible ciudad de Ushuaia, la más austral del mundo, escucharon resonar la marcha de las Malvinas. Eran militares quienes lo cantaban para saludar a Laura Richardson, la militar estadounidense y jefa del estratégico Comando Sur, recibida aquí por Javier Milei.

“Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada, el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida que convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco", decía el presidente argentino.

China ya había afianzado en Argentina la construcción de un puerto que sería su punto de partida hacia la Antártida, pero fue cancelado en 2023. De acuerdo con Miguel Salazar, doctorante en el Instituto de Estudios Políticos de París y especialista en asuntos antárticos, Miley quiere dejar en claro que su gobierno prefiere aquí la presencia de los Estados Unidos y no la de China.

“Desde hace ya varios años que existe un acercamiento diplomático de China hacia Argentina en temas relativos a infraestructura portuaria. Entonces este proyecto no fue bien visto a los ojos de varios sectores, incluido Estados Unidos", explica nuestro analista.

"Se armó una polémica en relación a la influencia que estaba ejerciendo China en Argentina y se dio paso ahora hacia la entrada de Estados Unidos en la misma área con la visita de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, buscando reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en Argentina, en la región en general, a través de la cooperación militar, y disminuir este modo la influencia de China en la región a través de una base naval conjunta en Ushuaia. Esta ciudad se le conoce como una ciudad puerta de entrada a la antártica", prosigue Miguel Salazar.

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¿Qué ganarían entonces Argentina y el presidente Javier Milei con esta cooperación?

"Lo que yo creo que Miley busca es darle un nuevo aire a Argentina. Una Argentina neoliberal dispuesta a adaptarse al orden internacional. A mi parecer lo que busca Miley es legitimar el Gobierno de turno ante la opinión pública. Lo curioso es que esto se mezcla con un discurso populista que alimenta el nacionalismo y legítima al Gobierno de turno en el poder", responde al respecto el doctorante.

"Yo creo que resulta entonces contradictorio este acercamiento diplomático con Estados Unidos permita a Argentina hacer valer el principio de soberanía en Malvinas y en la Antártica. En ambos casos, Argentina encuentra su obstáculo histórico y permanente que es el Reino Unido", concluye nuestro invitado. 

Argentina y Chile son naciones que continuamente son cortejadas por las potencias para que las dejen acercarse a sus territorios en la Antártida.

Aprobada ya en una primera discusión en el Parlamento de Venezuela y a falta de una segunda para que pueda entrar en vigor, la nueva "Ley contra el Fascismo, neofascismo y similares" despierta recelos en la oposición y los activistas pro-derechos humanos.

La nueva “Ley contra el Fascismo, neofascismo y similares", que fue aprobada en una primera discusión en el Parlamento de Venezuela, plantea penas de cárcel, inhabilitaciones y multas contra las personas o medios de comunicación que propaguen mensajes contrarios a la ley y se prohíben las manifestaciones y organizaciones políticas donde se considere que hay apología a estas ideologías.

Sin embargo, la ambigüedad de la ley plantea un primer problema, según el analista y estratega político venezolano Victor Maldonado: “Me llama mucho la atención de que una ley tenga ese título de similares. O sea que cualquier cosa que a ellos les parezca que pueda ser incorporado en ese conjunto será objeto de la ley. Esto plantea muchos interrogantes sobre la arbitrariedad en su interpretación de contenido y en su aplicación”.

Por ello, es comprensible que se denuncie que esta ley pueda ser una herramienta más para perseguir a la oposición.

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“Está estableciendo un nuevo tipo de delitos políticos y es una ley, que ya planteada así, pone en duda que se mantenga un mínimo espacio cívico del cual se puedan valer los ciudadanos venezolanos, porque esto señala potencialmente como delitos las reuniones públicas y manifestaciones, organizaciones sociales y políticas. Señala que intenta excluir a los ciudadanos de participar en cargos públicos sólo porque tengamos opiniones e ideologías diferentes", advierte Maldonado. 

El texto hace también alusión a términos como el "neoliberalismo" o los "pensamientos conservadores"  como rasgos comunes del fascismo y prohíbe la difusión de este tipo de mensajes. “¿Qué significa el pensamiento conservador? El conservador es qué, ¿un creyente de una religión occidental?, por ejemplo, no lo sabemos. Entonces, claro, desde el punto de vista de la turba, que siente que tiene poder suficiente para ponérsela a los demás, estos conceptos también son administrados turbulentamente, y por supuesto, eso genera muchísimo peligro, porque al final aquel que es visto con conductas, maneras, modos de pensar y convicciones diferentes, es declarado enemigo", concluye el analista venezolano.

