El Reporte Delfino

Patricia Vargas llega a la Presidencia del Poder Judicial con la mano extendida, la lista de condiciones por escrito y seis días antes de que el Plenario empiece a discutir el presupuesto que le pone candado a casi ₡30.000 millones.

Un jueves de cuentas pendientes. Hacienda con la Caja, Asosejud con sus asociados, el Gobierno con el OIJ y el cielo con el Pacífico. Revisen las fugas, por favor. Las de agua, digo; de las otras ya se están encargando la Sala, un juzgado penal y el OIJ, ese mismo al que le ofrecen medallas. 

 Bueno, pues ya sabemos por dónde viene la corriente. O al menos por dónde pretende hacerla circular Casa Presidencial. Ayer cerramos este espacio pendientes del anuncio importante que la presidenta Laura Fernández Delgado haría sobre el futuro de la reforma eléctrica que naufragó el lunes en la Asamblea Legislativa. Se hablaba de un posible referéndum, pero finalmente la mandataria anunció otra ruta: preparar una nueva iniciativa que pueda aprobarse sin necesidad de conseguir 38 votos. 

Miles de personas salieron este martes a las calles de San José para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Estudiantes, docentes, funcionarios universitarios, sindicatos y representantes de otros sectores caminaron desde San Pedro hasta el centro de la capital para manifestar su desacuerdo con las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa. Además, mientras el rollo de las universidades se discutía en las calles y en Hacendarios, otra comisión legislativa decidió ocuparse de un asunto bastante más que peculiar: investigar a un ciudadano por sus llamados a protestar. Ajá, así como lo leen. La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó, por tres votos contra dos, una moción impulsada por Pueblo Soberano para abrir una investigación contra el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes. 

Santo Dios. Después del reporte monotemático del viernes volvemos hoy a nuestro querido formato Molomix, porque la jornada de ayer nos dejó un poco de todo: una diputada que votó contra su propio partido, un proyecto eléctrico que terminó sin corriente, un pleito parlamentario con descuentos salariales incluidos y aCarlo Díaz saliendo de la Corte Plena con la mano en el bolsillo y cuatro años más en el puesto. 

Imagínense ustedes la siguiente escena: una universidad pública anuncia que abrirá cientos de espacios para que jóvenes de distintas regiones del país puedan estudiar carreras de ingeniería sin tener que trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana. Otra confirma nuevas carreras científicas y tecnológicas en Limón, Cartago y la Zona Sur. Todo muy bonito, ¿verdad? Más oportunidades, más desarrollo regional, más acceso a la educación superior. Pues bien, tres Doritos después los rectores de las cinco universidades públicas convocan una conferencia de prensa de urgencia en la Asamblea Legislativa para advertir que varias mociones presupuestarias del oficialismo podrían dar al traste con esos mismos planes. 

Bueno. Después de meses de anuncios, polémicas, retrasos y toda clase de pleitos, ayer finalmente se inauguró el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco)...Lo ahuevado es que el logro llegó acompañado de otro cansino episodio del pleito entre Zapote y el Poder Judicial. Porque, naturalmente, la ceremonia no podía transcurrir sin que alguien encontrara una nueva razón para repartir garrotazos. 

Ayer cerramos el Reporte preguntándonos qué diablos había sido tan «opaco» en las negociaciones para la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Pues bien, ayer el diputado liberacionista Salvador Padilla tuvo la gentileza de plantearle directamente esa pregunta a doña Indiana durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. Mientras tanto, ayer (finalmente) la Sala IV comenzó a resolver expedientes con magistrados suplentes cuyos nombramientos vencieron en diciembre de 2025, y que fueron prorrogados excepcionalmente mediante una resolución de la propia Sala dictada en julio. Eeeeeen fin. Cerremos con el popular Don Stockwell, porque ayer tuvimos novedades en el caso Éxodo y, palabra, la historia se está escribiendo prácticamente sola. 

El viernes doña Laura Fernández se sentó durante casi siete horas con representantes de distintos sectores productivos para conversar sobre la eventual adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Al terminar dijo quetodavía debía decidir si firma el protocolo o posterga la decisión.Bueno. Ayer lunes salió la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y explicó que el asunto tiene un pequeño detalle: la negociación ya terminó. “Ya las cartas se dieron y la negociación está en firme”. Mieeeeentras tanto, en Liberación Nacional aprovecharon el fin de semana para celebrar sus 75 años de existencia haciendo lo que Liberación sabe hacer mejor que nadie: pelearse entre ellos. 

Bueno. Después de años de verla entrar, salir, morir, resucitar, transformarse, negociarse y volver a transformarse, ayer finalmente ocurrió algo concreto con las famosas jornadas 4x3: el proyecto fue aprobado en primer debate. 

Ayer amanecimos con el despliegue de la Operación Éxodo, la segunda fase del caso Granero, la investigación que en enero de 2025 llevó a la captura de Edwin Vargas García, alias Sobrino, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura dedicada principalmente al narcotráfico. Esta vez, el OIJ y la Fiscalía no fueron detrás de la droga, sino de la plata. La tesis es que el dinero se habría distribuido por varios frentes: conciertos y espectáculos, oro, propiedades, ganado, préstamos gota a gota y otros negocios. Solo en tres eventos, las autoridades rastrean unos $859.000 presuntamente invertidos por la organización. Por eso, ayer hubo 22 allanamientos y 18 detenidos, entre ellos los conocidos productores Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza. 

Ayer cerramos este Reporte con una pregunta bastante sencilla: ¿quién invitó a Juan Carlos Tam Cheong a la fiesta de la presidenta electa? Pues bien. Horas después Pueblo Soberano anunció que abrió una investigación interna precisamente para averiguarlo. “Hemos iniciado una investigación para saber cómo fue que esta persona asistió al evento del 1.º de febrero y quién la invitó”, dijo la presidenta del partido, Mayuli Ortega, en el Plenario. Excelente. Ya somos varios preguntando lo mismo. 

