Grandes Reportajes de RFI

José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) 

Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

—¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales?

— Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”.  

— Lamentamos informarte que acaba de fallecer.

La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria.

— ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron.  

En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”.

Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”.

El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción.

Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio.

Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva.

“Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”.

Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño.

La responsabilidad del Estado

José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción.   

“Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente.

Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado.

“Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa.

Detenido en aislamiento

El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero nunca pudieron reunirse con él.

“Yo nunca había ido al aeropuerto", dice Mónica." Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de la policía. Y les indagué si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no. Luego me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados para su registro en el Centro de Atención al Migrante”.

Pero, José Emlio no estaba en el centro conocido como "La Chacra".  En realidad, sí había sido capturado en el mismo aeropuerto. Tras varias horas de búsqueda, Mónica y su mamá lograron ubicarlo en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, convertido durante el régimen de excepción en “hospital” donde se remiten a los capturados con padecimientos o enfermedades.

La familia fue privada de todo contacto con José Emilio. No es un caso excepcional. Desde el inicio de la medida en 2022, el gobierno ordenó el aislamiento estricto y encierro permanente de los detenidos en centros penales.

La única vez que lo vieron fue a través de un video de la Fiscalía. “Estaba agachado, esposado y con mascarilla. Y se leía Penal de Quezaltepeque. “Lo mostraban como un pandillero de la Mara 18 de Zacatecoluca. Mintieron”, asegura Mónica.

Según ella, su hermano fue detenido en Zacatecoluca por haber sido arrestado en el aeropuerto internacional del El Salvador y trasladado a la estación de policía de ese municipio. “Mi hermano no era de Zacatecoluca como dijeron en el video. Nunca estuvo allí. Nosotros hemos vivido siempre acá en el Cantón La Noria, municipio Jiquilisco, departamento de Usulután”.

Caza de brujas. Opción: Estados Unidos

En 2017, José Emilio, el hermano de Mónica, fue detenido durante una redada de la policía salvadoreña contra las maras. Sin embargo, fue puesto en libertad sin cargos 72 horas después al demostrarse que era inocente.

En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso a El Salvador bajo régimen de excepción como respuesta a los homicidios perpetrados por los pandilleros. La medida se ha transformado en una política permanente de encarcelamiento masivo y suspensión de todos los derechos constitucionales.

“Cuando impusieron el régimen de excepción no dijeron que todo el que había estado preso sería detenido automáticamente. Anunciaron que se iba a encarcelar solamente a los pandilleros. Y todos estuvimos de acuerdo porque se trataba de criminales”.  

Un año después de entrar en vigor el régimen de excepción, habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Relatores de la ONU, exhortaron a El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente, por la simple sospechade pertenecer o estar asociadas con una pandilla.

También alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidasy que han sido blanco de pandillas en el pasado”.

“Mi hermano entró en pánico cuando vimos que se llevaban a gente inocente sin autorización legal ni derecho a juicio. Entonces nos dijo: 'No quiero estar acá porque voy a ir preso a pagar algo que no debo, que no he hecho'. Y se fue para Estados Unidos".

José Emilio fue detenido en EE. UU. por entrar de manera irregular y deportado a su país. En enero de 2023 volvió a intentarlo por la vía de la aplicación CBP ONE -derogada dos años después por la administración Trump- que permitía solicitar asilo en la frontera e ingresar legalmente y con un permiso de trabajo temporal mientras la pettición se resolvía en las cortes.

“De tanto intentar, lo aceptaron. Pero el problema fue cuando ya entró al país. Cayó enfermo de los riñones y de la vesícula y lo llevaron a un hospital. El 8 de agosto vino deportado a El Salvador. Y lo detuvieron”, relata Mónica.

A partir de ese momento, la hermana de José Emilio hizo todo lo que estuvo a su alcance por demostrar que él no era un pandillero.

“Me pidieron documentos. Los llevé. Sacar sus antecedentes penales. Los saqué. Buscar adultos que atestiguaran que él nunca había estado en pandilla. Lo hice. Le recordé a la fiscal que ella había hablado con él y, además, había visto que  no tenía tatuajes. Pero, me dijo que no estaba en sus manos”.

En la constancia de antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, con fecha del 15 de agosto de 2023, reza que “José Emilio Canizales Villalta, de 26 años, soltero de profesión u oficio, agricultor, originario de Usulután. A la fecha no posee antecedente penal por sentencia condenatoria, ejecutoria en su contra por imputársele delito”

Quince días después de recibir este documento, Mónica recibió la fatídica llamada de las autoridades salvadoreñas.

“Decirme que estaba muerto. Me dolió el alma. No lo supero y no lo voy a superar nunca. Era mi único hermano, mi mamá y papá”, dice entre el dolor y la rabia

Cientos de detenidos muertos bajo régimen de excepción

En su informe "Seguridad sin derechos", Amnistía Internacional (AI) denuncia que hasta diciembre pasado se han documentado "al menos 470 muertes en centros de detención" en El Salvador bajo régimen de excepción. "En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica", agrega AI.

La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva a 547 el número de muertos en El Salvador bajo custodia del Estado y sin haber sido vencidos en juicio: el 31% de los casos se debió a muertes violentas y otro 31% a la falta de atención médica.

“Tras ingresar al sistema penitenciario, muchas personas adquieren enfermedades o se les agravan las que ya tenían antes”, afirma René Valiente.

El investigador de Cristosal precisa que no solo el Estado no genera las condiciones de salubridad en las prisiones, sino que ha abandonado su obligación de velar por la salud de los detenidos y proporcionarles acceso a servicios de salud idóneos y oportunos.

“Hemos documentado casos de familias que han intentado proporcionar los medicamentos y el Estado no se los recibe o no se los entrega. Tenemos un porcentaje de personas que han fallecido, incluso, en tránsito hacia los hospitales”, sostiene Valiente.  

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Banca, han aterrizado a El Salvador 239 vuelos con salvadoreños deportados. ¿Qué les espera al llegar a su país? Reportaje de Angélica Pérez desde el Centro de Recepción a Migrantes “la Chacra”, en el marco de Deportation Project, revelaciones de la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación realizada por RFI y otros 25 medios de todo el mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories.

Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales.

Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" a quienes califica como "lo peor de lo peor". 

Cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Luego, son trasladados en buses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro.

Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador

“A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”.

Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año.  

Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador.

La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano.

Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump.  La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal. 

“Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal.

"Entramos con permiso"

“No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo y mi hijo David trabajábamos en las fábricas que producen jamón y carne para las hamburguesas”, cuenta María. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con un proceso de asilo pendiente.   

Pese a estar tramitando ante los tribuanles su beneficio migratorio - situacion que, en princio, protege de la detención y la expulsión-  su hijo David fue capturado por el ICE enTexas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.    

Al aldo de Maria, la senora Juana cuenta la hsitoria que la ha traudo hasta aquí: “Estoy esperando a mi nieto y le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración cuando salía a trabajar repartiendo paquetes de Amazon, a las seis de la mañana”.

Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. También ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo.

Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal.  “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlos”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía.

De héroes a criminales

De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre.

“Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio.

Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. Traen el rostro surcado por la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza. 

ICE nos decía que firmáramos

“Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas. La mayoría firmaron su propia expulsión.

Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelar el gobierno de Trump esta protección de manera general, unas 900 000 personas perdieron su estatus legal y quedaron en riesgo de deportación

“Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, dice David.

Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes e ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del Ice te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que firmes para irte, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya la abogada litigante Andrea Mejia.

Nuestro delito es ser inmigrantes   

Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Fue deportado tras ser detenidos cuando salían del trabajo. “Trabajábamos poniendo pisos”, dice.

José Adán explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la migra para que me llevaran”.

Tras unas horas de detención en Pearl, fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento del ICE en Luisiana, administrado por el gigante GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU.

"Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Nuestro único delito es ser inmigrantes", deplora José Adán con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se quedaron en Estados Unidos.

Hace cuatro años, José Adán y su esposa emigraron al norte buscando una vida digna para su familia. Tras pagar 40 000 dólares a los coyotes, sufrieron un secuestro. Sin rendirse, él volvió a intentarlo y logró cruzar la frontera. Luego, pagó 13 000 dólares adicionales para trasladar a su hijo menor en avión  con unos padres falsos. Actualmente, sigue pagando parte de la deuda acumulada con sus ingresos en EE. UU.

José Adán guarda la esperanza de recibir los 2.600 dólares que el gobierno Trump, empeñado en aumentar las deportaciones masivas, ofrece a los extranjeros en situación irregular que opten por la deportación voluntaria y bajo condición de no regresar a Estados Unidos por cinco años.

Por ahora, no tiene en los bolsillos ni los cinco dólares que el gobierno de El Salvador le entrega a cada deportado para que regrese a casa tras el control migratorio en el Centro de Atención al Migrante.

Cinco dólares no alcanzan para comprar el pasaje desde la colonia La Chacra al centro de la capital salvadoreña, mucho menos para ir a su casa en Usulután, a más de dos horas de camino, afirma José Adán: “Les dije que no quería esa plata”.

Estos salvadoreños que el gobierno de Estados Unidos deporta por no tener sus papeles en regla —lo cual es una falta administrativa y no un delito penal— se fueron un día en busca del sueño americano. Hicieron su vida en Estados Unidos: trabajaron, mantuvieron a sus familias y, en parte,sostuvieron la economía salvadoreña. El sueño se transformó en pesadilla al caer presos de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump. Ahora retornan con las manos esposadas y vacías.

¿Qué les espera?

Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sostiene que existe una brecha entre las promesas políticas de integración para los migrantes retornados y la falta de programas reales y recursos financieros para ejecutarlas.

Rodriguez subraya que la reinserción va más allá de lo económico. “Los retornados enfrentan graves traumas debido a maltratos en centros de detención o la pérdida repentina de su vida y arraigo en Estados Unidos. Al ser expulsados a El Salvador se ven obligados a enfrentar un nuevo escenario de incertidumbre.” precisa.  

El experto también deplora la falta de apoyo psicosocial para la familia que recibe a su pariente expulsado. “Sin embargo, los recursos asignados a los equipos de apoyo son insuficientes y las políticas públicas actuales no coinciden con las necesidades reales”, concluye el experto en migración.

Radio Francia Internacional publica a partir de este lunes una serie de reportajes realizados en EE.UU. y El Salvador en el marco de la investigación periodística “Deportation Project: revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump”, un trabajo que reunió a 26 medios de todo el mundo, bajo la coordinación de la red Forbidden Stories. Te lo contamos en una serie de tres podcasts.

Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal.

"Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda.

“Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen.

No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen.

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Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch.

Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.     

“Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda.

Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.

“Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme eldocumento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”.

Pacto secreto bajo régimen de excepción

Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.  

También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos”.Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles.

El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.    

Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno.

Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino.

La investigadora sénior de HRWse refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsiónde migrantes por parte de la administración de Trump.

La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.  

La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo.

A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump.

“Bienvenidos al infierno”

Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad.

“Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *   

“Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”.

Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

“El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos’, agrega Valiente.

El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal.

36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados

En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas.

“De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones.

“Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión."

Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían36 salvadoreños deportados.De ellos, únicamente once han sido identificados.

Y fue gracias a la gestión de los familiares de estos once salvadoreños y de sus abogados ante el sistema interamericano que se pudo establecer el paradero de seis de ellos.

Uno se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los demás en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana. Esta es la información que el Gobierno de El Salvador ha presentado ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en beneficio de estos deportados.

“Del resto de las personas no tenemos conocimiento de dónde están”, insiste Nathaly Cotrino de HRW.

 A la pregunta de por qué es tan difícil rastrearlos en El Salvador, la investigadora sénior responde: “Por el contexto general de miedo frente a las actuaciones del gobierno y a las medidas que se han tomado bajo el régimen de excepción. Estas familias hablaron con nosotros casi un año después de que ocurrieran las deportaciones. Tenían mucho miedo de que algo malo le pudiera pasar a sus familiares dentro de esos sistemas de detención. Y los mismos abogados les han dicho que no asumen la defensa de estos casos porque no quieren tener problemas con el régimen”.

En el marco de la negociación entre las actuales administraciones de Estados Unidos y El Salvador, se cambió el grado de riesgo del país centroamericano, al que históricamente le iba mal en esa evaluación. El gobierno de Trump clasificó a El Salvador entre los países más seguros del mundo, a pesar de que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado —bajo la administración Biden— señalaba claramente el riesgo de tortura en ese país, según indicó Juanita Goebertus, de Human Rights Watch (HRW).

¿Dónde están? El viacrucis de la búsqueda

Elmer Concepción Romero apareció en el video oficial de los deportados a El Salvador el 31 de marzo de 2025.

“El 21 de marzo de 2025 le informaron que iba a pasar a manos de Migración para ser retornado a su país. En ningún momento le dijeron que venía a una cárcel acá en El Salvador”. Glenda recuerda que su hermano Elmer habló con ella por teléfono desde el Centro Correccional Federal de Lompoc, en California, una prisión federal de baja seguridad para reclusos varones.

Ella ignorapor quéfue enviado a esta cárcel de reos comunes a purgar los últimos 26 meses de sucondena por estar indocumentado.Laprimera partede la pena la habíacumplidoenelCentro de Tramitación del Condado de Otero, Nuevo México, con capacidad para 900 inmigrantes en situación irregular, en virtud de un contrato entre la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) y la empresa privada de gestión penitenciaria MT.

“Voy a ir llegando a El Salvador a principios de abril”, me dijo. Glenda y su familia esperaron a Elmer hasta que lo vieron aparecer en el video oficial de las deportaciones del 31 de marzo, presentado como un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y conducido a la megaprisión del CECOT. Después perdieron su rastro. 

Kevin Rolando Barrera Torres llegó a El Salvador en el vuelo militar del 15 de marzo de 2025, según la procuradora general.

“Ahí viene el deportador. Voy a hablar con él”, me dijo. “Te vuelvo a llamar”. Y ya nunca me llamó, cuenta con tristeza Gerber; el amigo y jefe de Kevin en Estados Unidos al recordar la última llamada que este le hizo el 13 de marzo de 2025 desde el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, en Texas, una cárcel operada por la empresa privada GEO Group y utilizada para recluir a inmigrantes en situación irregular bajo la custodia del ICE.

"Ese mismo viernes, el nombre de mi hermano Kevin desapareció de los registros de la detención de Hidalgo, y la custodia nos informó que había sido deportado —relata su hermana Karen—. Tendría que haber llegado el mismo fin de semana a El Salvador, pero no apareció."

Sin conocerse aún en ese momento, Glenda y Karen empezaron un ritual contra la desesperanza: buscar infatigablemente, cada una por su cuenta, a sus respectivos hermanos en las instituciones de El Salvador.

Indagaron por ellos en el Centro de Recepción del Migrante, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la embajada de Estados Unidos en San Salvador, en las procuradurías locales, en centros penales y en la prisión del CECOT. No han llegado al país. No existe registro de su entrada, les respondieron en todas partes.   

Cada una acudió a la Fiscalía, donde le entregaron documentos que indicaban que Elmer y Kevin no tenían expedientes de investigación activos en su contra. Ambas interpusieron una denuncia por desaparición; de nada sirvió.

La práctica establecida por la administración Trump consiste en eliminar a los deportados de la base de datos del ICE. Al respecto, Juanita Goebertus, de HRW, explica que “si Estados Unidos cumpliera con el deber fundamental de la Convención sobre la Desaparición Forzada de informar el paradero de la persona, tendría que decir que fue trasladada a El Salvador o a determinado país. Pero en el ICE Locator indica:‘Esta persona no está bajo custodia de Estados Unidos’, y nadie puede saber dónde está”.

Por su parte, El Salvador, bajo el régimen de excepción, restringe por completo el acceso a la información relativa a las personas privadas de libertad. “La incomunicación es una particularidad del régimen de excepción que consiste en aislar por completo a las personas privadas de la libertad del mundo exterior, impidiéndoles el contacto con sus abogados o seres queridos. Al mismo tiempo, se oculta la información de dónde se les detiene. Eso genera que las personas queden fuera de la protección de la ley, que es la definición técnica de desaparición forzada”, explica la experta.

No son criminales

Kevin Rolando Barrera Torres

“Él estaba subiendo sus herramientas de trabajo al vehículo cuando llegaron. Lo raro es que no vestían el uniforme del ICE, sino que iban de civil; por eso no se percató. Le pidieron documentación y, como no tenía nada, lo detuvieron y se lo llevaron. Fue el 3 de marzo de 2025 en Irvington, Nueva Jersey”, relata Karen. Tras el arresto, su hermano Kevin fue recluido en el Centro de Detención Hidalgo, Texas, para migrantes en situación irregular.

En 2015, la policía salvadoreña acusó erróneamente a Kevin de pertenecer a las pandillas. Tras demostrarse su inocencia, quedó en libertad. Dos años después, los mareros cometieron un crimen en la zona donde él vivía con su familia y la policía volvió en su búsqueda. “Lo maltrataron aquí enfrente de mi mamá. Se lo llevaron al cementerio del municipio y lo torturaron para que se declarara culpable. Solo estuvo ocho días detenido porque se comprobó, otra vez, su inocencia. Entonces, pensó que lo mejor era alejarse de aquí y se fue a trabajar a Estados Unidos. Pidió asilo, pero no se lo otorgaron y tuvo que regresar”, relata Karen.

En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele impusounrégimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Esta medida extraordinaria permite hacer arrestos sin orden judicial. En cuatro años, más de 92.000 personas han sido detenidas. Organismos humanitarios denuncian que muchos inocentes están tras las rejas.

Karen cuenta que cuando empezó el régimen de excepción, los policías volvieron a buscar a su hermano. “Ahí sí nos preocupamos porque golpearon a mi tío y lo amenazaron, tiraron puertas y todo eso”.

Huyendo de esta caza de brujas, Kevin decidió emigrar, por segunda vez, a Estados Unidos. En El Paso, las autoridades migratorias lo detuvieron y lo expulsaron a México. Después logró cruzar la frontera. No solicitó asilo porque ya tenía dos deportaciones. Empezó a trabajar en la construcción.

El 13 de marzo de 2025, Kevin fue expulsado a El Salvador. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

“No debieron enviarlo a El Salvador, considerando que ya tenía este precedente”, afirma Kelvi Zambrano, abogado en Estados Unidos que representa a la familia de Kevin, refiriéndose a los intentos de la policía salvadoreña por incriminar en el pasado a Kevin como pandillero.

El abogado recuerda que el principio denon-refoulement es una norma fundamental del derecho internacional, inscrita en la Convención de Ginebra, que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o sus derechos fundamentales puedan verse amenazados.

“El Comité contra la Tortura, en interpretación del artículo tres de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es parte, establece que no se puede enviar a una persona a un país donde corre riesgo su integridad y su vida”, precisa Zambrano.

 La familia de Kevin está segura de que fue detenido al llegar en los vuelos militares de deportados en 2025, debido al empeño de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos por demostrar que se trataba de peligrosos pandilleros. “Las personas con antecedentes penales en El Salvador han sido recapturadas, a pesar de haber sido absueltas de todos los cargos. Ni siquiera tiene un tatuaje de marero en el cuerpo”, insiste Karen.

Para Juanita Goebertus, de HRW, “La narrativa del gobierno de El Salvador busca justificar la detención de estos deportados al señalar que están involucrados en la delincuencia organizada; sin embargo, la información que tenemos de parte del ICE indica que la gran mayoría no tenía antecedentes judiciales ni vinculación con estos grupos criminales”.

 Goebertus subraya que, aunque los índices de seguridad en El Salvador han mejorado bajo el régimen de excepción, también se ha registrado un aumento de las detenciones arbitrarias.HRW ha documentado cientos de detenciones de personas que no estaban vinculadas a pandillas. Asimismo, cuenta con un informe a partir de testimonios policialesque revelan cómo recibían órdenes de cumplir ciertas cuotas de arrestos, independientemente de si los sospechosos pertenecían a estos grupos o no.

Elmer Concepción Romero

“Él no se fue huyendo del país, sino para ayudar a su hijo debido a la difícil situación económica acá en El Salvador. Las constancias de la fiscalía muestran que no tiene delitos. En todas las instituciones nos preguntan si tiene tatuajes. Él no tiene”, sostiene Glenda.

 La primera vez que su hermano Elmer emigró a Estados Unidos fue en 2003. Entró por la frontera y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio con el que EE. UU. acoge a personas que huyen de situaciones de extrema violencia, confli

La crisis de medicamentos en Colombia sigue dejando a miles de pacientes sin tratamientos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Mientras aumentan las quejas contra las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) por la no entrega de medicamentos, familias en Medellín denuncian largas filas, gastos de bolsillo y meses de espera para acceder a tratamientos esenciales.

Escuche el reportaje del colombiano Santiago Palomino Ochoa, estudiante de la Universidad EAFITen Medellín, Colombia, mención especial de la décimosegunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español, que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2026.

Cuando María Teresa Agudelo recibe una llamada de su hermana menor, casi siempre sabe que algo pasó con su mamá.

Las tres hermanas se repartieron las tareas sin necesidad de acordarlo. Mónica permanece junto a ella las 24 horas del día. Luisa Fernanda se encarga de pedir citas médicas, reclamar medicamentos y buscar soluciones cuando algo falla. María Teresa, la mayor, trabaja y asume buena parte de los gastos que requiere el cuidado de la familia.

El centro de todo es María Ángela Muñoz Álvarez, una mujer de 81 años que quedó completamente dependiente después de sufrir varias enfermedades, entre ellas un accidente cerebrovascular.

Desde entonces, las hijas aprendieron a cambiar pañales, mover a una paciente inmovilizada, alimentarla por una gastrostomía y vigilar cada señal de alarma. También tuvieron que aprender algo que nunca imaginaron: cómo cuidar a una persona cuando los medicamentos y servicios médicos formulados dejan de llegar.

“Todo lo hemos aprendido por YouTube y por inteligencia artificial”, cuenta María Teresa.

La familia asegura que, desde septiembre de 2025, los medicamentos dejaron de entregarse con regularidad. Los pañales nunca llegaban. La atención médica domiciliaria que necesitaba tampoco se concretó.

Cada visita terminaba con respuestas parecidas:

“No está disponible”.

“No lo están dando”.

“No hay ese medicamento”.

Mientras intentaban mantener estable a su madre, las hermanas empezaron a asumir gastos que antes cubría el sistema de salud. Entre medicamentos, traslados en ambulancia, insumos y una cama hospitalaria que tuvieron que comprar para atenderla en casa, calculan que gastaron cerca de 10 millones de pesos colombiano, más de dos mil dólares, prácticamente un salario mínimo colombiano cada mes.

“Sale uno triste. Hemos salido llorando”, dice María Teresa.

“Uno nunca sabe si el medicamento llegará”

La frase se repite una y otra vez en distintos lugares de Colombia.