Los Gobiernos de Colombia y de Panamá están en la mira de la ONG Human Rights Watch quien publicó este miércoles un informe de 120 páginas denunciando la inacción o los malos pasos de Bogotá y Ciudad de Panamá, en cuanto a la protección de los migrantes varados o perdidos en la selva fronteriza del Darién.

En 120 páginas y tras una investigación de dos años, las conclusiones de Human Rights Watch alertan sobre la actitud de los Gobiernos de Colombia y de Panamá, que no cumplen con su obligación de proteger a los migrantes que pasan por su suelo y que sufren una caótica situación en los 266 kilómetros de selva que separan los dos países.

Menores y mujeres, los más expuestos

“En Colombia no hay una estrategia clara para asistir y proteger a los migrantes que sufren todo tipo de atropellos y abusos en el Tapón del Darién, que quedan expuestos al Clan del Golfo, una organización narcotraficante que se profita de estos vulnerables migrantes y solicitantes de asilo. Y en Panamá la estrategia es de flujo controlado, como ellos la llaman. Es una estrategia que busca que los migrantes se vayan lo antes posible, que lleguen lo antes posible a Costa Rica, y que hace muy pocos esfuerzos por garantizar los derechos de los menores no acompañados, por buscar a las personas desaparecidas en la selva y por judicializar a los responsables de casos constantes de violaciones y abusos sexuales en contra de las mujeres y niñas que cruzan el Tapón del Darién”, detalla para RFI Juan Pappier, uno de los investigadores de Human Rights Watch.

El investigador subraya además que “los casos que más nos preocupan son los de los menores. Cientos de ellos van no acompañados o se separan lamentablemente de sus familias durante el trayecto y quedan abandonados a la deriva, expuestos a todo tipo de abusos. También nos preocupa lo que ocurre con las mujeres. Médicos Sin Fronteras ha dado asistencia a más de 1.300 mujeres que en los últimos años denunciaron hechos de violencia sexual al cruzar la selva. Creo que esos son los casos más preocupantes que requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades colombianas y panameñas”.

“Mecanismo de búsqueda”

¿Qué recomendaciones hace Human Rights Watch? “Tiene que ver primero con nombrar un alto funcionario, un asesor a cargo de la estrategia para el Tapón del Darién, que pueda garantizar la cooperación entre los dos Gobiernos. Ninguno de los dos puede responder por sí solo, de forma aislada a un fenómeno tan complejo como el que se vive hoy en esa frontera”, contesta Juan Pappier.

“También creemos que hay que crear un mecanismo de búsqueda de las personas desaparecidas, para intentar rescatarlos o al menos rescatar los cuerpos de las personas que mueren en la selva. Fortalecer de forma conjunta la capacidad forense, la estrategia de persecución penal para judicializar a las bandas criminales que operan en esta zona y que abusan de estos migrantes que están arriesgando su vida en la selva”, concluye el investigador.

En Haití, más de 50.000 personas han logrado salir de la región metropolitana de Puerto Príncipe donde reina la inseguridad tras la violencia que azota la capital. La Organización Internacional de Migraciones alerta sobre el desplazamiento de miles de personas dentro del país, cuya situación humanitaria empeora cada día. Una salida del territorio es cada vez más impensable. 

Entre el 8 y el 27 de marzo, más de 53.000 personas abandonaron la ciudad de Puerto Príncipe y se sumaron a los 116 desplazados que ya habían huido en meses anteriores. Es lo que indicó la Organización Internacional de Migraciones de Haití.

“Necesidades humanitarias altísimas”

Pero las vías de los haitianos para poder huir del caos y de la inseguridad, instaurados por las violentas pandillas que han allanado instituciones en un pulso político contra el impopular primer ministro, no son de fácil acceso.

“La mayoría de los desplazados están en la ciudad, viviendo en la calle, en escuelas o en hospitales que ya no están funcionando. Y obviamente las necesidades humanitarias para esta población son altísimas porque tienen muy poco acceso a agua potable, a comida y obviamente a servicios de salud y de otro tipo”, explica a RFI Renata Segura, directora ejecutiva del International Crisis Group en Estados Unidos.

