Noticias de América

El Gobierno de Venezuela desbloquea varios portales web de medios de comunicación que llevaban años censurados. El regulador de las telecomunicaciones del país dio la noticia, horas antes del inicio de la segunda ronda del diálogo entre el Gobierno interino y la oposición de cara a una transición política. La libertad de expresión es uno de los temas principales de esta mesa de diálogo presidida por Estados Unidos.

Libertad para algunos, pero no para todos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha desbloqueado al menos 10 portales de internet de plataformas censuradas. Pero según la ONG VE Sin Filtro, casi 200 sitios web siguen bloqueados, entre ellos unos 80 medios.

Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, explica que esta medida represiva lleva años atacando la libertad de prensa: “El bloqueo de portales y sitios web en Venezuela tiene mucho tiempo, puede tener más de 15 años. Hay diversidad de razones o diversidades suposiciones porque nunca se ha dado una información oficial de la lista de portales bloqueados, ni tampoco las razones por las que están bloqueados”.

Ni las autoridades ni las empresas tecnológicas han justificado esta censura de sitios web. Pero César Batiz, director y cofundador de El Pitazo, uno de los medios desbloqueados, tiene claro el por qué.

“El primer bloqueo al Pitazo ocurrió el 17 de septiembre del año 2017, luego de la publicación de un reportaje en el cual revelamos que los primos de Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, tenían propiedades en España y Francia y que servían como testaferro de Diosdado Cabello. Ese primer bloqueo lo realizaron las empresas Digitel y Movilnet. Digitel, una empresa privada, Movilnet, una empresa del Estado”, dice.

El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web, y todos ellos fueron bloqueados: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le da la orden a las empresas tecnológicas que eviten el ingreso de los usuarios de esas empresas tecnológicas a esos dominios. Así, por supuesto, reduce la audiencia de los medios de comunicación, reduce la posibilidad que tenemos los medios de comunicación de intervenir en la opinión pública y de dar a conocer hechos graves de corrupción, violación de derechos humanos”, explica.

Los medios reciben el desbloqueo con una alegría tensa, porque nada garantiza que el Gobierno dé marcha atrás, ya que la arquitectura legal que permite esta represión sigue vigente: “El argumento legal que existe para poder aplicarla es básicamente la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios electrónicos. Y esa ley establece que hay una suerte de directriz que desde Conatel, en relación a los contenidos, se puede hacer de manera unilateral. Hace falta modificar esa ley o, por ejemplo, desarmar otra arquitectura legal. La denominada Ley contra el odio, que en Venezuela un delito o un pretendido delito de opinión asociado al odio tiene una sanción mucho más dura en cuanto a pena privativa de libertad que un homicidio”, indica.

Los periodistas son claros: pase lo que pase seguirán informando, denunciando la corrupción y defendiendo los derechos de los venezolan, bajo la promesa de que resistirán como lo han hecho hasta ahora.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido.

Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe.

“No ha habido un cambio en los actores”

“En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica.

El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos.

“No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher.

Aún500 presos políticos

La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados.

“La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala.

El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima.

Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Los feminicidios cometidos en Cuba en lo que va de 2026 ya superaron los del año pasado: 49 en 2025 y 52 en 2026 son las cifras que comunicó este lunes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). La plataforma alertó que la pobreza de la isla pone en mayor peligro a las mujeres porque no tienen dónde encontrar refugio.

Noemí Pérez López, así se llamaba la última víctima de feminicidio en Cuba. Tenía 38 años cuando su expareja la asesinó en la provincia de Las Tunas, al oriente de la isla, el pasado 8 de agosto. Es la víctima de feminicidio número 52 en lo que va de 2026.

“Es un Estado que no previene los feminicidios”

“Este caso permite explicar varios problemas a la vez. Primero, el principal peligro sigue estando muchas veces dentro del círculo íntimo, y esto es uno de los patrones que hemos identificado, que ocurre dentro del seno de las parejas y exparejas. Son la mayor cantidad de feminicidios”, comenta Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

“Segundo”, prosigue, “ocurrió dentro de su propia casa, es decir que, donde presuntamente la víctima debía encontrar el mayor refugio, realmente ocurrió el mayor peligro. Y tercero, el agresor pudo permanecer prófugo durante semanas”.

Álvarez denuncia que las autoridades cubanas informan poco o nada de los feminicidios y no protegen a los familiares de las víctimas, quienes corren peligro de amenazas, intimidaciones o represalias por parte de los criminales: “Son las organizaciones independientes que tienen que dar la voz de alarma. Es un Estado que no previene los feminicidios, no previene la violencia de género, no tiene, por ejemplo, refugios para las mujeres que se encuentran en una situación de peligro”.

La crisis económica empeora la situación

Y los peligros aumentan con la crisis económica crónica que sufre la isla. Las mujeres son las más vulnerables: “Para una mujer que quiere separarse de un agresor, puede resultar extremadamente difícil encontrar otra vivienda, conseguir ingresos suficientes, trasladarse, alimentar a sus hijos o reconstruir una red familiar. Especialmente cuando una parte importante de la familia ha emigrado o, por ejemplo, se encuentra en una situación territorial donde apenas hay conexión, donde apenas hay red de apoyo para las mujeres que se encuentran en peligro”, subraya Ileana Álvarez.

“Nuestro informe advierte de que el deterioro de las condiciones de vida, la fragilidad institucional, no explican por sí solo la violencia feminicida. Claro está que sabemos que las causas son estructurales, pero sí agravan la vulnerabilidad y dificultan romper relaciones violentas”, concluye la directora de OGAT, quien atendió esta entrevista desde el exilio en España.

Meta, dueños de Facebook, Instagram, está desmantelando su sistema de lucha contra la desinformación en América Latina al reemplazar a periodistas profesionales por usuarios anónimos. La red de verificadores advierte que esta medida facilitará la circulación de contenidos falsos, dejando a la audiencia expuesta a manipulaciones.

Laura Sanabria es la editora de la sección "Detector de mentiras" del medio digital colombiano La Silla Vacía y además hace parte de la Junta de LatamChequea, que es el colectivo de 47 medios de comunicación latinoamericanos que verifican los contenidos de meta.

"Nuestra tarea básicamente consiste en monitorear, en este caso Facebook, Instagram y Threads, los contenidos potencialmente desinformantes que pueden estar circulando y verificarlos, hacer un artículo periodístico con una metodología clara y establecida y calificar esos contenidos con distintos valores que van desde un contenido que es completamente falso a una advertencia de que es un contenido hecho con inteligencia artificial, una potencial estafa, algo que le falta contexto y alertar a la plataforma para que tome las medidas necesarias que cree que debe de tomar. Es Facebook el que con esa información decide si pone etiquetas y ralentiza el algoritmo para que ese contenido se deje de presentar, si suspende o bane una cuenta".

Esta red de verificadores fue creada por el propio Facebook hace una década y le paga a los medios participantes por este trabajo. Ahora el gigante estadounidense pretende ahorrarse ese pago y dejar la verificación gratuita en manos de usuarios esa información, como ya ocurre en la red social X.