A varios kilómetros de la casa de María Ángela, Estebinson Rodríguez escucha la misma respuesta cuando intenta reclamar los medicamentos de su madre, Blanca Inés Montoya, una profesora pensionada de 83 años.

Durante años ha aprendido a convivir con largas filas, autorizaciones, trámites y esperas. Pero en los últimos meses, asegura, conseguir los tratamientos se ha vuelto más difícil.

Hay medicamentos para controlar la hipertensión y otras enfermedades crónicas que simplemente no aparecen: “El valsartán nunca lo hay. El nifedipino tampoco”, cuenta.

La rutina suele comenzar temprano. Llega al punto de entrega, espera su turno, presenta las fórmulas médicas y aguarda una respuesta. Algunas veces recibe una parte del tratamiento. Otras veces sale con una lista de medicamentos pendientes.

Cuando eso ocurre, la única opción es comprarlos. “Toca reducir el mercado”, dice. “Unas veces comemos arroz con huevo y otras veces huevo con arroz para poder comprar los medicamentos”.

El problema es que la enfermedad no espera. Las cuentas tampoco.

Por eso, muchas familias terminan destinando parte de sus ingresos a tratamientos que deberían recibir a través del sistema de salud.

Las historias de Estebinson y María Teresa son distintas, pero comparten una misma sensación: la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo medicamento.

Una crisis que supera las ventanillas

Lo que viven estas familias forma parte de un problema más amplio.

En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió cerca de 675.000 reclamos relacionados con la entrega tardía o la no entrega de medicamentos. En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, una encuesta de percepción ciudadana encontró que el 34 % de los habitantes se declaró insatisfecho con la entrega de medicamentos, una de las principales razones de inconformidad con el sistema de salud.

Las alertas también han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo, la institución en cargada en el país de velar por los derechos de los ciudadanos. En un informe publicado en noviembre del 2025 por dicha entidad, se advirtieron que los problemas de abastecimiento y entrega afectan especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas que requieren tratamientos continuos.

Según sus análisis, muchas familias terminan asumiendo de su propio bolsillo gastos que deberían estar cubiertos por el sistema de salud. Dependiendo del tratamiento y de la capacidad económica del hogar, estos desembolsos pueden representar desde una pequeña fracción de los ingresos familiares hasta porcentajes que superan el 70 % o incluso el 90 % en los casos más críticos.

Entre los medicamentos cuya entrega registra mayores dificultades figuran tratamientos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, epilepsia, trastornos psiquiátricos y algunos medicamentos de alto costo utilizados para cáncer y enfermedades huérfanas. Para los pacientes, la interrupción de estos tratamientos puede traducirse en complicaciones médicas, hospitalizaciones evitables o un deterioro acelerado de su estado de salud.

Para Johnattan García-Ruiz, investigador en salud pública de la Universidad de Harvard, detrás de la escasez existen problemas financieros y logísticos que afectan la distribución de medicamentos en el país.

Según explica, las dificultades no se limitan a la falta de recursos. También influyen retrasos en los pagos entre aseguradoras, prestadores y distribuidores, problemas en la planeación de inventarios y fallas en la coordinación de la cadena de suministro. Cuando los recursos no circulan con normalidad entre los distintos actores del sistema, advierte, las consecuencias terminan llegando a los pacientes en forma de demoras, entregas incompletas o interrupciones de tratamientos esenciales.

Sin embargo, para quienes esperan una entrega, las explicaciones técnicas suelen sentirse lejanas.

La crisis se experimenta de formas mucho más concretas. En una silla de ruedas. En una cama hospitalaria instalada en la sala de una casa. En una fila que empieza antes del amanecer. En una hija que aprende procedimientos médicos viendo tutoriales en internet. En un hijo que reorganiza el presupuesto familiar para comprar medicamentos. En un paciente que depende de una pastilla diaria para mantener estable su salud.

Nota del editor: Después de la realización de este reportaje, María Ángela Muñoz Álvarez, uno de los personajes de este reportaje, murió el 22 de mayo de 2026.

Al cumplirse un mes del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, RFI recorrió varios municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos Roldanillo, Toro y El Águila. Entre viviendas destruidas, refugios improvisados y obras apenas iniciadas, los testimonios recogidos muestran que la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales y que, en muchos casos, depende de la solidaridad de familiares, vecinos y donantes. Reportaje de nuestra corresponsal en Cali, Carmen Andrea Rengifo.

El 10 de agosto pasado, a las 7h34 de la mañana, la tierra se movió con fuerza. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,4, fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La sacudida atravesó el occidente colombiano y dejó más de 330 muertos. Estamos en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Ha pasado un mes desde el terremoto. En la fachada de la vivienda de Luz Mary Giusti Varela se lee un aviso que dice: "Uso restringido".

A sus 78 años, Luz Mary está sacando con las manos los restos de su casa. “Qué íbamos a pensar que de la noche a la mañana íbamos a tener este inconveniente tan grave”, dice.  Desde el terremoto duerme donde una hermana, pero vuelve todos los días para retirar escombros y recuperar lo que todavía puede salvar.

“Desde el día del terremoto toda mi familia, mis sobrinos, me ayudaron a sacar todos los enseres y a llevarlos a cuatro casas de familiares. Luego hemos venido aquí poco a poco, sacando lo que nos ha ido quedando y tratando de retirar los escombros para aprovechar cuando viene el carro recolector de escombros”.

Le preguntamos de donde sale ese carro. “Pues me imagino que el municipio”. Luego nos invita a entrar para ver las condiciones en que quedó mi casa. “No podemos habitarla. Esta pared se nos desploma hacia el lado de allá. Mire que está bien abierta”, dice señalando unas grietas.

Cuando empezó a temblar, ella estaba adentro de su residencia. Mientras recorremos la vivienda, señala el lugar exacto donde se encontraba y el bloque que cayó a pocos pasos. “Yo me quedé en el marco de una puerta, aquí, en esta pieza. Me agarré así y alcancé a salir”.

Luz Mary sigue entrando a una casa que oficialmente no puede habitar. Un ingeniero le explicó que la estructura podría repararse con columnas y vigas de amarre. La vivienda fue construida por su padre en 1952 y quedó para la familia.

Solidaridad en San Pacho

En San Pacho, corregimiento del municipio de Toro, nos encontramos con Bertha Oliva Bedoya, de 77 años. Camina despacio desde el fondo del galpón, apoyada en dos muletas. La artrosis le dificulta el andar.

“Ella está discapacitada, pero no se queda quieta”, nos dice la vecina que nos conduce hasta ella.

La mañana del 10 de agosto Bertha Oliva estaba atendiendo a sus gallinas, limpiando la cochera y poniendo agua a los animales. “Cuando empezó el terremoto escuché a los vecinos gritar. Yo estaba solita. Me agarré de un poste que había ahí. Menos mal el techo no tenía tejas, sino zinc. Cuando todo pasó vi el desastre: la casa de allá se cayó encima de la mía. Todo el techo cayó sobre el mío y mi casa se fue hacia el otro lado del cerco. Cuando miré, las paredes se tambaleaban”.

Un mes después, el terreno de Bertha ya no luce como aquel primer día. Entre los restos de la antigua vivienda aparecen nuevas paredes y una cocina que todavía está en obra gris.

“Mi hijo y muchas amistades vinieron a ayudarnos. Llegó una familia de Cali, vino mucha gente. Entre todos hicieron un combo. De Toro vinieron muchas amistades. Mi hijo trajo un maestro de obra de Pitalito, Huila, y a las carreras levantaron esto que ve aquí. En trece días levantaron todo”, dice.

Pero esas primeras paredes no significan que la reconstrucción esté resuelta. Su hijo tuvo que volver a Pitalito y lo que falta depende ahora de materiales que la familia consiga fiados.

Damos gracias a Dios porque la señora de la ferretería nos dio lo que necesitábamos. Nos dijo: "Me van pagando como puedan, de a millón o de a quinientos mil. Gracias a Dios nos facilitó todo para poder trabajar”, dice.

Vallejuelo: promesas, pero sin fecha

En Vallejuelo, otro corregimiento de Toro, Edinson Cañarte González camina entre los restos de la casa que construyó durante años. Tiene 76 años y se apoya en un bordón mientras nos invita a entrar.

“Yo no puedo caminar mucho. Yo voy caminando lentamente”, dice.

Mientras la prometida casa llega, Edinson ha tenido que resolver dónde dormir. Ensayó una noche en la vivienda de su hijo, pero no es una solución de largo plazo porque también está dañada y con las lluvias tuvieron que apuntalarla para evitar que se terminara de caer. Así que volvió a su terreno, donde apenas le levantaron un refugio provisional en el espacio que antes ocupaba su casa.

“El alcalde ya ha venido dos veces a visitarme. Me dijo: ‘No se preocupe, le vamos a fabricar su casita’. La promesa está hecha, pero no sabe cuándo se la van a cumplir.

Roldanillo, "buenos corazones"

Muy cerca de allí, en Roldanillo, Consuelo Rojas Jiménez enfrenta otra incertidumbre. El albergue donde se refugia está por cerrar. Ella todavía no sabe dónde va a dormir después. Su casa quedó tan dañada que tuvieron que demolerla. Sus padres la habían levantado poco a poco, reuniendo materiales como podían.

“Gracias a Dios han aparecido buenos corazones. Nos están regalando cemento y ladrillo. Ahora me siento más segura porque le van a poner columnas. Va a quedar mucho mejor”, confía.

Las ayudas para la reconstrucción empiezan a llegar. Lo que Consuelo todavía no tiene es un lugar donde quedarse hasta que su casa vuelva a estar en pie. “Le pedimos el favor a cualquier persona que pueda ayudarnos. Anoche vino una prima y le dije: ‘Usted que anda en moto, avíseme si sabe de algún lugar’’ Porque uno tiene que saber para dónde ir”.

El Águila, hospital en ruinas, pero personal al frente

De Roldanillo seguimos hacia el municipio de El Águila, en el extremo norte del Valle del Cauca. Allí el terremoto no solo golpeó viviendas, sino que también dejó en ruinas el Hospital San Rafael, el único centro asistencial del municipio y sus alrededores.

Cuando el edificio empezó a moverse, pacientes y trabajadores salieron como pudieron. Una funcionaria quedó atrapada bajo un escritorio. Apenas terminó el sismo, dos compañeras regresaron al hospital, siguieron sus gritos y lograron rescatarla. No hubo muertos dentro del centro médico, pero el edificio ya no podía seguir funcionando.

“Inmediatamente después del terremoto montamos un hospital de campaña. Sacamos las carpas de Misión Médica y las instalamos en el parque. Bomberos y Policía también ayudaron. Todo fue supremamente rápido. Sacábamos camillas, equipos y materiales, y los íbamos instalando en el parque para continuar la atención. Armamos una zona de urgencias y seguimos trabajando”, explica Olga Lucía Aguilar, la gerente del Hospital San Rafael.  

Con el paso de los días surgió otra tarea: encontrar dónde seguir atendiendo a los pacientes. La urgencia salió del parque y se trasladó a una construcción que había servido anteriormente como hospital. Otros servicios fueron repartidos entre locales, un puesto de salud y una casa. Un mes después, cerca de 60 trabajadores continúan distribuidos en tres lugares diferentes.

“La terapia física va para uno de los locales de afuera. Citologías y programas de prevención están en uno de los cubículos. El laboratorio clínico toma las muestras aquí, aunque los análisis deben hacerse en otro sitio. Luego los resultados se entregan acá”, comenta Olga Lucía Aguilar. 

Cargando tejas a los 67 años

En ese mismo municipio vive Amilbia Valle Gutiérrez. Tiene 67 años. La encontramos cargando tejas. Su casa creció al ritmo de lo que la familia podía conseguir: primero dos habitaciones, luego otra pieza y una pequeña cocina. El terremoto le arrancó el techo. Su esposo vive del jornal y desde entonces buena parte de sus días se van tratando de sostener lo que quedó.

“Nos dicen que hay que esperar y esperar. Mi esposo fue a preguntar y le dijeron lo mismo, que hay que esperar. Y mire cuánto tiempo ha pasado. El terremoto fue el 10 de agosto y ya se cumplió el mes. Vivo con miedo de que se me moje la casita. Un señor noble me regaló un plástico y el otro lo compré con mucha dificultad”, dice.

De regreso en Roldanillo, Luz Mary Justy sigue entrando a su casa para llenar recipientes con pedazos de pared, tierra y tejas. Los lleva hasta la calle y regresa por más. Una tarea que se ha tornado muy lenta por su edad. Tiene miedo de entrar, pero no se detiene. Le cuesta sostener el recipiente. Tiene 78 años y después del terremoto siente que está empezando de nuevo.

“Nosotros no pensamos derribar la casa. Ya nos han dicho que tiene arreglo, que con una pared nueva y buenas vigas se puede salvar. Lo que pasa es que estas casas no tienen vigas de amarre, sino chonta”, explica.

Un mes después, en el norte del departamento del Valle del Cauca, algunas paredes comienzan a levantarse. Otras casas siguen igual que el primer día de la tragedia. A unos la reconstrucción ya les llegó, a otros los dejó varados, contando los días bajo un plástico prestado.

El reclutamiento en Colombia es un flagelo latente que sufren muchos menores de edad. En 2025 se registraron 386 casos de niños, niñas y adolescentes. Una violación a los derechos humanos que va en aumento especialmente en la región del Cauca, en el suroccidente colombiano, donde la población indígena es la más afectada. ¿Pero qué pasa con la presencia del Estado? ¿Por qué se los llevan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué papel protagónico están jugando las redes sociales? RFIse desplazó al departamento del Cauca, para intentar entender esta crisis.  

"A los 15 años me encontraron trabajando en una finca. Cuando llegaron, me dijeron que si yo quería ser parte de ese grupo. Me recogieron y ahí fue donde me llevaron", cuenta Juan, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad y hace parte de las vergonzosas cifras de reclutamiento de menores que tiene la guerra en Colombia. 386 casos se registraron en el país en 2025, según datos oficiales, pero los números reales son mayores. El miedo inunda estas comunidades, que dicen sentirse desamparadas y controladas por grupos armados.

El Cauca es el departamento donde hay mayor reclutamiento. Conviven grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, bandas criminales y de allí viene Juan, del norte. Solo pasó una semana mientras lo convencían para que se fuera con uno de estos actores armados. "Me dejé convencer por el dinero, pues cuando yo llegué casi no conocía a la gente. Encontraba más jóvenes muchas veces mayores que uno o menores que uno. Son grupos que no sabría cómo diferenciarlos, porque son cosas que uno muchas veces no entiende de la guerra", cuenta el joven. 

A los niños se los llevan a la fuerza o los seducen, pero en cualquier caso hablamos de reclutamiento forzado explica la mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Nini Johana Daza. "Hoy los grupos armados desafortunadamente lo han tomado como un factor importante escoger nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños y convencerlos de que allá hay una oportunidad económica y quizás de que podrán tener mejores oportunidades. Entonces, se los llevan convencidos", indicó Daza al resaltar que, al tratarse de menores de edad, la persuasión también responde a este flagelo. "Mientras nosotros evidenciamos que ha habido una desventaja en ofrecerle oportunidades distintas a nuestros jóvenes, niños y niñas, de alguna forma es reclutamiento forzado porque están forzando a ver oportunidades donde realmente es una situación de muerte, que no lo vemos de otra manera".  

Juan a sus 15 años ganaba 150 dólares mensuales trabajando en el campo y le prometieron 500 dólares mensuales si se iba a ese grupo armado. "Me dijeron que las cosas allá eran bien, que allá iba a tener un recurso para sustentarme, quería ayudar a mi familia", dice Juan, pero ese deseo solo le duró el primer mes, porque el dinero después no llegó.   

Las redes sociales como arma de reclutamiento en auge 

A algunos los contactan personalmente. Son extraños, amigos o enamorados, pero hay algo que está irrumpiendo de forma masiva y preocupa a organizaciones, padres y profesores, explica María Mercedes Lievano directora para Colombia de la ONG Save The Children: "Estos grupos están abogando en las redes sociales a una velocidad impresionante para seducir a los niños en estos territorios, haciendo una apología a la narco cultura, al poder, al dinero, a las motos”, indicó Lievano, agregando que dichos grupos armados se han especializado en estrategias de marketing muy robustas. "Dependiendo del sector o de la región del país, usa vallenatos (música) y apologías, entonces publican 'súmate a las filas', 'únete y tendrás poder', reconocimiento y, pues realmente tienen todas esas estrategias de seducción y captación para ser atractivos y vender una cultura, una falsa promesa de que vincularse a estos grupos les va a resolver muchos de sus problemas", indicó.

El profesor Carlos, cuya escuela está en una zona rural del Cauca, sabe muy bien estos casos. "Conozco un caso de un chico que empezó a hablar con una niña muy bonita a través de Facebook. Se pusieron cita semanalmente como 5 veces y a la quinta semana de estar conversando, un comandante de un grupo al margen de la ley corre a la niña que estaba hablando y le dice: 'Juan, sabemos dónde vives, tu papá se llama tal y tu mamá se llama tal, el viernes te presentas acá o si no los vamos a matar a todos'. A él le tocó dejar botado todo con sus papás e irse, y eso fue a través de un engaño estructurado a través de las redes sociales", cuenta el docente. 

Carlos indicó que a algunas jóvenes que reclutan a otros les pagan hasta  20.000.0000 de pesos (aproximadamente 5.000 dólares). "Es casi que una industria que está en este momento en auge. Tenemos niños reclutados desde los 10, 12 y 13 años", agregó.   

Este profesor, a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad, tiene que ver a algunos de sus pequeños estudiantes pasar de multiplicar a ponerse un uniforme, pues según las últimas cifras anuales de la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los menores tomados por el conflicto tienen menos de 15 años.    

Cada 20 horas al menos un niño en algún rincón de Colombia es reclutado por un grupo armado, cuenta María Mercedes Lievano, quien resalta el miedo extremo que sienten estos menores. “Cuando van caminando a su escuela y encuentran un artefacto explosivo en mitad del camino o, por ejemplo, de aquellos niños o niñas que nos cuentan que una vez ya entran a las filas de los grupos armados, son niños de 10, 12 años que estando en la selva o combatiendo, y viven un terror muy grande”.  

“Sienten la muerte todo el tiempo” 

Además de los combates, en ocasiones son víctimas de violaciones y abusos sexuales, señala la directora de la ONG, quien recuerda que estos niños no tienen un entrenamiento, los tratan como adultos y cuentan el doble miedo que sienten cuando están en enfrentamientos. “El primero de que lo van a matar por impacto de bala y el segundo de que si se llega a esconder o se llega a escapar, igual va morir porque él tiene la amenaza que tienes que combatir y no te puedes escapar de estos grupos. De alguna manera, sienten la muerte todo el tiempo", señaló.  

La sensación de que la muerte lo perseguía fue lo que hizo escapar a Juan de las filas en las que se encontraba desde hace dos años.  "Cuando uno siente que una bala casi se lo lleva a uno, esos son los momentos en los que no piensa en salirse de allá. Lo peor que me pudo haber pasado fue perder compañeros. Que en algún momento quise y aprecié como si hubieran sido hermanos de sangre. Muchas veces me quería volar, pero me daba miedo de que algo me pasara".

Tras muchos intentos, Juan logró escapar, pues lo que más lo frenaba era el miedo de correr con la misma suerte de sus compañeros, quienes "muchas veces no alcanzan a escaparse y los matan".  

Juan tiene algunas marcas en su cuerpo; los entrenamientos también son exigentes, dice. Los nuevos reclutas son utilizados para labores de extorsión, vigilancia, inteligencia o incluso en primera línea de enfrentamientos con la fuerza pública u otros rivales.  

Dicho conocimiento lo tienen algunos ex integrantes de las Farc, quienes son objeto de chantaje por los grupos actuales, asegura un excombatiente y firmante de los diálogos de paz de 2016, que no dio su nombre por seguridad. "Hay algunas personas que en el pasado posiblemente fueron colaboradores nuestros y que hoy, conociendo nuestra condición de firmantes, buscan atraer al padre, por la experiencia que tenía, pero en consecuencia de la respuesta negativa de los padres, algunos estúpidos mandos medios nuevos de ellos usaban como forma de presión atraer a los hijos de estos", señaló el excombatiente de las Farc, agregando que algunos casos están denunciados y otros "lamentablemente ya perdieron a sus hijos en la guerra".   

Abandono del Estado   

¿Pero por qué los grupos armados logran ejercer control de esta manera? ¿Y qué pasa con el Estado? La directora de Save the Children señala que uno de los mayores problemas que favorecen estas prácticas es el aislamiento en el que viven ciertos territorios.  

"Hay que entender que en un país como Colombia desafortunadamente hay regiones donde el acceso es muy limitado, incluso para ONG humanitarias por temas de riesgo. Esa expansión de conflicto armado lo que genera es un una expansión del control social sobre las comunidades y las comunidades están amenazadas. Las comunidades tienen miedo, no denuncian”, subrayó Lievano, alegando que falta mayor presencia estatal, programas sociales y calidad educativa.  

“Nosotros tenemos en el país territorios donde los niños a los 9 años no saben leer y comprender un texto simple, eso es pobreza de aprendizaje y eso hace que los perdemos rápidamente. Son niños que desertan del sistema educativo y son los que tienen mayor riesgo de incurrir en acciones delictivas", señaló.

Ante el abandono del Estado, algunas comunidades han desarrollado mecanismos para rescatar a sus niños de la guerra, es el caso del “Camino de Enraizamiento”, un programa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que busca fortalecer los derechos de las menores víctimas de reclutamiento, una vez logran regresar a sus hogares, dice la mayora Daza, quien lamenta la dificultad para encontrar a los jóvenes, pues los grupos armados, a veces, los desplazan a otros departamentos para que sea más difícil encontrarlos, denunció.    

Más allá de la atención, estas comunidades también rescatan, no siempre los chicos y las chicas logran escapar. A veces son las mismas madres quienes van en busca de sus hijos arriesgando sus vidas o la guardia indígena, indica José Tenorio, coordinador político de este organismo perteneciente al CRIC, que tiene tres modalidades de recuperación de menores de edad. "Una es cuando los menores de edad nos llaman desde el grupo armado que están arrepentidos por volarse. Entonces, con la autoridad en conjunto con la Guardia, vamos a buscar y hablar con el grupo armado para que haya una entrega de manera voluntaria. La segunda es cuando hay menores que no se quieren ir, entonces se rodea al grupo armado de manera contundente y se exige la liberación en la entrega al menor de edad y un tercer momento es comunicarse con los grupos armados para que entreguen al menor", dice Tenorio, recordando los riesgos de esta tarea. "No es fácil, corre con dos riesgos: que lo maten a uno por recuperar a un menor de edad o que terminen muertos los dos".  