“Es muy probable que empecemos a ver más y más barcos tratando de salir de Haití. Hemos visto algunas embarcaciones que han sido paradas por la Guardia Costera de otros países caribeños, con personas que han estado tratando de escapar de la isla”, prosigue.

La vía marítima como única solución

Además de unasalida por vía marítima, ¿es posible una por vía aérea? “La gente que tiene acceso a muchos recursos financieros pueden tomar un helicóptero entre Puerto Príncipe y la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Este viaje está costando alrededor de 10.000 dólares por persona en este momento. Hay un número muy limitado de personas que tienen acceso a lo que se ha llamado este corredor humanitario”, detalla Renata Segura.

“República Dominicana ha cerrado la frontera en su totalidad, y no está permitiendo que haya refugiados de Haití que entren al país. Eso quiere decir que la mayoría de los haitianos se quedan con la única posibilidad de buscar refugio adentro de la ciudad misma. Algunos pocos han logrado salir de Puerto Príncipe. La mayoría de las carreteras que conectan a Puerto Príncipe con el resto del país están controladas por las pandillas. Entonces no es muy fácil salir de la ciudad en este momento y la única posibilidad que hay es salir por vía marítima”, concluye.

Esta vez, la Fiscalía acusa a Dina Boluarte de enriquecerse ilícitamente y de omitir la declaración de las joyas requisadas en sus informes de bienes. Una situación que vuelve a poner en entredicho la destitución de la mandataria luego de que el portal periodístico La Encerrona revelase la pasión de Boluarte por los relojes de lujo. Hablamos con su director.

La Fiscalía peruana indaga a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, tras lucir relojes Rolex no declarados.El director de La Encerrona, medio que destapó el caso, Marco Sifuentes, explica a RFI cómo nació la exclusiva de los Rolex, que ha vuelto a convulsionar el clima político peruano.  

“Ha parecido muy poco públicamente”

“Hace ya un par de meses, una persona que se reunió un par de veces con Dina Boluarte me dijo, casi a manera de chisme, que en ambas ocasiones ella había usado dos Rolex distintos. Y aquí en el Perú, un Rolex equivale a cuatro meses de sueldo presidencial. Entonces eso llamó mi atención, teniendo en cuenta que Dina Boluarte tiene poco más de un año en la presidencia”, empieza contando.

“Entonces Ernesto Cabral”, prosigue, “que es el investigador de La Encerrona, entró a la base de datos de fotografías de Palacio de Gobierno y se vio 10.000 fotografías, y con eso armó una base de datos de 14 relojes. Y de esos 14 relojes, los Rolex sólo aparecen cuando ella es presidenta y cuando ella ya tiene un tiempo de presidenta”.

“Nosotros simplemente publicamos esta línea de tiempo, intentamos obtener respuestas de Palacio y de la Presidencia. No las tuvimos. Eso fue hace 18 días y desde entonces Dina Boluarte ha parecido muy, muy poco públicamente, ¿no?”, recalca el periodista.

“Desbalance de poder a favor del Congreso”

Pero, ¿por qué Boluarte está ahora contra las cuerdas y no lo estuvo antes en situaciones más delicadas, a pesar de haber sido investigada por muertes en protestas? “Yo creo que quizás es porque esto, de manera indubitable, la involucra a ella directamente, en el sentido de que, por ejemplo, las 49 muertes de las protestas, ella ha sido muy hábil en lavarse las manos, en decir que bueno, eso era el ejército, eso era la policía”, contesta Marco Sifuentes.

“Y el establishment que está detrás de ella y la soporta, el Congreso, que en realidad es el que manda en el país, cambió 50 artículos de la Constitución, creando un desbalance de poder muy grande a favor del Congreso, dando la impresión de que en el Congreso ya no la necesitan, o por lo menos ya no la necesitan hasta el 2026, que es el plan inicial”, precisa.

El próximo viernes, Dina Boluarte acudirá al Ministerio Público para encarar la negligencia fiscal, donde se explicará por este posible escándalo. Entre tanto, los congresistas del país, bajo la comanda del partido Perú Libre, debatirán la continuidad de su presidencia.

