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Vida en el Planeta

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110 - Montpellier, la ciudad francesa donde el transporte colectivo es gratuito
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  • 110 - Montpellier, la ciudad francesa donde el transporte colectivo es gratuito

    Cada vez son más las ciudades francesas que hacen gratuito el transporte público. Una medida presentada como un avance social y ecológico. Pero, ¿realmente reduce el uso del coche la gratuidad de los autobuses y tranvías? Reportaje en Montpellier, en el sur de Francia, la mayor ciudad de Europa que optado por la gratuidad del transporte público para los usuarios.

    Desde hace más de tres meses, el medio millón de habitantes de Montpellier goza de transportes colectivos gratuitos. Hasta ahora, ninguna ciudad tan grande había instaurado la gratuidad total para sus habitantes. Ciudadanos como Cécile o Mohamed que acabamos de escuchar tienen la posibilidad de subirse a cuatro líneas de tranvía y 30 líneas de autobús sin costo alguno. Solo basta con pedir un pase anual a la alcaldía. “Yo utilizo más el tranvía desde que se volvió gratuito. Es más agradable y me evito el estrés del auto”, se alegra Cécile, oriunda de una ciudad aledaña.

    “Yo usaba mucho mi auto. Y la gratuidad del tranvía me incitó a usar el transporte público. Cuando tengo que irme de compras en el centro de la ciudad, uso del tranvía. Es más ecológico”, asegura Mohamed, otro habitante de la región de Montpellier.

    Escuche el reportaje en versión audio:

    Julie Frêche, alcaldesa adjunta de la ciudad de Montpellier y responsable de asuntos de movilidad urbana en la metrópoli explica por qué se decretó la gratuidad del transporte en diciembre de 2023: “Hemos asistido a varias crisis sociales, las marchas de los jóvenes por el clima. Y con el alcalde notamos que las medidas a favor de la ecología eran percibidas de forma negativa, como una obligación”.

    "Entonces decidimos que todas las medidas de nuestro periodo de gobierno municipal obedecerán al siguiente lema: no puede haber ecología sin bienestar social, y viceversa. Estamos convencidos que  es la mejor manera de abarcar a toda la población para lograr necesaria transición energética que debe ser solidaria”, justifica Frêche.

    La responsable política afirma también que la medida busca reducir el tránsito vehicular y frenarla contaminación atmosférica. “Montpellier está ubicada en la costa mediterránea y está rodeada por dos grandes autopistas: una que conecta Italia con España y otra que conecta el sur de Francia con París. Entonces padecemos contaminación del aire con óxido de carbono, óxido de nitrógeno, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la gratuidad del transporte público fue decidida también para responder a esta problemática. En Francia cada año, 48.000 personas mueren por causa de la contaminación del atmosférica”.

    ¿Pero sirve realmente la gratuita para reducir el tránsito vehicular? El economista y especialista en movilidad urbana Frédéric Héran estima que el gesto de la alcaldía de Montpellier es ante todo simbólico. “Los responsables políticos alegan que esta medida es buena para el medioambiente, pero nunca hicieron los cálculos. Ellos dicen que los conductores de autos optan por el transporte colectivo, pero esto en realidad es muy poco común, y muchas veces se trata de gente que era pasajeros de coches”, matiza Héran.

    “Además, hay peatones y ciclistas que no contaminaban y dicen usar con mayor frecuencia el transporte público. Entonces yo diría la medida es una medida neutra para el medioambiente, pero no ecológica”, agrega el académico retirado.

    Montpellier no es la única ciudad francesa donde tomar un bus o un tranvía es gratuito. Ciudades como Dunkerque Aubagne o Bourges también han tomado la misma medida. Los argumentos son varios: otorgar un nuevo derecho a desplazarse a los ciudadanos, reducir el costo de la vida para las familias, e incentivar el uso de los transportes colectivos para reducir el tráfico vehicular.

    A cuatro meses de la entrada en vigor de la medida, la alcaldía de Montpellier indica que el número de usuarios de la red de transporte público aumentó en un 23,7% durante el primer trimestre de 2024 con relación al mismo período en 2019.