Los padres, los maestros, las comunidades, pero sobre todo los niños, niñas y adolescentes sufren con el drama del reclutamiento forzado que en los últimos cinco años en Colombia ha aumentado un 300%. Es la desgarradora cifra de Naciones Unidas, según casos verificados, pero todas las entidades hablan de un subregistro por miedo. Porque si algo va de la mano del reclutamiento, es el miedo a hablar de ello, miedo a denunciarlo, miedo a admitir que se está trabajando para frenarlo.

Mientras tanto, los grupos armados aumentan sus filas en gran parte con esas niñas, niños y adolescentes a los que el Estado colombiano les ha fallado constantemente.  

Algunas voces y nombres fueron cambiados por seguridad.

La ruta canaria de la inmigraicón, que une África con las Islas Canarias, es una de las más letales. El año pasado 1.900 perosnas fallecieron en esta travesía intentando alcanzar suelo europeo. Sin embargo, llegar a tierra es solo un primer paso en busca de una vida nueva. En este gran reportaje seguimos el camino que cada año hacen miles de migrantes para aprovechar esta segunda oportunidad. 

De nuestro enviado especial Manu Terradillos

“Flotaba la gente en el mar. Tenía mucho miedo, no sabes si vas a sobrevivir o vas a morir". Así habla Djeneba Kane, originaria de Costa de Marfil. Forma parte de los miles de migrantes que cada año se juegan la vida para alcanzar las Islas Canarias desde África.

El año pasado fueron casi 18.000 los que llegaron al archipiélago a través de la conocida como Ruta Atlántica o Ruta Canaria, una de las más peligrosas, navegando hacinados en pequeños barcos llamados cayucos o pateras.

“Llegué aquí con 16 años, cuando estaba embarazada. Vine de Marruecos en patera. Gracias a Dios, yo llegué sana y salva, pero fue muy dura la travesía en patera. Fue muy complicada porque estaba embarazada. Cuando estaba en la patera, vomitaba y me mareaba", explica Djeneba sobre su viaje.

Canarias se ha convertido en destino de la migración irregular africana, dada su cercanía con la costa oeste del continente. El viaje lo suelen iniciar a pie en su país, hasta alcanzar alguno de los países costeros, donde pagan en ocasiones miles de dólares para tener sitio en una de las frágiles embarcaciones. En ocasiones, no tienen elección en su búsqueda de una vida mejor.

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Kalili Soukouna partió desde su Mali natal: “Yo llegué aquí el 14 de febrero de 2005 y tenía 14 años. Estaba en mi país. Un día cualquiera, como hoy, mi mamá se puso enferma. No tenía medios para llevarla al hospital y, al final, tomas decisiones como estas. Era toda una aventura sin saber lo que me iba a encontrar.

Antes de la embarcación estuvimos prácticamente un mes de caminata, porque no teníamos dinero para coger taxis, para coger autobuses, para cruzar la frontera de Mali hasta Mauritania, donde tomamos el barco. El viaje duró tres días en el cayuco, que nos trajo hasta aquí, hasta Maspalomas. Yo soy uno de los pocos afortunados que, por suerte, llegué y puedo contar la historia. Muchos no han tenido la misma suerte", continúa.

Una ruta migratoria letal

Como bien lo sabe Kalili, es afortunado, porque esta travesía se cobró 1.900 vidas el año pasado, convirtiéndose en una de las rutas migratorias más letales. Él pudo alcanzar tierra con su cayuco; en otras ocasiones, los migrantes son rescatados en alta mar.

José Antonio Rodríguez Verona es técnico de primera respuesta de Cruz Roja. Está entre los primeros que reciben a los migrantes cuando son rescatados en alta mar o llegan a tierra exhaustos: “Yo muchas veces en lo que más me fijo de la persona es en la mirada. Son miradas de ojos perdidos, miradas que no miran más allá del propio muelle. Sobre todo dan las gracias, no a nosotros, sino por llegar al destino en buenas condiciones".

En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a más de 3.000 personas en estas circunstancias. Cuenta cómo, poco a poco, su perfil ha ido cambiando con el paso de los años: "Normalmente vienen del sur de África. Mayoritariamente son varones de entre 18 y 24 años. Pero sí es cierto que también estamos notando un aumento de familias. Están viniendo familias completas. Es decir, está viniendo el padre, la madre, con un menor; o un padre con su hijo; una madre con su hijo. Siempre están alegres porque han pasado una travesía muy dura y ya están en tierra, que eso para ellos es lo más fundamental".

Una visita de León XIV para despertar conciencias

La visita del papa León XIV a las Islas Canarias en mayo fue un momento histórico. El sumo pontífice se desplazó a dos de las islas, Gran Canaria y Tenerife, que cuentan con importantes centros de recepción para estos migrantes.

El tema central de su viaje no fue otro que el de la migración, para despertar la conciencia de aquellos que no lo viven en primera línea, pero también para llamar la atención sobre esta ruta atlántica tan mortífera.

Eloy Santiago, obispo de Tenerife, estuvo entre quienes le recibieron:"Creo que la visita del papa León XIV a Canarias va a traer, sobre todo, la posibilidad de que, a nivel nacional e internacional, se ponga el foco en el conocimiento de las realidades migratorias en esta ruta atlántica mortífera. Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos y América, y la Ruta Atlántica queda un poco en el olvido. La presencia del Papa permitirá que los focos internacionales y, ojalá, como consecuencia, los organismos internacionales, los países, etcétera, vean que la cuestión migratoria no es una cuestión que afecte meramente a Canarias, ni siquiera a España, sino que es global y exige una respuesta global por parte de las instituciones".

 Sin embargo, llegar a tierra es el primer paso de un camino hacia una nueva vida. Kalili lo sabe bien, porque llegó siendo menor de edad, con 14 años. Aún hoy se dice sorprendido de la solidaridad y la ayuda que encontró:

"Fue bastante complicado. Yo estuve en un centro de menores durante cuatro años. Allí conocí a un ángel, al que nosotros llamamos mamá Loli. Doy las gracias a esa persona que a mí me salvó la vida, porque tanto para la integración, el idioma y la alimentación… Gran parte de lo que soy hoy en día es gracias a ella".

Maritza Legon trabaja en un centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no muy lejos de Las Palmas, en Telde, en el barrio de Marpequeña. Ella misma nos recibe y nos abre las puertas de sus instalaciones. Allí conviven medio centenar de personas. Comen, duermen, pero, sobre todo, reciben formación para integrarse. Desde el idioma hasta tareas básicas como pedir cita para el médico o inscribir a un hijo en el colegio.

"Las personas que viven en nuestro centro son solicitantes de protección internacional, lo que comúnmente llamamos asilo. Ahora mismo la mayoría son de Mali, pero hemos tenido épocas, dependiendo de cómo va el mundo y de la situación económica y geopolítica, en las que hemos acogido a muchas personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, Rusia o Ucrania; muchas nacionalidades", cuenta a RFI.

Además, Maritza explica que, antes de buscar su sitio en la sociedad española, muchos deben encontrar un momento de paz tras vivir una etapa traumática:

"Tienen derecho a atención psicológica, porque muchas veces es muy, muy importante para que puedan ir avanzando. Muchos vienen con estrés postraumático por la experiencia que ha supuesto la travesía y la llegada aquí. Después van a clases de español hasta que alcanzan un cierto nivel y pueden pasar a buscar cursos de formación ocupacional. Esa es la parte fundamental, porque al final todas estas personas que llegan aquí lo que quieren es tener un futuro para trabajar y vivir dignamente, como queremos todos en la vida".

El turismo, clave en la integración de los migrantes

El turismo es precisamente uno de los sectores donde los migrantes encuentran trabajo. El año pasado las islas acogieron a cinco millones de visitantes, atraídos por sus playas y su clima, haciendo de este sector el gran motor de la economía de Canarias y aportando uno de cada cuatro empleos existentes.

Estas robustas cifras económicas esconden un dato: la necesidad de la migración. Uno de cada cuatro trabajadores del sector es extranjero.

Lo sabe muy bien José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Las Palmas. Pese a las políticas de inmigración que defienden partidos como la formación de extrema derecha Vox, él asegura que los migrantes son fundamentales.

"Lo que pasa es que estamos en una situación donde se mezcla todo: ideas políticas intentando entrar en la economía, cuando realmente hay que ver la realidad, ver cómo España va a necesitar en los próximos años mano de obra. Tenemos una población envejecida, con jóvenes europeos, españoles y canarios que no quieren trabajar en el sector servicios, y donde la mano de obra migrante va a sustituir a esas personas que se van a jubilar en los próximos años y va a suponer una mayor riqueza para nuestros países", cuenta a RFI a la entrada de uno de los hoteles que gestiona. 

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Entre esos trabajadores migrantes se encuentra Marcia Díaz, chilena llegada a Canarias hace 27 años. Empezó a trabajar de manera irregular, hasta que logró la documentación y ahora supera el cuarto de siglo de experiencia como camarera de piso en hoteles.

Marcia no solo defiende la necesidad de los trabajadores migrantes, sino que además es portavoz en Canarias de la asociación Las Kellys, diminutivo de «las que limpian», que lucha para que este colectivo, formado principalmente por mujeres extranjeras, tenga mejores condiciones laborales.

"La mayoría son mujeres migrantes, muchas de ellas sudamericanas, y también tenemos muchas compañeras africanas. La asociación se creó en 2014 mediante un grupo de Facebook, por las mismas razones de las que estamos hablando: las injusticias que se estaban cometiendo en los hoteles. Las camareras de piso somos una parte estructural de un hotel. Un hotel vende camas limpias. Por tanto, nuestro trabajo es esencial. Tenemos algo dentro de nosotras, como un fuego, esa necesidad de prosperar, de salir adelante y de no volver atrás a lo que estábamos pasando en nuestros países".

Prosperar cuando se parte sin nada

Ese es el siguiente paso: prosperar. Migrar suele suponer muchos sacrificios, incluido el de comenzar de cero, sin familia, sin papeles, en una situación en la que cualquier oportunidad es bien recibida.

Alexa Martínez Mazabel llegó a Canarias hace nueve años y, pese a su experiencia en el campo de la comunicación, aceptó empezar trabajando en la atención a personas. Sin embargo, pronto descubrió que iba a ser muy difícil cambiar. Todas las ofertas y formaciones que le proponían siempre estaban relacionadas con el mismo sector.

Ahora asesora a distancia a otras mujeres para ayudarlas a que no entren en esa misma espiral, puedan regularizar su situación de manera más fluida y optar a mejorar su vida personal y profesional. Para ello creó la comunidad Arraigadas:

"Decidí hacer acompañamiento exclusivamente a mujeres migrantes que han tenido que pasar por las mismas situaciones que yo he vivido, trabajando en el sector del hogar y de los cuidados, del que muchas veces es difícil salir por las condiciones sociolaborales en España".

Buscar su sitio en un lugar donde nadie te conoce. Ese es el gran desafío.

"Hoy en día doy gracias a Dios porque puedo ganarme la vida y tengo gente a mi lado que me ayuda, me da consejos y que para mí son como mi familia", dice Djeneba, con su semblante serio.

Con ocasión de cumplirse dos semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela, nuestro corresponsal, Víctor Amaya, recogió los testimonios de sobrevivientes en La Guaira que tratan de sobreponerse al inmenso dolor y, en algunos casos, siguen buscando los cadáveres de sus seres queridos mientras denuncian el abandono y la desorganización de las autoridades.

El miércoles 24 de junio de 2026 la alarma sísmica de los teléfonos celulares comenzó a sonar, pero muy pocos sabían qué significaba ni qué hacer. “En el momento que llega una alerta por mi teléfono, yo grito: ‘Niños, va a temblar’”, cuenta Osnervy Pérez. “Eran las 6h00. A las 6:04 no me había dado tiempo ni de salir”.

La Guaira se convirtió en la zona cero del desastre. Aún hoy no se ha terminado de contabilizar cuántos cientos de edificios quedaron completamente dañados, ni cuántos se vinieron abajo. El gobierno afirma que se derrumbaron 190, pero con cada reporte el número aumenta.  

Cada sobreviviente tiene su historia. Francisco, Magdalena, Antonella, Leandro, Anyuri, Génesis y Jérica nos contaron la suya.

“Éramos siete personas en Residencias El Molino. En ese momento pega un estruendo muy fuerte y el piso se separa. Mi mente lo que dijo fue ‘nos morimos’. Y les grité muy fuerte. Yo pienso que sí me escucharon porque fue justamente antes de que todo se volviera oscuro. Les dije que las amaba con todo mi corazón, y de repente todo se vino abajo”, relata Francisco.

“’Mami, ¿qué está pasando?’, me preguntó mi hijo. ‘Qué está temblando’, le respondí. Sobre mi bebé había escombros. Y por encima de nosotros estaba lo que era la platabanda del techo de mi casa, y nos separaba un huequito”, explica Magdalena.

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“Me dijo que me quería, que mi mamá era la mejor mamá del mundo, y volteó su cara como para que yo no lo viera fallecer, y murió allí. Aquí ustedes me ven hablando y super optimista, pero la verdad sí duele en el alma porque es perder a tu único hermano. Prácticamente mi hermano me crió”, dice Antonella.

“Cuando llegué, el edificio ya estaba en el piso, derrumbado. Yo estaba buscando a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Saqué a mi mamá viva y se me murió en mis brazos”, cuenta Leandro.

“Me arrodillé y le pedí a Dios. Aquí estaban mis cuatro hijos con mis nietos y sus parejas. Me dicen que sacaron a mi hija con sus tres niños”. En plena oscuridad estaba mi otro hijo, Moisés, todo tapado, excepto la cabeza”, dice Anyuri.

“Una vez que el edificio cayó de golpe, empezó a temblar más duro. Tomamos la decisión de bajar por las escaleras. Preferimos morir en el intento y, como cosa de Dios, no nos cayó ninguna pared encima”, cuenta Génesis.

“Yo vivía con mi mamá en la (torre) 33, piso 4, que cayó completica. Ahí no se pudo salvar nada”, dice Jerica.

Un luto imposible por el momento 

Han pasado 20 días y en La Guaira todavía no hay luto. La emergencia no ha terminado. Cientos de venezolanos aún buscan entre escombros a víctimas del doblete sísmico, de 7,2 y 7,5. Aspiran encontrar milagros con vida, pero también quieren encontrar a sus muertos.

Augusto Rojas, residente en el urbanismo “Hugo Chávez”, perdió a sus dos hijas.

“Yo tuve dos pérdidas y todavía no me lo creo. Estoy parado aquí frente a mi torre y no me creo todavía lo que ha pasado. Yo que tengo pérdidas tengo que recuperarme porque soy el pilar de la casa”, dice Augusto Rojas.

Jenny Varela aún aspira encontrar a los suyos en un edificio que se hundió dejando decenas de personas enterradas. “No me permito entrar en luto porque tengo que verlos. Tengo la fe de que ellos están vivos. Pero en estos momentos no viene nadie, nadie nos apoya. ¿Cómo me quito yo esta incertidumbre de si están o no están vivos?”, dice.

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Maryori Aponte no pierde las esperanzas. “Mi hijo, su esposa y mi nieta Marcela estaban allí. Al parecer nos dicen que hay una bodega en planta donde presuntamente hay 16 personas y están tratando de meterse, abriendo como un huequito para que tengan oxigeno”, explica.

“Abajo, en esas dos torres, hay unos sótanos que vienen siendo los tanques subterráneos. Ahora pasaron un aparatico los compañeros voluntarios. Se ve agua y como un espacio de calor. Tenemos esperanza de que allí haya gente de los que estaban en planta baja o piso bajo”, afirma Aponte.

Los edificios "OPP", desplomados 

Entre los edificios caídos hay residencias de gran y mediana altura. Quizá los edificios de mayor densidad eran los llamados Oficina de Planificación Presidencial (OPP), los cuales fueron construidos durante el gobierno de Hugo Chávez. Cientos de apartamentos en esos conjuntos residenciales quedaron destruidos, con varias de sus torres completamente apiladas.

Luis y Gabriela buscan a los suyos denunciando la falta de apoyo gubernamental, la cual ha sido tardía e insuficiente ante una situación también inabarcable, cuyas respuestas más efectivas han quedado en mano de la asistencia internacional.

“Aquí nos encontramos con muchas personas voluntarias que vienen de México, Valencia o Maracay. Estamos agradecidos con cada uno de ellos porque vienen a prestarnos apoyo para levantar estos escombros y así poder rescatar los cuerpos de nuestros familiares”, dice Luis.

César Padrón, otro residente de ese urbanismo, relata: “Aquí vivía mi hijo de 10 años y su hermanito de 12 años. Con el derrumbe no pudieron salir de ahí, Hemos estado cavando. hemos abierto cinco agujeros y nada”, dice César.

“Ya van dos semanas que llevamos pidiendo maquinaria. La torre de al lado, toda esa maquinaria que usted ve, toda esa ayuda, es porque allí viven policías. Ellos están tratando de sacar a su gente. En la torre del otro lado también vivir un militar y tenía un pocotón de maquinaria, pero como sacaron a su gente, pues se llevó todo”, denuncia Gabriela.

Buscando con las uñas 

Marcos busca a su hijo en el edificio Belo Horizonte, en Playa Grace, que colapsó sobre sí mismo apilando seis pisos en una sola planta, donde estaba el muchacho de 16 años. Junto a amigos y a su esposa ha liderado los esfuerzos de rescate en esta zona de Playa Grande, en La Guaira, donde afirma que funcionarios se acercan para ver, documentar y “hacer show”, pero no para ayudar.

“Vienes después de dos semanas de este desastre a decirme que tenemos que seguir un protocolo. No, güevón. La primera persona que yo salvé, la bajé con líneas del cable del internet. Fue la primera persona que sacamos viva de aquí. Fue la única. De resto han sido uñas, palitos, tubitos… He sacado más de 20 cadáveres. A mi esposa le ha tocado reconocer a más de 50 muertos. Yo soy mecánico. Estoy acostumbrado a ver piezas de carros rotas, no piernas ni orejas ni personas desmembradas”, subraya.

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Marcos admite el daño psicológico por ver tanta muerte, como otro rescatista que nos dijo que ha rescatado en otro punto del territorio a 11 muertos, incluyendo cuerpos de niños severamente dañados.

Entretanto, los voluntarios aún piden máquinas para levantar losas completas, pero no hay suficientes, se dañan, les falta combustible o simplemente alguien pagó más por ella. “He escuchado que piden 650 dólares el día. Pero no sabría decir si es cierto porque no he buscado. Tampoco tenemos los recursos hacerlo”, nos confía Egly Matos.

No muy lejos de ella, José Liendo dice: “Queremos que nos ayuden con maquinarias para retirar escombros y poder recuperar a nuestros muertos y así poder darles su cristiana sepultura”, dice.

“No tenemos la culpa de que, teniendo en cuenta la magnitud de lo que pasó aquí, se nos dañen las máquinas cuando estamos trabajando. Esta máquina está parada porque le falta un repuesto, un turbo. Hemos amanecido, tres, cuatro, cinco días, amaneciendo aquí sacando gente, sacándola de los escombros”, dice Edgar, maquinista.

“Tengo amigos a los que les están cobrando para sacar a los familiares de los escombros. Eso está mal. El gobierno, la alcaldía, tiene que apoyar con maquinaria y no que uno tenga que pagarla privadamente”, opina Emilio.

Oscar lidera un equipo de maquinistas que trabajan en edificios privados. “El domingo fue el día más terrible para mí porque me llegaron muchas familias de otros edificios pidiéndome apoyo. Hasta ofreciéndome dinero: ¡1000 dólares! Una señora me pidió sacar a sus hijas, se me arrodilló, me abrazó. Cuando pudimos hacerlo, la apoyamos y sacamos a las niñas. Fue fuerte. El domingo fue horrible para mí. Esta experiencia no se la deseo a nadie, a nadie”, dice Emilio.

Frente a cada edificio derrumbado, y los hay por cientos a donde vaya la mirada en La Guaira, hay voluntarios sobre los escombros tratando de rescatar cuerpos, mientras otros hacen el recuento de cuántos familiares les faltan.

“Mira, habían sacado cuatro personas vivas, también varios cadáveres, como tres… era una familia de siete en total”, dice Gustavo Bastardo. “Fueron dos, tres, cuatro, cinco personas conocidas directas. Amigos míos. No te miento. Te puedo decir que perdí unos 35 amigos, 35 amigas, 30 niños que eran hijos de esos amigos. Y los conocidos lejanos… ¡infinidades!”, agrega.

“En la OPP 26 y en la OPP 27 perdí como 20 familiares. Ya hemos rescatado 17, y me faltan tres todavía. Pero ahorita no podemos entrar porque hay unas columnas y debemos picar las cabillas para poder avanzar. Necesitaríamos una planta con un esmeril y el martillo eléctrico para poder avanzar”, explica otro sobreviviente.

Riesgo de más derrumbes 

Pero Protección Civil ya advierte que hay zonas donde las labores deben parar. Uno de sus voceros advierte sobre los riesgos: “Estamos aquí desde el día uno, el 25 de junio, hemos ido monitoreando el edificio 26 del complejo habitacional de Misión Vivienda. Hay que evacuar a todas las personas que están laborando de aquel lado porque ese edificio en cualquier momento va a caerse, va a derrumbarse. Es el momento de dejar de hacer labores allí porque están arriesgando la vida, y es precisamente lo que estamos evitando”.

La cuenta oficial habla de 4.490 fallecidos, 16 mil heridos y casi 20 mil personas refugiadas. No hay un dato formal de desaparecidos, pero registros ciudadanos contabilizan al menos 30.000 personas aún no encontradas y 14.000 ya localizadas.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de la Venezuela que renace y de construcción acelerada de nuevas viviendas. En La Guaira, su hermano Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y ahora jefe del estado mayor para atender las consecuencias del terremoto, dijo que han identificado varios terrenos como seguros por un sobrevuelo de helicóptero.

“Son terrenos que no están tan cerca de la zona de costa, donde están los peores terrenos. Sino que por lo general son terrenos planos o que están al pie de la montaña, en una especie de mesetas o valles que pueden ser aplanados para la construcción de viviendas. Son 40 terrenos que suman 584.000 m2 y que nos van a permitir la construcción de nuevas viviendas no solamente en otras partes del país sino también en el estado La Guaira”, dijo Jorge Rodríguez, quien también prometió que se culminarán proyectos residenciales paralizados desde hace años y anunció la reforma de la ley de alquileres para que unas 200.000 viviendas vacías salgan al mercado.

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Además el Estado ha instalado 94 campamentos de refugiados mientras que en muchos lugares de La Guaira cientos de carpas ocupan aceras, terrenos y calles donde muchos todavía esperan mejores condiciones en refugios improvisados y a la intemperie aunque con asistencia internacional, principalmente.