Laura Sanabria: "Hoy, por ese proceso en el que, las notas de comunidad tienen que, mínimo lo tienen que calificar más de dos personas de orillas diferentes y que hayan calificado contenido distinto hace, al menos en los estudios que hemos mostrado en X, que las notas sean públicas cuando un contenido ya deja de ser viral, es decir, la nota aparece pública para todo el mundo cuando ya han pasado las horas cruciales, que son 48 horas de una publicación, entonces el efecto es incluso peor, porque es una nota que queda en un contenido que ya no se está viralizando.

"El contenido que hacíamos los terceros verificadores al menos hace algún tipo de cambio de comportamiento, por ejemplo, con las cuentas que están compartiendo esa información, nuestro tiempo es mucho menor. Es más o menos de 3 a 4 días.

"Sobre ese punto, los datos que al menos hoy muestran las notas de la comunidad en X, que son interesantes que hemos podido analizar, muestra que no mejoran el programa de terceros verificadores. De hecho, la mayoría de notas de comunidad se publican en inglés y esto me parece a mí clave mencionarlo porque el desmonte después de Estados Unidos lo quieren hacer en lengua hispana. Es decir, los usuarios realmente quedan más desprotegidos porque hay menos, entre comillas, "colaboradores" que están haciendo este trabajo".

Leer también¿Qué son las "notas de la comunidad" que Meta quiere implantar en América Latina?

En 2025, META implementó este sistema de notas de la comunidad en Estados Unidos. Aún no hay fecha para cuando ocurrirá en América Latina.

Recientemente La Silla Vacía alertó a Meta de la circulación de un video viral (1.5 millones de vistas) en el que se veían marchas falsas en contra el gobierno colombiano. Meta lo etiquetó como engañoso. 

El Memorial y Museo del 11-S añadirán un séptimo minuto de silencio en la ceremonia de conmemoración del 25° aniversario de los atentados, para rendir homenaje a los miles de muertos por enfermedades relacionadas con su estancia en la zona después de la tragedia. Esta semana comenzaron a publicarse en un sitio web de la alcaldía de Nueva York los registros sobre la contaminación ambiental y los intercambios entre funcionarios de la época, que evidencian lo que sabían las autoridades sobre la mala calidad del aire, información que fue ocultada en ese momento.

Dos aviones convertidos en bombas se estrellaron con las Torres Gemelas ese 11 de septiembre de 2001. Una hora después las torres se derrumbaron, ocultando a Manhattan con toneladas de polvo. Sobrevivientes, socorristas, familiares de víctimas, trabajadores... los que estuvieron alrededor del lugar inhalaron ese aire, que ahora se confirmó estaba altamente contaminado.

“El gobierno local estaba preocupado”

“No culpamos a la ciudad por cometer errores al intentar que la vida volviera a la normalidad en esas primeras semanas después de los ataques. Estaban reaccionando a una emergencia causada por los terroristas”, explicaAndrew Carboy, uno de los abogados de 9/11 Health Watch (en español, Vigilancia de Salud del 11 de septiembre), que demandó a la ciudad de Nueva York para que publicase los registros sobre la toxicidad por los ataques.

“Según los registros que hemos visto, para octubre de 2001 estaba claro que el gobierno local estaba preocupado porque se le decía a la gente que regresara cuando era seguro, cuando en realidad no lo era, y temían que hubiese demandas por parte de personas afectadas. Sin embargo, el mensaje de que el aire era seguro continuó hasta mediados de 2002”, prosigue Carboy.

Los registros sobre la contaminación ambiental y los intercambios entre funcionarios al respecto estaban almacenados en 68 cajas. A un cuarto de siglo de la tragedia, serán analizados y difundidos poco a poco a través de un sitio web creado por la alcaldía de Nueva York. Los registros serán publicados en un portal digital de acceso público, financiado con 34 millones de dólares asignados en el presupuesto municipal.

“Ya era hora”

“Parte de la información ya es pública en un portal de internet que el alcalde Mamdani y su abogado principal, el consejero corporativo Steve Banks, han creado. Esperan añadir más documentos en los próximos meses durante el próximo año. 9/11 Health Watch, yo mismo, mi co-abogado Matthew McCauley y Ben Shabbat, el director, nos reuniremos con la ciudad cada mes, para ver si podemos mejorar este portal y proporcionar más información. Así que aplaudimos al alcalde por hacer esto. Ya era hora”, señala el abogado.

Según él, “es un resultado importante, pero creo que no deberíamos celebrarlo, porque lo único que está haciendo el alcalde, y se lo reconozco, es cumplir con la ley que los alcaldes anteriores deberían haber seguido pero no lo hicieron, o al menos sus administraciones no lo hicieron”.

El abogado advierte sin embargo que, aunque toda la información se haga pública, las víctimas no podrán exigir una compensación adicional: “Al recibir una compensación federal a través de un programa en Washington D. C., han renunciado a su derecho a demandar a la ciudad de Nueva York. Y más de 100.000 personas ya lo han hecho. Además, la segunda corte más alta de los Estados Unidos —solo la Corte Suprema está por encima— ha determinado que las personas no pueden demandar si resultaron heridas como consecuencia de la respuesta a los ataques del 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre fue un acto de guerra y no se puede demandar ni cuestionar al gobierno por tomar medidas en respuesta, incluso si uno resulta herido. Así que la ciudad tiene mucha protección contra cualquier demanda, por graves que puedan resultar estos documentos”.

Miles de afectados

“Otra vez, solo somos los abogados, las personas que realmente han sufrido son quienes trabajaron, los que sobrevivieron y las familias de los que perdieron la vida. Sabe, nosotros hacemos esto por ellos. Y son ellos quienes necesitan esta información por diversas razones”, subraya Carboy.

En cuanto a las estadísticas, indica que “aproximadamente 9.000 personas padecen enfermedades que el gobierno federal ha relacionado con la exposición al 11 de septiembre. Hasta este momento, sabemos de al menos 10.000 personas que han muerto por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Estas son cifras del gobierno federal”. Pero las cifras de afectados reales podrían ser mayor a las registradas oficialmente.

UNICEF y el Ministerio de Aguas de Venezuela comenzarán la rehabilitación de infraestructuras clave de agua en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de junio. El proyecto busca garantizar servicios estables y sostenibles, beneficiando a 250.000 personas.

UNICEF ha movilizado 25.7 millones de dólares para atender la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela. Parte de ese dinero es utilizada para financiar las intervenciones de agua, saneamiento e higiene.

“Mejorar la continuidad y la fiabilidad del abastecimiento de agua”

Actualmente se concentran en la rehabilitación de la estación de bombeo de Mamo, y de la planta de tratamiento de agua de Naiguatá en La Guaira, que fue el estado más afectado por el evento sísmico. Las obras comenzarán en octubre.

"Estas obras lo que buscan es mejorar la continuidad y la fiabilidad del abastecimiento de agua en las comunidades afectadas, y a través de ellas nosotros esperamos poder beneficiar a aproximadamente 250.000 personas, entre ellas alrededor de 76.000 niños y niñas que residen en el estado de La Guaira. Esto es importante porque pretendemos que tengan acceso a agua segura, también a saneamiento e higiene", explica a RFI Manuel Rodríguez, representante de UNICEF en Venezuela.

Salud de los niños

La mayoría de los servicios de acueducto fueron cortados tras el desastre. Hasta ahora, las intervenciones apoyadas por UNICEF han permitido que unas 16.000 personas, incluidos 5.000 niños y niñas, accedan a agua potable. Esta situación de emergencia los obligó a duplicar el trabajo que ya venían realizando en Venezuela desde hace varios años.