    "Ya no tengo miedo a que me multen"

    Más allá del debate, los habitantes de Montpellier que RFI entrevistó para este reportaje son entusiastas. “Actualmente soy estudiante y residente en Montpellier entonces no pago el transporte público. Eso me permite ahorrar mucho dinero. Un abono constata alrededor de 100 euros. Evito gastar en tickets, además de los otros gastos, de los estudios y de la renta. Poder moverse gratuitamente es una gran ventaja. Además muchas veces hay personal de la compañía que vigila, entonces viajar es seguro”, dice aRFILili San Juan.

    “Antes, no siempre pagaba mi ticket, entonces ahora ya no miedo a que multen”, admite Jade, otra estudiante “¡Deberían aplicar esta medida en todas las ciudades!”, exclama.

    Y si los usuarios ya no pagan, la metrópoli de Montpellier compensa el costo de esta medida con el llamado "impuesto movilidad", una tasa instaurada en los años 70 que obliga a las empresas francesas de más de 11 empleados a pagar un porcentaje calculado con base a la masa salarial para financiar el transporte público local. Julice Frêche asegura que las cuentas cuadran. “Los ingresos por la compra de tickets eran de 30 millones de euros. Los usuarios que no residen en la metrópoli de Montpellier y los turistas seguirán pagando su ticket. Y para equilibrar el resto de los gastos, contaremos con las empresas que pagan la tasa de movilidad. Tenemos muchas empresas en la región y su contribución pasó de 90 millones a 124 millones de euros, entonces cubre ampliamente el costo de la gratuidad del transporte”, detalla a RFI.

    Experiencias de otras ciudades

    En el pasado, ciudades de otros países también hicieron que el transporte público fuera gratis. Con resultados poco satisfactorios, indica el economista Frédéric Héran. “Estuvo muy de moda en los años 70 en Estados Unidos. Pero muchas de las ciudades que instauraron la gratuidad dieron marcha atrás. En Bélgica, la ciudad de Hasselt también decretó la gratuidad y finalmente la canceló unos años después porque limitaba las inversiones en la red de transportes. Boloña en Italia también aplicó esta medida en los años 70 y retrocedió. Queda por ver ahora qué harán todas estas ciudades que dan el paso de la gratuidad para complacer a los electores, pero sin visión a largo plazo”.

    El economista especializado en movilidad urbana afirma que solo medidas drásticas e impopulares como reducir la velocidad de los autos, reducir los espacios para estacionarse y las vías para automóviles son altamente eficaces.

    “La gratuidad del transporte debe ir de la mano con medidas que sí son buenas para el medioambiente: multiplicar las vías de buses urbanos. Y si se quiere impulsar una medida ética, es preferible instaurar tarifas preferenciales con criterios sociales”, preconiza Héran.

    El debate sigue en Francia para extender este tipo de medidas a otras ciudades. Y aunque el transporte gratuito se ha vuelto muy común en decenas de ciudades europeas, aun es poco común en las ciudades de Latinoamérica. La tarifa cero existe en algunas urbes brasileñas mientras que el metro de Ciudad de México es gratis para las personas de más de 60 años.

    Mon, 13 May 2024
  • 109 - Asesinatos y degradación ambiental: el costo de la industria del acero en México

    Representantes de una comunidad rural mexicana del estado de Jalisco denuncian a las empresas ArcelorMittal y Ternium por los impactos humanos y ambientales de la extracción de hierro alrededor de la mina Peña Colorada en el oeste del país. Al micrófono de RFI, reportan casos de desapariciones y asesinatos de voces críticas contra la minería legal y ilegal en la región, con una fuerte degradación ambiental como telón de fondo.

    En la Sierra de Manantlán, defender el medio ambiente y la tierra, los derechos de las comunidades campesinas en México se paga con sangre. En noviembre pasado, Higinio Trinidad de la Cruz, opositor a la mina Peña Colorada en esta región rural en el oeste de México, fue desaparecido y asesinado. El mismo destino trágico vivieron Celedonio Monroy Prudencio y José Santos Isaac Chávez quienes también denunciaban la tala ilegal, la minería ilegal y el control de territorio por parte de grupos de narcotráfico.