El viernes pasado cayó en Granadilla de Curridabat Guobin Tam Zhang, ciudadano costarricense naturalizado también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y señalado por Seguridad como “uno de los principales legitimadores de capitales provenientes del narcotráfico en territorio costarricense”. Hasta ahí, un extraditable más. Uno particularmente importante, sí, pero asunto propio de la sección de sucesos. De pronto, en pleno fin de semana, cayó la granada mediática. Una fotografía del señor Tam muy sonriente con pañuelo de Pueblo Soberano posando junto a Pilar Cisneros la noche del 1.º de febrero, cuando Laura Fernández ganó las elecciones. 

Hay temas que uno quisiera explicar una vez, cerrar el archivo y seguir adelante con la vida. Luego está la elección de magistraturas suplentes de la Sala IV. Pero diay, aquí estamos... Además, el INEC nos dejó ayer otro dato que merece atención. La cantidad de personas desempleadas aumentó en 20 mil frente al mismo periodo del año pasado. 

Puntarenas amaneció ayer en modo ceremonioso y formal. Honras de Estado por Juan Rafael Mora Porras, José María Cañas Escamilla y José Joaquín Mora Porras, sesión especial de la Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno... todo muy republicano, muy institucional, muy 170 años de la Campaña Nacional. Duró poco. La sesión solemne del Congreso terminó convertida en un hervidero de gritos y abucheos contra diputaciones de oposición. 

Manuel Tovar se fue de Cancillería “con mucha paz”. Cinco días después, la paz viene acompañada de misterio bíblico. Ayer reapareció en X citando Juan 8:32: “Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Nada más. Ni contexto ni explicación ni capítulo siguiente. El hombre pasó de mucha paz a mucha intriga en tiempo récord. 

El viernes cerramos este Reporte pidiendo una cosa muy concreta: la invitación al encuentro de la discordia. Bueno... tres Doritos después un periódico panameño dice que tuvo acceso a la convocatoria original de la dichosa reunión del Escudo de las Américas y resulta que Donald Trump no aparecía en ella.

Manuel Tovar se fue ayer de la Cancillería “con mucha paz”. Mucha. Loable, la verdad, porque la presidenta Laura Fernández lo despidió de manera fulminante, en plena Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, con una acusación que tiene la virtud —para efectos periodísticos— de ser, por una vez en la vida, extraordinariamente concreta. 

Miércoles relativamente tranquilo, de pronto gracias a que por esta semana nos ahorramos la conferencia de prensa de Zapote. Ya saben, la presidenta anda en Colombia diciéndole a De la Espriella que "Costa Rica no va a recibir la basura que usted está limpiando". 

Hay cosas que uno dice a título personal y otras que dice con un ministerio entero detrás. El Ministerio de Seguridad Pública tuvo ayer problemas con ambas. 

Ni modo, nos volvimos a topar con la Corte. Ya sé. Uno pensaría que después de pasar buena parte de setiembre entre presupuestos, cautelares, suplencias y presiones alrededor de la reelección de Julia Varela, Costa Rica nos daría unos días para hablar de otra cosa. Uno sería muy inocente. 

Hay días en que Costa Rica tiene la decencia de escoger una sola polémica y desarrollarla con cierta calma. Ayer no fue uno de esos días. José Miguel Villalobos discute si todavía podían suspenderlo. Fabricio Alvarado enfrenta una nueva denuncia de acoso. La Caja intenta resolver salarios mientras recompone cirugías. Y, en Cuesta de Moras, Nogui Acosta fue captado durante la sesión haciendo, hacia la barra del público, el ya célebre gesto de "lero lero". 

A veces la realidad tiene pésimo sentido del timing. Durante meses el Gobierno ha repetido una historia bastante sencilla sobre la inseguridad: la Policía captura, el Poder Judicial suelta y el país termina atrapado en una especie de carrusel institucional donde los delincuentes entran por una puerta y salen inmediatamente por la otra. La famosa “puerta giratoria”. El pequeño problema es que ayer el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios a explicar cómo está funcionando realmente el sistema penitenciario y... ejem. Resulta que las cárceles están cada vez más llenas. 

Les adelanté ayer que hoy sí había Reporte y ahora me toca pagar la lengua en pleno feriado, así que empecemos por agradecerle a la clase política nacional que, aun cuando el país entero estaba ocupado descansando y viendo desfiles, hiciera un esfuerzo extraordinario por dejarnos material. Y vaya material...

El jueves pasado les conté que durante la votación para resolver la continuidad de la magistrada Julia Varela circularon en la Asamblea versiones bastante graves sobre presuntas presiones ejercidas para conseguir los siete votos que le faltaban a Pueblo Soberano para impedir que la señora siguiera en su puesto. También les dije que no pensaba meterme ahí: “Hasta no ver papelitos o hasta que nadie ponga la cara para levantar acusaciones concretas, paso de aludirlo en este espacio”, escribí entonces, antes de invocar aquella pieza inmortal del cancionero latinoamericano: “son rumores, son rumores”. Diay. Ayer alguien puso la cara. 

Empecemos por conceder algo importante: doña Laura Fernández tiene un problema real entre manos. Si su Gobierno está preocupado por la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales, razones no le faltan precisamente. El miércoles, Fernández anunció que instauraría un sistema de rotación de policías por todo el país para evitar que los funcionarios permanezcan demasiado tiempo arraigados en una misma comunidad y puedan terminar defendiendo intereses distintos a los de la seguridad nacional. El problema es que, menos de 24 horas después, el alcance del anuncio empezó a volverse borroso. 