"Nosotros como UNICEF, tenemos como una de nuestras áreas claves de trabajo el sector de agua y saneamiento, porque tiene una correlación directa con lo que es la salud y la nutrición de los niños y niñas. Y por eso hemos venido trabajando desde antes del terremoto con las autoridades, con las comunidades, para ir facilitando acceso a agua segura a través de sistemas de filtración de agua, plantas potabilizadoras de agua, tanto a nivel de las comunidades como a nivel de las escuelas y de las unidades de atención primaria en salud, que también son dos sectores que nosotros trabajamos, educación y salud”, agrega Manuel Rodríguez.

Algunas zonas afectadas por el terremoto continúan dependiendo del transporte de agua y otras medidas temporales.

Según los expertos, Centroámerica será la parte más afectada por los efectos de El Niño, donde se espera que 16 millones de personas sufran inseguridad alimentaria.

En América latina ya se sienten los efectos del fenómeno climático natural El Niño, especialmente, en Centroamérica, donde sus ciudadanos podrían pagar un precio muy alto por las sequias causadas por este fenómeno, dejando a un total de 16 millones de personas en la más absoluta inseguridad alimentaria, tal y como alertó la ONU en un reciente informe. 

En Honduras, por ejemplo, el 80% del país ya se encuentra en alerta por la sequía, obligando a las autoridades a decretar la alerta roja en varios municipios por falta de alimentos. 

El director del programa Mundial de Alimentos en Honduras, Nicolas Bidault, afirma que el impacto más visible del fenómeno del El Niñoen el país se puede ver en la cosecha de los granos. "El impacto que vemos en Honduras ya es el impacto sobre la cosecha de los granos. El impacto también es un impacto sobre los ganados. Hay muchos municipios que reportaron pérdida de ganados", cuenta para los micrófonos de RFI. 

Una alerta que se espera que dure al menos los próximos 6, o incluso, 8 meses, manteniendo la alerta roja en103 municipios de Honduras. Sobre la cifra de personas que estarían en riesgo de inseguridad alemantaria, Bidault insiste en que sigue siendo incerta, ya que se trata de un fenómeno imprevisible. "No tenemos todavía la cifra. Estamos haciendo con el Gobierno un levantamiento en varios municipios para confirmarlo. Lo que sabemos es que en diciembre 2025 tenía 1.4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, en agosto 2026, entonces, ocho meses después, 1.9. Entonces, un aumento de 500.000 personas en inseguridad alimentaria. No todas ellas están afectadas por la sequía aguda. Ahora estamos verificando la situación. Lo que hemos visto es que alrededor de 160.000 familias están municipios de alerta roja que no todavía no tienen asistencia".

Reparto de saco de arroz y tarjetas de comida 

Actualmente, el programa Mundial de Alimentos está llevando a cabo un plan de reparto de alimentos en Honduras para paliar esta situación. "Estamos entregando sacos de alimentosque tienen arroz, frijol, harina de maíz, harina de trigo, proteínas, algo bien completo y lo estamos entregando a las familias de un promedio de cinco personas. Una entrega mensual. En zonas donde hay supermercados, lo que entregamos es una tarjeta que tiene un valor equivalente a 150$. También es mensual para una familia de cinco personas".

La organización, además, trabaja apoyando al gobierno mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar para garantizar la entrega de alimentos en los centros educativos a 1.2 millones de niños y niñas. Al mismo tiempo que apoyan a los pequeños productores, quienes también se han visto fuertemente afectados por El Niño.

El Canal de Panamá estudia restricciones de tránsito 

El canal de Panamá no descarta nuevas restricciones al tránsito de buques debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, dijo a la AFP la nueva administradora de esta ruta por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

La vía interoceánica ya redujo progresivamente el límite máximo de barcos de 36 a 32 al día. Pero Ilya Espino de Marotta, quien asumió este lunes la administración del canal, afirmó en una entrevista que no descarta nuevas medidas si la sequía no remite. 

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, comienza su gira por América del Sur. Su primera parada será Colombia, y continuará por Ecuador y Perú. Está previsto que Rubio se reúna con los presidentes de los tres países, miembros del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y combate contra el narcotráfico creada por el presidente Donald Trump en marzo.

Todos los preparativos están listos en Colombia para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de su gira por América Latina, que también cuenta con visitas en Ecuador y Perú.

“Una agenda centrada en el tema de la seguridad”

Su primera parada será en Barranquilla, donde mantendrá una reunión con el presidente colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, insiste en que el tema principal de las conversaciones será la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

“Es una agenda que está fundamentalmente centrada en el tema de la seguridad y en el tema del combate a lo que Estados Unidos ha denominado organizaciones narcoterroristas. Teniendo en cuenta que se trata de tres gobiernos de derecha con cercanía política e ideológica al gobierno de Trump en Estados Unidos, de lo que se trata esto es justamente de una conversación para lograr acción conjunta en contra de esas organizaciones”, explica.

De la Espriella ha prometido en repetidas ocasiones su deseo de mejorar las relaciones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, llegando a apoyar a Israel, reconociendo su soberanía sobre los Altos del Golán o ubicando una embajada colombiana en Jerusalén.

Incrementar el nivel de cooperación

“Es un gobierno que ha hecho concesiones pensando justamente en que se incremente el nivel de cooperación entre los dos países en materia de equipamiento militar, en materia de recursos y en materia de inteligencia para poder combatir a esas organizaciones criminales con mucha más fuerza”, señala Borda.

“Venimos de un gobierno donde ese entendimiento no fue un entendimiento profundo, porque Petro no creía en la lucha contra las drogas como la concibe el gobierno en Estados Unidos, y además estaba negociando con algunas de estas organizaciones criminales la posibilidad del sometimiento a la justicia de sus líderes”, agrega la profesora.

Ayuda económica

Sandra Borda afirma que De la Espriella busca en esta visita defender los intereses del sector privado con la eliminación de los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca, así como conseguir ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

“Creo que hay una agenda de cooperación gruesa alrededor del tema de la reconstrucción posterior al terremoto, y en general de ayuda económica. Colombia sale del anterior gobierno con un déficit fiscal grande que ha deteriorado la calificación de las organizaciones crediticias internacionales frente al país, y acaba de salir justamente de un terremoto que le va a exigir un gasto fiscal grande”, detalla.

La gira de Marco Rubio evidencia el interés de esta administración por Latinoamérica, que va más allá de la lucha contra las organizaciones criminales y que incluye la renovación del gobierno y la economía de Venezuela y el futuro de Cuba.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos comenzaron este viernes en Carolina del Norte, entre la confusión en torno al voto por correo, mientras se envían las primeras papeletas y Donald Trump intenta que los tribunales impongan nuevas restricciones a este tipo de sufragio.

Carolina del Norte, en el este estadounidense, ha sido el primer Estado en enviar las boletas por correo para las elecciones de mitad de mandato, pero lo hace en plena polémica e incertidumbre sobre lo que ocurrirá con este sufragio a distancia.