El gobierno había anunciado que el glifosato estaría prohibido a partir del 1ro abril, pero al final el presidente López Obrador se echó para atrás.  Este herbicida, potencialmente cancerígeno, seguirá siendo utilizado porque según las autoridades es necesario para la producción agrícola y “aún no se le ha encontrado un sustituto”, pero los ambientalistas aseguran que la decisión la tomó la industria agroalimentaria.

Al glifosato nadie lo toca. Esta habría sido la consigna de la industria agroalimentaria para que los políticos mexicanos aplazaran la prohibición del herbicida. Monserrat Téllez, Integrante de la organización 'Semillas de Vida', dijo a RFI que ya había decretos, que se tenía que aplicar una transición, y sin embargo, antes de que comenzara el mes de abril, el gobierno mexicano publicó un comunicado en beneficio de esta industria multimillonaria.

“Hay funcionarios que están en contra de este decreto y que no han cumplido con las obligaciones que este decreto les confería. La Secretaría de Agricultura y desarrollo rural, dirigida por Víctor Villalobos, tenía la responsabilidad de promover e implementar las alternativas al glifosato. Pero emitieron un comunicado, que es un absurdo, porque es como si reconocieran que han omitido la responsabilidad de la Secretaría para hacer cumplir el decreto”, declaró a RFI Téllez.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como un herbicida probablemente cancerígeno, gobiernos alrededor del mundo defienden su utilización en nombre de la soberanía alimentaria. México está en este grupo y en compañía de los agroindustriales.

“Sabemos que tenemos la razón de nuestro lado. Y con las evidencias científicas basta para aplicar un enfoque precautorio. No es una problemática específica de México. En todo el mundo las sociedades están reclamando la garantía de sus derechos ambientales, de salud y alimentarios frente a estos plaguicidas altamente peligrosos. Lo lograremos cuando pongamos por encima el bien común sobre los intereses económicos”, agregó Téllez.

La especialista también explicó a RFI que las principales empresas de agrotóxicos, como Bayer o Syngenta, tienen no solo poder económico sino también poder político, como en el caso de México o la Unión Europea.

Aunque se trata de un aplazamiento, el gobierno no ha comunicado la nueva fecha para la prohibición del glifosato en los campos mexicanos.

Tras el colapso del puente de Baltimore, la Casa Blanca dice estar “moviendo cielo y tierra” para que el puerto vuelva a la normalidad, pero Wes Moore, el gobernador del estado de Maryland, dijo que su reapertura tomará tiempo. Este accidente, dicen los expertos, muestra la fragilidad de las construcciones del siglo pasado ante los peligros del presente.

La imagen del gigante buque que derriba la frágil estructura del puente conmovió al mundo entero. El buque Dalí aparecía como un gigante al lado del Francis Scott Key, un puente de acero y concreto construido en los años 1970, que atravesaba el río Patapsco en Baltimore, estado de Maryland. El puente colapsó en cuestión de segundos cuando la embarcación, construida en 2015 en Corea del Sur, se estrelló en uno de sus soportes.

Un buque titánico

“Estamos hablando de un buque Neopanamax, que son capacidades bastante mayores. Las dimensiones son de una eslora de 300 metros, la manga (el ancho) de 48.2 metros y un calado de profundidad de 14.5 metros. Este buque desarrolla una velocidad máxima de 22 nudos, con una capacidad de carga de hasta 10.000 TEUs [unidad de medida equivalente a veinte pies]”, explica a RFI el director de la Escuela de Maquinaria Naval de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Ervin Vargas.

El experto en transportes marítimos también considera que lo sucedido en Baltimore muestra los grandes cambios y desafíos tecnológicos de nuestros tiempos. Los barcos son cada vez más grandes y se requiere por lo tanto una actualización de las infraestructuras. “La tecnología permite que estamos construyendo más buques, podemos transportar mayor mercancía de carga. Entonces también el recinto portuario necesita reactualizarse”, comenta Ervin Vargas.

Evolución en la construcción

Evolución tecnológica por un lado y evolución de los sistemas de seguridad por el otro. Para Manuel Simón-Talero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, las actualizaciones de los reglamentos de construcción son cruciales para evitar este tipo de accidentes. Y sobre todo cuando se trata de mega estructuras.