Bueno. Ya pasaron los primeros meses de doña Laura Fernández en Zapote y finalmente tenemos una fotografía bastante buena de cómo la está viendo el país. Espóiler: bien. Bastante bien, de hecho. La más reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica le da a la presidenta 64% de valoraciones positivas, contra 25% negativas y 11% regulares. Si la pregunta se hace sobre el Gobierno en general la valoración positiva baja a 59%, pero cuando directamente se consulta si actualmente respaldan o no a la administración, 69% responde que sí.

Bueno. Cuatro meses después volvimos al famoso  Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas y palabra, espero que esta vez a Costa Rica le vaya un poquito mejor. A ver, entremos en materia y los aterrizo. Ayer la Fiscalía General confirmó que recibió una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, presentada por una mujer distinta a la funcionaria que acudió al Ministerio Público el lunes. 

El viernes terminamos una semana particularmente espantosa preguntándonos si las reglas con las que Costa Rica maneja las medidas cautelares siguen respondiendo adecuadamente a la nueva realidad del crimen organizado. No pedimos cárcel automática para nadie (aquí no hemos perdido la cabeza) pero sí dijimos que, después de ver sospechosos desaparecer, jueces investigados por presuntos favorecimientos y decisiones cautelares que cuesta entender, el Poder Judicial tenía mucho que explicar. Bueno. Ayer el propio Poder Judicial empezó a hacerse la misma pregunta. Unas horas después a Corte Plena le tocó discutir una pregunta todavía más elemental: si en 2027 tendrá con qué aplicar las leyes que pretende mejorar. 

Ay, Costa Rica, cómo dueles. El Reporte de hoy viene pesado, así que agárrense. Y si están esperando “ganadores” en el cansino pleito político que abruma al país desde hace rato, les adelanto que no: con lo que hoy les relataré no gana absolutamente nadie; perdemos todos. A ver... hay semanas en que la actualidad nacional decide impartirnos un curso intensivo sobre alguna rama del derecho. Esta semana tocaron (otra vez) las medidas cautelares. Y créanme: nadie matriculó la materia, pero a estas alturas ya estamos todos sentados en el aula. 

Capturar a Diablo tomó casi diez años. Averiguar cuánto logró entrar Diablo al Estado puede resultar bastante más complicado. Y apenas estamos empezando... Hoy, más que nunca, aplica: que Dios nos agarre confesados. 

Arrancamos setiembre con dos jueces y una agente judicial bajo investigación, Diablo todavía haciendo eco desde la cárcel, el OIJ investigándose a sí mismo, Hacienda repartiendo tijera y candados y la Asamblea extendiendo informalmente el fin de semana largo.

Lo adelantamos: el temaDiego Miranda vs. Zapote se las traía. Resulta que el alcalde josefino volvió a la carga este jueves y esta vez decidió subir bastante la apuesta. Mieeeeentras tanto, ojo al Cristo. Estábamos nosotros muy entretenidos a lo interno durante la semana con medio país agarrado de los pelos cuando desde afuera alguien también levantó la ceja.  

Ayer terminamos el Reporte avisando que, por si la guerra San José–Zapote no nos había dejado suficiente material, Teletica se había vuelto a meter al ring con el Gobierno. Tras el mensaje de don Rodolfo González, director de Telenoticias, el panorama cambió. Y lo que anteayer era una escena postcréditos este miércoles se convirtió en película completa. Mientras tanto, ¿recuerdan el tanate de Diego Miranda vs. Jorge Rodríguez vs. Parque La Libertad? Ayer comenté que a ese frente todavía le faltaba mucho tramo. Bueno. Llegó el tramo. 

Como algunos de ustedes recordarán, a inicios de agosto el alcalde josefino Diego Miranda pidió al Gobierno una respuesta nacional ante el crecimiento de la población en situación de calle. Dos días después el Gobierno anunció precisamente una estrategia interinstitucional cuya primera intervención se concentrará en el distrito Merced. Excelente. Pequeñísimo detalle: la Municipalidad de San José no estaba inicialmente incorporada a la mesa, aunque el proyecto piloto se desarrollará precisamente en el cantón central. Miranda reclamó y luego la cosa cruzó de acera y escaló. Además, ayer el director de Telenoticias, Rodolfo González, apareció en la edición estelar para advertir que la reforma al canon que pagan radios y televisoras por utilizar frecuencias públicas podría “poner en peligro la subsistencia de la televisión abierta en Costa Rica”. 

El viernes pasado Uber cumplió 11 años operando en Costa Rica. Once. La plataforma comenzó a ofrecer viajes oficialmente a las 4 de la tarde del 21 de agosto de 2015, aunque para entonces la Fuerza Roja ya había protestado preventivamente contra su llegada. No sirvió de mucho. Dos años después, en agosto del 2017, escribí aquí mismo que seguíamos “sentados en la MISMA galleta del día 1”, propuse que el logo de Uber fuera declarado nuevo escudo de la República Tropical del Cangrejo y pregunté: “¿Tan complicado es proponer una solución viable a un problema que no se va a ir por sí solo?”. Bueno. No se fue por sí solo. Tampoco lo resolvimos. 

Este jueves La Nación publicó dos reportajes que no deben pasar desapercibidos. Son temas densos, sí, pero medulares. El primero tiene que ver con las cuotas que todos los meses trabajadores y patronos pagamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. La otra nota regresó a los famosos $700 millones que Casa Presidencial viene atribuyendo al Poder Judicial.Además,  el diputadoJosé Miguel Villalobosanunció que solicitó separarse temporalmente del Colegio de Abogados y dejará de litigar mientras ejerza como diputado.  

