Hablando Claro con Vilma Ibarra

En Costa Rica los jóvenes y las mujeres tienen muchas más dificultades para conseguir trabajo. Los datos son irrefutables: la tasa de desempleo femenino es del 25 % y la del juvenil alcanza el 21 %. A esto se debe añadir el hecho de que 125 mil personas simplemente dejaron de buscar empleo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con lo que de manera artificial baja el desempleo, aunque el Ejecutivo insista en lo contrario. Otro dato verificable de esta dura realidad, es que nuestro país ocupa el penúltimo lugar en la tasa de empleo de los 38 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es allí donde surgen las paradojas. Si en términos generales la economía está estable, la recaudación fiscal es aceptable, la contención del gasto (con drásticas reducciones de la inversión social) es exitosa y la atracción de inversiones es un éxito, por citar algunos logros que se pregonan, ¿por qué no podemos generar muchos más puestos de trabajo? Para entender estos extremos conversaremos con el economista, José Luis Arce.

En la antesala de un llamado multisectorial de protesta, este miércoles 24 de abril -coincidente con el aniversario número 54 de la lucha contra la minera Alcoa- se conjuntan voces para detener retrocesos de derechos de la ciudadanía obtenidos a lo largo de décadas, gracias al estado social. En este contexto, la Defensoría de los Habitantes viene alzando la voz para enfrentar varios flancos, tales como la angustia de numerosas comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, la lucha por restituir dineros urgentes que permitan enfrentar la más violenta ola de criminalidad del país, lo mismo que la crítica situación que enfrentan -por citar solo un caso- los pacientes y el personal del hospital Max Peralta de Cartago. Imposible dejar de lado la solicitud de cuentas al IMAS para que justifique los criterios para la limitación de las becas del programa Avancemos, como una acción más en los recortes en los presupuestos de inversión social más bajos en la última década. Y para lograr mantener sus funciones de denuncia y acompañamiento a los derechos de los ciudadanos, la misma Defensoría debe luchar ahora para que el Ministerio de Hacienda le restituya casi ₡245 millones que le asignó la Asamblea Legislativa para evitar su propio cierre técnico. Para hacer balance de insatisfacciones sociales conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.