Y es que Donald Trump pidió nuevamente a la Corte Suprema que le autorice aplicar reglas restrictivas para esta modalidad de votación. La Corte le dio luz verde parcial. Sin embargo, poco después, su pedido fue bloqueado por una jueza federal que considera que ya no hay tiempo para implementarlas. Este vaivén hace parte del declive de confianza frente a estas elecciones, dice Andrew Daniller, investigador del Centro de Investigaciones Pew. 

"La confianza esta vez es más baja, y parte de lo que está ocurriendo es que la gente está preocupada por el voto por correo, si debiera permitirse o no. También les preocupa si todos los ciudadanos con derecho a voto podrán votar o si se impedirá votar a las personas que no cumplan los requisitos y que intenten hacerlo. Así que hay muchos temas en juego. El voto por correo es una de las más importantes, pero hay muchas otras cuestiones que preocupan a la gente frente a estas elecciones", estima Daniller.

Según datos de la comisión de asistencia electoral, el voto por correo se ha triplicado en los últimos 20 años y es más popular entre los demócratas, confirma el investigador Daniller.

"Una de las razones por las que es tan popular es porque el día de las elecciones es un martes. No coincide con un día festivo ni con un fin de semana. Mucha gente está trabajando ese día.  Alrededor del 60 % de los estadounidenses cree que las personas deberían poder votar por adelantado, en ausencia o por correo, independientemente de si tienen o no una justificación válida para ello. En general, los estadounidenses apoyan el voto por correo, pero la situación es muy diferente entre republicanos y demócratas. Los demócratas son mucho más propensos a apoyar esta opción que los republicanos", subraya el investigador.

Trump ha sido crítico del voto por correo, afirmando sin pruebas que es susceptible de fraude, y lo ha vinculado con su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron "robadas" por el demócrata Joe Biden.

Ahora, republicanos y demócratas se enfrentarán el 3 de noviembre en las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en unas elecciones que históricamente se consideran un test de aprobación para el Gobierno de turno.

Casi uno de cada cinco niños y niñas que usan Internet sufren explotación o abuso sexual facilitados por la tecnología. En muchos casos, se trata de personas que ya conocían, sostiene un informe de UNICEF realizado en 21 países. Entrevista con Sara Antillón, miembro de UNICEF México.

Las redes sociales concentran el 60% de los casos de explotación o abuso sexual contra menores. Facebook (50%), WhatsApp (29%), Instagram (24%), Snapchat (13%) y TikTok (12%) son las plataformas en las que los jóvenes se ven expuestos a contenidos sexuales no deseados, reciben solicitudes para mantener conversaciones sexuales o compartir imágenes sexuales en contra de su voluntad, indica la investigación Disrupting Harm (por su título en inglés), de la que hizo parte UNICEF.

El estudio se llevó a cabo en 21 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y Europa del Este. Sara Antillón, miembro de UNICEF México, detalla las dificultades para luchar contra este fenómeno, comenzando por el hecho de que muchas víctimas no denuncian estos abusos.

"Muchos niños y niñas no se lo cuentan a nadie. La primera barrera es que las niñas y los niños no tienen confianza o no saben muy bien si lo que les pasó es algo que se tendría que perseguir o, por el contrario, creen que los van a juzgar, sobre todo las personas adultas. Un primer elemento que identificamos es la necesidad de fortalecer los vínculos con los niños. El otro punto que identificamos es que muy pocos lograban salir del círculo de amenazas en el que muchas veces los metían las personas que los atacaban. Era como si les dijeran: ‘si tú lo dices, voy a aumentar la violencia’, y por tanto esas amenazas hacían que tuvieran más miedo de poder parar lo que estaba sucediendo. Y el último elemento que se identificó fue que, cuando ya llegaban a los servicios, y la proporción es muy baja, menos del 1%, éstos no necesariamente estaban preparados para atender delitos digitales. Muchas veces esos servicios están pensados para personas adultas, mujeres adultas", precisa.

Antillón asegura que, más allá de la prohibición, hay que mejorar el acompañamiento a los menores y acelerar los procesos de justicia.

"La tecnología está avanzando más rápido que los procesos legislativos. Por lo general, los procesos legislativos toman tiempo y requieren debates nacionales. Hay cosas vinculadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial que todavía no están siendo reguladas de forma adecuada para atender los riesgos que esto implica", concluye Antillón.

Además de las redes sociales, los juegos en línea también son un espacio donde los menores son víctimas de abuso, por lo que la organización hace un llamado a la responsabilidad de las empresas tecnológicas para que diseñen plataformas pensadas para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Guatemala, Honduras y El Salvador atraviesan una dura sequía, como consecuencia del fenómeno de El Niño, que tiene en jaque a la agricultura y aumenta la vulnerabilidad alimentaria. Además de perder los cultivos, las familias también han perdido empleos y tienen dificultades para encontrar alimentos fundamentales.

Un reciente informe de Oxfam da cuenta de la difícil situación humanitaria en la que se encuentra el Corredor Seco centroamericano, afectado por la sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño que azota la región. Pérdidas agrícolas, limitaciones de acceso al agua y reducción de ingresos de los agricultores son solo algunas de las consecuencias de este fenómeno climático, dice Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam en Centroamérica.

“Conseguimos documentar la pérdida generalizada de cultivos debido a la sequía que ha ocasionado el fenómeno de El Niño. Nos enfocamos sobre todo en los cultivos de maíz y frijol, dado que son la base de la alimentación de los hogares rurales en el Corredor Seco centroamericano, y en general de la población centroamericana. El 78.6% de los hogares en las comunidades en las que hicimos la evaluación perdieron prácticamente el 100% de sus cultivos, de igual manera el café. Esta perdida en el agro también tuvo un impacto en la oferta de empleo rural”, explica Aguilar.

“Se perdió por completo la cosecha en mi comunidad”

José Hernández cultiva maíz y frijol en el sureño municipio de Jocotán, en Guatemala, y espera con ansias la lluvia, pues ha perdido totalmente su trabajo. “Llevamos casi dos meses de no llover, ¡más! Porque en junio solo llovió en las dos tormentas y de ahí en julio no llovió nada, igual agosto, septiembre, nada. (…) Este año se perdió por completo la cosecha en mi comunidad”, cuenta.

Aguilar resalta que esta sequía supera con creces fenómenos anteriores: “En el ciclo de postrera, que es la segunda oportunidad al año que tienen los hogares del Corredor Seco para cultivar, el porcentaje de lluvias ha caído bastante bajo y el pronóstico no es nada alentador. Los institutos meteorológicos prevén que el mes de septiembre y octubre sigan siendo bastante secos. Eso va a dificultar que haya una recuperación en el ciclo de postrera”.

Habitualmente, señala, “uno de los dos ciclos suele dar cierta cantidad de cosecha; en este año, ninguno de los dos va a ser exitoso y eso es lo más complejo”.

El informe da cuenta de un deterioro en la seguridad alimentaria de la región que puede extenderse hasta dentro de un año, por lo que hace un llamado a intensificar los mecanismos de respuesta a estos fenómenos climáticos.

La disputa por las Malvinas sigue ocupando un lugar central en Argentina. Este martes, abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 contra el Reino Unido presentaron una demanda para frenar un proyecto de explotación de hidrocarburos impulsado por las petroleras Navitas y Rockhopper en aguas cercanas al archipiélago. 