A ver, como el tema del ROP le interesa a una cantidad industrial de gente y entre tantos titulares ayer y hoy quedó aquello más enredado que los audífonos en una gaveta, arranquemos por lo elemental: no, el Gobierno no anunció que ya no se vaya a devolver el ROP. Tampoco anunció que lo vaya a devolver.

Bueno. A ver si entendí. El secretario general del partido de Gobierno salió en televisión a decir que tienen gente “censada políticamente”, que saben quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen. Y después, cuando le preguntaron cómo obtuvo esa información, dijo que no ha tenido acceso a ninguna base de datos. — Freddy, perdón, ¿cómo dice que dijo? 

Bueno, vamos otra vez con la Caja, mi tema eterno. Ya sé, ya sé. Muchos de ustedes esperan abrir el Reporte Delfino y disfrutar de una vez de intrigas palaciegas, diputados diciendo barbaridades y ministros creyéndose protagonistas de Taken. Y entonces yo los recibo con Centro Nacional de Imágenes Médicas. Lo angustiante es que como seguramente ya habrán adivinado el problema con las cosas pendientes no termina en las resonancias... 

Pueblo Soberano perdió ayer por primera vez una votación en este periodo legislativo y no fue por una reforma constitucional, un presupuesto, un crédito internacional ni alguna de esas broncas que normalmente parten un congreso en dos. Fue por Cindy. Ay Cindy, bendita Cindy. ¡Qué personaje! Además, ¿se acuerdan de la tecnología del Mossad? El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, informó oficialmente que Hacienda se encuentra apenas en una “etapa de análisis de alternativas tecnológicas” y que la iniciativa permanece en fase de “exploración y análisis”... 

Tengo una buena noticia para arrancar: cambiar de opinión está permitido. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, ojalá lo recuerden. Lo que sí complica un poquito la jugada es cambiar de opinión en exactamente una semana y, al momento de anunciar el nuevo criterio, aprovechar para recordarle al país que una cosa que jamás podrán reprocharle a uno es ser incoherente.

Hay días que nos regalan noticias que vienen listas para el Reporte. Un ministro se enoja, un diputado monta un zafarrancho, alguien dice una barbaridad en conferencia de prensa y uno simplemente se sienta a escribir. Luego tenemos jornadas como la de este martes, en la que el universo decide regalarnos una disputa sobre las competencias de la Tesorería Nacional, una medida cautelar provisionalísima, la liquidación presupuestaria del Gobierno Central y un fideicomiso. Suave ahí, ¡no se me vayan! Tal vez el Reporte de hoy no será La Odisea en IMAX, pero les prometo que debajo de semejante montaña de palabras diseñadas para inducir el sueño hay temitas muy interesantes a los que deberíamos prestar atención. Recuerden: esta plata es suya. 

Arranquemos subrayando lo obvio: un Estado necesita secretos. No queremos saber dónde duerme un testigo protegido, quién infiltra una organización criminal, qué ruta utilizará una escolta presidencial ni cuáles son las vulnerabilidades detectadas por un cuerpo de inteligencia. Tampoco sería particularmente brillante publicar antes del operativo cuántos policías van, con qué equipo y por dónde piensan entrar. Hasta ahí, creo, podemos ponernos de acuerdo sin demasiado esfuerzo. El asunto se complica cuando la palabra secreto empieza a crecer, crecer y crecer hasta terminar tragándose también presupuestos, ofertas, adjudicaciones, contratos, proveedores y ejecución contractual. Bue... justamente eso ocurrió ayer. 

Bueno, al final los “güichos”, “masoquistas” e “ingenuos” eran bastantillos. Miles de personas se movilizaron ayer en San José y diferentes puntos del país en defensa del Poder Judicial, la división de poderes y la institucionalidad democrática, apenas 24 horas después de que Rodrigo Chaves descalificara por adelantado a quienes pensaban asistir a la convocatoria. Además, mientras miles de personas discutían en la calle sobre límites, controles e independencia de poderes, la Fiscalía General abrió el expediente 26-000076-0033-PE contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para determinar si hubo alguna actuación contraria a la ley en el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal. 

Había bastante material para discutir después de la conferencia: el IVA que ya no se discutió aunque sí se discutió, la pensión que ahora merece una defensa comprensiva y una oposición que supuestamente solo bloquea, y una acusación gravísima contra la administración anterior del propio movimiento político que hoy gobierna. Y zaz: llegó la Asamblea Legislativa y le regaló al Ejecutivo la distracción perfecta. El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya dijo en el plenario que la presidenta “se hace la tontita”. Hay que decirlo con todas las letras: fue una expresión inaceptable. 

El oficialismo presentó este martes cuatro reformas constitucionales. Una reconoce expresamente el derecho de las personas a controlar el uso, tratamiento y circulación de sus datos personales. Bien. El principio de autodeterminación informativa ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y cuenta con protección legal, así que elevarlo expresamente a la Constitución es una discusión más que oportuna. Las otras tres, en cambio, aterrizan directamente sobre las instituciones con las que el Gobierno lleva semanas —en realidad años— sosteniendo un enfrentamiento cada vez menos disimulado: la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. 

Todos conocimos de peques al vecinito pudiente dueño de la bola. Mientras el partido avanzara como él quería, todo era armonía, deporte y sana convivencia. Pero bastaba con que Leito le hiciera un par de fintas y apague y vámonos: bola debajo del brazo, mejenga cancelada y calabaza calabaza cada quien para su casa. Ayer el Gobierno nos ofreció la versión institucional del berrinche, en dos actos perfectamente coordinados. 