Dos venezolanas, Keily Henriquez y Fabiana Gutierrez, advierten llega, si bien no es ideal. “Ya nos trajeron los baños, nos dan comidas, medicinas”. “Desayuno no nos dan, falta más organización”. “Nos dijeron para llevarnos a Los Caracas (un refugio), pero no nos fuimos porque no nos podemos ir sin sacar a nuestros familiares”. “Ya cuando los saquemos veremos lo que vamos a hacer”, concluye.

En el camino, van saliendo los reclamos de vulnerabilidades advertidas. Vecinos de la OPP 25, donde dos de los enormes edificios construidos por el chavismo se desplomaron, denunciaron hace cuatro años que la estructura estaba dañada, y pidieron ser desalojados, como recuerda Deivi Vásquez.

“Obviamente nos tenían que haber reubicado, cosa que no fue así. Taparon el orificio y eso quedó así. Lastimosamente por dentro eso estaba fracturado”, dice.

En el urbanismo Hugo Chávez, el propio expresidente dijo que eran antisísmicas cuando las inauguró hace 15 años. Pero Damelis Díaz ahora llora la muerte de su hija y de decenas de vecinos, aplastados por las estructuras prefabricadas que se hundieron. “Ya había un precedente y eso lo sabían. Ellos vendieron este urbanismo como si fuera tecnología de punta y antisísmico, pero en realidad no lo era”, dice Damelis.

En La Guaira la adrenalina corre sin parar, la urgencia y el miedo se imponen. Pero las víctimas ya comienzan a pensar en el mañana, a evaluar si quedarse o no en este territorio que ha visto tres tragedias en casi 30 años: un deslave, una vaguada y un doble terremoto.

“Bueno, si hay la posibilidad sí. Pero si me toca que me quede, me quedo”, dice Augusto Rojas.

“No me gustaría irme de La Guaira. Sé que me va a tocar porque ahorita está inhabitable”, dice Gabriela.

“Son muchos sentimientos, muchas experiencias aquí vividas. Es difícil irse”, dice Daniela Segura.

“No me gustaría irme de La Guaira, porque aquí es donde nací y es donde me he levantado, y mi guaira es muy bonita”, confiesa Jérica Ochoa.

“Realmente no tenemos para dónde irnos. Esta es nuestra propiedad y nuestro terreno privado”, dice Nélida Ciral.

“Yo diría que no, porque yo digo que ya lo peor pasó”, opina Osnervy Pérez.

“Pues no, porque hay mucho movimiento de tierra y ya casi todo quedó muy sentido. Yo lo que recomiendo es que no vuelvan a hacer apartamentos”, sugiera Jonaris Salazar.

“Quisiera que se recuperara, pero no que construyeran más edificios. Creo que quedamos traumatizados con vivir en apartamentos”, dice Johana Granado.

El jurado del Premio Reportaje de RFI en Español, dirigido a estudiantes de periodismo en universidades del continente americano, entregó una mención especial al reportaje “Sobreviviendo en el camino” de Nadira Jave, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima. El reportaje explora con testimonios y análisis un fenómeno que afecta a las mujeres peruanas: el acoso en el transporte público. 

Un reportaje de Nadira Jave

Son las seis y media de la mañana en Lima. Miles de mujeres se preparan para salir de casa. Pero antes de cruzar la puerta, se miran al espejo y se hacen una pregunta que ningún hombre se hace: ¿esta ropa es segura para viajar? Gloria Corcuera, de 34 años, madre y trabajadora de una tienda de ropa, se hace siempre esta pregunta: “La vestimenta también, sí. La he cambiado también bastante".

Cifras importantes y en aumento

Patricia Escalante, de 22 años y estudiante universitaria, también se pregunta lo mismo: "Me ha gustado vestirme de una forma, de una manera, que en la calle... es totalmente incómodo". Desde los 13 años, desde que Patricia empezó a transportarse sola, ha tenido que calcular cada decisión: qué ponerse, por dónde ir, a qué hora salir.

Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cada día, aproximadamente dos millones y medio de mujeres peruanas viven con una realidad brutal: sufrieron acoso por primera vez en el transporte público cuando eran adolescentes y, desde entonces, viven en modo supervivencia.

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Entre noviembre de 2022 y marzo de 2024, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) registró 415 casos de acoso sexual en el transporte público limeño. Pero estas cifras son apenas la punta del iceberg, pues siete de cada 10 mujeres en Lima y Callao han experimentado alguna forma de acoso. La pregunta no es si les ha pasado, sino cuántas veces.

Gloria Corcuera tenía 17 años cuando experimentó por primera vez lo que millones de limeñas conocen demasiado bien. Estudiaba cerca del centro de Lima y tomaba la combi por la avenida Arequipa. Ese día, como tantos otros, iba vestida con su uniforme: pantalón sastre y blusa.

"Cuando tenía 17 años y ya me tenía que ir a estudiar, en ese tiempo estudiaba por la avenida Arequipa y me iba en la [línea] D o sea, el carro estaba full y de repente un señor se me pegó bastante. Un señor mayor se me pegó y empezó a sobarse. Entonces yo me puse de costado, me cambié y el señor seguía sobándose. Yo le dije: '¿Qué tiene?' Y se hizo el loco. Bueno, lo insulté y la gente lo sacó del carro", recuerda Gloria.

Patricia Escalante no recuerda con exactitud cuándo comenzó. Pero recuerda la sensación, los roces que se justifican con la excusa de "el carro está muy lleno". Las miradas. El miedo. “Cuando se han apegado mucho a mí o dándole excusas de que, ay, no, el carro está muy lleno o el tren está muy lleno, cuando en realidad solamente querían simplemente ser asquerosos los hombres”, denuncia.

Lamentablemente, la experiencia de Gloria y Patricia no es única. La ATU reportó 377 casos de acoso sexual entre 2022 y enero de 2024 en los principales sistemas de transporte masivo de la ciudad: el metropolitano, un sistema de buses rápidos, los corredores de buses urbanos y la línea 1 del metro de Lima. Las denuncias subieron de 112 casos en 2022 a 237 en 2023. Y la tendencia continúa: hasta noviembre de 2024, se registraron 256 casos solo en el metropolitano. un incremento del 128% respecto al 2022.

Estrategias de supervivencia, entre cambios de ropa y de ruta

Pero detrás de cada estadística hay mujeres que, desde el día en que sufrieron acoso, ya no volvieron a vivir igual. Lo que las estadísticas no muestran es lo que viene después del acoso: la transformación de cada decisión cotidiana en una estrategia de supervivencia.

Gloria no solo aprendió a defenderse, sino que también aprendió a restringir su propia vida. "Bueno, ahora ya tomo otras rutas, ¿no? Me voy en moto al paradero. Trato de, como hay aplicativos de taxis que cobran cómodo, irme en taxi. Ya no evito roces, evito directamente que me molesten", explica.

Patricia también lo hizo. En su casa se siente libre, pero en la calle es diferente: "En mi casa me puedo sentir libre, pero salir de ahí, que me miren los hombres, que me juzguen por simplemente mostrar un poquito de piel o cuando estoy usando falda y tener que siempre pensar: 'no, tengo que usar un short debajo porque van a verme por detrás'", cuenta.

Así como Gloria y Patricia, miles de mujeres limeñas han modificado su guardarropa completo. Nada de faldas, nada de shorts, nada de escotes. Solo ropa holgada, incluso cuando el calor de Lima es insoportable. Se visten pensando en el transporte, no en lo que quieren usar. Calculan cada prenda pensando en las escaleras, en el viento, en las miradas.

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Pero la ropa es solo el principio. También cambian rutas. Rechazan oportunidades. Gastan más en taxis. "Siempre pido trabajar cerca de mi zona para poder irme en moto y no tomar la combi", comenta Gloria. Gloria no está sola, otras mujeres viven lo mismo. Patricia complementa: "He tenido que hacer trayectos más largos y gastar un poco más para no toparme con lugares que creo que son peligrosos para mí".

Según datos de la ATU, el 70% de las víctimas cambian su patrón de viaje, modificando horarios y paraderos para evitar repetir la experiencia. Patricia gasta aproximadamente 70 soles extra al mes solo en transporte seguro, setenta soles que podría destinar a libros, comida, cualquier otra cosa, pero los destina a su supervivencia.

"He tenido que usar taxi, he tenido que usar más de un bus, o el bus o el metropolitano o bus o tren para tener que sentirme más cómoda. Durante el mes podré haberme gastado unos 70 soles aproximadamente en pasaje", señala Patricia.

Dentro del transporte, cada viaje es una operación táctica. Patricia ha desarrollado estrategias precisas: "Cuando voy en el bus, me siento en los asientos que son para una persona. Cuando voy a veces en el metropolitano, intento estar cerca, pegada al chofer, porque es el lugar más libre y más tranquilo en el que puedo estar. Y cuando he ido al tren, lo mejor es apegarme a la ventana, porque ahí no tengo que estar en contacto con nadie”, detalla.

Estas estrategias se volvieron automáticas para Patricia desde que tenía 13 años. La edad en que una niña debería preocuparse por la escuela, por sus amigas, por descubrir quién es. No por cómo sobrevivir en el camino. "Me da ansiedad saber que en algún momento me puede pasar algo. Agradezco mucho que... hasta ahora no me ha pasado algo peor", confiesa.

Mismo nivel de hipervigilancia que en contextos de guerra

Cambiar de ropa, de rutas, de horarios, gastar más, limitar la propia libertad, vivir en alerta constante. Son estrategias que tienen un nombre en psicología: hipervigilancia. Para Marcia Melgarejo, psicóloga social-comunitaria especialista en trabajo con poblaciones vulnerables con enfoque de género, este fenómeno tiene raíces que van mucho más allá del momento del acoso.

“También es importante precisar que no solo se trata de estar atento. Estar atento no es hipervigilancia. Es más, involucra más todo un proceso detrás, también la activación sostenida, el hecho de que es tarde y qué pasará. De manera que todo el día, en un largo transcurso del tiempo, afecta a nuestro sistema nervioso. Incluso cuando no existe peligro inmediato. Una mujer que se encuentra en un estado de acoso constante tiene el mismo nivel de hipervigilancia que personas que han ido a estados de guerra”, explica.

El mismo nivel de hipervigilancia que en contextos de guerra. Esa es la realidad que viven Patricia, Gloria y miles de mujeres cada día en el transporte público de Lima. Y las consecuencias no se quedan solo en lo momentáneo.

“Genera ansiedad crónica porque vives constantemente con el ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder mi entorno? También insomnio porque no puedo dormir. No sé qué va a pasar en mi entorno. No sé si mañana va a suceder algún tipo de acoso en el transporte público. Porque somos mujeres, muchas veces trabajamos, entonces tenemos que utilizar el transporte público diario. También agotamiento emocional, irritabilidad por lo mismo del cansancio, por lo mismo del insomnio, por lo mismo del agotamiento”, señala la psicóloga.

Ansiedad crónica. Insomnio, irritabilidad, síntomas similares al estrés postraumático. Pero también hay un costo en lo psicosocial: pérdida de autoestima, reducción de autonomía, limitación para transitar libremente el espacio público. Y un costo económico real.

“No solamente afecta a estas situaciones de alteraciones psicológicas, estados psicosociales como la pérdida de autoestima. Muchas mujeres internalizan eso de que debemos protegernos”, prosigue Melgarejo. “Y para protegernos debemos modificarnos a nosotras mismas. La forma en la que vestimos, la forma en la que caminamos, por dónde caminamos. Voy a tener otras alternativas como ya el transporte privado que vendría a ser los taxis. Tendría que gastar más, tendría que invertir más. Me parece que tengo que trabajar más”, sentencia.

Un problema estructural y normalizado

Pero ¿por qué este problema persiste? ¿Por qué se normaliza hasta el punto de que las víctimas son quienes modifican sus vidas en lugar de los agresores? Vanessa Arias es presidenta de "Paremos el acoso callejero", una organización feminista que desde hace años trabaja en visibilizar y combatir esta forma de violencia de género en los espacios públicos. Para ella el problema no solo es individual, es estructural.

“Esto empezó como un observatorio dentro de la universidad católica. Esta violencia siempre tenía una razón de ser, en su mayoría en mujeres y niñas adolescentes, pero era una violencia invisibilizada, porque la gente no la catalogaba como tal, no como violencia, sino que ya estaba normalizado como que uno sale a la calle en determinado momento y te expones”, recuerda Vanessa.

Normalizado, esa es la palabra clave. El acoso se volvió parte del paisaje urbano, algo que simplemente pasa cuando una mujer sale a la calle. Pero Vanessa y su organización han demostrado que esto no es natural ni inevitable. Es el resultado de un sistema que no fue diseñado pensando en las mujeres.

“Nosotras en el 2022 hicimos un proyecto que se llamó ‘Ciudades que cuidan, en el que justamente analizamos esta mirada de la ciudad, que es una ciudad pensada de forma masculina. No hay espacios para cuidado, no hay baños públicos, no hay ni siquiera paraderos iluminados. En el mismo diseño de la ciudad no se piensa en esa seguridad que tenemos las personas o que deberíamos tener las mujeres para poder transitar”, señala Vanessa.

Una ciudad pensada de forma masculina, sin baños públicos, sin paraderos iluminados, sin espacios de cuidado. Y el transporte público se reflejó más claro en esta desigualdad. Ante esta realidad se han implementado algunas medidas. protocolos en el metropolitano, campañas de concientización, derivación de casos a la Fiscalía. Pero mientras esto ocurre, miles de mujeres como Gloria y Patricia siguen saliendo de sus casas cada mañana, eligiendo ropa, midiendo horarios y presupuestos de seguridad.

El derecho a transitar libremente por la ciudad sigue siendo, para ellas, un privilegio que deben comprar con dinero, tiempo y libertad. Gloria ha aprendido a defenderse. Insulta a sus acosadores, pone su cara ruda y sigue caminando. Pero en el fondo sabe que no debería ser así. “Bueno, ya estoy más grande y los insulto nada más. Me enfrento y los insulto, y como que cuando tú los insultas se paltean”, señala.

Sobrevivir al camino no debería ser una hazaña. Pero en Lima aún se visten pensando en sobrevivir, no en vivir.

La memoria oral indígena y nuevas investigaciones muestran cómo las misiones jesuíticas en Paraguay no solo fueron un refugio sinónimo de progreso para los guaraníes, sino que también fueron un instrumento de control, despojo de tierras, trabajos forzados e imposición cultural. Hoy, guías guaraníes empiezan a contar su propia versión en las ruinas, completando una historia que durante siglos fue narrada casi exclusivamente por voces europeas. Un reportaje de Santi Carneri.

Cuando pensamos en las Misiones Jesuíticas solemos recordar la película La Misión, estrenada en 1986 y protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Algunos recordarán iglesias monumentales, esculturas barrocas y coros indígenas interpretando música sacra.

Durante siglos, la historia oficial de la Iglesia Católica contó que los jesuitas llegaron para salvar a los guaraníes de la esclavitud, enseñarles nuevos oficios y construir junto a ellos una experiencia de hermandad entre europeos y nativos. Algo extraordinario en la América colonial. Todavía hoy miles de turistas recorren las ruinas de Trinidad, Jesús o San Cosme y Damián en Paraguay para admirar ese legado.

Pero existe otra versión de la historia. Una que rara vez aparece en los libros escolares. Una historia transmitida por los propios guaraníes de generación en generación y refrendada por historiadoras y antropólogos de ambos lados del Atlántico. Porque aquellas misiones no sólo fueron iglesias y prosperidad.

A comienzos del siglo 17, los jesuitas fundaron una red de pueblos que se extendió por los actuales territorios de Paraguay, Argentina y Brasil. En total llegaron a consolidarse 30 reducciones, llamadas así porque reducían a un pequeño espacio a miles de familias guaraníes que solían vivir en el bosque en grandes extensiones de tierra.

“Quizás fue la mejor opción”

La versión tradicional de los hispanistas religiosos y nacionalistas españoles explica que estos pueblos nacieron para evangelizar y proteger a los indígenas. Una versión que sigue en boga entre influencers y guías turísticos.

“Allí se crearon 30 reducciones jesuíticas, donde convivieron con el mismo estatus social los padres jesuitas y los indios guaraníes, protegidos por las leyes de la corona española que prohibían la esclavitud, la explotación y otras injusticias similares”, afirma un influencer.

Ana Belén Espinosa, coordinadora de Patrimonio de las Misiones Jesuíticas de Paraguay, explica a RFI que“estas misiones jesuíticas nacen con el objetivo de evangelizar a los nativos y protegerlos también en lo que era esta selva antiguamente. En esa época los guaraníes estaban expuestos a ser llevados, a trabajar como esclavos por los bandoleros portugueses o a ser sometidos al sistema de encomienda”.

“Entonces, si bien por ahí esa evangelización significaba una ruptura de la propia cultura de los indígenas, algo negativo por decir, en esa época quizás fue la mejor opción, ya que los indígenas estaban también expuestos a estos otros peligros”, subraya.

La amenaza era real. Durante décadas, los colonizadores españoles y grupos armados portugueses conocidos como “bandeirantes” penetraron en la región para capturar a indígenas y venderlos esclavizados. Varias misiones fueron atacadas y saqueadas. Ante esa situación, los jesuitas ofrecían refugio.

Pero los trabajos de historiadores como Pablo Rodríguez Pérez, de la Universidad de Salamanca, o la antropóloga argentina Laura Szmulewicz, recuerdan que las reducciones también respondían a otro objetivo: concentrar a poblaciones indígenas dispersas para facilitar su control. No eran solamente refugios, también eran instrumentos del proyecto colonial.

“Nuestra sociedad y nuestras sociedades están tomando esa historia de las misiones jesuíticas con los guaraníes y otros pueblos indígenas, como una historia según el gusto. Para algunos es una historia difícil y conflictiva, para otros es una historia feliz", dice a RFI Benno Glauser, investigador de origen suizo afincado en Paraguay que trabaja con pueblos indígenas desde hace más de 30 años.

Glauser destaca que la actividad de los religiosos europeos trajo una modificación profunda - hasta tergiversación - del idioma guaraní en sus variados dialéctos hablados por los diferentes pueblos guaraníticos. La modificación refleja la religión y cultura de los misioneros. Para dar un ejemplo: el sufijo "-mi" en el idioma Mbya- Guaraní tal como hoy lo encontramos todavía en sus cantos religiosos señalaba algo sagrado; en el guaraní paraguayo de hoy significa meramente "pequeño".

“Una imposición de cultura y creencia”

Las misiones supusieron también la pérdida de tierras, trabajos forzados, imposición cultural y resistencia, mucha resistencia. Tres siglos después, en Paraguay se da un hecho insólito e histórico: tres guías turísticos guaraníes han comenzado a contar esa otra versión. La que escucharon de sus abuelos. Por primera vez ambas historias pueden escucharse juntas.

Entre las ruinas de San Cosme y San Damián trabaja el joven guía Verá Miri, aunque en su identificación laboral aparece otro nombre, Lucas. “Sí, tengo mi nombre guaraní, mi nombre nativo es Vera Mini. Vera Mini. Significa pequeño brillante”, comenta.

Verá Mirí vive en su comunidad, no muy lejos de la misión, donde resisten precariamente pese a la enorme riqueza agrícola que los rodea. Todos los grandes hacendados que poseen miles de hectáreas de tierra son de origen español, alemán e incluso ruso. Pero los guaraníes han quedado recluidos en pocas hectáreas. Las únicas, por cierto, donde se conserva el bosque nativo.

Cuando explica las misiones a los visitantes, Verá Mirí comienza donde muchos relatos oficiales terminan: en la tierra. “Sí, primeramente en realidad los europeos sacaron tierra de los guaraníes. Anteriormente habitaban solo los guaraníes. Y en realidad fue una invasión para los guaraníes. Y nos quitaron nuestra tierra. Desde ahí los guaraníes ya no pudieron vivir como antes, o sea, como vivían anteriormente. Fue una nueva imposición de cultura, de creencia para los guaraníes”, cuenta.

Las impresionantes construcciones que hoy admiran los turistas fueron levantadas por miles de indígenas. Piedras extraídas a kilómetros de distancia y transportadas sin maquinaria alguna. “Los guaraníes fueron los que hicieron las manos de obra. Esa piedra los guaraníes la sacaban de una alquería que está a seis kilómetros de acá”, explica el guía.

La historiografía tradicional suele destacar la prosperidad económica de las misiones. Los guaraníes producían ganado, cultivaban alimentos y desarrollaron plantaciones de yerba mate. Pero la memoria oral conserva otro recuerdo, apuntaVerá Mirí: “Para esa época fue un trabajo pesado para los guaraníes. Y ellos trabajaban como esclavos porque no había tecnología como hoy en día”.

Una relación compleja y teñida de resistencia

La relación entre jesuitas y guaraníes fue mucho más compleja de lo que sugieren los relatos simplificados. Por un lado, las misiones protegían a los indígenas de los esclavistas portugueses. Por otro, exigían obediencia.

Los investigadores han documentado castigos físicos dentro de las reducciones. Algunos jesuitas describieron cómo mujeres y niños eran azotados para corregir conductas consideradas inapropiadas. La vida cotidiana estaba cuidadosamente regulada. Trabajo, oración, horarios y disciplina formaban parte del sistema.

“Los europeos ya también usaban armas y sí o sí obligaban a los guaraníes a asistir a la misa, trabajar, y les decían que los iban a proteger también de los bandoleros, porque había grupos que perseguía mucho a los guaraníes”, subraya Verá Mirí.

Sin embargo, la realidad no fue igual para todos. Algunos guaraníes encontraron en las reducciones una forma de escapar de la esclavitud. Otros aceptaron la nueva organización social. Pero muchos se resistieron. “La relación entre los religiosos y los guaraníes es un tema complejo, ¿verdad? Porque como todas las historias, tiene sus matices”, comenta Ana Belén Espinosa.

Existe una imagen muy extendida e interesada que presenta a los indígenas como espectadores pasivos de la historia. Pero los documentos muestran algo diferente. Cuando los bandeirantes atacaron las reducciones, miles de guaraníes tomaron las armas.

En 1641, derrotaron a los esclavistas portugueses en la batalla de Mbororé. Y años más tarde protagonizarían otra rebelión todavía más importante, la Guerra Guaranítica, entre 1754 y 1756. Todo comenzó cuando España y Portugal acordaron intercambiar territorios. Casi 30.000 guaraníes debían abandonar las tierras donde habían vivido durante generaciones. Muchos se negaron y se enfrentaron a los ejércitos de ambas coronas. Los guaraníes no estaban dispuestos a aceptar cualquier decisión impuesta desde Europa.

Darle voz a las comunidades guaraníes

Durante mucho tiempo, la historia de las misiones fue contada principalmente por cronistas religiosos e historiadores europeos. Los guaraníes aparecían en ella, pero rara vez hablaban con su propia voz. Eso empezó a cambiar en 2017.