Desde la sureña provincia de Tierra del Fuego, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) presentaron una demanda que busca frenar el proyecto de explotación de las petroleras Navitas, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, alrededor de las islas Malvinas, poniendo nuevamente el foco sobre la disputa por la soberanía de ese territorio entre Londres y Buenos Aires.

El proyecto, denominado Sea Lion, tiene como objetivo comenzar la extracción de crudo en 2028 y llevarla a cabo durante más de 30 años a 220 kilómetros de las islas Malvinas, indicó a RFI Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas:

"Esto es una ocupación ilegal de las islas Malvinas por parte del Gobierno británico, del Estado británico. Pero además, en este caso, también en el mar argentino, donde las empresas petroleras Rockhopper y Navitas, dos corporaciones muy grandes, no han pedido ningún tipo de autorización ambiental a las autoridades del mar argentino, que es la Argentina. Hay un comunicado de la Cancillería que lo declara ilegal. Nosotros lo usamos para argumentar nuestra acción judicial, pero no hay acciones concretas, que es también lo que estamos pidiendo".

Según los demandantes, además de la disputa por la soberanía, este proyecto también representa un alto riesgo ambiental para aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina y para las islas de la región, que mantienen una "conexión ecológica" con la Antártida.

"El riesgo de derrame, según los especialistas, es más del 40%. Lo que un derrame afectaría de todo, incluso la costa del territorio continental argentino. Lo que significa ahí es territorio de la ballena franca austral, uno de los animales más magníficos del mundo", explica Viale.

El texto jurídico indica que el proyecto petrolero incumple una resolución de la ONU según la cual deben evitarse acciones unilaterales mientras permanezca abierto el diferendo entre ambos países. Cabe recordar que Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral y libraron una guerra en 1982, que se saldó con la rendición de Buenos Aires tras 74 días de conflicto, en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Desde entonces, el reclamo ha continuado por la vía diplomática. El Reino Unido ejerce la administración del archipiélago como territorio británico de ultramar, mientras Argentina reivindica de manera permanente su soberanía y lo considera un territorio ocupado ilegalmente.

Miles de estudiantes en Cuba vuelven a las aulas en medio de una extrema precariedad entre apagones, malnutrición y un sistema educativo colapsado por la falta de material y docentes.

Para muchos niños el sonido del timbre es sinónimo del regreso a las aulas, de reencontrarse con sus amigos y de expandir sus conocimientos. Sin embargo, no será para todos igual, especialmente para los miles de estudiantes cubanos que se enfrentan a una vuelta al cole marcada por la escasez.

“La peor vuelta al cole”

Para ellos, volver a la escuela significa un año más intentar estudiar entre apagones, carencia nutricional y un importante deterioro del sistema educativo de Cuba. “Probablemente sea la peor vuelta al cole en estos 67 años de la llamada Revolución Cubana. Es una vuelta al cole después de unas vacaciones que no han sido vacaciones para la gran mayoría de los niños y niñas cubanas. Es una vuelta llena de angustias y de incertidumbres, de precarización de las condiciones materiales. Es un regreso a clases, además, en condiciones de extrema excepcionalidad para la gran mayoría de los niños”, comenta Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido60.

El curso anterior tuvo que finalizar anticipadamente por la crisis energética y la brecha digital que impedía realizar en buenas condiciones las clases. Además, la malnutrición en los estudiantes, provocada por la escasez de productos básicos, también es uno de los puntos que más preocupan a las familias.

“La gran mayoría de las mujeres, de las madres, sacrifican su propia alimentación, por lo menos para proveer algo a los hijos para mandarlos con una merienda a la escuela, con un almuerzo y puedan soportar, digamos, lo que necesita una carga activa”, subraya Acosta.

Edificios inadecuados y falta de maestros

Unas condiciones que también denuncia Mailén, una madre de tres hijos residentes en La Habana: “La escuela de mis hijos está en reparación desde hace más de seis meses porque le estaba cayendo los pedazos de techo arriba a los niños. De hecho, se estaba desplomando el piso de una de las aulas de arriba y estaban cayendo los escombros en el aula de abajo y tuvieron que desalojar esas aulas. Los niños llevan medio curso, los grados más grandes, yendo a otra escuela a recibir las clases porque en esa escuela no podían estar”, cuenta.

A esto se suma la falta de maestros. En 2024, el oficialismo reconoció que el país tenía una necesidad de alrededor de 24 mil docentes para completar las plantillas. “Se produce una fuga de profesores y de auxiliar porque las condiciones laborales, los salarios, obviamente no compensan el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que tiene una profesión como el magisterio”, señala Elaine Acosta.

Mientras suena la campana y comienza otro curso, las familias cubanas afrontan el reto de garantizar una educación digna a los más pequeños.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes.

El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel.

El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis.

Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal.

"No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI. 

Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña.

"No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal. 

También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes.

"El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez.

"Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir. 

A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo".

"El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez. 

Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido.

Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

La crisis demográfica en Cuba, país que registrara en 2025 casi el doble de muertes que de nacimientos, se acelera. ¿A qué se debe esta situación y cómo podría afectar a la ya frágil economía de la isla? Analizamos este fenómeno con el demógrafo Juan Carlos Albizu y el economista Omar Everleny.

Cuba cerró 2025 con apenas 68.064 nacimientos, más de 245 mil emigrantes y 136 mil defunciones. Estos datos profundizan un histórico proceso de envejecimiento que afecta a todas sus provincias.

La aceleración del declive poblacional en la isla se debe a múltiples razones, como explica a RFI el demógrafo Juan Carlos Albizu del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba.

"Lo está ocurriendo demográficamente es una respuesta adaptativa de la población a lo que está ocurriendo en el país, que es un desastre humanitario"

- Juan Carlos Albizu, demógrafo y economista

"Hay una aceleración de la caída de la fecundidad y hay un éxodo masivo de la población como respuesta a su incapacidad para manejar sus condiciones de vida. Lo que está ocurriendo con la mortalidad venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque la esperanza de vida en Cuba está descendiendo desde el año 2013 para acá", sostiene.

No obstante, el experto reconoce que se produjo una aceleración del aumento de la mortalidad y de la caída de la esperanza de vida en los últimos años. Para el economista y antiguo profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleny, esto puede estar vinculado con la política estadounidense hacia Cuba.

"Mucha gente que podría ser atendida con otro tipo de medicamentos, otro tipo de cosas, hoy carece de ellos. Y eso se debe realmente a esta situación de asfixia que nos está haciendo el gobierno de Estados Unidos, si bien no es el único factor", recalca.

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Las consecuencias de esta crisis demográfica son graves para la frágil economía de la isla. Según Albizu, el 80% de las personas que han emigrado tenían entre 15 y 59 años, una franja etaria clave para la actividad económica.

"Efectivamente, eso va a comprometer a mediano plazo la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y, por otro lado, está acercando lo que se llama 'el cierre de la ventana de oportunidad demográfica', que también sería un elemento que la economía podría haber aprovechado si es que hubiera garantizado las condiciones", estima el también economista.

El envejecimiento y la emigración han golpeado fuertemente a la población en edad laboral de Cuba. En los últimos cinco años, este sector experimentó una reducción de 1.259.894 personas, pasando de 6.866.435 trabajadores en 2021 a 5.606.541 en 2025.