Hay una palabra espléndida en ajedrez para describir la situación incómoda en la que un jugador no quisiera mover, porque la posición actual le conviene, pero las reglas lo obligan a hacerlo. Se llama zugzwang. No es jaque mate. No es derrota automática. No significa que la partida terminó. Significa algo más sutil y más cruel: usted tiene turno, tiene piezas, tiene opciones... pero ya no puede quedarse quieto sin pagar un costo.  Pues bien: bienvenidos a la situación de Pueblo Soberano tras un fallo de la Sala Constitucional que cayó ayer por la noche. 

Primero fue “Operación Chiripa”. Luego vinieron las dudas sobre el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales de Justicia. Después apareció la explicación de la Fiscalía: reunión con agentes de la DEA, interés de Estados Unidos en extraditarlo y la diligencia sensible de cooperación internacional. Más tarde, el propio fiscal general reveló que “Diablo” habría dicho espontáneamente que contó durante años con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. Y ayer, finalmente, Zapote dio el siguiente paso: pedir que la cúpula judicial vaya a rendir cuentas al congreso.

El lunes el Ejecutivo (en la voz de la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el ministro Gabriel Aguilar) dedicó buena parte de su conferencia de prensa a cuestionar por qué Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, había salido tan temprano de La Reforma si su audiencia de medidas cautelares era hasta la tarde. Se cuestionó, inclusive, el propio traslado, alegando que dada su peligrosidad el trámite debió resolverse de manera virtual. Preguntaron con tono acusatorio dónde estaba, con quién hablaba y qué se conversaba “privadamente” con un detenido de ese perfil. Ayer, el fiscal general Carlo Díaz respondió con una palabra que cambió el tablero: DEA. 

Hay méritos institucionales que deberían ser fáciles de reconocer. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, es uno de ellos. No porque el caso esté resuelto o porque el país pueda cantar victoria contra el crimen organizado. Pero sí porque el operativo del viernes dejó claro que el OIJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejecutaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años. Sabe Dios cuánto tiempo llevamos escuchando el mote de Arias ligado al término “el más buscado”. Su captura, claro está, llega en un momento políticamente incómodo, cargado de polarización y de constantes ataques teledirigidos desde el Ejecutivo hasta el Judicial. Solo a la luz de ese contexto puede uno “entender” el desaire de Pueblo Soberano, que ayer en el plenario rechazó mociones orientadas a reconocer el trabajo de las autoridades y expresar solidaridad con los agentes heridos durante el operativo. 

Si están buscando un reporte entretenido, les adelanto: no será este. Les prometo que esta noche, en Café Para Tres, nos distraeremos un rato con un poco de humor, pero hoy toca saldar una deuda y presentar una entrega en modalidad “cómo se come eso” para atender el bendito tema de los aranceles. 

Endulcemos el café porque hoy hay que matizar un potencial trago amargo. Este miércoles, el Ejecutivo salió a decir algo que ningún gobierno quiere decir en voz alta: necesitamos recaudar más. Lo dijo con otro vocabulario, claro. Habló de combatir la evasión, perseguir facturas falsas, golpear el contrabando, ordenar exoneraciones, fortalecer Tributación, revisar renta, controlar el endeudamiento y “socarse la faja”. Pero el mensaje de fondo es bastante sencillo: al Estado no le alcanza solo con recortar el gasto. 

Este martes la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez denunció penalmente a la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, en una nueva derivación del larguísimo expediente institucional alrededor del caso Barrenador. También tuvimos a personal técnico del MEP diciéndole a Costa Rica, con más evidencia que pirotecnia, que llevar estudiantes a cárceles para “prevenir” delincuencia juvenil no es precisamente una idea respaldada por la ciencia. 

Ayer tuvimos otro episodio del ya larguísimo pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí, otro. Ya sé. A estas alturas uno siente que estamos viendo la temporada 7 de una serie que debió terminar antes de que Daenerys gritara Dracarys sobre la capital de los Siete Reinos. Esta vez, sin embargo, la discusión dejó de estar en el terreno cómodo de las grandes frases y cayó al piso, donde las instituciones más nos duelen, en los servicios concretos. 

Como saben, la presidenta Laura Fernández Delgado volvió esta semana a cargar contra el Poder Judicial y, en particular, contra la magistrada Patricia Solano Castro. Lo hizo con una frase que, por supuesto, no pasó desapercibida: "Doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”. El pulso sumó un nuevo episodio este jueves, cuando doña Patricia compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Feliz jueves, Costa Rica. Agárrense que el Gobierno anunció este miércoles que el 22 de julio presentará su plan para aumentar ingresos fiscales. La presidenta Laura Fernández Delgado adelantó que la propuesta buscará “cobrar mejor los impuestos”, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, retomó el temita sensible de modificar el trato tributario de la canasta básica. Además, ayer también tuvimos otro episodio institucional digno del anuario de anécdotas decembrinas: la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Nombramientos, restringió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos durante la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. 

La Caja Costarricense de Seguro Social volvió ayer a ser noticia por tres frentes distintos que, vistos por separado, parecen temas burocráticos, lejanos y administrativos. Pero vistos juntos dibujan algo bastante más serio: la Caja está atrapada entre presión financiera, bloqueo político y una disputa sobre qué cargas debe seguir administrando. 

El Gobierno anunció ayer que la Policía de Control de Drogas volverá a tener presencia permanente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La medida implica el regreso de once oficiales especializados de la PCD a la principal terminal aérea del país, incluido un analista antidrogas, después de que durante la administración Chaves, ejem, se redujera esa presencia fija como parte de un criticado cambio en el modelo de vigilancia. 

Buenos días Costa Rica. Cerramos la semana con un tema que, a juzgar por el ruido —precisamente—, tiene a media capital hablando: el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos que impulsa la Municipalidad de San José y que encendió las alarmas de bares, restaurantes, artistas, músicos, DJs, productores de eventos y hasta cámaras empresariales. 