“Los impactos que se consideran ahora en el diseño son de cuantía más elevada porque las normativas se adecuan y los requisitos de diseño se adecuan a la actualidad. Lo mismo pasa con las cargas vehiculares y con las de ferrocarril. Antes no había ferrocarriles de alta velocidad y ahora los hay. Por tanto, las infraestructuras se diseñan para esa alta velocidad. Pues lo mismo para las nuevas acciones, por así decirlo. Pero las antiguas, algunas se han adecuado, supongo, y otras a lo mejor no tanto como pudiera ser, que es el caso de este puente”, detalla el ingeniero.

El colapso del puente de Baltimore podría resultar el mayor pago de un seguro marítimo del que se tenga registro, estimó este jueves la aseguradora británica Lloyd's of London. Maryland ha pedido una dotación inicial de 60 millones de dólares y el presidente Joe Biden prometió que el Gobierno federal cubriría el costo total de la reconstrucción del puente.

En los dos primeros días de la visita del presidente francés a Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron inauguraron un submarino franco brasileño y anunciaron un programa para recaudar mil millones de euros destinados a proyectos de economía sostenible en la Amazonía. Sin embargo, la disonancia entre los mandatarios fue más aguda sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En materia de lucha contra el cambio climático, Francia y Brasil parecen estar en la misma línea. El martes se anunció, en el marco de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Brasil, un programa de inversiones para la Amazonía brasileña y guayanesa, destinado a recaudar mil millones de euros en cuatro años, en el marco de una hoja de ruta sobre la bioeconomía y la protección de los bosques tropicales.

“Prevenir la deforestación”

“Esta inversión podría ayudar a prevenir la deforestación, mejorar o monitorear la deforestación y la minería ilegal, dado el impacto de estos factores de degradación ambiental en la biodiversidad y la población humana en la Amazonía”, explica a RFI Fernando Goulart, del Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biodiversidad de la Universidad Federal de Minas Gerais.

El intercambio pretende lograr la “conservación y la gestión sostenible de los bosques” con la “valorización económica” de sus territorios, y poniendo a los “pueblos indígenas y las comunidades locales en el centro de la toma de decisiones”. Pero ¿cuáles son las prioridades concretas de esta inversión?

“Más políticas para garantizar la protección de los pueblos indígenas contra invasores criminales, garantizando salud, educación, capacitación y representación política de las diferentes etnias. La Amazonía sufre amenazas cada vez mayores derivadas de la expansión de la agroindustria, la minería ilegal, la minería industrial, los pastizales y el acaparamiento de tierras”, detalla el especialista.

El brasileño Lula da Silva ha hecho de la lucha contra la deforestación en la Amazonía su prioridad. “Desde que asumió, se han implementado muchas políticas para la conservación de la Amazonía, incluyendo su gente, sus ecosistemas, su biodiversidad. Un ejemplo: Lula reactivó el Fondo Amazonía, invirtiendo alrededor de tres mil millones de reales en la conservación del bioma”, precisa Goulart. La destrucción de la selva brasileña disminuyó de mitad en 2023 respecto al 2022.

Desacuerdo sobre el Mercosur

Este miércoles, el desacuerdo entre los jefes de Estado fue más agudo sobre el futuro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El tratado "tal y como se negocia hoy es un acuerdo muy malo, para ustedes y para nosotros", dijo Macron ante una audiencia de empresarios brasileños en São Paulo. "Construyamos un nuevo acuerdo [...] que sea responsable desde el punto de vista del desarrollo, del clima y de la biodiversidad", defendió.

El proyecto de tratado, cuyas discusiones comenzaron en 1999, pretende suprimir la mayoría de los derechos de aduana entre las dos zonas, creando un área de más de 700 millones de consumidores. Tras alcanzar un acuerdo político en 2019, varios países, entre ellos Francia, bloquearon su adopción, una oposición que se ha acentuado con la crisis agrícola que asola Europa. Macron ha argumentado, por ejemplo, que las normas de este tratado comercial no son "homogéneas" con las europeas. El peso pesado del Mercosur, Brasil, liderado por Lula, es sin embargo implacable en su defensa del acuerdo.

En el último día de su visita este jueves, el presidente francés será recibido en Brasilia por Lula para mantener conversaciones dominadas por los grandes temas internacionales, como la guerra en Ucrania. Sea como fuere, Emmanuel Macron pretende practicar un "bilateralismo activo" con Brasil y ganarse un aliado, reforzando los lazos entre ambos países e intentando lograr una convergencia en la escena internacional.