Un proceso irreversible

Aunque Albizu afirma que el proceso de envejecimiento demográfico per se "no es una mala noticia", precisa que no es reversible. A su juicio, la única política coherente sería fortalecer el desarrollo económico invirtiendo cantidades importantes de capital para garantizar un aumento sostenido de la productividad del trabajo, que conduzca a la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Para ello, cita como ejemplo a los países nórdicos o incluso los modelos adoptados por China o Vietnam.

"Sin embargo, muchos autores plantean ya que esa oportunidad en Cuba se perdió debido al enquistamiento de los dirigentes de mayor nivel en un modelo socialista que no ha hecho otra cosa que preservarlos en el poder, mientras la población continuó padeciendo todos los males", subraya el demógrafo.

"Así, el modelo económico actual en Cuba no solo está quebrado, sino que es su propio obstáculo para el avance", sentencia.

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De perpetuarse esta situación, el especialista concluye que la pobreza seguirá aumentando y, en consecuencia, persistirá la emigración masiva, mientras la fecundidad y la esperanza de vida continuarán cayendo. Albizu advierte que esto podría hacer que la caída de la población cubana de los 9,4 millones actuales a los 6 millones, pronosticada por Naciones Unidas para 2100, podría entonces adelantarse a 2050.

"¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?". Con esa pregunta, Reporteros Sin Fronteras y más de 40 medios mexicanos interpelaron al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y al conjunto de autoridades para reclamar una respuesta frente a los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes en el país, el más peligroso para la prensa en América Latina.

En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron simultáneamente esa pregunta, acompañada de la lista con el nombre de los periodistas asesinados en México de fondo. A través de esta campaña, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y los medios participantes exigen al Estado una respuesta a esta violencia que, insisten, no puede convertirse en la norma. 

La situación es crítica, como explica a Radio Francia Internacional Artur Romeu, director de RSF en América Latina. "México es, de lejos, el país donde más periodistas son asesinados en América Latina. Es un problema crónico, no es de hoy. Es un problema histórico. Pero este año ya tuvimos siete periodistas asesinados en tan solo siete meses", afirma.

En total, 17 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Según Romeu, casi el 70% de las muertes se concentran en cinco estados: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Las principales víctimas son periodistas locales, que cubren temas políticos, policiales, judiciales o de corrupción.

"Los periodistas son sistemáticamente blanco de estos ataques. Son ejecuciones extrajudiciales. En el 95% de los casos no se trata de periodistas que estaban cubriendo algo en el ejercicio de sus funciones, como alguien que cubriría una zona de guerra. No. En México, esos periodistas son blancos claros de grupos criminales que muchas veces tienen vínculos con agentes públicos"

- Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina

Esta violencia tiene un "impacto brutal" en la libertad de prensa, generando desiertos informativos en vastas zonas del país, además de autocensura entre los periodistas. Un clima del que da testimonio Armando Ríos, periodista de investigación en Vanguardia MX, un diario del norteño estado de Coahuila que participó de la iniciativa.

"En Coahuila, la violencia que en algún momento hemos visto doblega la libertad de expresión. Algunos medios locales han optado por actuar más como relacionistas públicos de los gobiernos de turno, locales sobre todo, pero municipales también", sostiene.

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El propio periódico ha sido víctima de esta violencia en diversas formas, ya sea a través de atentados, persecución judicial o amenazas o agresiones a sus periodistas. Según Ríos, estos ataques provienen tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. De ahí la importancia de que el Estado reaccione en todos sus niveles.

"También en los estados hay poderes, hay gobiernos diferentes y hay gente que debería, si no de garantizarlo, por lo menos generar las condiciones para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión auténtico y confiable", considera el periodista, quien recibió amenazas en el pasado.

Por eso, RSF y los diversos medios exigen al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones. También reclaman identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de los asesinatos, además de establecer mecanismos para evaluar las deficiencias en prevención, protección e investigación con el fin de evitar que se repitan.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI.

Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta.

Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad.

Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua.

Un juicio clave para Perú

Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”.

Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”.

El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho.

Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones.

Defensor ambiental, lucha de alto riesgo

El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe».

Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho.

Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales.

Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales.

Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado.

En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

En Colombia, las 20 Emisoras de Paz dejaron de emitir contenidos informativos y ahora solo tienen programación musical. La nueva administración de Inravisión dice que revisará toda la parrilla, pero ya enfrenta críticas y acciones legales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella y políticos de derecha las acusan de haber sido un "aparato de propaganda" y "megáfonos de las FARC".

La ONG Reporteros Sin Fronteras exigió el martes al gobierno colombiano reanudar de inmediato la producción de contenidos en la Radio Nacional de Colombia, suspendida hace una semana por una supuesta reestructuración de la parrilla. De momento, se desconoce cuándo se retomará la programación.

Desde el pasado 18 de agosto, Radio Nacional de Colombia transmite sólo música desde Bogotá. Así lo decidió "hasta nueva orden" la flamante administración del sistema de medios públicos, Inravisión, mientras establece una nueva parrilla de contenidos.

Esta decisión afecta a las 74 frecuencias de la Radio Nacional, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 para informar a los territorios más golpeados por el conflicto.

Sus trabajadores temen que esta medida transitoria sea definitiva. "Esta decisión es consecuente con lo que dijo Abelardo de De la Espriella en campaña y ha reafirmado siendo presidente. Todo lo que tiene que ver con la paz y con procesos de paz lo están terminando", explica a RFI Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, en el departamento del Cauca.

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La nueva gestión denuncia que estas radios se convirtieron en un "aparato de propaganda" durante el Gobierno de GustavoPetro. El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, que apoyó a De la Espriella en su camino a la Presidencia, aseguró que esas emisoras eran “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”.

Sin embargo, las emisoras nacieron a raíz del artículo 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de dar voz e informar a las comunidades más afectadas por el conflicto.

"Somos un proyecto de Estado y no de gobierno, hemos tenido una programación ininterrumpida, no hemos hecho ninguna propaganda política a ningún gobierno de turno. Hemos cumplido con el 6.5, eso es darles voz a los firmantes del acuerdo de paz, a las organizaciones sociales y a las víctimas del conflicto armado"

- Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo

"Esto está violando el derecho a la información de las comunidades y son las mismas comunidades las que hoy nos están reclamando estar al aire", sentencia Molano.

Esta suspensión supone no solo un incumplimiento directo del acuerdo de 2016, sino también de la Constitución colombiana. "El ataque a la libertad de prensa es una estrategia de carácter político. Destripan el derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada, que está estipulado en el artículo 20 de la Constitución", dijo a RFI la senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy.

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Ante esta situación, la legisladora opositora presentó una queja disciplinaria contra la gerente de Inravisión ante la Procuraduría General de la Nación. También el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del mismo partido, anunció una acción de tutela contra la entidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para levantar la suspensión.

Pero, de momento, tanto en la Radio Nacional como en las Emisoras de Paz, la música sigue siendo la protagonista.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la Policía para deportar a inmigrantes en situación irregular en el país. El mandatario instruyó identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos.

"No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Esa es una decisión política. Yo la asumo. Es una decisión administrativa. Yo la asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario ordenó el inicio de operativos coordinados con Migración Colombia y la Policía esta misma semana para identificar a los inmigrantes en situación irregular en el país con el fin de comenzar procesos de deportación. Esta medida afecta y preocupa principalmente a la diáspora venezolana, la más grande de Colombia, cuya cifra oficial se estima en unos 2,8 millones de migrantes.