    Persecuciones a los críticos de la minería, afectaciones a los recursos hídricos, deforestación y pobreza forman el panorama del ejido (comunidad campesina) Nahua de Ayotitlán desde que la mina Peña Colorada extendió sus operaciones en 801 hectáreas de tierras de la comunidad en 2012, generando controversias y divisiones en el seno mismo de la población local.

    En 2020, Rogelio Rosales Ramos, de 17 años, también fue asesinado tras haber recibido amenazas por criticar la presencia de las actividades mineras. Su padre, conocido como Rogelio, reclama justicia y emprendió una gira por varios países europeos para denunciar los impactos de la minería legal e ilegal y exigir responsabilidades de ArcelorMittal y Ternium, gigantes de la producción de acero y dueñas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, desde 2005. Asentada en tierras que unen los estados de Colima y Jalisco (oeste de México), la mina Peña Colorada, produce alrededor del 30% del hierro mexicano.

    “Consideramos que [la minera] no está haciendo los pagos justos, incluso aunque lo estuviera haciendo, los daños que está ocasionando no se comparan”, declaró Rogelio al micrófono de RFI a su paso por París donde se reunió con representantes de los bancos BNPParibas que financia a ArcelorMittal, empresa que fabricó la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024. Previamente, Rogelio denunció el alto costo que paga su comunidad por la explotación del acero a otro financista del gigante del acero: el banco ING con sede en Amsterdam, Holanda.

    Rogelio realiza esta gira en el marco de la campaña global de 15 ONG agrupadas en la ‘Fair Steel Coalition’ (Coalición por un acero justo) que denuncian en un informe de 47 páginas los impactos nocivos de la producción de acero en varios países del Sur Global. “Acaparamiento de tierras, destrucción de ecosistemas, pérdida de medios de subsistencia, graves problemas de salud y desapariciones forzadas”, son algunos de los impactos que dejan las mineras de extracción de hierro en países como Liberia, Sudáfrica, México y Brasil, indica la coalición en su informe titulado El coste real del acero: Racismo medioambiental, zonas de sacrificio e impunidad en la cadena de suministro y publicado el 25 de abril.

    En una resolución publicada el 8 de marzo de 2024, la Comision Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares (PDF) para Rogelio y doce personas más de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán ante las amenazas y la violencia por parte del crimen organizado que ha desarrollado minas ilegales en la región, según denuncia Rogelio.

    Desastres ambientales

    A la persecución de los defensores del territorio se suman los impactos ambientales que deja la minería legal e ilegal en la Sierra de Manantlán.

    “Primero, son grandes devastaciones de áreas forestales. Cortan la madera, la ocultan, ahí no la sacan, la guardan, miles de hectáreas de roble encino”, alerta Rogelio.

    “Y los poblados más cercanos ya no tienen agua porque la empresa está ocupando casi todo un río, el río Marabasco está ocupando para lavar el mineral y bajarlo hacia Manzanillo por un ferroducto, entonces deja sin agua a las comunidades aparte que está contaminando. Los aceites, las grasas bajan hacia los ríos”, agrega el activista.

    “La minera saca de ahí el 30% de hierro del país. Y, sin embargo, es una de las comunidades con aproximadamente un 90% de alta marginación, con una gran pobreza”, denuncia por su parte Eduardo Mosqueda, abogado defensor de los derechos humanos, integrante de la ONG quien acompaña a Rogelio en esta gira europea.

    Dicha gira incluye una etapa en Luxemburgo en la asamblea anual de accionistas de ArcelorMittal el 30 de abril, donde el abogado Eduardo Mosqueda denunciará la responsabilidad de la empresa en estos abusos cometidos para la explotación de hierro en México. “Aunque ArcelorMittal y Ternium claman políticas de sustentabilidad, los mismos bancos claman que hay también mecanismos de sustentabilidad y que cumplen con las leyes y con los estándares en materia de su materia de derechos humanos, ambientales y cambio climático. Lo que nos dimos cuenta es que están fallando de tal manera que están creando zonas de sacrificio y zonas de silencio”, apunta Eduardo Mosqueda.