Buenos días. Hoy le entramos a tres temas pero como suele suceder todos conversan entre sí: prueba, independencia institucional y trazabilidad. Dicho de otro modo: cuando el Estado acusa, decide, nombra, rechaza, inspecciona o pretende reformar reglas sensibles, no basta con decir “créame”. Hay que probar, explicar y dejar expediente. 

¿Qué pasó este martes? Previsiblemente: no mucho. El sector público de vacaciones, el congreso descansando y el país en modo Messi. Pero siempre algo se mueve y como ayer se movió el “Caso Rocío Alfaro” pues aprovechamos para ponerlos al día. 

La Corte Plena le respondió ayer a la presidenta Laura Fernández y, en términos bastante claros, le dijo algo que debería ser obvio en democracia: si usted conoce casos concretos de corrupción o infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, denúncielos. Dicho lo cual... no deja de ser incómodo que mientras doña Laura le pide al país asumir que el crimen organizado se ha infiltrado hasta el cafetín del Poder Judicial, su propio Gobierno mantiene bajo llave la información relacionada con las pruebas de polígrafo que aplicó a jefaturas policiales y altos jerarcas. 

¿Qué pasó ayer? Algo inesperado. Pueblo Soberano se dio cuenta de que no había forma de sostener que encontró un problema concreto con alguno de los 18 candidatos enviados por la Corte Suprema de Justicia para llenar las plazas vacantes de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.Luego de presentarle a Costa Rica un caleidoscopio de excusas distintas quedó en evidencia que ninguna se sostenía, así que finalmente fueron honestos y aceptaron el verdadero motivo por el cual están aflojándole las roscas a la Sala Constitucional.

Que el Poder Judicial explique sus decisiones. Sí. Que la UCR responda por una carrera que abrió sin tener las condiciones necesarias. Sí. Que la Caja actualice sus estados financieros. Sí. Que la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier institución pública justifiquen cada colón. También. Pero que Casa Presidencial explique cómo revisa a las personas que nombra para representar al país, diay, también. 

Cuando se habla de “plataformas” Raymundo y todo el mundo piensa en Uber así que para mayor facilidad nos colgaremos de ese término hoy y en adelante, porque el tema, finalmente, agarró ruedas. Estamos claros: Tiquicia quiere imponer el récord intergaláctico de la inoperancia y ya se comió 11 años “regulando” Uber. Además, la diputada oficialista Marta Esquivel presentó ayer una iniciativa para que la Asamblea Legislativa nombre a la persona fiscal general de la República y a su suplente. 

Buenos días, sobrellevamos un lunes “mundialista” de pocas novedades porque la Asamblea Legislativa se dio libre. No llegaron los 38 necesarios así que Sorbeticos, Frescoleche y para la casa todo el mundo. Rescato la frase de la presidenta del congreso, Yara Jiménez: "Espero que esta sea la primera y última vez que pase”... En fin, la noticia más relevante del día llegó vía Corte Plena. A ver, como recordarán, Chaves le pidió al Poder Judicial un recorte de unos ₡27.000 millones para lo que queda de este año. Pues bien, la Corte Plena respondió este lunes que puede rebajar ₡13.242 millones.

Hay deudas que son privadas y hay deudas que inevitablemente pasan a ser asunto público cuando quien las arrastra fue designado embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, o bien, es diputado de la república. Hoy toca hablar de eso... de estándares, de transparencia y de esa incómoda pregunta que siempre aparece cuando alguien exige austeridad, orden y rendición de cuentas para los demás pero guarda la escoba (y el micrófono) cuando se trata de su propio corredor. 

Ayer hablamos del caso Riverside y de la dimensión que ha alcanzado el crimen organizado en Costa Rica: 146 allanamientos, rutas internacionales, patrimonio multimillonario, negocios de fachada, contactos en cárceles y una estructura que siguió operando aun después de que extraditaran a su presunto jefe.  Hoy el Gobierno respondió a ese panorama con un mensaje que, digamos, viene cargado de matices: vienen recortes para todos. Y en particular, para el Poder Judicial. 

Ayer tocó hablar de polígrafos, directores policiales removidos y una promesa presidencial de “limpiar a Costa Rica”. Hoy toca hablar del tamaño del problema que hay que limpiar. Como es sabido los sucesos no son el hábitat natural de este Reporte, pero el caso Riverside es demasiado grande como para pasarlo por alto y no dedicarle esta entrega.

Caramba. Casi 10 años en esto y no recuerdo un día tan “muerto” como este lunes. No news is good news dice el proverbio anglo. Diay, de pronto. A falta de movimiento en cualquiera de los frentes usuales la jornada transcurrió con calma, con medio mundo comentando el doblete de Messi y algunos cuantos la noticia de la presidenta Laura Fernández “removiendo” a siete jefes policiales por no pasar la prueba del polígrafo.

El jueves previo a la gira de hoy por Crucitas vino flojito, sí, pero en Tiquicia siempre hay anécdotas de color para seguir midiendo el pulso político. Hoy nos toca entonces hablar de una seguidilla de nombramientos incómodos y una nueva cruzada del diputado José Miguel Villalobos, esta vez contra ACAM. Costa Rica: donde hasta los derechos de autor tienen control político con frase de tráiler. 

La conferencia de prensa de ayer vino cargada. Doña Laura Fernández Delgado repartió contra la Corte Suprema de Justicia, el PLN, críticos de su posición sobre Nicaraguay los diputados que no van a Crucitas. Mientras tanto su ministro de Justicia se fue a denunciar al fiscal general y a 33 fiscales más. Miércoles de paz, evidentemente. Y eso que no menciono la agresiva conferencia de prensa que preparó Pueblo Soberano para criticar al TSE, el recuento de ese episodio se lo dejamos a Lucho en Barra de Prensa. 