“Empezamos a darle protagonismo a estas personas de las comunidades guaraníes. Empezamos a aprender muchísimo de ellos y eso también transformó las visitas. Si por ahí antes hacíamos visitas que tenían un tenor histórico, arquitectónico, hoy en día se hacen unas visitas que transmiten lo que tiene que ver con el modo de ver, el modo de vivir de las comunidades guaraníes”, detalla comenta Ana Belén Espinosa.

Hoy los visitantes no sólo aprenden sobre arquitectura barroca. También escuchan historias sobre el idioma guaraní, los conocimientos ancestrales y la forma en que las comunidades recuerdan aquel pasado. Para Verá Mirí, la supervivencia de esa memoria tiene una explicación sencilla.

“Según mi abuelo, me contaron que, los guaraníes no les dan tanta importancia a las reducciones jesuíticas porque fue un lugar donde los guaraníes sufrieron mucho, donde murieron muchos niños, donde fueron esclavizadas muchas personas. Por eso los guaraníes no ven como algo 100% positivo a las reducciones jesuíticas”, afirma. “Los guaraníes que pudieron escaparse, que no se dejaron dominar por los europeos, son los guaraníes que pudieron mantener la cultura y salvaron la cultura guaraní”, recalca.

Las ruinas siguen en pie. Las mismas piedras que unos contemplan como símbolo de fe, organización y progreso, y que otros recuerdan como testimonio de despojo, sufrimiento y resistencia. Quizá ambas visiones sean ciertas, porque las misiones jesuíticas fueron muchas cosas al mismo tiempo y durante mucho tiempo.

No se trata de borrar la versión oficial, sino de completarla. Porque la historia nunca pertenece a una sola voz, y durante demasiado tiempo, una de ellas permaneció silenciada.

Una de las selecciones favoritas para ganar la Copa Mundial de Fútbol 2026 es Argentina, actual campeón y poseedor de tres títulos. Para desentrañar qué es lo que hace que el país de Di Stéfano, Maradona, Messi sea una potencia productora, no solo de jugadores, sino también de directores técnicos de primer nivel, nuestro corresponsal en Argentina visitó clubes y academias de Buenos Aires y Rosario, donde habló con formadores, técnicos, captadores y aspirantes a jugadores que sueñan con jugar en las grandes ligas.

Argentina es una máquina de producir jugadores de clase mundial no solo para su selección nacional, sino para los mejores equipos del mundo, entre otros, los que compiten en la Champions League europea. Argentina también es una productora de directores técnicos de enorme nivel: seis selecciones son dirigidas por argentinos en este Mundial.

El Club Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, es un histórico semillero de grandes jugadores de fútbol. En la entrada, un cartel dice que el club es "cuna de cracks". En sus paredes están colgadas las camisetas de futbolistas notables que se formaron ahí.

"Estos son muchos de los chicos que salieron del club. Bueno, ahí está la mía, La Paglia", dice César La Paglia, director deportivo del Club Parque. La Paglia tuvo una carrera exitosa como futbolista en Argentina y Europa, además de jugar en juveniles de la selección albiceleste.

Mientras hablamos, los chicos están practicando baby fútbol, una versión del deporte que se juega en canchas más pequeñas; y que favorece el control, la gambeta corta, la velocidad mental y la creatividad bajo presión. Eso contribuye al desarrollo de jugadores rápidos, pícaros y habilidosos.

Todo empieza con el "baby foot" 

Para La Paglia, el “baby fútbol” permite trabajar muy bien los fundamentos del deporte. "A ver, lo más importante en el baby fútbol siempre es el pase, se trabaja mucho lo que es el control y el pase, y después se trabaja con conos, lo que es la técnica, se usa mucho la pisada en el baby fútbol, pisar para un lado, pisar para el otro".

“Buen jugador se nace”, cree La Paglia, pero la formación es clave. Y esta etapa es fundamental.

"En el desarrollo de un jugador de fútbol, futuro jugador de fútbol, esta es para mí la instancia que los chicos más incorporan, es el 'infanto juvenil' digamos, es el preescolar o el jardín de infantes de los chicos del fútbol, donde desarrollan toda la parte técnica, si bien el chico naturalmente ya viene con la técnica, pero acá se le mejora mucho".

"Gracias a los profes juego así"

Nahuel Díaz tiene diez años, juega desde los tres, y tiene claro qué es lo que aprende aquí. "Aprendí muchas cosas: control del balón, pegarle fuerte al arco, empeine, y también zig zag. Todo eso me lo enseñaron los profes. Gracias a los profes puedo jugar así".

La dedicación al deporte no es solo de los niños, es también un compromiso para toda la familia. Así lo explica Cristian Díaz, papá de Nahuel. "Hay toda una logística importante a nivel familiar, tanto los horarios de colegio, salida de las corridas, venir acá, o ir al otro club. Incluso los sábados hay que compaginar también con mi trabajo. Mi señora también trabaja. Es todo un tema de cuadrar los horarios para llegar a cumplir con los entrenamiento y los partidos.

Cristian dice que se cuida mucho de no generar una presión excesiva sobre su hijo, algo que ocurre en algunos casos. Es que para los chicos y sus familias el fútbol puede ser una vía de ascenso social y prestigio, lo que aumenta la presión sobre ellos, pero explica asimismo el número creciente de jugadores que intentan profesionalizarse.

Rosario, "ciudad-cantera" de cracks

Rosario, situada a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires,  es, con relación a su cantidad de habitantes, la principal cantera de grandes jugadores de Argentina. En su costanera, un cartel asegura que esta es la Capital Mundial del Fútbol. Aquí nació Lionel Messi y la ciudad lo recuerda con murales en varios edificios. Uno de ellos, que muestra a un Messi de niño, vigila desde un edificio las instalaciones del modesto club de barrio en el que dio sus primeros pasos en el fútbol.

Abanderado Grandoli, con sus colores naranja y blanco, y su cancha de césped amarronado por el otoño, recibe a niños que disputan una fecha del torneo local. Leandro Zavala mira uno de los partidos, es profesor de los chicos de la categoría 2018, y cuenta qué implica que Messi haya jugado aquí.

"Es un orgullo de que sus primeros pasos hayan sido acá. Esto es algo que uno le transmite también a los chicos, a mí que me tocó arrancar con los de 2018, se los transmito para que ellos lo sepan, para que sepan qué escudo están defendiendo, qué colores, para que recuerden que el mejor del mundo pasó por acá, estuvo en esta misma cancha".

Leandro es también papá de Benjamín, de 10 años, quien sueña con una carrera en el fútbol. "Me gustaría mucho jugar profesionalmente, me encantaría. Es uno de mis sueños. Me gustaría mucho jugar en Europa, algún equipo de Europa como Barcelona, Real Madrid. Y en la selección argentina, obviamente".

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A diferencia de otros países en los que el fútbol infantil es puramente recreativo, en Argentina los niños juegan en torneos competitivos. Los chicos como Benjamín se toman muy en serio el fútbol.

"No me gusta faltar al entrenamiento mucho porque pierdo el rendimiento. Y es demasiado feo cuando perdés el rendimiento o cuando te enfermás", dice Benjamín.

El amor por el fútbol atraviesa todo aquí. Esa obsesión que hay en Rosario con el deporte, el jugar en todos lados, todo el tiempo, explica también por qué tantos grandes futbolistas emergen de esta ciudad-cantera. Así lo explica Leandro Zavala: "Vivimos jugando al fútbol en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte estamos jugando al fútbol. Vas al parque y ves chicos jugando al fútbol, ves grandes, a nivel nacional también es así, pero en Rosario se vive de otra manera".

La formación en los cientos y cientos de clubes del país, el acompañamiento de las familias, el respirar fútbol día tras día, todo el tiempo, explican en parte por qué Argentina produce tantos grandes jugadores. Pero parece haber algo que los futbolistas argentinos traen casi desde la cuna.

Jugar en potreros, la gran diferencia

"Siempre me llamó la atención. Yo digo, acá pasa algo que no pasa en otros lugares. Entonces alguna respuesta tiene que haber", dice Sandra Rossi,  especializada en medicina del deporte. Ella trabaja en neurociencia aplicada al alto rendimiento en el club River Plate, de Buenos Aires, y tiene una posible respuesta a la pregunta de qué es eso que los jugadores argentinos parecen traer desde la cuna.

"Cuando todas las cosas están previstas, cuando vos tenés rutinas, cuando todo está bien, cuando las canchas son impecables, hay poco desafío para el cerebro. Argentina es un país en el que exactamente nos pasa lo contrario. Nunca sabemos qué va a pasar mañana. Y los chicos, sobre todo los que llegan, los que se van acercando al fútbol profesional, por lo general vienen de lugares que son potreros. El potrero es para mí el primer laboratorio de neurociencia que existe, tiene las características de la imprevisibilidad. Son terrenos de tierra donde uno no sabe cómo va a picar la pelota. Entonces, ese chico a la fuerza tiene que desarrollar un control de su cuerpo mucho más fino que un chico que empieza a jugar al fútbol en una cancha que está perfecta. Considero que esa es una de las grandes ventajas de los argentinos".

Esos son, justamente, los chicos que buscan los clubes como River Plate. "Nos acercamos a los chicos, tratamos de ponernos cerca de él, le preguntamos el nombre, de dónde sos, ¿siempre jugaste en esta posición? ¿No te animás a jugar en otra posición?", explica Luis Pereyra, director del área de captación en el interior del país de River. Su equipo de 28 personas viaja por todo el territorio argentino para detectar potenciales futuros cracks. Lo que él busca es muy preciso.

"Nosotros tenemos que traer un chico al 60-65% de la técnica individual, un chico que con las dos piernas intente eludir un contrario para jugar. Ése es el primer punto. Esta camiseta es para tipos inteligentes. Segundo: el carácter. A ver cómo se enoja cuando le dan una patada, cuando se cae, cómo se manifiesta ante la adversidad".

Los jugadores que encuentran Luis Pereyra y su equipo luego pasan a las manos de Gabriel Rodríguez, uno de los grandes gestores de la fábrica de futbolistas que es Argentina. Rodríguez es coordinador de las divisiones inferiores de River. Hace 27 años que se dedica a esto y sabe bien cómo desarrollar el talento que le traen los captadores.

"Nosotros priorizamos mucho el tema de la técnica individual. Además de los trabajos esenciales que se hacen en cancha, que los hacen todas las instituciones, nosotros sí tenemos nuestros 45 o 50 minutos todos los días de un trabajo específico de técnica individualizada".

Es un proceso que va puliendo a los jugadores, intentando acercarlos a su máximo potencial, y que los convierte muchas veces en atractivos para mercados internacionales, algo que también empuja el desarrollo de futbolistas de calidad.

"Somos países en América que tenemos la necesidad de exportar constantemente jugadores para que también las arcas de las instituciones se puedan engrandecer", dice Gabriel Rodríguez.

River Plate, exportador No. 1 

River Plate es uno de los grandes equipos del país. Es el principal proveedor histórico de jugadores de la selección y el mayor exportador del fútbol argentino, aunque preferiría muchas veces que los cracks se queden con ellos, dice Andrés Ballotta, vicepresidente de River, sentado en una de las butacas del estadio del club.

"A muchos de nosotros... no, a todos nosotros, nos gustaría disfrutar a nuestros jugadores muchísimo más, ¿no? Obviamente el mercado europeo, de sobra está decirlo, es un mercado económicamente muy superior al nuestro. Ese mercado ansía los jugadores de River. En los últimos 5 años hemos alcanzado ventas por más de 200 millones de dólares".

Esas ventas dan un aire económico a los clubes y al fútbol local, además de ampliar las oportunidades de los futbolistas. Pero Argentina no sólo exporta jugadores, también es una fábrica de directores técnicos.

Entrenadores, capacidad de adaptación 

Tan es así, que en el Mundial 2026, cinco selecciones, además de la albiceleste, son dirigidas por técnicos argentinos. Es un récord histórico que tiene explicación. "Yo creo que el entrenador argentino se adapta muy fácilmente a cualquier cultura", dice Eduardo González, director de la Escuela de Técnicos del Club Parque, avalada por la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino.

"Generalmente el entrenador argentino tiene como esa llama que cree que puede solucionar los problemas o formar equipos muy competitivos, puede desarrollar buenos equipos y también puede adaptarse a equipos que, quién sabe, no tienen muy buenos jugadores, pero bueno va sacando y va puliendo, tiene ese ojo diferente como para salir airoso de una situación".

A eso se suma que la abundancia de jugadores en una economía con dificultades como la la de la Argentina también lleva a un gran interés por la carrera de técnico. Muchos futbolistas que se retiran o dejan de jugar por una lesión siguen ese camino, como Carlos Morelli, que está participando de esta clase, jugó en inferiores de River y tuvo que dejar su carrera como futbolista. 

"Mi sueño es volver a entrar en River y dirigir algunas categorías de lo más chicos", dice Morelli.

Dándole indicaciones a los alumnos está Juan De Angelis, profesor de la escuela. De Angelis tiene 30 años de técnico y 19 en esta escuela. "Ahí va, paro y toco, paro y toco", dice a los muchachos. Según él, el éxito de los técnicos argentinos viene de la formación y de su capacidad para entregar resultados.

"Por lo general, los técnicos argentinos tienen muy buena base. Han dirigido selecciones infantiles y juveniles, se preparan muy bien. Están capacitados y han logrado resultados importantes mediante el trabajo, el buen nivel de jugadores. Y eso les da la posibilidad de que, en lo laboral, les den equipos de selecciones para dirigir".

El resultado de todos estos procesos formativos, tanto de jugadores como de técnicos, sobre la base de una cultura que vive y respira el deporte, sumado a la sofisticación que representa llegar a las ligas más competitivas del mundo, se vio reflejado en el triunfo albiceleste en el Mundial 2022. Y llena de expectativa a este país "locos por el fútbol" cuando faltan pocos días para el inicio del Mundial 2026.

En las laderas de la vereda Granizal, al suroriente del municipio de Bello en Antioquia - Colombia, el agua no llega al abrir una llave. Llega en carrotanques, en canecas cargadas cuesta arriba y en jornadas que comienzan mucho antes de preparar el desayuno. Allí, miles de familias han aprendido a organizar su vida alrededor de la búsqueda diaria de un recurso esencial. Entre caminos de tierra, barrios construidos de manera informal y una institucionalidad que parece quedarse al borde de la carretera, el agua se convirtió en un bien tan valioso que algunos habitantes la comparan con el oro. Esta es la historia de quienes recorren kilómetros para conseguir algo que otros dan por sentado.

Escuche el reportaje del colombiano Mateo López, estudiante de la Universidad de Antioquia de Medellín, ganador de la décima segunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español.

"Ninguno tiene agua para abajo", dice una voz mientras señala las casas que se descuelgan por la montaña. Desde la parte más alta de Altos de Oriente se alcanza a ver buena parte de la vereda Granizal: techos de zinc, escaleras improvisadas y calles empinadas que durante tres décadas han sido construidas por quienes llegaron buscando un lugar donde empezar de nuevo. Pero en este paisaje hay una ausencia que se siente todos los días: el agua potable.

La rutina comienza temprano. Hacia las siete de la mañana aparecen los carrotanques (camiones cisterna) que abastecen los tanques comunitarios ubicados junto a la carretera. Cuando llegan, la escena se repite una y otra vez. Personas con baldes, canecas y recipientes de todos los tamaños forman filas para recoger el agua que necesitarán durante el día. El problema es que el recorrido apenas empieza ahí. Desde el tanque hasta la casa todavía queda una subida que hacer cargando decenas de litros sobre los hombros.

"Coja la canequita, coja la coca, tire para allá, cargue para acá", explica una habitante mientras describe una tarea que para ella se volvió costumbre. "No es lo mismo que abrir una llave y ya. Hacer las cosas se vuelve más demorado". Cada lavado de ropa, cada plato limpio y cada baño están precedidos por el esfuerzo físico de transportar el agua.

En El Pinar, uno de los barrios fundados en los años noventa y que pertenece a esta verdad, los vecinos todavía recuerdan cuando el sector era apenas un terreno de barro. "Aquí no había caminos. Eso era puro pantano", cuenta una mujer. "La gente martillaba hasta la una de la mañana arreglando sus casitas". Tampoco había alcantarillado ni redes de acueducto. El agua llegaba como podía llegar. Y en muchos sentidos, sigue llegando igual.

Con el paso de los años llegaron más habitantes. Muchas familias eran víctimas del conflicto armado que encontraron en estas montañas un lugar donde reconstruir sus vidas. También llegaron nuevas formas de control. Algunos habitantes relatan cómo la administración comunitaria del agua fue reemplazada por grupos que asumieron el manejo de conexiones y cobros. "Nos avisaron que iban a llegar", recuerda una antigua líder del sector. "Nos dijeron que si queríamos seguir, pero con esas condiciones yo dije que no".

La consecuencia es que hoy muchas personas deben elegir entre cargar agua potable desde la carretera o pagar por agua sin tratar distribuida a través de redes informales. Ninguna de las opciones resulta sencilla.

"Eso es lo más duro. Vemos el agua como el oro", afirma otra habitante. La frase no es una metáfora exagerada. En estas casas cada gota tiene una función. El agua con la que se lavan los platos puede terminar utilizándose para descargar el sanitario. La que sobra después de limpiar una taza se guarda para otra necesidad. Nada se desperdicia. "Cuando uno no tiene agua en la llave, ese poquito donde lavó algo no lo bota porque después hace falta", explica.

La escasez también transforma la relación emocional con el recurso. "Lo que sí me parece lindo es que uno aprende a apreciarla", dice una mujer. "Cualquier gotica de agua es un tesoro". Luego guarda silencio unos segundos antes de añadir: "Pero pasar de vivir en el campo, donde el agua sobra, a venir acá y sufrir por ella... eso es muy duro".

Las tareas domésticas son quizás donde más se siente el peso de esa realidad. Varias familias mantienen recipientes separados según el uso que le darán al agua. Una caneca para cocinar. Otra para lavar alimentos. Otra para trapear (limpiar el piso)o descargar el baño. Mantener ese equilibrio exige una administración permanente del recurso. Y casi siempre son las mujeres quienes cargan con esa responsabilidad.

A la dificultad para conseguir agua se suma la preocupación por su calidad. Algunas personas cuentan que el agua almacenada durante varios días adquiere olor a fango o se deteriora rápidamente. "Somos animales de costumbre y nos acostumbramos", comenta una habitante entre risas resignadas. Sin embargo, reconoce que no se siente tranquila utilizándola para todo. "Esa agua no es limpia", dice.

La paradoja es imposible de ignorar. La vereda Granizal se encuentra junto a Medellín, una ciudad reconocida por sus transformaciones urbanas. Del otro lado de la montaña hay fuentes hídricas que abastecen amplios sectores del Valle de Aburrá. Sin embargo, aquí el agua sigue llegando en camiones y viajando en baldes.

Cuando el carrotanque aparece; las conversaciones se interrumpen. Alguien grita que ya llegó. Las personas salen de sus casas con recipientes vacíos y apuran el paso para alcanzar un turno. La fila vuelve a formarse. El agua empieza a correr y, por unos minutos, todo gira alrededor de ella. Después tocará emprender nuevamente el camino cuesta arriba. Porque en estas montañas, conseguir agua sigue siendo un trabajo cotidiano. Un recorrido que se mide en esfuerzo, en tiempo y, muchas veces, en kilómetros.

Desde hace una década, Colombia se ha consolidado en un verdadero vivero de talentos para el fútbol internacional. Luis Díaz en el Bayern de Munich, Richard Ríos en el Benfica Lisboa, Juan David Cabal en la Juventus... Pero, ¿cómo explicar este éxito? Para averiguarlo, nuestra corresponsal, Najet Benrabaa, visitó algunos centros de formación y barrios populares donde todo comienza. 

Es un miércoles por la tarde en Envigado, en los suburbios de Medellín. Bajo el sol, una treintena de adolescentes se entrenan, en pequeños grupos, sobre el césped de la cancha municipal. Estos jóvenes hinchas del fútbol forman parte del Envigado Fùtbol Club. Algunos practican estrategias de ataque delante de la portería. Otros perfeccionan su técnica de control del balón.

La escuela Envigado Futbol Club está considerada como un centro de excelencia educativa. “talentos detectados, tenemos muchos”, dice Carles Vidal Barbosa, quien se encarga de la formación de los jóvenes. Este español dejó un club de tercera división en Valencia hace ocho años para instalarse en Colombia.

“Actualmente, formamos a 233 jugadores. Su objetivo es, por supuesto, jugar al fútbol en el circuito profesional y en Europa. Es muy difícil, no todos lo logran, ¡evidentemente! Pero creo que el 80% de los alumnos pueden aspirar a entrar en el circuito profesional. La edad promedio de los jugadores en primera división es de unos 20 o 21 años. A menudo son jugadores de la escuela y, a veces, jugadores que ya han pasado por distintos equipos profesionales a nivel mundial y que regresan a casa para reforzar el equipo del centro y ayudar a los nuevos alumnos a progresar”, indicó.

En este campo del complejo deportivo El Dorado, varios aspirantes se han convertido en estrellas del fútbol en Europa y Colombia. “Aquí está el campo histórico de Envigado donde se entrenaron todos los jugadores emblemáticos: James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, John Jáder Durán, Mateo Zuribe y muchas otras celebridades hoy activas en el fútbol profesional internacional”.

El Fenómeno James Rodríguez

Entre las estrellas más famosas de este club está James Rodríguez. En su época, la cancha no tenía césped.

James Rodríguez tenía 13 años cuando se unió al club en 2004. A los 16 años, el zurdo entró en el circuito profesional. Su ascenso ha sido fulgurante. Después del club Envigado, estuvo en el FC Porto en Portugal, en el AS Mónaco, en el Real Madrid y luego en el Bayern de Múnich. Su transferencia a España en 2014, por 80 millones de euros, sigue siendo la cantidad más alta jamás pagada por un jugador colombiano. Hoy hace parte de un club mexicano.

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Juan Carlos Grisales Zapata, su ex preparador físico, que sigue en el cargo, recuerda perfectamente este talento excepcional. “No todos los días uno se cruza con un nuevo Platini. No todos los días se encuentra un Tigana, un Maradona o un Pelé. Pero en esta generación del 2000, James era un niño muy disciplinado, leal, con buen comportamiento y con ganas de salir adelante. Cuando llegas a Envigado, llegas con una motivación clara: aprovechar una oportunidad. Porque aquí se les da una oportunidad de cambiar su vida. Llegan con talento y nosotros les ayudamos a trabajarlo. Les damos las bases que necesitan para convertirse en profesionales. Los preparamos para que luego, en Europa, puedan continuar su evolución, porque la segunda formación se hace allá, junto a la élite del fútbol”, indicó Grisales.