    La respuesta de ArcelorMittal

    Cuestionado por la coalición de ONG, la dirección de ArcelorMittal respondió por escrito que “Peña Colorada y sus accionistas condenan enérgicamente cualquier situación de violencia y actividad criminal en México” y “rechaza categóricamente cualquier responsabilidad directa o indirecta, así como cualquier intento de vincular o especular sobre su participación directa o indirecta o la de sus funcionarios en los actos de violencia”.

    En el documento donde el gigante el acero compila sus respuestas, la empresa afirma haber realizado obras de saneamiento de agua en las comunidades de Minatitlán, La Astilla y Coconal; en Jalisco, así como en San Antonio, y Mameycito y reivindica la inversión de 1 millón de pesos mexicanos en plantas de tratamiento.

    El colectivo de organizaciones ha cuestionado también a varios bancos internacionales como ING, en Ámsterdam y BNP Paribas en Francia, sobre su papel como financistas de las actividades de ArcelorMittal, a pesar del deber debida vigilancia que, en varios países europeos, exige a las transnacionales cumplir con los derechos humanos y ambientales.

    Mon, 29 Apr 2024
  • 108 - México posterga la prohibición del glifosato

    El 1ro de abril México debía convertirse en un país libre de glifosato, un herbicida muy utilizado en la agricultura mexicana para el maíz, fríjol, hortalizas o los cultivos de aguacate. Sin embargo, el presidente López Obrador pospuso la medida ante la ausencia de sustancias alternativas.

    Todo inició en 2020 cuando el gobierno mexicano emitió un decreto que prometía el abandono gradual del glifosato hasta su prohibición definitiva el 1ro de abril de 2024, al mismo tiempo que se buscaba suspender la importación de maíz transgénico.

    El decreto pedía entonces al Consejo Nacional de Humanidades , Cencia y Tecnología de México (Conahcyt) buscar alternativas saludables a los 25 millones de litros de glifosato que se vaporizan anualmente en los campos mexicanos. Esta alternativa sin embargo no ha llegado aún, por lo que se seguirá usando glifosato, como lo pedía el Consejo Nacional Agropecuario, CNA. Dicha organización, que representa la agroindustria mexicana, presionó al gobierno, junto con Bayer-Monsanto para evitar que entre en vigor la prohibición del glifosato en México una vez concluida la fase de transición de tres años.

    “Estimamos que más de tres millones de productores utilizan glifosato en México y la mayor parte son pequeños, pequeños y medianos productores. No se ha encontrado ninguna otra molécula que tenga los beneficios que tiene el glifosato y si se encuentra que hay algo que es mejor, pues enhorabuena”, decía a RFI a finales de marzo, Juan Cortina, presidente del CNA.

    “El año pasado, las autoridades mexicanas solo autorizaron la importación del 64% de las cantidades de glifosato que se pedían”, afirma Cortina, quien agrega que esta política “ha generado un mercado negro”.

    “No es que no haya [glifosato]. Sí lo encuentras, pero lo encuentras más caro, y no solo eso, ahora lo que estamos encontrando es el glifosato barato chino, que no necesariamente tiene la calidad y las características que uno le gustaría”, apunta Juan Cortina. “No hay alternativas” al glifosato, concluye.  

    En México como en Estados Unidos, Suramérica o Europa sin embargo se han alzado voces para evitar el uso del glifosato por sus efectos nocivos. Se han encontrado por ejemplo rastros de este herbicida en las abejas en la región de Yucatán, donde se usa masivamente el producto en los cultivos de soja.

    “Mencionar que las empresas, en particular la empresa conocida Monsanto que, desde los años 80 estaba iniciando la investigación en el uso de glifosato como herbicida conocía de sus efectos y daños potenciales en la salud, usando modelos animales y también en diferentes aspectos ecológicos como en los polinizadores. Sin embargo, siguió la investigación”, recuerda el investigador en biotecnologías del Conahcyt Emmanuel González.

    González recuerda el “gran cúmulo de investigaciones que apunta a daños en sistema biológico”: daños a la salud de ratas hasta en tres generaciones en animales expuestos al glifosato con aparición de tumores, alteraciones a nivel de órganos como hígado, estómago y sistema endocrino.