Esta no la vimos venir. Ayer trascendió que el Gobierno echó reversa en una de las piezas más polémicas del reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La administración de Laura Fernández Delgado eliminó, vía decreto ejecutivo, la figura de compensación de densidad y cobertura, que permitía trasladar derechos constructivos entre concesiones de un mismo desarrollador, incluso si los terrenos no eran colindantes. 

La presidenta Laura Fernández Delgado arrancó la semana llevando a la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad. Mano firme, penas más duras, nuevas herramientas contra estructuras criminales, cambios en legítima defensa, pistas clandestinas, cárceles productivas y antecedentes judiciales por más tiempo. Mieeeeentras tanto ayer la Corte Plena le devolvió a la Asamblea Legislativa la misma nómina de 18 nombres para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Intacta. Sin cambios. Sin concurso nuevo. Sin “tomen, aquí va otra para ver si esta sí les gusta”. 

La jornada de ayer no nos trató tan mal. La anécdota del día llegó desde el campamento de Pueblo Soberano (PPSO) pues la diputada Mayuli Ortega, actual presidenta del partido, denunció que un asambleista la retó a pelear el domingo pasado, durante la fallida Asamblea Nacional de la agrupación. 

La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez no se lo pensó dos veces y se rajó a calificar como “ticos con corona” a las personas que acuden a la Sala Constitucional para exigir atención médica pronta en la CCSS por listas de espera. Sí, dijo eso. 

La jornada de ayer nos recordó una vez más que la cobija fiscal se está quedando corta y que la institucionalidad sigue crujiendo. Presupuesto, TSE, Sala IV, CCSS y hasta Miguel Ángel Rodríguez en modo “no aguanto nada” con Pilar Cisneros. Temas de conversación, claramente, no faltaron.

Arrancamos semana con un lunes más bien tranquilo. Como siempre, se agradece. Ya irá calentando la semana. Resumiendo, fue un lunes de Fuerza Élite, pasos de fauna, Crucitas y, de rebote, “todo el país consume”. El hilo no es tan extraño como parece. Estamos hablando, al final, de presencia del Estado: en seguridad, en carreteras, en fronteras, en territorios abandonados y también en una política de drogas que hace rato necesita menos confusión, menos moralina y más seriedad. 

Empecemos con seguimiento al tema del Colegio de Abogados, porque el 1,15% de aprobación en el examen de incorporación sigue dando vueltas; segundo tema: Punta Leona y playa Blanca... pleito de larga data; ¿Qué más? Control de daños y pipa de la paz con Canal 7. 

Ayer hablamos de la cuenta que nadie quiere pagar. Bueno, este miércoles la cuenta no solo siguió sobre la mesa: Hacienda confirmó que ya está preparando el menú, aunque todavía no quiere enseñar los precios. Además, si la parte fiscal (más espontánea que planeada) de la conferencia tuvo neblina y brumas, la parte diplomática tuvo humo... de cocina. 

Este martes recibimos varios recordatorios incómodos al mismo tiempo. No fue una jornada tensa, nada de fuegos artificiales, nada de “comunistas” y “vagabundos”, nada de conferencias con voltaje nuclear. Solo datos duros. Y a veces los datos cansan más que los gritos porque diay, no traen opción de “mute”. 

Hasta que al fin: un reporte breve. El arranque de la semana estuvo tan frío que hoy no tengo mucho que contarles. Diay, tras las encíclicas papales de la semana pasada estoy seguro de que nuestro querido locutor lo agradece. 

 Ayer bajó un poquito el volumen de la semana, lo cual agradecemos porque uno también tiene derecho constitucional a no vivir permanentemente en modo licuadora. Pero que bajara el ruido no significa que faltara la pirotecnia: el show en Costa Rica nunca falta. 

 Bue. Todo apunta a que serán cuatro años más de lo mismo. Empiezo desde ya a prender velitas a ver si a partir del 2030 podemos pensar en una democracia de debate intenso centrado en ideas y no en descalificaciones. Por lo pronto la luna de miel con el enojo y los extremos parece que seguirá siendo el patrón ineludible de la realidad política costarricense. 

Martes de jornada movida y pintoresca: armonización desarmonizada, nombramientos a la carta, resbalones en turismo, control de daños con Panamá, El Niño asomándose feo y el Colegio de Abogados diciendo “suave un toque”. Un delicioso molomix institucional, como para recordarnos que gobernar no consiste únicamente en apretar el acelerador y esperar que todo mundo se quite. 

Si usted leyó el Repaso Dominical del domingo, ayer pudo ver la película con subtítulos. En esa extensa previa procuramos explicar todo el rollo detrás del proyecto que unos llaman “armonización eléctrica", otros "Combo ICE 2" y otros, más creativos en tiempos de TikTok “Ley apagón”. Dado que en ese ensayo abordamos el tema técnico detrás del documento así como la polémica previa a su “reactivación” podemos hoy dedicarnos de lleno a comentar la jornada de este lunes. En frío podemos resumirla diciendo que el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, arrancó la mañana como un proyecto técnico y salió por la tarde como un campo político minado. 

Ayer decíamos que el relojito suizo de Laura Fernández ya estaba andando. Bueno, ayer mismo alguien del otro lado de la frontera le metió un destornillador al engranaje... Diay, es que una cosa es usar la conferencia de prensa para bombardear al Poder Judicial, a la oposición o a la prensa local. Otra, bastante distinta, es usar ese mismo tono cuando el destinatario es un país vecino que, además, participa en un mercado regional del que Costa Rica puede depender cuando la lluvia no acompaña. 