Al igual que todos los jóvenes aspirantes del club, James Rodríguez recibió una formación personalizada a su llegada. “El principio de la individualidad es fundamental. Cada alumno necesita algo diferente. Trabajamos eso desde muy temprano. Existe lo que se llama la pirámide fundamental del desarrollo locomotor del atleta. Reúne las capacidades motrices, de percepción, de coordinación, condicionales y psicomotrices. Sobre estas bases, se establecen las necesidades de cada jugador”, explicó.

Uno de los aspirantes actuales del club se llama Lucas Rendón. El joven de 15 años comenzó a jugar al fútbol a la edad de 4 años. Se unió al Envigado Fútbol Club a los 9 años. “Soy un jugador muy rápido, al que le gusta mucho rematar al arco. A veces me gusta desequilibrar a los demás porque ese es mi estilo de juego. Para ser sincero, la formación es muy difícil, porque hay que hacer muchos sacrificios, muchísimos sacrificios. A veces uno tiene ganas de relajarse, pero como debemos ser disciplinados, tenemos que decir no; por ejemplo, rechazar salidas con los amigos. Al principio es difícil acostumbrarse a este estilo de vida. Es muy exigente, incluso en el colegio son muy estrictos con las salidas y cosas así”, cuenta el joven.

Una de las grandes pruebas para el club es el torneo organizado en forma de festival. Durante casi una semana, decenas de clubes colombianos de todo el país se enfrentan entre sí. Es en cierto modo “una copa de los clubes”.

La familia, un rol clave para los jóvenes

El ambiente en las tribunas del estadio del Polideportivo Sur de Envigado es más animado que en un partido profesional. En las gradas, que pueden acoger hasta 11.000 espectadores, los padres animan a sus hijos cantando

Entre los padres más atentos está Daniela Gómez y toda su familia. Llevan una camiseta con el nombre del pequeño prodigio de la familia Juan Diego Gómez. Cada camiseta está personalizada: “Madre de Juan Diego Gómez, Tía de Juan Diego Gómez, Tío de Juan Diego Gómez... “ Se agrupan en la barandilla de las gradas como un segundo equipo de aficionados.

“Con el equipo del club, mi hijo entrena tres veces por semana y nosotros pagamos clases personalizadas los otros dos días. Y los fines de semana siempre está en la cancha, siempre tiene partidos. Así que toda la semana y el fin de semana son fútbol. Mi hijo ya es un futbolista profesional. Todos lo apoyamos: aquí está su hermana, mi madre viene a verlo, su tío, los primos… todos estamos aquí para apoyarlo… Sí, sí, sí, los padres siempre están muy presentes y los tíos, mis amigas, todo el mundo lo apoya mucho porque él vive solo para el fútbol y ha demostrado que está decidido a convertirse en jugador profesional”.

Esta dedicación a sus hijos se refleja en todos los clubes de capacitación colombianos. Porque el sueño de éxito, riqueza y primera liga europea hace vibrar a cientos de jóvenes colombianos. Y no importa la ciudad, el barrio o los medios financieros de la familia.

En los barrios populares, el fútbol es también el deporte rey. A unos 30 minutos de Envigado, en el barrio Florencia al norte de Medellín, el entrenamiento de fútbol también está en pleno apogeo. Estamos en el cancha de fútbol del Inder, un organismo público que gestiona las estructuras deportivas de la ciudad de Medellín. Gracias a él, el club de fútbol AFI dispone de un estadio para entrenar a sus jugadores.

Este barrio popular es conocido por sus problemas de violencia relacionados con el tráfico de drogas. Recientemente fue clasificado entre los diez barrios que concentran la mayor parte del mercado de cocaína, marihuana y drogas sintéticas en Medellín.

Pero también es el barrio natal de uno de los arqueros más famosos del país: René Higuita. Un estadio lleva su nombre y se ha erigido una estatua en su honor. Higuita es reconocido como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol sudamericano. El guardameta colombiano también es famoso en todo el mundo por su “tiro del escorpión”, una acrobacia espectacular que empuja la pelota con los talones. Lo hizo en un partido amistoso contra Inglaterra en Wembley en 1995. En el campo de fútbol de Florencia, los jóvenes jugadores lo tienen todos en mente.

Geronimo Briñez tiene 12 años. Este joven portero es tan talentoso que ha recibido una beca para poder jugar al fútbol. Su club, el AFI, se hace cargo del 50% de la cuota mensual. “Me gustaría jugar en la Champions League, en el Mundial por supuesto y en otras ligas de toda Europa. Me gustaría ser una estrella y mostrarles a los demás que nunca es demasiado tarde para lograrlo. Seguir el camino de mis ídolos me motiva a jugar mejor y me impulsa a entrenar más. Además, me siento en forma y debo ser aún más disciplinado y entrenar más, todos los días, para triunfar”, dice el joven.

Su entrenador Alexander Ramos está convencido de su talento. Alexander es también el director del club AFI. Este venezolano se mudó a Colombia hace ocho años. Y en seis años, su club ha duplicado el número de inscritos. Cuenta con 320 niños.  “Gerónimo Briñez es un chico con cualidades excepcionales, un arquero que entiende el juego. Solo con verlo y observarlo, se nota que reúne todas las condiciones de un muy buen jugador. Aunque es un guardameta con un perfil poco habitual porque no es muy alto. Pero tiene corazón y talento. Es increíble y las maravillas que hace este pequeño en el arco son dignas de un gran jugador”, indicó.

La madre de Gerónimo, Liliana Marcela Restrepo, está sentada en las gradas conversando con otras mamás. Ella inscribió a sus tres hijos en el club de fútbol de Florencia hace seis años. Y por lo tanto pasa casi toda la semana en este campo.  A pesar de los considerables sacrificios financieros, sigue apoyando a sus hijos.

“Para mis hijos, a veces tengo dificultades para pagar la mensualidad del club o los gastos de transporte para un partido, pero nos las arreglamos. Hacemos concesiones: pagamos el arbitraje, porque cada partido hay que pagarlo, pero no el transporte. A veces no tengo los medios, pero me organizo con otros padres. Organizo muchas rifas y eso me permite salir adelante. Los padres son solidarios. Me ayudan, por ejemplo llevándome en su coche para ir a un partido. A veces he tenido que ir caminando de un barrio a otro por falta de recursos. Le pregunto a mi hijo: “Vamos al partido, pero solo podremos pagar el arbitraje y tendremos que ir caminando, ¿o no vamos?” Él siempre elige caminar. Me dice: “No mamá, debemos pagar el arbitraje porque el profesor tiene que cobrar, ¡vive de eso!” Entonces caminamos de un barrio a otro, a menudo durante una hora”.

Luis Díaz en Alemania, Richard Ríos y Luis Javier Suárez en Portugal, Dávinson Sánchez en Turquía, Juan David Cabal en Italia, Gustavo Puerta en España... El fútbol colombiano se exporta cada vez más al extranjero y detrás de este éxito, hay todo un país.

Desde el popular barrio Florencia hasta los prados del Bayern de Múnich o de la Juventus, el camino es largo y lleno de obstáculos. Pero para los jóvenes colombianos, el sueño europeo nunca ha sido tan accesible.

La producción de salmón, que se posiciona como la segunda industria exportadora de Chile y es conocida como el "oro rosado", busca continuar su crecimiento mediante el fortalecimiento de sus normativas. Pero enfrenta importantes retos, entre otros, denuncias por el uso excesivo de antibióticos, un preocupante número de accidentes laborales y un significativo impacto ambiental.

Un Gran Reportaje de Naïla Derroisné, periodista de RFI, desde el sur de Chile

En materia de producción de salmón, Chile se ubica a nivel mundial justo detrás de Noruega, que es el principal productor, y vende su salmón a Estados Unidos, Japón y Brasil. Europa también forma parte de sus clientes. Es una industria relativamente joven en ese país sudamericano, pues tiene escasos 40 años. Hemos viajados a uno de sus epicentros, el sitio de piscicultura de la empresa de salmones más grande del país: Aqua Chile.

Allí crecen los "smolts" en agua dulce, así se llaman los salmones jóvenes. Roberto Ulloa, responsable del sitio, explica que en esta unidad la producción anual alcanza un promedio entre 850 y 1.050 toneladas. En una piscina gigante nadan en círculo 150.000 salmones jóvenes.

En el corazón de la producción de salmón

"Nosotros acá recibimos peces de 50 gramos y salen de 180 gramos", explica Ulloa. "Toman 110 días en llegar a ese tamaño. Luego son trasladados al agua de mar. Los peces son transportados a través de camiones, desde la piscicultura al embarcadero. De ahí son trasvasijados a barcos y luego trasladados a los centros de agua de mar para ser sembrados en la etapa siguiente, que es el engorde", precisa.

Dejamos el sitio de piscicultura y nos dirigimos a unos 30 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt en el centro Huenquillahue de AquaChile. De aquí se accede al centro de cultivo en el mar. Paulo Venegas, gerente del centro de cultivo, comenta que "el trayecto dura alrededor de 5 a 6 minutos, son más o menos 1.200 metros desde la orilla de la playa hasta el centro de cultivo". A lo lejos vemos una gran plataforma flotando en el agua y rodeada de una malla metálica: ahí es donde se encuentran los salmones. Desde el pontón del centro de cultivo se pueden ver a los peces saltando.

"Aquí tenemos 8 jaulas, de 40 por 40", explica Paulo. "Tenemos un módulo hermano que está al frente y está exactamente en las mismas condiciones. Más o menos tenemos 100.000 peces por jaula. Productivamente son 20 metros de profundidad de malla".

En la superficie del agua hay tubos que giran y lanzan la alimentación a los peces en las jaulas, generando un sonido metálico.

"Contamos con barreras de contención exteriores. Son cercos perimetrales de una altura de 4 metros. Ahí está la lobera, que se utiliza para la contención, la prevención y el no ingreso del predador principal, que es el lobo. Normalmente, el ciclo desde el ingreso es de alrededor de 13 meses. Apuntamos a alcanzar cerca de 5 kilos y medio", subraya.

Uso masivo de antibióticos

De regreso a tierra firme, en el Centro Tecnológico de AquaChile, entrevistamos al bioquímico Alexis Martínez, quien realiza distintos tipos de análisis en los salmones: nutricionales, genéticos y farmacéuticos, para optimizar la producción. Entre otros, prueban vacunas y antibióticos. Sobre este último punto, Martínez explica que "acá no existe el uso de antibióticos preventivos en la industria. Todo es reactivo a un estatus sanitario. Uno siempre está trabajando con una población de peces. Y, obviamente, a veces hay peces más susceptibles que otros. Si ese pez empieza a infectar a otro, el médico veterinario va, evalúa y se le entrega ese tratamiento, que por supuesto es informado en línea en plataformas del Estado para que se conozcan las dosis que se utilizaron, la cantidad de producto que se utilizó y el stock de peces que fue tratado".

La industria salmonera en Chile es frecuentemente criticada por el uso excesivo de antibióticos. Según cifras oficiales, en 2024 se utilizaron 350 toneladas, lo que representa un 10 % más que el año anterior. Juan Carlos Cárdenas, veterinario de profesión y director de la organización Ecoceanos, que trabaja por la conservación marina y lleva varios años observando la industria del salmón, explicó a RFI en Santiago que "en Chile se emplea 3.000 veces más antibióticos que en la producción de Noruega. Esto ha generado generaciones de bacterias cada vez más resistentes al uso de antibióticos. Por eso se tienen que aplicar dosis más altas. No hay que olvidar que esto tiene que ver con un proceso de producción industrial intensiva. Son cantidades muy altas concentradas en un solo espacio. Basta que un salmón se enferme y se enferma todo el centro de cultivo inmediatamente", advierte.

Impacto ambiental de la salmonicultura

Estas concentraciones de antibióticos en el agua, junto con otros químicos que utiliza la industria, también tienen un impacto en el medio ambiente marino. La bióloga marina alemana Vreni Haüssermann, quien vive cerca de Puerto Montt, ha estudiado la biodiversidad única de la Patagonia durante 30 años. Ella ha sido testigo de la expansión de la salmonicultura en el fiordo Comau.

“Estas salmoneras causan floraciones de algas y, cuando mueren, estas floraciones provocan descensos de oxígeno porque las bacterias consumen todas esas microalgas. Esto, obviamente, tiene un efecto en la vida del fiordo. Cuando llegué a Comau había 3 salmoneras pequeñas, y después de unos 10 años había 23 salmoneras gigantes”.

Haüssermann detalla las consecuencias en la vida marina: "Hubo cambios en la abundancia de las especies dominantes, por ejemplo, látigos de mar, corales, anémonas grandes… Muchos de esos, en 10 años, del 2003 al 2013, redujeron su abundancia en un 75%. Este es siempre el problema. Uno debería poder aplicar el principio de precaución al encontrar algo muy valioso, muy importante. Hay que protegerlo hasta que sepamos que las actividades humanas no destruyan este ecosistema".

Crecimiento rápido de la salmonicultura 

En el sur del país, la salmonicultura creció rápidamente. En un lapso de aproximadamente 40 años se convirtió en la segunda industria exportadora de Chile. "Esta es la historia de una industria que ha ido creciendo y avanzando, aunque se han cometiendo ciertos errores", admite Ángela Saavedra, directora regional del Consejo del Salmón, una organización gremial que representa a las seis empresas más grandes del país.

"Hoy en día somos una industria que cumplimos no solo con la normativa, sino que tratamos de aumentar nuestros estándares. Por ejemplo, si nos piden dos certificaciones obligatorias, la industria es capaz de presentar actualmente más de 15 certificaciones para poder llegar a los cien o más mercados en los que estamos. Hemos ido creciendo como país, a nivel regulatorio, ambiental, de procesos, y siempre acompañados de innovación, tecnología y, por supuesto, también de la comunidad".

El año pasado, el sector generó 6,000 millones de dólares en exportaciones y sustenta más de 80.000 empleos, de los cuales casi dos tercios son indirectos. Sin embargo, esto tiene repercusiones, ya que los accidentes laborales suelen ocurrir en el marco de las operaciones de los contratistas. Según la organización Ecoceanos, noventa trabajadores del sector han fallecido en accidentes laborales en los últimos doce años, un promedio de siete muertes al año.

Un accidente laboral no reconocido 

En 2017, Liliana perdió a su esposo Jorge mientras trabajaba para un contratista de la industria salmonera. Jorge era buzo certificado y su licencia le permitía nadar hasta 20 metros de profundidad. Pero el día del accidente estaba reparando redes a unos 40 metros bajo el agua.

"Mi esposo no tuvo tiempo de salir con anticipación porque bajó muchos metros más de lo que se suponía que podía bajar, que eran 20. Él prácticamente salió muerto de ahí".

Luego de enterarse, Liliana fue a ver al empleador de su marido para entender lo que había pasado. "Llegamos allá, nos dirigimos a la empresa, y nos dijeron que Jorge se había suicidado. Eso era imposible. Ellos jamás nos dieron apoyo. Hasta el día de hoy no nos han dado apoyo. Nunca nos dieron el pésame, jamás. Y a toda pregunta que hacíamos, encontrábamos silencio”, cuenta.

Liliana llevó el caso a los tribunales. El contratista fue declarado culpable de homicidio involuntario. También se determinó la responsabilidad de la salmonera. David Vargas, el abogado de Liliana, explica que "como la empresa mandante contrata los servicios de una empresa pequeña, tiene que realizar una labor de supervisión y fiscalización, entre otras cosas, de las medidas de seguridad de la empresa pequeña. Entonces, si en la ocasión de un juicio se demuestra que la empresa mandante no fiscalizó ni supervisó adecuadamente lo que por ley estaba obligada a hacer, pasa a ser tan responsable como la empresa contratista. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Jorge. Lamentablemente, en Chile, y sobre todo en las labores de cultivo de salmones, las estadísticas que se arrojan en números de fallecidos, y no solo de fallecidos, sino también de buzos con enfermedades producto de las inmersiones, no son pocas", sostiene Vargas.

Desafíos laborales en la industria salmonera

Sobre las condiciones laborales y los accidentes en esta industria, entrevistamos en el barrio de negocios de Santiago a Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, la organización gremial que representa a las seis mayores empresas de Chile.

"Desde el Consejo del Salmón, nosotros tenemos actualmente una agenda robusta de trabajo con el gobierno, pero también una agenda robusta de trabajo con la Organización Mundial del Trabajo, la OIT. Eso muestra que todo lo que hacemos desde el punto de vista laboral es esencial para nosotros y queremos ir mejorando día a día. Por supuesto, lamentamos cualquier accidente, ya sea grave, mediano o fatal. No queremos accidentes, pero creo que la forma de construir una industria segura es enfrentando los desafíos y haciéndonos cargo de las dificultades. Creo que estamos en el camino correcto".

Seguel asegura que el Consejo del Salmón participó en la elaboración de una ley reciente para regular más el trabajo de los buzos. "Yo diría que la alianza público-privado es esencial, fuimos parte de eso. Y ser parte muestra el compromiso que tenemos con la fuerza laboral de esta industria que es la más relevante en el sur y que hoy en día los estándares que estamos teniendo permiten seguirla proyectando", confía.

Preocupaciones sobre la regulación de la industria

Desde hace varios años, sin embargo, las ONG chilenas alertan sobre la legislación que regula la salmonicultura, considerándola con estándares demasiado bajos. Esta alarma cobra mayor relevancia dado que el nuevo presidente de extrema derecha, José Antonio Kast, pretende reducir la burocracia que, según él, obstaculiza el desarrollo de esta industria.

Una postura que resulta preocupante, sobre todo en un momento en que la salmonicultura se expande cada vez más lejos en la Patagonia chilena, llegando incluso a instalarse en pleno medio de reservas naturales.

El 24 de marzo de 1976 los militares argentinos tomaron el poder y se quedaron hasta 1983. En el centro de la historia de esos años está la política de represión implementada por el gobierno militar, que dejó miles de muertos y desaparecidos. Los efectos de sus acciones continúan aún hoy y con el paso del tiempo el desafío de hallar la verdad y ejercer justicia se profundiza, nos cuenta en este Gran Reportaje de RFI, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy.

La ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, es un predio de 17 hectáreas que funcionaba como centro de instrucción militar, con calles y edificaciones varias, rodeadas de árboles. Desde el 2004 se estableció aquí un espacio de memoria e instituciones de derechos humanos públicas y de la sociedad civil. Pero durante la dictadura fue uno de los más de 800 centros clandestinos de detención utilizados para secuestrar, torturar y asesinar o desaparecer personas.

"Yo no sé dónde nací, no sé qué día nací tampoco", dice María Paula Inama Macedo durante una visita a la Casa por la Identidad, uno de los espacios de la ex ESMA, que hoy pertenece a la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños que fueron apropiados durante la dictadura. La madre de María Paula fue una de las mujeres que dio a luz en cautiverio y está desaparecida; su padre también está desaparecido.

"O sea, en mi partida dice 18 de abril, que claramente no es la fecha real de mi nacimiento, porque mi mamá cuando fue secuestrada estaba embarazada de entre 6 y 7 meses. Ella fue secuestrada en noviembre, principios de noviembre, así que creo que debo haber nacido entre enero y febrero del 78", indica.

En octubre de 2024 la contactaron desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un organismo estatal, porque tenían información que señalaba que podría haber sido apropiada durante la dictadura. Ella decidió hacerse los análisis genéticos, que le confirmaron que la familia con la que creció no era su familia biológica, algo que ella no sospechaba.

La Casa por la Identidad está repleta de fotos. En una en blanco y negro un hombre sostiene a un bebé pequeño. El bebé está muy serio y esquiva la mirada del hombre. El bebé es Manuel Golçalves Granada que fue apropiado por una familia. Él recuperó su identidad en 1997 gracias a la búsqueda de su abuela. "Por la lucha de las abuelas, de todas las abuelas y todas las personas que colaboran con ella, pude conocer mi verdadera identidad. Y tener mi verdadera identidad hizo que mi hija también tenga la suya, y ahora su hija", dice orgulloso el hoy miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las abuelas están muy mayores, muchas fallecieron, y son sus nietos quienes tomaron la posta. "Y el desafío es siempre mantener vigente una búsqueda que no ha terminado", recuerda.

Hasta hoy se han resuelto 140 casos de bebés apropiados durante la dictadura, pero todavía faltan unos 300. Que la búsqueda siga activa, que sigan apareciendo nietos, da cuenta de la persistencia de los efectos de lo ocurrido tras el golpe de 1976.

Los militares tomaron el poder el 24 de marzo de 1976. Ese golpe de estado interrumpió vidas, destrozó familias, pero también congeló el funcionamiento de las instituciones de la república. El gobierno militar removió a los miembros de la Corte Suprema y los tribunales superiores provinciales y disolvió los poderes legislativos a nivel municipal, provincial y nacional. Efectivamente, cerró el Congreso.

La última sesión de la cámara de diputados antes del golpe tuvo lugar el 18 de marzo de 1976. En ella estaba presente Julio Bárbaro, diputado peronista de 33 años. Hoy tiene 84 y recuerda cómo los legisladores intuían lo que estaba por ocurrir: "Todos los que veíamos cómo venía, fuimos sacando nuestras pertenencias, libros, cosas que uno tenía en el Congreso. Lo que nadie imaginó de nosotros no era la fecha, era la crueldad del golpe. Como habíamos pasado muchos golpes, creíamos que era un golpe más. Y este no era un golpe más. Estos venían a asesinar".

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Junto a la Casa por la Identidad está la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense, o EAAF. Si Abuelas de Plaza de Mayo se dedica a la búsqueda de sus nietos, el EAAF está enfocado en encontrar los cuerpos de personas desaparecidas. Lo explica Mariella Fumagalli, directora para Argentina de la organización: "En estos ficheros lo que se resguarda son las muestras hemáticas de las familias de personas desaparecidas, que otorgan voluntariamente una muestra al EAAF para la búsqueda de sus restos".

El tiempo es el principal enemigo de su trabajo porque “hay muchos familiares de esas personas desaparecidas que van falleciendo. Entonces, ese límite a la hora de encontrar muestras de sangre que permitan arribar a una identificación requiere complementar con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en genética". 

El trabajo antropológico, combinado con las técnicas genéticas, permite seguir obteniendo resultados. El 10 de marzo de este año, el EAAF anunció que logró identificar los restos de 12 personas hallados en el sitio La Perla, en la provincia de Córdoba. Allí habían estado detenidas las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, que fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976, cuando tenían 18 años. Su desaparición fue un golpe devastador para su familia, cuenta Marcela Sanmartino Carranza, sobrina de las mellizas.

Entre las personas que el EAAF logró identificar en los restos hallados en La Perla está una de las mellizas. Sin embargo, todavía la historia no termina de cerrarse, porque no se puede saber cuál de las hermanas fue la identificada.