    “Conocemos las investigaciones de colegas argentinos que han hecho levantamiento de datos y censos en poblaciones argentinas que están muy cercanas a zonas agrícolas que son rociadas con glifosato y donde se han encontrado mayores tasas de diferentes tipos de cánceres”, subraya el investigador, consultado porRFI.

    Entrevista completa:

    Desde la sociedad civil mexicana, organizaciones como la ONG Greenpeace o el colectivo Semillas de Vida respaldan la prohibición del glifosato.

    Otros países enfrentan también los mismos obstáculos para prohibir el herbicida de Monsanto. El presidente Macron por ejemplo prometió en 2017 que Francia prohibiría el glifosato en un plazo de 3 años. Una promesa finalmente abandonada en medio de fuertes presiones del lobby agropecuario. A nivel europeo también se observa una menor ambición en materia ecológica. El año pasado, la Comisión Europeareautorizó por 10 años la comercialización del glifosato, aunque con algunas restricciones para su uso.

    Entrevistas:

    >Juan Cortina, Consejo Nacional Agropecuario.

    >Monserrat Téllez, activista del colectivo 'Semillas de Vida' que lucha contra el glifosato y el maíz genéticamente modificado. Entrevistada por Ubaldo Bravo.

    >Emmanuel González, investigador del Conahcyt, especialista en biotecnologías.

    Fri, 05 Apr 2024
  • 107 - Bernardo Caal Xol o el costo de la lucha por la defensa del medioambiente en Guatemala

    A Bernardo Caal Xol, un profesor y líder ambientalista maya le costó más de cuatro años de cárcel oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el cauce del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz. Se trata de un megaproyecto que ha estado vinculado a una empresa del presidente del Real Madrid FC, Florentino Pérez y que, luego fue comprada, en parte, por la empresa francesa Vinci. 

    Defender los recursos naturales, vitales para la supervivencia de las comunidades puede salir muy caro en Guatemala. RFI recibió a Bernardo Caal Xol, un maestro y líder ambientalista maya que pasó más de cuatro años en la cárcel por oponerse a la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en el cauce del río Cahabón en Guatemala.

    Incluido por la ONG Amnistía Internacional en su lista de "prisioneros de consciencia" en 2020, Caal Xol fue liberado con condiciones en marzo de 2022 por buena conducta. Y realizó en febrero - marzo de 2024 una gira europea para denunciar los impactos sociales y ambientales de las transnacionales.

    El megaproyecto 'Renace' que denuncia Caal Xol ha estado vinculado a una empresa del presidente del Club de Futbol Real Madrid, Florentino Pérez y que fue vendida luego a la empresa francesa Vinci.

    Durante la entrevista con RFI, el líder social denunció que el complejo hidroeléctrico limitó el acceso al agua a las comunidades locales y tampoco ha traido la luz a la población local.

    Escuche la entrevista completa con Bernardo Caal Xol:

    Mon, 01 Apr 2024
  • 106 - Científicos buscan los desechos nucleares vertidos en el océano

    ¿En qué estado están los desechos radiactivos que las potencias nucleares como Francia, Reino Unido o España arrojaron al Atlántico? Dicha práctica, legal hasta los años 90 suscita inquietudes. Un equipo del Centro de Investigaciones Científicas de Francia explorará las aguas de las costas francesas donde se echaron barriles de desechos radiactivos durante el siglo XX.

    Estas imágenes filmadas por la ONG ecologista Greenpeace en los años 70 parecen hoy de película de terror: hombres con trajes de protección arrojan desde un barco decenas de bidones metálicos que contiene residuos que permanecerán radiactivos por miles de años.

    Desde los inicios de la industria nuclear en los años 1940 hasta los años 1990, los países europeos y Estados Unidos vertieron legalmente miles de toneladas de desechos radiactivos en el océano Atlántico, con la idea de que los fondos oceánicos eran zonas sin vida. Reino Unido por ejemplo tiró entre 1949 y 1982 140.000 bidones en el marco de 34 operativos. A estos desechos se suman submarinos nucleares rusos perdidos en el Ártico y los desechos nucleares japoneses en el océano Pacífico.