La presidenta Laura Fernández estrenó ayer su conferencia semanal de prensa y, para sorpresa de nadie, en términos generales fue una buena dosis de más de lo mismo. Hubo cambios, sí. Más preguntas, menos duración, secciones nuevas, ritmo más ágil y una presidenta claramente más concisa que su antecesor. Pero el ADN político-comunicacional sigue siendo el mismo: cambió la administradora del show, no el manual de producción. 

Se dio gusto ayer el diputado Villalta. Llamó “mini Chaves” al expresidente previo a la reunión de su bancada con lapresidenta Fernández y, después del encuentro, con marcada fisga, comentó que en plena charla a don Rodrigo se le cruzaron los cables y llamó “ministra” a doña Laura. ¿Desliz freudiano? Puede ser. O de pronto todavía tenía atravesado el “ministro ¿cómo le va?” que le clavó el lunes el fiscal general Carlo Díaz, a sangre fría y mirándolo a los ojos. Está claro, color y humor no le ha faltado al arranque de esta semana. Por otro lado, en Zapote la presidenta Laura Fernández recibe bancadas, habla de diálogo, cordialidad y trabajo en equipo. En Cuesta de Moras, mientras tanto, su mayoría legislativa distribuye comisiones, bloquea pausas, rechaza revisiones y empuja proyectos cuestionados sin gastar demasiado oxígeno explicando el porqué. 

Despertamos con los allanamientos del Caso Lusso y terminamos el día enterándonos que una señora de 80 años es la dueña de un Chevrolet Corvette Stingray del 76. Imaginarla manejando esa nave sobre el Puente La Amistad me alegró la noche porque seamos honestos, fue un lunes pesadito. El caso se las trae: 17 allanamientos y 8 detenidos como sospechosos de conformar una red de legitimación de capitales vinculada a dos añejos casos de narcotráfico: “Torero” y “Manantiales”. El fiscal general, Carlo Díaz, adelantó que solicitarán prisión preventiva. El tema va para largo, pero bue... así arrancó el lunes. Poco después el propio Díaz participaría de uno de los encuentros más incómodos que nos haya dejado mayo, casi tan tenso como tener al OIJ pateándole la puerta a uno de madrugada. Recordemos: doña Laura Fernández citó a Díaz, Orlando Aguirre (presidente del Poder Judicial), Patricia Solano(presidenta de la Sala III) y a Michael Soto (director interino del OIJ) a una reunión en Casa Presidencial para una “mesa de trabajo”. 

Cuesta creer que tras un inicio tan prometedor en la Asamblea Legislativa el chavismo decidiera poner fin a la luna de miel con tal de proteger contra viento y marea a Fabricio Alvarado. Por más vueltas que uno le dé al asunto no hay forma de aterrizar en el sentido. Casi da la impresión de que Alvarado ha llegado a acumular más poder que el propio Chaves. Tengo que insistir en lo obvio: la eventual sanción que le podía imponer el congreso era 100% simbólica, no habría pasado de un llamado de atención de corte ético que a un tipo con su perfil ni siquiera lo despeina. A pesar de eso los jaguares llegaron a extremos impensables con tal de blindar al líder de Nueva República. Basurear a Limoncello, sabotear el avance de 22 proyectos de ley, dejar botado el trabajo en la Asamblea Legislativa y ahora, echar por la borda el ambiente productivo y afable que caracterizó el inicio de labores de la actual legislatura.

Agárrense porque el de hoy viene variado y denso pero diay, todo es importante. 

Antes de arrancar, un necesario reconocimiento porque hay que disfrutar de la luna de miel mientras dure. Nos gusta lo que vemos en la Asamblea Legislativa. Sí, es muy pronto para entusiasmarse, pero hay señales amables que teníamos tiempo sin registrar y francamente se agradecen. Ojalá en adelante, se sostengan. Bien, ¿qué pasó ayer? Si el lunes el tren eléctrico le dio a la nueva Asamblea una estampita de consenso, ayer le tocó el turno a Limón. El Plenario aprobó con 53 votos un texto sustitutivo al expediente 24.259, una reforma a la Ley Orgánica de Japdeva que busca habilitar alianzas estratégicas para desarrollar infraestructura, con la Marina y la Terminal de Cruceros de Limón como metas clave.

El viernes fue el traspaso de poderes, sí. Banda presidencial, discursos previsibles, sol, solemnidad, aplausos pal rey de España, fotos oficiales y todo el menú habitual. Pero, en términos prácticos, el gobierno de Laura Fernández empezó ayer. Primer lunes laboral en Casa Presidencial, primeros movimientos de agenda, primeras órdenes, primeras señales y también una primera victoria legislativa de peso. 

La víspera del traspaso de poderes (hoy a las 11:00 a.m.) encontró a la Asamblea Legislativa en plan inusual: trabajando. Después de la sesión solemne del lunes, dedicada al último informe de labores de Rodrigo Chaves, y de dos jornadas perdidas criticando y defendiendo el discurso, el Plenario finalmente entró ayer a conocer proyectos de ley. Y arrancó con una postal poco frecuente: tres votaciones unánimes, todas de 57 a 0. 

Según la más reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, Chaves cierra su mandato con un 64% de valoración positiva, su mejor registro desde noviembre de 2022, cuando todavía navegaba la luna de miel del arranque. La valoración negativa, además, cayó a 15%, por primera vez desde 2022 por debajo de las opiniones neutras. Dicho en simple: Chaves no se va desgastado, todo lo contrario.

La presidenta electaLaura Fernández presentó ayer su gabinete y, aunque la lista completa trae varios nombres relevantes, el dato político central es más que obvio: Rodrigo Chaves no se va del Gobierno. Todo lo contrario: asumirá como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.