"No ha habido mecanismos de regularización de manera permanente o que se hayan podido utilizar, sobre todo durante el gobierno anterior", explica Mara Sánchez, directora general de la ONG Fraternidad Venezolana. "La regularización se detuvo radicalmente. Hay procesos que están a la espera de una especie de mecanismo de contingencia para poder ayudar en casos específicos. En el caso de los venezolanos está también el permiso por trabajo, que quedó pendiente de firma con el cambio de gobierno. La preocupación queda en el aire porque hay muchas personas que desde hace mucho tiempo no han podido regularizarse, ya que el último proceso de regularización fue el PPT durante el gobierno de Duque. Y si bien, en ese momento, permitió un gran acceso, no fue una medida completamente exitosa. Hay muchas personas que se quedaron sin el documento; el documento nunca llegó, a pesar de que realizaron los trámites", precisa Sánchez.

Pero si los inmigrantes venezolanos en Colombia cuentan con algunos mecanismos de regularización, aunque hayan quedado obsoletos, ¿qué ocurre con aquellos de otras nacionalidades?

"Migrantes como los ecuatorianos, los chilenos, los haitianos, que también se encuentran aquí, en territorio nacional, haciendo su vida, o los cubanos, no han tenido mecanismos de regularización como los que tuvo la población venezolana con el PEP y el PPT. Estos migrantes también se ven afectados. Estamos ante una medida muy compleja. Creo que hay que ver cómo se puede avanzar hacia un mecanismo de regularización y luego pensar en otro tipo de medidas", concluye.

Según datos de Migración Colombia, en este país residen más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca de 847.000 se encontraban en condición irregular a mediados de este año. Dentro de esta población no regularizada figuran aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes.

Dos meses después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, el corresponsal de RFI en Caracas recorrió La Guaira, la zona más golpeada por los sismos, para recoger testimonios de quienes siguen buscando los restos de sus seres queridos.

En La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, hay tres imágenes que se combinan a dos meses de la tragedia: la de estructuras colapsadas donde voluntarios y algunos militares trabajan para hallar desaparecidos; la de maquinaria retirando escombros y limpiando terrenos; y la de comercios que comienzan a abrir buscando volver a cierta normalidad.

“De familia de mi papá, yo estoy sola. Y lo estamos buscando, pero no aparece todavía. Por la lista de las familias, faltan 28 todavía en el edificio”, dice a RFI Angely León.

En la zona cero de desastres, donde más muerte dejó el doble terremoto en Venezuela hace dos meses, la búsqueda de cuerpos no termina.

Angely León todavía busca a su padre. Viajó casi 600 kilómetros desde Monagas hace 60 días, poniendo su vida en pausa.

"Todos los lunes me estoy yendo, porque es fuerte uno vivir con eso de que no encontró su familiar. Cuando lo encuentre, me voy”, explica a RFI.

Francisca Muñoz espera por el cuerpo de su sobrino. “Ya lo que hay es huesos. Lo que digo es que tengo que encontrarlo para poder tener paz", dice.

Por parte, Aura Marina Medina busca a su pareja. “Estoy aquí hasta lo último: hasta después de encontrarlo, sacarlo y darle sepultura al lado de su mamá, seguiré apoyando”.

José Pulido es rescatista voluntario. Ha trabajado en tres edificios derrumbados y sacado decenas de fallecidos sin pausa.

“Aquí lo que hay que buscar es cadáver, y ayudar a la familia para que vayan a descansar”, cuenta Pulido.

En otros puntos, el transporte público se ha reactivado, y algunos comercios, de los pocos que quedaron en pie, han comenzado a abrir, aunque las ventas sean mínimas.

“Se paran, y me dicen si les puedo vender una cerveza, como si fuera un pecado. El Estado está satanizado". "Del 100% que se hacía -dice Lorena Valdez- se calcula que se está haciendo un 20%.

“Yo paso aquí todo el día para vender un refresco, un agua. Al no estar permitidas las playas, esto está solo”, relata Celina da Silva.

"Tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo”

La normalidad está muy lejos. La Guaira perdió 80% de su actividad económica, sus playas están vacías, el aeropuerto apenas está retomando actividades y el luto todavía embarga a un sinfín de empresas y comercios.

“Abajo la infraestructura, los módulos, todo se cayeron. La mayoría trabajábamos en la parte playera, pero tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo”, dice Daneska Rodríguez.

6.438 es la cifra oficial de muertos por el doblete sísmico. Y es solo un número pues no hay una lista centralizada de quienes fallecieron. Tampoco es un dato certero sobre cantidad de desaparecidos, que sobrepasan las 1.500 según un cálculo preliminar del gobernador de La Guaira.

El gobierno venezolano ya mira hacia adelante. Los reportes han pasado de ser diarios a ser semanales, y en ellos ya también dejaron de incluirse cantidades de damnificados. El último dato fue de 18.000.

Ahora, las autoridades se concentran en mostrar que han entregado 335 viviendas a personas que quedaron sin hogar, que han evaluado la habitabilidad de 59.000, y que han recogido medio millón de toneladas de escombros, mientras avanza la construcción de nueva infraestructura, mientras se van realizando demoliciones controladas de estructuras desahuciadas.

En La Guaira, como en Caracas y otras zonas de Venezuela, todavía se sienten réplicas, y el miedo no deja de estar presente.

Pero también otros sentimientos, algunos de ellos tatuados por la respuesta gubernamental a la emergencia de aquel 24 de junio.

“Pero cómo hubo tanta dejadez, eso lo que da es rabia, dolor e impotencia. No se puede sentir otra cosa sino decepción, por la mala acción hasta del mismo gobierno", opina Aura Marina Medina.

Brasil entró de lleno esta semana en la campaña para las elecciones del 4 de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un último y cuarto mandato. Su principal rival es el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario preso por golpismo. Aunque las encuestas otorgan una ligera ventaja a Lula, la carrera se anuncia reñida.

La campaña electoral arrancó con todo en Brasil, donde la polarización vuelve a ser la gran protagonista. Aunque 13 candidatos competirán en los comicios del 4 de octubre, sólo dos aspirarían a una segunda vuelta: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro.

Si bien Lula encabeza los sondeos, la distancia con el hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por un intento de golpe de Estado en 2022, es mínima. Según la última encuesta de la consultora Datafolha, el actual presidente obtendría un 47% en una eventual segunda vuelta y Bolsonaro un 43%.

Hacia una segunda vuelta reñida

Algunos brasileños se cuestionan el sentido de un cuarto mandato del mítico líder del Partido de los Trabajadores: “Es un presidente que es histórico, pero es visto como parte del statu quo por alguna parte de la población. Y eso preocupa al Gobierno porque es un presidente octogenario que va por su última campaña y bueno, ¿qué perspectiva de futuro le puede ofrecer a Brasil?”, explica Ariel Goldstein, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.

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Aunque Lula deja un país con crecimiento económico y un desempleo en mínimos históricos, la promesa de cambio y la juventud de su rival, de 45 años, resultan atractivas para una parte del electorado. “No es tan fácil asociar al hijo de Bolsonaro con el autoritarismo, porque se presenta como una imagen más joven, más renovada y más moderada”, comenta Goldstein.