    Medio siglo después, estos desechos están casi olvidados. Pero surgen varias inquietudes sobre la ubicación exacta de los bidones – se tiene un mapa aproximativo, con base en los datos de los estados-, y sobre el estado de estos barriles. ¿Podría haber fugas de material radiactivo en el agua? ¿Hasta qué punto serían tóxicos para los ecosistemas? Es justamente para responder estas preguntas que científicos del CNRS, Centro nacional francés de investigaciones científicas, han impulsado unproyecto para mapear los fondos marinos y evaluar el estado de los barrilesen la costa atlántica francesa en particular. Una zona que concentraría el 40% de los 250.000 barriles de residuos radiactivos que se vertieron en el mundo.

    El proyecto, científico es dirigido por el ingeniero especialista en radiactividad Patrick Chardon, que precisa que los desechos arrojados al mar son de mediana y baja intensidad. Se tratan de guantes y material de laboratorios. Su colega, el geólogo marino Javier Escartín quién codirige este programa de exploración marina recuerda que estos vertidos se hicieron legalmente “bajo los auspicios de la Agencia Internacional Atómica”. “Todos los residuos son de media y baja actividad y hablamos de, por ejemplo, material de laboratorio, no hablamos de combustible nuclear, se introdujeron en barriles con cemento para contenerlos y se echaron directamente en el mar durante este periodo de tiempo”, detalla Escartín, quién recibió a RFI en sus oficinas de la Escuela Normal Superior de París.

    ¿Cuál es la peligrosidad de esta basura nuclear en el Atlántico norte?, se le preguntó a Escartín.

    “Las unidades de radiactividad quizá sea muy abstractas para el oyente. Pero representan aproximadamente el 50% de lo que hubiese sido, quizás menos el accidente de Chernóbil, pero hay que tener en cuenta que esto se hizo durante varias décadas. No fue un accidente puntual como el caso de Chernóbil. Y el otro aspecto es que todos estos residuos están tirados en una zona enorme. O sea, hablamos de zonas que son de decenas de miles de kilómetros, o sea que los residuos están dispersados. Son unas zonas enormes, no concentradas en un punto como el Chernóbil.”, respondió el geólogo.

    “Y luego otro aspecto a considerar es que la actividad radiactiva de estos radionúclidos decae con el tiempo. Entonces creemos que desde el momento que se echaron con respecto a los radionúclidos que están en el fondo del mar, la cantidad de actividad radiactiva que hay ahora es probablemente menos de la mitad, quizás un tercio o el 25% de lo que se echó originalmente”, estima Escartín.

    Si los niveles de radiactividades no despiertan mayor preocupación, el estado de los barriles en cambio sigue siendo una incógnita.

    El científico concede que no se tiene idea de la corrosión de los barriles: “A finales de los años 80, se consiguieron hacer algunas fotos de ciertos barriles y ya empezaban a estar dañados. Algunos otros parecían intactos. (…) Uno de los aspectos de este proyecto es evaluar el estado de los barriles y su distribución en estas zonas”, explicó.

    Para ello, se prevé una misión en 2024 para explorar primero una zona de 6000 kilómetros cuadrados a 600 km de distancia de las costas francesas a la altura de la ciudad de Nantes. Se efectuará primero una tarea de mapeo de los fondos marinos y de localización de los barriles. Luego, un segundo programa consistirá en tomar muestras de agua y de los sedimentos cerca de los bidones de desechos radiactivos para medir su impacto en los micro organismos, mariscos y peces.

    Y para enfrentar el desafío de bajar a 4000 metros de profundidad donde se encuentran los bidones, los científicos dispondrán del robot submarino Ulyx de última tecnología, propiedad del Instituto francés del mar IFREMER. Un aparato capaz de tomar videos, fotos, realizar reconstituciones 3D.

    En cuanto a los desechos de la industria nuclear, desde finales del siglo XX, países como Francia han optado por reciclarlos o almacenarlos en concreto en tierra. El estado francés tiene de hecho un proyecto piloto de cementerio nuclear para sepultar sus desechos de combustible radiactivo a 300 m bajo tierra.

    Escuchar la entrevista completa con Javier Escartín:

    Entrevista:

    Javier Escartín, geólogo marino del CNRS, Centro de Investigación Cientifíca francés.

    Fri, 29 Mar 2024
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