Marcela Sanmartino cuenta cómo reaccionó su madre, de 88 años, cuando le dieron la noticia por videollamada: "Primero no entendía, ella lloró. Pero pasado el momento, buscó juntarse con los dos hermanos vivos. Y bueno, se juntaron, se juntaron un rato, y ella cuenta que hicieron como un velorio, lo que no habían podido hacer, que estuvieron hablando un rato de las chicas, y después hablando pavadas. Lo que uno hace en un velorio".

Sin embargo, todavía la historia no termina de cerrarse, porque no se puede saber cuál de las hermanas fue la identificada. 

“Lo que hoy podemos decir es que Cecilia o Adriana fueron asesinadas en La Perla. Pero también podemos decir que Cecilia o Adriana siguen desaparecidas. La crueldad sin límite de esa gente ha hecho eso, no. Aunque encontremos restos, por ahora no podemos decir de cuál de las dos es", cuenta desolada Marcela.

"Todo esto que estás viendo es documentación de la causa Primer Cuerpo del Ejército", indica el juez federal Daniel Rafecas. Es una de las más grandes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Ya más de 1.200 personas fueron condenadas en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Más de 250 de esos casos fueron instruidos por el juzgado de Rafecas y elevados a tribunales orales. Pero además del tiempo, hay otras dificultades para conseguir justicia, por las estrategias utilizadas por la dictadura para asesinar.

"En general, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hacía era arrojarlos al mar, con vida, en vuelos, los llamados 'traslados'. Y sobre esa última etapa, desde el punto de vista judicial, lamentablemente, después de 20 años de investigaciones, sabemos muy poco", no oculta su consternación el juez Rafecas.

Lo hacían en aviones tipo Skyvan, de 12 metros de largo y dos motores a hélice, que hoy está exhibido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. 50 años después del inicio de la última dictadura militar argentina siguen apareciendo elementos que ayudan a reconstruir lo ocurrido, como este avión, como los restos identificados en La Perla o como la identidad devuelta a María Paula Inama Macedo. 

En el Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, dentro de la Casa por la Identidad, María Paula conversa con Daniela Drucaroff, coordinadora del archivo. Daniela está preparando una carpeta con toda la información que han podido recolectar sobre la historia, sobre la familia de María Paula. Daniela le muestra en la pantalla de una computadora un enorme árbol genealógico, que María Paula compara con uno pequeño, hecho a mano, del que tiene una foto en su celular. 

María Paula todavía está adaptándose a su nueva vida. Hasta su cumpleaños es un asunto difuso, al que busca darle un nuevo sentido.

"El año pasado no lo festejé. Pero este año, el 20 de enero, que fue el día que me enteré, que me llamaron para darme la noticia del ADN positivo, es como que también lo tomé como un día de renacimiento. Entonces, es como que el 18 de abril sigue siendo el 18 de abril, porque así fue toda la vida, pero el 20 de enero también es mi cumpleaños", puntualiza. 

En la capital haitiana, controlada en más de un 80% por los grupos armados, el número de violaciones se ha disparado en los últimos años. La violencia sexual no es algo nuevo, pero las pandillas la utilizan ahora con más brutalidad para imponer miedo y ejercer su dominación sobre barrios enteros.

Por Justine Fontaine, enviada especial de RFI a Haití* 

Con sus oficinas de madera en una sola planta y sus tranquilos jardines, casi se podría olvidar que el hospital Drouillard de Médicos Sin Fronteras (MSF) se encuentra en el mayor barrio marginal de Haití, Cité Soleil, un sector controlado por las pandillas. Es uno de los pocos centros de atención médica accesibles para los habitantes de los alrededores, con consultas totalmente gratuitas y una unidad dedicada a las sobrevivientes de violencia sexual.

“Cuando llegan, hay una contraseña que conocen los guardias” y que se ha comunicado a las vecinas durante las campañas de sensibilización, explica Anne-Sophie Morel, directora del hospital. “Las llevamos a un espacio exclusivo para ellas” para garantizar la confidencialidad de su visita y el secreto médico”, añade desde los pasillos del centro, algunas de cuyas ventanas están reforzadas con paneles metálicos contra las balas perdidas.

“Me apuntó con su arma”

Esa mañana de principios de febrero, tenemos una cita con una de esas supervivientes. En noviembre de 2025, Elina [su nombre ha sido modificado para preservar su anonimato], de 26 años, regresaba a casa cuando se cruzó con un miembro de una banda en su barrio. “Me apuntó con su arma”, explica. Luego la violó. “Tengo secuelas psicológicas, no puedo olvidarlo”, se desespera esta madre de dos hijos. “Y también tengo secuelas físicas, cicatrices en mis partes íntimas”, explica sacudiendo la cabeza, sentada en una de las oficinas del hospital.

Por miedo a su reacción, no se lo ha contado a sus familiares, “porque aquí, a menudo, se minimiza este tipo de violencia”. “O te dicen que eres una puta, que te lo has buscado, que no deberías haber salido a ciertas horas”, deplora. “Pero estoy en mi país, ¡se supone que tengo derecho a caminar por la calle a cualquier hora si me apetece! Lo que pasó es que pasé por una calle en la que no sabía que había hombres armados”.

Ya había sufrido abusos sexuales cuando era niña. Hoy teme volver a sufrirlos por tercera vez. “En cualquier momento podría volver a sufrir esta violencia”, teme. Como muchos haitianos y haitianas, no tiene los medios para abandonar su barrio y mudarse a un lugar más seguro. Elina, que no conocía al hombre que la violó, no presentó denuncia, convencida de que nunca obtendría justicia en un Haití en plena decadencia.

Tres veces más violaciones desde 2022

“La violencia sexual no es nueva en Haití”, subraya Diana Manilla Arroyo, jefa de misión de MSF en el país. Pero desde 2022, el número de casos se ha triplicado, señala la ONG en un informe publicado a finales de enero. En él se recogen los casos registrados en una de sus clínicas, Pran Men'm (“Tómame de la mano”), especializada en violencia sexual en Puerto Príncipe y considerada un barómetro de este tipo de violencia en la capital. “No solo hay un aumento de los casos, sino también una creciente brutalidad”, señala Diana Manilla Arroyo.

Los miembros de las bandas se han convertido en los principales autores de estos actos violentos (57 % de los casos), por delante de los cónyuges, los familiares y otros allegados. Otra novedad es que las violaciones colectivas son más frecuentes que antes y ahora afectan a todos los grupos de edad. Las bandas “utilizan las violaciones para controlar a las comunidades”, analiza la jefa de misión de MSF.

“Cuando aumentan las actividades delictivas, también aumenta la violencia sexual, en particular las violaciones colectivas”, añade Abigail Derolian, abogada y responsable de la sección “Violencia de género” de la asociación feminista Nèges Mawon. “Cada vez que un barrio cae bajo el control de un grupo armado, encontramos supervivientes de violencias sexuales cometidas durante estos ataques. Es un arma de control” para afianzar su poder sobre una zona, estima. “Por ejemplo, cuando un grupo rival toma el control del territorio de otro grupo, utiliza la violación como una forma de decirles a las niñas y mujeres que han ‘cambiado de amo’ y para controlar sus movimientos”, precisa.

“Seguir viviendo”

En Cité Soleil, en las oficinas del hospital de MSF, Elina se dispone a terminar de hablar, entre dos suspiros, cuando la invaden recuerdos dolorosos. Antes de despedirse, quiere enviar un mensaje de apoyo a las niñas y mujeres que, como ella, han sobrevivido a la violencia sexual: “Hagan todo lo posible por seguir viviendo y no dejen de ir al hospital”, recomienda. El personal sanitario ha sido “como una familia” para ella en los últimos meses, concluye la joven.

*Con la colaboración de Achim Lippold y André Paultre.

Recientemente, la Corte Suprema de Israel emitió un fallo histórico prohibiendo el profiling racial en los operativos policiales de identidad, se trató de una demanda presentada por minorías étnicas, como los judíos etíopes, para protegerse de la discriminación que sufren por parte de las autoridades. Sin embargo, esta decisión es tomada con pinzas por los también llamados Beta Israel, los judíos negros de Israel y que representan el 2% de la población. 

Desde Tel Aviv y Ashkelon

Actualmente, son unos 170 mil los judíos etíopes que viven en Israel. Llegaron en los años 80 siguiendo el sueño que habían alimentado sus ancestros, llegaron anhelando Jerusalén porque para ellos no existía el Estado de Israel ni sus fronteras sino solamente Jerusalén. Sin embargo, al llegar la realidad sería otra y el sueño de la Tierra prometidadonde todos serían hermanos no tardaría en disolverse bajo expresiones de racismo y discriminación por parte de otros judíos. Rápidamente, los judíos etíopes entendieron que, en Israel, que era también su tierra y su único hogar, debían abrirse camino y empezar desde cero. Asi lo explica Dany Admasu, doctor en sociología, judío, etíope y también ciudadano israelí

En Occidente hay este dicho acerca de la democracia, se dice que algún día va a llegar, pero, en ese momento del presente, no existe y nunca vas a estar allí cuando llegue. Sin embargo, esa esperanza te anima para que sigas haciendo lo que haces para mejorar la sociedad. Jerusalén era así. No era un lugar específico, pero desde niño yo sabía que era de allí. Pero cuando al llegar aquí te llaman «kushi», que es como decir negro - ni siquiera es llamar a alguien de piel oscura - es realmente Khushi, nigger. Muchas cosas fueron muy extrañas. Fue muy difícil como niño, pero sé que soy de aquí y no extraño ni tampoco deseo regresar a Etiopía

En este camino, Dany Admasu se ha convertido en uno de los principales referentes científicos de la comunidad. Este 2026, Dani publicará su libro Negritud y judaísmo: la resistencia del judaísmo etíope. Cuatro décadas después de la llegada de los etíopes a esta tierra prometida, su libro será el primero de carácter científico publicado por un miembro de la misma comunidad. Cuarenta años después de su llegada a Israel, el camino de los judíos etíopes es uno cuesta arriba y saben que sus condiciones en tanto que comunidad afrodescendiente son bastante distintas a las de los judíos blancos de Israel. 

Racheli Makali, directora de la organización Empoderando mujeres etiopes, cuenta que ella, pese a haberse criado en Israel sufre la discriminación por ser etíope, es decir, por el color de su piel. No solo lo experimentó cuando le negaron alquilarle un departamento por ser etíope sino que es algo que ya sus hermanos y padres y familiares habían vivido.

Sucede todo el tiempo… ahora y antes. Cuando mi hermano era chico y estaba aún en la escuela, un día quería comprarle un regalo a mi papá, tenía 200 o 300 shekels, unos 70 u 80 euros en el bolsillo,  y un policía lo vio y lo detuvo ¿Por qué tienes tanta plata?, le dijo. En realidad, no era tanta plata y mi hermano no entendía por qué lo detenían, pero son cosas que pasan todo el tiempo. Los jóvenes etíopes no pueden sentarse en las bancas así como así en la noche en un barrio de blancos porque son vistos como sospechosos…

Racheli tiene 43 años está casada y es madre de tres hijos. Ella emigró de Etiopía a Israel en 1991 para instalarse en Kiryat Malachi. Racheli cuenta que fundó su organización inspirada por el mensaje de su madre: “Hay que luchar contra el racismo accediendo a puestos clave. Solo así podremos tener un impacto, sin esperar a que otros cambien la realidad”. En 2020, Empoderando mujeres etíopes pasó de ser una asociación a una organización con una estructura jurídica, gracias a ella más de 250 pequeñas empresas han sido creadas por mujeres etíopes. 

El Harlem de Israel

En Israel, los migrantes judíos, aquellos que llegaron a través de la aliyá, es decir, la inmigración de judíos a la Tierra de Israel, y que es considerada un retorno espiritual y físico a su patria ancestral, se encuentran agrupados en la periferia de la ciudad. Históricamente fue el barrio de Kyriat Malachi donde se construyeron residencias temporales para estas personas, sin embargo lo temporal devino permanente y estos lugares menos favorecidos se convirtieron en el lugar de los excluidos.

Otro de estos lugares es Ashkelon, al sur de Tel Aviv, muchos judíos etíopes viven allí hoy rodeados por otras minorías étnicas. Una de ellos es Shulamit

Somos el Harlem de Israel. Aquí se cometen muchos delitos. Hay proxenetas, drogas y más… Todo esto está sucediendo aquí y es difícil llevar una vida así… pero necesitábamos crecer y salir adelante lo mejor que podíamos y lo hicimos.

Shulamit es judía de padres árabes, judía mizrahi como designa el término de los judíos descendientes del norte de Africa y de Medio Oriente. Shulamit no tiene el brazo izquierdo completo, su mano no termino de desarrollarse y esta discapacidad, además de sus orígenes árabes, le hicieron a ella y a su hermana Orel, darse cuenta de que, si bien todos son judíos, no todos los judíos son iguales. 

Los judíos ashkenazíes, es decir, los judíos blancos recibían un trato muy diferente al nuestro. Había niveles y nosotros estábamos en el nivel más bajo. Siempre fuimos los desfavorecidos en este país. Entonces, cuando llegaron los etíopes, que estaban por debajo de nosotros, eso supuso un pequeño cambio. Hoy en dia, el racismo es más difícil de ver, pero sigue ahí.

Operaciones de exfiltración de los judíos etíopes

La historia de los judíos etíopes en Israel empezó oficialmente a fines de 1984 y principios de 1985 cuando tras décadas de idas y venidas el gobierno decidió exfiltrarlos tras haber aceptar que al ser también judíos tenían el derecho a la Ley de retorno y a ser reconocidos como ciudadanos israelíes.

Bajo el nombre de la operación Moisés, primero, y operación Salomón, después, militares israelíes, miembros del Mossad, aterrizaban de noche en los campos de refugiados de Sudan, país enemigo de Israel y exfiltraban a estos judíos etíopes hermanos suyos para llevarlos luego a Israel. Una tarea delicada, pero sobre todo una odisea para los propios etíopes pues debían primero lograr la hazaña de llegar a Sudán. Fue el caso del periodista Dany Abebe quien publicó este 2025 el primer libro de testimonio y ensayo escrito por un miembro de la comunidad etíope acerca de la aliyá

Cuando tenía unos nueve años, mi familia y yo dejamos nuestro pueblo y emprendimos un viaje hacia Sudán. La verdad es que lo pasamos bastante mal. Perdimos a mucha gente en el camino. Como comunidad judía, sufrimos por ser judíos. Sufrimos por culpa de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales y también por culpa de los no judíos, muchos de ellos eran cristianos, muchos de ellos eran musulmanes. Ser judío es complicado en todo el mundo y - ya sabes - el antisemitismo no solo proviene del mundo occidental, está en todas partes. Por ejemplo, durante un año, el gobierno etíope no concedió ni compartió tierras a los judíos a pesar de que éramos etíopes. Si eras judío, no podías conseguir tierras. Y, bueno, a nuestra comunidad se la llamaba falashaque quiere decir sin tierra, extranjero; y nuestros vecinos cristianos etíopes no confiaban en nosotros, creían que íbamos a quedarnos para siempre ahí.

Pese a estas condiciones de vida difíciles en Etíopía, estos judíos y mal llamados falashas vivieron en una especie de pseudo tranquilidad hasta que en los años 70 una terrible hambruna golpeo el país y con el cambio de régimen, el nuevo gobierno marxista de Mengistu Hailé Mariam - que se convirtió luego en dictadura - decretó que ninguna persona podía abandonar el territorio. Se calcula que, en su ruta de escape, en el camino entre Etiopia y Sudán unos 4 mil etíopes judíos perdieron la vida. Dany recuerda aún el día en que salió de Etiopía hacia una destinación desconocida

En 1983, oímos hablar de un viaje de la comunidad judía y una noche, un viernes por la noche, nos fuimos, dejamos nuestro pueblo. No sabíamos adónde íbamos ni cuánto tiempo duraría. Todo era un gran secreto. Caminamos descalzos, sin zapatos, sin comida, sin ropa.. Caminamos un mes o algo así y llegamos a la frontera de Sudán.Por desgracia, nos quedamos en Sudán un año, en un campo de refugiados. Unos cuatro mil etíopes murieron, entre ellos algunas personas de mi familia, vidas que se perdieron en Sudán y durante el camino a Sudan. Entonces, nuestro sueño y nuestra misión es contárselo a la sociedad israelí, al pueblo judío, lo mucho que sufrimos para llegar a Jerusalén. Luchamos por formar parte de ella, por ser como ellos, como la sociedad israelí.

Ashkelon, un bunker antibombas para cientos 

Las diferencias de trato hacia los judíos de minorías étnicas en Israel se expresa también en bunkers antibombas, ciertos barrios como el de Ashkelon cuentan solo con un bunker antibombas para varios edificios en caso de ataque. En el barrio de Shulamit, el bunker se encuentra al centro del conjunto habitacional, expuesto. Sin embargo, la situación es otra en barrios más privilegiados y menos mixtos, ellos tienen incluso un bunker para cada departamento. Shulamit cuenta cómo fue su experiencia el 7 de octubre, cuando el grupo islamista Hamas ataco Israel

No podíamos salir de nuestras casas y  llegar al refugio porque corríamos el riesgo de que los terroristas nos mataran. Y no podíamos llegar a las escaleras porque había cohetes. Así que, bueno, nosotras estamos en el último piso, en el cuarto; lo único que atinamos a hacer fue a meternos debajo de las mesas de la casa y rezar para seguir con vida. No teníamos nada más que hacer. Y esta es la complejidad, otra complejidad que la gente no entiende. No somos una élite. No todos los judíos son ricos. No todos los judíos están pasando el mejor momento de sus vidas. Estamos luchando. Luchamos por sobrevivir cada día, especialmente en barrios como este. 

Avera Mengistu, el judío etíope secuestrado una década por Hamas

Cuando Shulamit aún estaba en la secundaria, Orel, su hermana había empezado a hablar en casa del secuestro de Avera Mengistu, un judío etíope con problemas mentales retenido por Hamas y que permaneció en su poder por más de diez años. Shulamit sintió que Avera podía haber sido ella 

Cuando Orel empezó con el activismo y se involucró un poco más, y empezó a hablar del caso de Avera en nuestra casa, yo pensaba: «Esto es una mierda, lo siento, pero es una mierda. Es una mierda, es igual que con nosotros (judíos mizrahi). Si fuéramos nosotros, nadie lucharía por nosotros». Y ese es el problema - lo siento - pero es lo que pasó con muchas familias del 7 de octubre, ellas no lo entendían hasta que les pasó a sus hijos.

Inspirada en su experiencia personal y la discapacidad de su hermana, Orel Schitrit decidió crear la cuenta de Instagram Counting Avera para sensibilizar y exigir su liberación. Ella tomó contacto con la familia de Avera Mengistu y periódicamente organizaron manifestaciones en las que exigían al gobierno israelí que interceda ante el gobierno de Gaza por su liberación. Después de 7 de octubre 2024, las cosas cambiaron, la presión fue mayor y ya no no solo de los judíos mizrahi y etíopes sino de toda la sociedad israelí que se unió detrás de una bandera exigiendo la liberación de todos los que se encontraban en manos de Hamas. La presión surtió efecto y Avera fue liberado a principios de 2025. 

Contra la discriminación, educación, activismo y redes sociales

En Israel, el activismo ha logrado cierto reconocimiento y Racheli Malkai de Empoderando mujeres etíopes, fue elegida para encender la antorcha en las celebraciones por las fiestas nacionales de Israel. El empoderamiento de las mujeres, en general y de las judías etíopes, en particular, es más que necesario dice Racheli Malkai desde su oficina en Ashkelon. En 2013, el gobierno israelí admitió, como lo habían denunciado decenas de mujeres etiopes, que les administro Depo-Provera un contraceptivo de larga duración en contra de su voluntad.

Hoy en día es diferente. Estamos más informadas y tenemos más educación. Conocemos el idioma, conocemos nuestros derechos. Antes, se administraba la vacuna a mujeres migrantes que no entendían el idioma, y se les  administraba a la fuerza. Se les administraba tanto que ya no podían tener hijos. Básicamente, se les daba una vacuna que las dejaba estériles. Hoy en día es diferente. Entendemos mejor, conocemos nuestros derechos. Tenemos médicos etíopes, así que es completamente diferente, ya no pueden hacer lo que quieren. Pero sí, es doloroso saber que, al final, han trabajado con mujeres inocentes que no estaban al tanto de lo que les hacían y que recibieron una vacuna en contra de su voluntad.

Gracias a la organización de Racheli, mujeres como Shelly han podido crear sus empresas, empezar a generar sus propios ingresos y ganar un poco de independencia.

En realidad, yo empecé a diseñar desde casa. Aprendí a cortar y coser por mi cuenta. Vivía en el kibutz Gevra'am, en el sur del país, y cuando llegué a Ashkelon, la asociación Empoderando mujeres etíopes estaba organizando un evento muy importante al día siguiente y me ofrecieron hacer un desfile de moda allí. Era la primera vez que organizaba un desfile de ese tipo, fue muy emocionante, fue mi oportunidad de mostrar lo que me gusta y lo que hago. Antes yo tenía una tienda, pero con el coronavirus tuve que cerrarla. Ahora trabajo desde casa, tengo una página web y estoy en las redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Las cosas van bien y participé hace poco en un programa de televisión de modas en Tel Aviv, donde también había modelos muy conocidas.

Las redes de apoyo no solo provienen de los propios judíos etíopes sino también de voluntarios que se han organizado y creado iniciativas para que jóvenes de la comunidad etíope puedan cursar estudios superiores y tener mejores oportunidades de vida. Es el caso de YOEL, una organización que los ayuda a preparse para pasar un examen de admisión, les enseñan a utilizar computadoras y programas y sobre todo a tener un nivel de idioma que les permita defenderse en el ámbito profesional. Oshrat, judío etíope, es una antigua alumna de este programa, ella hoy estudia derecho en la universidad de Reichman.

La línea de inicio no es la misma para todos. En sentido metafórico diría que, para empezar una carrera, necesitas, por ejemplo, zapatillas y otros implementos y eso es lo que YOEL me dio. Gracias a ellos pude seguir en la carrera con el agua y las zapatillas, por ejemplo. Especialmente en mi universidad, es muy, muy cara. Es una universidad privada, de otra manera no sé cómo podría haber entrado.

Desde otros espacios los jóvenes etíopes intentan también abrirse camino en la sociedad israelí pese a los desafíos. Brhan, influencer judío etíope, cuenta que después del 7 de octubre hubo muchas informaciones falsas acerca de los judíos en general y de los judíos etíopes, en particular, eso la animó a contar su historia y la de su comunidad a través de las redes sociales.