Para el sociólogo, la contienda se anuncia más “competitiva” de lo que parece, dados los votos que Bolsonaro podría sumar en la segunda vuelta: “En segunda vuelta, es probable que toda la derecha se una. Lo estamos viendo en América Latina, es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une. Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de De la Espriella. Pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast”, analiza.

Presión de la derecha latinoamericana trumpista

Otro factor clave es el peso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es un aliado de Jair Bolsonaro y respaldó abiertamente a candidatos conservadores en América Latina. Según Ariel Goldstein, es “el país que tiene mayor autonomía de la región con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que tiene un gobierno progresista, tiene un mercado interno muy grande, tiene recursos, tiene instituciones fuertes. Entonces Estados Unidos lo percibe como un desafío. Por lo tanto, preferiría un gobierno más subordinado”.

“Por eso”, prosigue, “se reunió con Flavio Bolsonaro, apoyó a Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil. Y es parte de una disputa, incluso diría geopolítica, más amplia. Trump y Milei... Toda esta derecha latinoamericana trumpista se va a tratar de meter como pueda y eso va a ejercer una presión fuerte sobre el gobierno de Brasil”.

Ambos favoritos tienen tasas de rechazo superiores al 50%, por lo que la disputa electoral se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes. El voto femenino también tendrá un peso importante: las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.

Cinco años después del magnicidio de Jovenel Moïse, Haití parece encaminarse hacia unas elecciones para elegir a su sustituto. Este jueves se abrió el período de inscripción de candidatos para los comicios del 13 de diciembre, cuya celebración está condicionada al "establecimiento de un clima de seguridad estable". Tras un primer aplazamiento, el camino hacia la votación no se presenta fácil.  Análisis de Jean Eddy Saint Paul, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 

Las elecciones del 13 de diciembre serán las primeras en el país en 10 años, marcados por la violencia, la inestabilidad política y el magnicidio del último presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Tras varias idas y vueltas, las autoridades provisionales de facto lograron establecer un calendario electoral.

Este jueves se iniciaron las inscripciones de candidatos, pero después de una primera postergación de los comicios —previstos inicialmente para el 30 de agosto—, el camino no se anuncia fácil. 

"El país debe ser accesible para cualquier persona que quiera votar y tenga derecho a hacerlo. Es un derecho fundamental. Las circunstancias no son las mejores", dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tras concluir esta semana una misión de alto nivel en Haití.

Para que la votación se celebre, debe existir previamente "un clima de seguridad estable". Algo complejo en un país, donde la violencia ha obligado a casi 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones.

Sin embargo, para Jean Eddy Saint Paul, profesor e investigador haitiano-estadounidense de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), este requisito no es indispensable.

"Creo que las elecciones son un prerrequisito para que a mediano plazo pueda haber autoridades legalmente electas. Van a tener una legitimidad y van a poder trabajar para fortalecer las instituciones y dotar al Estado de la capacidad necesaria para que recupere, una vez más, el monopolio de la violencia física legítima"

- Jean Eddy Saint Paul, profesor en el departamento de Sociología del Brooklyn College de la CUNY

Para el experto, las elecciones permitirán recuperar la confianza de la ciudadanía y de la diáspora haitiana en el extranjero, así como la de los inversionistas internacionales, lo que podría derivar en un "cambio en el discurso internacional" sobre Haití. No obstante, reconoce que las condiciones "mínimas" aún no están dadas.

"Primero, el Consejo Electoral Provisional tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación política. No hay suficientes ciudadanos haitianos que se hayan registrado para las elecciones", señala el también director fundador del Instituto de Estudios Haitianos de la CUNY.

"Otro factor necesario es que el gobierno de facto utilice estrategias para negociar con los grupos armados. La tercera condición es tener una diplomacia proactiva con Estados Unidos porque Haití no produce armas y la gran mayoría de ellas vienen de ese país", agrega.

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Aunque no será un camino simple, el investigador considera que las autoridades provisionales cuentan con la voluntad para reunirlas a tiempo y poder así celebrar unos comicios que, a su juicio, son el "mejor medio para reformar el sistema desde dentro" en el país más pobre de América.

Un informe de la ONG denunció el miércoles la expansión del uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Esta situación afectaría especialmente a periodistas, activistas y migrantes, al crear un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la protesta.

Al canto de "Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre...", un grupo de ciudadanos vestidos de Gandalf protestaba esta semana frente a la casa del magnate tecnológico Peter Thiel en Buenos Aires. Con creatividad, los denominados "Gandalfs del sur" denunciaban los negocios en Argentina del fundador de la firma de inteligencia artificial y espionaje masivo Palantir y exigían su partida del país.

La ampliación de la presencia de tecnologías de vigilancia masiva es una preocupación creciente en Argentina. Y según denunció el miércoles Amnistía Internacional, su uso se ha expandido desde la llegada al poder de Javier Milei. 

En el informe "Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina", la organización entrevistó a actores de la sociedad civil y recabó documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado.

"El gobierno se sirve del reconocimiento facial, el aterrizaje a las redes sociales, el ciberpatrullaje y otras herramientas como drones, adquisición de software y demás que tienen el potencial de vigilar a las personas", explica a RFI Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 

"Básicamente, lo que hace es achicar, disminuir o restringir el ejercicio de los derechos", agrega.

Según la responsable, la gente "piensa dos veces" antes de decidir publicar algo o sumarse a una manifestación, por lo que esta situación comienza a tener "repercusiones concretas sobre el ejercicio democrático y la libertad de expresión".

En total, el Estado ha gastado al menos 1,2 millones de dólares en estas herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, pese a la política de austeridad del gobierno. También las autoridades de la ciudad de Buenos Aires invirtieron 48 millones de dólares en dispositivos de videovigilancia para cubrir la urbe, en particular las zonas de protesta.

"Existe una inconsistencia: mientras el Estado hablaba de recortes y de motosierra, y retraía el 41% del gasto público en 2025, en la vereda opuesta el presupuesto en materia de seguridad e inteligencia se ha elevado un 29% y un 6% (...) Es un mensaje muy claro de a dónde está apuntando el gobierno con sus prioridades"

- Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 

Esta vigilancia gubernamental afecta principalmente a activistas, migrantes y periodistas. Si bien esta situación se ha dado previamente, nunca habría alcanzado estas dimensiones, según señala a RFI Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa).

"Eran situaciones más puntuales, no una política generalizada, permanente. Es el momento de mayor ataque [a la prensa] desde la vuelta a la democracia", sostiene.

Según precisa, hay una "persecución manifiesta a los periodistas" e incluso a los dueños de medios, que se ejerce a través de la represión en las movilizaciones, la judicialización por opinar o el doxeo.

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Amnistía Internacional pidió al gobierno prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnología de reconocimiento biométrico para vigilancia discriminatoria y establecer un marco de regulación específico, pero de momento no ha obtenido respuesta. 

"No nos estamos oponiendo al uso de tecnologías para el acompañamiento de políticas sociales, pero este uso tiene que tener límites claros, ser proporcional y necesario, tener un fin legítimo y, por supuesto, estar abierto a ser auditado constantemente por distintos actores", concluye García Ray.