Lo que estoy haciendo es contar la historia y reformular la historia de los Beta Israel, porque cuando la gente piensa en Israel, hay mucha desinformación que se les ha transmitido. Creen que (los judíos etíopes) no hemos aportado nada a la sociedad israelí, que aquí somos delincuentes y ciudadanos de segunda clase y eso es mentira. Hay un enorme legado que los Beta Israel trajeron consigo a la sociedad judía israelí. La gente piensa que fue el Mossad el que vino y salvó a los judíos etíopes, lo cual es cierto, pero también hay que dar crédito al pueblo judío que se marchó de sus pueblos y recorrió miles de kilómetros hasta Sudán y de Sudán a Israel. Los etíopes también se salvaron a sí mismos. Y si los etíopes no hubieran estado allí para presionar entre bastidores, el Mossad no habría venido.

Convivir entre nosotros lo mejor que podamos 

"Israel es una sociedad compleja", no se cansan de repetir los judíos etíopes que entrevisté. Todos ellos aman su patria, no solo porque no tienen otra sino porque es su hogar y la tierra con la que sus ancestros les enseñaron a sonar. Sin embargo, la idea de una sociedad homogénea y con un solo perfil étnico que los segrega va en contra de la idea de la nación de Israel según explica Dany Admasu

Es un reto. Israel es lo que llamamos el espacio afro-levantino. Esta nación existe y es posible porque hay muchos grupos pequeños que la conforman. Si separas a sus miembros e intentas convertirlo en grupos puros diferentes entonces la idea de nación ya no existe.  La cuestión es como lo resolvemos y cómo podemos vivir y mejorar la sociedad para todos. Esta es mi idea.

En un mundo cada vez más polarizado, la sociedad israelí libra su propia batalla, y las fracturas se hacen cada vez más visibles pese a un discurso que pareciera borrar todas las diferencias, a pesar de ello, los grupos que lo conforman elevan su voz y eligen también contar, contar como ciudadanos y contar también su propia historia.

Desde hace meses, la ciudad de Mineápolis vive bajo tensión. Lo que comenzó como un operativo federal contra la inmigración irregular terminó transformándose, para muchos de sus habitantes, en una experiencia cotidiana de miedo, vigilancia y resistencia organizada. Pasamos unos días en compañía de militantes y voluntarios, quienes contribuyeron a que Donald Trump diera su brazo a torcer en un ámbito clave de su política doméstica, la lucha contra la inmigración.

“¡Por favor, díganle al resto del mundo que no estamos de acuerdo con esta estúpida mierda! No nos parece bien el fascismo. ¡No nos parece bien que vengan a nuestras comunidades, que nos maten y piensen que simplemente nos van a joder!”, nos dice Kelly. Las lágrimas de esta profesora y activista, resumen el sentimiento de una parte de la población frente a la presencia reforzada de agentes federales antiinmigración en la ciudad.

Una operación federal sin precedentes

En diciembre 2026, el presidente Donald Trump envió a 3.000 agentes adicionales en el marco de la mayor operación migratoria del país, bautizada “Metro Surge”. El despliegue del Immigration and Customs Enforcement (ICE) marcó un antes y un después en este estado del norte de Estados Unidos.

La presencia de vehículos sin identificación clara, operativos sorpresivos y agentes armados generó una sensación de “estado de sitio”. Vecinos describen una ciudad en estado de choque y de hiper vigilancia permanente.

Vivir con miedo: el caso de Rosa

Rosa* nos recibe en un automóvil que no es el suyo. Está embarazada y teme ser detenida. Aunque su situación migratoria es regular, el riesgo de ser arrestada y eventualmente deportada la mantiene prácticamente confinada.

Desde hace tres meses casi no sale de su casa. Está separada de su compañero, que vive cerca de su lugar de trabajo. Su única salida es para ir a trabajar, y lo hace gracias a María, una voluntaria que le garantiza el traslado diario. Como Rosa, miles de migrantes en Mineápolis han reducido su vida a lo mínimo indispensable.

Los “ICE Watchers”: la resistencia ciudadana

Frente a las detenciones masivas, surgió una red ciudadana de observadores conocida como “ICE Watchers”. Profesores, estudiantes, obreros, exmilitares, ingenieros y vecinos sin afiliación política formal se organizaron para monitorear los movimientos de los agentes.

Ángela es una de ellas. Durante su turno de vigilancia explica el protocolo: siempre en parejas, una persona conduce y la otra observa y reporta. Ante las armas de los agentes de ICE, quienes patrullan con medios y armas militares, los ciudadanos utilizan silbatos y bocinas para alertar a la comunidad cuando detectan operativos, y se comunican mediante mensajería encriptada las 24 horas del día. También registran placas de vehículos a través de una aplicación desarrollada por la propia red.

Uno de los puntos neurálgicos es el edificio federal conocido como Whipple Building, donde se concentran observadores y manifestantes. Allí mantienen un piquete permanente para contabilizar detenciones y visibilizar su rechazo a las acciones del ICE.

Solidaridad bajo cero

A pesar de temperaturas que oscilan entre los -20 y -30 grados, Kelly permanece sentada tras una mesa improvisada, sirviendo sopa caliente y recolectando donaciones.

“Hoy estoy aquí para asegurarme de que la gente esté bien alimentada y abrigada. Soy maestra y mi escuela es 93 % no blanca. Mis alumnos son mis hijos. Y este régimen viene a buscar a mis hijos. Lloro con lágrimas de rabia. ¿Por qué hacen esto?”, se pregunta. 

Las dos víctimas mortales de los operativos -Renee Good y Alex Pretti- eran ciudadanos estadounidenses, militantes anti-ICE. Sus muertes conmocionaron a la ciudad y reforzaron la percepción de que la violencia había superado el marco migratorio.

Un enfrentamiento político abierto

El gobernador demócrata de Minesota, Tim Walz, denunció lo que calificó como una “ocupación federal”.

“Esta ocupación dejó de ser un asunto de control migratorio. Es una campaña de brutalidad organizada contra la gente de nuestro estado. Queremos que la calma y la normalidad regresen. Ellos quieren el caos”, declaró, pidiendo públicamente a Donald Trump que retire las fuerzas federales.

Para las autoridades locales, el despliegue de hombres armados como militares en un estado progresista y abiertamente opuesto a las políticas federales sería un intento de convertir Mineápolis en un laboratorio de intimidación.

La batalla legal: el recurso del Habeas Corpus

Los abogados también se movilizaron. Suzana de León coordina recursos judiciales para frenar detenciones consideradas ilegales. Uno de los instrumentos clave es el habeas corpus, una acción civil ante tribunales federales que permite revisar la legalidad de una detención.

El objetivo es impedir que los arrestados sean trasladados fuera de la jurisdicción de Minesota, donde aún cuentan con cierto respaldo institucional. En otros estados, como Texas, la mayoría de los detenidos permanecen sin poder comunicarse con los abogados, lo que acelera y facilita las deportaciones hacia el exterior del país.

En algunos casos, los recursos han prosperado gracias al apoyo de instancias locales.

Trauma colectivo

El impacto no es sólo jurídico o político, sino también psicológico y colectivo según Kayla Usby, psicóloga en Mineápolis y en la vecina Saint Paul, describe un cambio radical en su práctica.

“No creo que esto se haya calmado. Sigue habiendo violencia, estrés y miedo. Ahora mi terapia se centra en sobrevivir: ¿tienes comida?, ¿puedes ir al trabajo sin problemas? Ya no hablamos de ansiedad o depresión en términos clínicos, sino de cómo resistir y salir adelante”, explica. 

También reconoce el riesgo que asumen quienes se manifiestan: “Las muertes de Renee Good y Alex Pretti nos demostraron que quienes nos alzamos y queremos contraatacar estamos asumiendo un riesgo”, afirma la psicóloga. 

Vigilia y memoria

Dos puntos de la ciudad se han convertido en lugares de concentración y vigilia: la avenida Portland, entre las calles 33 y 34, donde Renée Good fue asesinada por agentes de ICE y la esquina de Nicollet, donde Alex Pretti fue asesinado por agentes fronterizos. Allí vecinos como Víctor Fuentes acuden a rendir homenaje a las víctimas. Para él la batalla seguirá en otras ciudades del país donde se desplegará la policía de ICE.

Aunque el gobierno federal anunció el retiro de parte del contingente tras la presión pública, las redadas no han cesado completamente. Para muchos residentes, la sensación de amenaza persiste.

Hoy, sin embargo, Mineápolis también es símbolo de organización comunitaria. Entre el frío polar, las vigilias y las demandas judiciales, la ciudad resiste.

Un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Zanutto en la realización técnica

*Hemos cambiado la identidad de algunos entrevistados por razones de seguridad.

El Senado argentino examina este miércoles un proyecto de modificación de la ley de protección de glaciares. El presidente Milei, que niega el cambio climático, busca flexibilizar la norma en beneficio de la industria minera, prometiendo proyectos millonarios de explotación de oro y cobre. Pero organizaciones ecologistas y habitantes temen el sacrificio de reservas hídricas vitales "por un par de monedas". Reportaje de nuestro corresponsal en Argentina, Théo Conscience.

Estamos en la provincia de San Juan, en la quebrada de San Lorenzo, a más de 4.000 metros de altitud. "Es un lugar encantador de los Andes áridos entre Argentina y Chile", dice Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad de San Juan. El viento sopla fuerte, pero el oxígeno se hace más escaso. Respirar y hablar ya cuesta un poco más. Alrededor hay montañas de color ocre, rojizo, marrón. Y arriba, un manchón blanco: el glaciar de San Lorenzo.

"El paisaje es espectacular porque estamos arriba de un glaciar de escombro. Lo que vemos hacia el fondo es el límite internacional con Chile, el famoso límite divisorio de aguas, con un glaciarete que drena sus aguas hacia el territorio argentino", agrega Silvio Pastore.

El glaciarete al que se refiere está cubierto de penitentes, formaciones de hielo características de los Andes, que toman la forma de cuchillas afiladas orientadas hacia el cielo.

"Está tipificado como un glaciar, pero hoy la situación es que se ha llenado de penitentes, como lo podemos observar. Eso significa que ya está en un proceso continuo de degradación. Y, en tiempo humano, vamos a ver que esto va a desaparecer casi totalmente".

El gobierno planea modificar la ley de los glaciares 

En los últimos 30 años, Argentina perdió el 42 % de la superficie de sus glaciares por culpa del calentamiento global. Desde 2010, los 17.000 cuerpos de hielo inventariados y los suelos congelados del ambiente periglacial están protegidos y reconocidos por ley como reservas estratégicas de agua. Pero el gobierno del presidente Javier Milei quiere modificar la ley para dejar que las provincias definan qué zonas deben protegerse, con el objetivo de abrir la puerta a la industria minera. Y, sin embargo, estamos rodeados de una gran riqueza, como una roca que le muestro a Pastore.

"Esto que vemos aquí es una composición mineralógica extraordinaria. Esta variedad de colores, de textura… Esta está llena de cristales indicadores de minerales. No sé si los ves, algunos de ellos brillan. Tómale el peso. Es muy pesada. Tiene una densidad que lo que va a dar esta densidad son sulfuros o contenidos de metales, principalmente cobre, oro, plata, zinc".

Para Silvio Pastore, la presencia de estos minerales plantea un dilema. Las zonas periglaciales de San Juan son ricas en cobre, un mineral clave para la transición energética y para la lucha contra el calentamiento global que agobia los glaciares. Para el científico, hay que aclarar y flexibilizar la ley de protección de glaciares.

"Esta zona que te estoy mostrando es un ambiente periglacial. La ley actual prohíbe la actividad en este ambiente. Pero yo puedo observar, a simple vista, y demostrar con metodología científica, que gran parte de estos cerros que están aflorando no contienen ni agua ni hielo. Pero es un ambiente periglacial. Su significancia hídrica es mínima, comparada, en la misma área, con estos glaciares blancos o glaciares de escombro. Lógicamente, hay sectores en los cuales no se va a poder hacer ninguna actividad, de ningún tipo, pero hay sectores que pueden ser liberados".

A pesar de pertenecer a una agrupación del lobby minero, el Grupo Sarmiento, Silvio Pastore dice que no quiere hacer política. Asegura que solo quiere aportar datos científicos al debate público. Pero sus posiciones han sido cuestionadas por otros glaciólogos, incluso en su propia universidad. Juan Pablo Milana, doctor en geofísica e investigador del Conicet, considera que la modificación de la ley propuesta por el gobierno es peligrosa.

"Esa modificación deja a criterio de las provincias la posibilidad de desclasificar glaciares. Y el problema es que los criterios están a la venta. Entonces, si hay mucho interés del gobierno de que ocurra una explotación minera, dentro de la universidad siempre vas a encontrar a alguien que diga: 'este glaciar no sirve porque tiene poco hielo, contribuye poco, o lo que sea'".

Sacrificar una reserva hídrica por unas monedas 

Este científico denuncia que el gobierno quiere cambiar el espíritu de la ley de protección de glaciares, pasando de un criterio de tipo científico a uno político, a la hora de definir lo que es una reserva estratégica de agua.

"Este es el problema de utilizar la palabra 'estratégico'. Porque a lo mejor para la provincia es mucho más estratégica esta explotación minera porque va a sacar muchos más impuestos, va a dar más trabajo. Pero, a la larga, es pan para hoy y hambre para mañana. Estás sacrificando una reserva hídrica por unas monedas”.

El tema es que estos minerales representan mucho más que unas monedas. Con la incertidumbre del contexto geopolítico actual, el valor del oro y de la plata viene marcando récords históricos. Y el cobre también: el metal rojo es un muy buen conductor. Entre vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, la demanda explotó estos últimos años, y el precio también.

En la cordillera sanjuanina, las multinacionales Lundin Mining (canadiense) y BHP (australiana) impulsan una de las iniciativas mineras más grandes del mundo: el proyecto Vicuña. Tiene reservas estimadas en 35 millones de onzas de oro y 12 millones de toneladas de cobre.

Iván Grgic, responsable de relaciones institucionales de Vicuña y presidente de la Cámara de Minería de San Juan, evoca algunos de esos proyectos. "Hay proyectos mineros en distintas etapas. Tenemos dos proyectos… podríamos decir cuatro de cobre en etapa avanzada de exploración. Entonces, cuando el mundo dice '¡cobre, por favor!', San Juan está casi lista para empezar a vender cobre".

Chile y el cobre, ¿fuente de inspiración para Argentina? 

Iván Grgic destaca el potencial que representa la minería para la provincia y para el país en términos de empleo y de inversiones. Para él, Argentina tiene que inspirarse en Chile, primer exportador de cobre a nivel mundial.

"Una frase que me decía mi papá cuando era chico: no te olvides que lo que está del otro lado de la cordillera está de este lado. Si Chile exporta entre 50 y 60 mil millones de dólares al año, Argentina también puede exportar esa cantidad. O sea que podemos generar al país rápidamente un desarrollo muy grande porque el mundo lo requiere y con la seguridad de que lo que estamos iniciando es un desarrollo inmenso para el país, y sin embargo todavía incipiente".

Los proyectos mineros de la provincia de San Juan ya atrajeron más de 17 mil millones de dólares de inversión a través del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones impulsado por Javier Milei. Pero para que estas inversiones puedan materializarse y multiplicarse, la ley de protección de glaciares tiene que flexibilizarse, sostiene Iván Grgic.

"Todos estos proyectos están avanzando porque entienden que hay seguridad jurídica. Es decir, tú tomas una propiedad minera en donde vos te encontrás con crioformas inventariadas, en donde los estudios iniciales de los proyectos mineros determinan que no tienen aporte hídrico, que no son glaciares ni son crioformas a custodiar. Pero no pueden avanzar en ningún tipo de exploración hasta que la ley no les determine. Entonces, esas inversiones o intereses han quedado latentes".

"Jáchal no se toca"

Este es justamente el caso del proyecto Vicuña, cuyo futuro open pit, o tajo a cielo abierto, se encontraría en parte sobre un glaciar registrado en el inventario nacional, el GE 110. La empresa quiere desclasificarlo, pero la población local se resiste.

"Nosotros desde la asamblea "Jáchal no se toca" generamos, con asesoramiento técnico apropiado, un reclamo en el año 2021”, dice Saúl Zeballos, integrante de la asamblea "Jáchal no se toca". "Ese reclamo fue atendido y fue incorporado al inventario nacional de glaciares. Cuatro años después, estamos peleando nuevamente para que no lo hagan desaparecer al glaciar GE 110".

"Jáchal no se toca" es un grupo de vecinos autoconvocados que se reúne todas las semanas en una carpa instalada en la plaza del pueblo con la misión de preservar el río Jáchal.

Carolina Caliva, integrante de la asamblea, dice: "Sabiamente, nuestros pueblos originarios se asentaron al lado de un río. Nosotros vivimos en una zona árida. Si no tuviésemos agua, no existiría este pueblo".

Los glaciares funcionan como reguladores del recurso hídrico. En las zonas áridas como San Juan, compensan el déficit de precipitaciones. La provincia declaró la emergencia hídrica hace tres años, y los habitantes padecen cada vez más la escasez de agua.

"Nosotros ya sufrimos los cortes de agua por días. Hasta perdemos la dignidad. A ver, no tenemos agua para el baño, no tenemos agua para las necesidades básicas. A veces uno abre la canilla y piensa que nunca se va a acabar. Pero cuando padecés esta escasez, hace que uno tome conciencia", denuncia Carolina Caliva.

Carolina Caliva y los integrantes de la asamblea ya no creen en las promesas de la industria minera. Hace 20 años que conviven con la mina de oro a cielo abierto de Veladero, propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold.

"Dejaron contaminación, enfermedad y muerte" 

"Venían con el discursito del pleno empleo, del desarrollo sustentable. Ahora está claro que nuestro pueblo sigue tan pobre o más pobre que antes. Y si nos dejan algo, nos dejan contaminación, enfermedad y muerte", subraya Carolina Caliva.

Carolina Caliva se refiere a los escándalos de contaminación ambiental por parte de la mina Veladero.

"En el 2015 se produce el derrame más grande de la historia de Argentina, por parte de la empresa Barrick Gold. Miles de litros de solución cianurada que afectan a cinco ríos; y ahí ya se ve totalmente modificada nuestra vida".

Este derrame y los siguientes impactaron profundamente al pueblo, que depende exclusivamente del río Jáchal para su agricultura.

"Acá tenemos alfalfa", dice Omar Aciar, productor, mostrando sus tierras agrietadas por la sequía. "Tenemos otro cuadro ahí de algodón. Y tenemos algo de cebolla también. Eso es básicamente para lo que nos alcanza el agua, nada más".

Este productor denuncia el consumo y la contaminación del agua por parte de la industria minera. "Los yacimientos mineros sacan el agua dulce. Entonces acá, cada vez viene el agua más salinizada. Mucho más boro, mucho más arsénico. Entonces ya los crecimientos de las mismas plantas no son iguales. Y ahora se complica porque cada vez tenemos menos agua para el regadío".

Por falta de agua, Omar solo pudo sembrar 60 de las 100 hectáreas de su explotación este año. Está muy preocupado por el avance de la minería. El proyecto Vicuña necesitará un promedio anual de 1.200 litros de agua por segundo, 10 veces más que el consumo actual de toda la industria minera en la provincia.

"Al paso que van las concesiones de agua para la minería, nosotros estimamos que en 10 años no vamos a poder hacer agricultura acá en Jáchal. Si eso ocurre, moriríamos como pueblo. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? Yo tengo nietos, unos nietos chicos. ¿Y dónde nos vamos nosotros? Ya no tenemos agua potable para el consumo humano, se están secando los pozos. No hay recargas. ¡¿Cómo vamos a sacrificar los glaciares?! Es una cosa muy evidente que el agua es la vida".

Agricultores, organizaciones ecologistas y poblaciones locales están juntando fuerzas para resistir el avance de la industria minera en los Andes. A lo largo de la cordillera, ciudadanos se organizan en asambleas populares con una consigna: el agua vale más que el oro, la ley de glaciares no se toca.

La salida de Nicolás Maduro de Venezuela dejó un sabor agridulce en la diáspora venezolana, entre esperanza y temor a regresar. En la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, RFI conoció a una pareja de comerciantes con una historia de exilio, una historia para escuchar en nuestro podcast.

No es un jardín en sí, pero está ubicado frente a un parque florido en el barrio La Ceiba de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Jardín de Sabores es como una miscelanea de comida y de historias. Lo abrieron hace unos años los emprendedores Abdul Muhamad Hernández y su esposa Ana Quiroz, ambos venezolanos. 

Este proyecto de vida conjunto busca ofrecer alternativas saludables para personas con diversas condiciones médicas, como diabetes, celiaquía, y problemas de tiroides. 

En 2017, Ana salió de Venezuela "con seis meses de embarazo y una maleta cargada de ilusiones". Decidieron emigrar a Colombia debido a la inestabilidad en su país. Abdul fue a recoger sus pertenencias a Venezuela, pero durante el viaje de vuelta a Cúcuta, fue asaltado y lo perdió todo. 

"Yo llegué aquí y exploté a llorar los nervios y la angustia. Entonces comenzamos aquí con unos pequeños ahorros de mi esposa. No teníamos absolutamente nada", recuerda Abdul. 

Este incidente traumático los dejó sin nada, pero con la determinación de comenzar de nuevo y abrir "Jardín de Sabores", enfrentando las dificultades con esperanza.

Abdul y Ana mantienen vínculos fuertes con su familia y amigos en Venezuela, a pesar de la distancia. La pareja se despertó a principios de enero con la noticia de que en Venezuela ya no gobernaba Nicolás Maduro y que los Estados Unidos habían bombardeado la ciudad de La Guaira. Pensaron en el hermano de Abdul, integrante de Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A pesar de las dificultades iniciales, encontraron en Cúcuta un lugar de acogida y apoyo. La comunidad colombiana los recibió con calor humano y aceptación, facilitando su adaptación a un nuevo entorno. "Me gusta el apoyo de las personas, aunque uno nunca deja de extrañar, sobre todo la comida. A veces tú sientes aquí que la sal no sala y el azúcar, por decir algo, no endulza", dice Ana.

Con casi una década viviendo en Colombia la familia Muhamad Quiroz es verdaderamente colombo-venezolana. Aunque recordar a su país tiene sabor agridulce, también han probado el deleite de adaptarse a un hogar fuera de casa. 

El pasado 16 de enero se cumplió un año desde que estalló en Colombia la crisis del Catatumbo. Desde enero de 2025, decenas de miles de personas han huído de sus hogares en esta región del nororiente del país, en la frontera con Venezuela, debido a enfrentamientos entre guerrillas que operan en la zona.

María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas. No tiene cómo darle el biberón. Su familia huyó sin pertenencias de Tibú a Cúcuta por los grupos armados, que utilizan uniformes verdes como los del ejército, pero con botas de caucho. 

“Ella mira alguien uniformado y le da miedo”, cuenta a RFI. “Mis hijos han visto muertos allá. A veces el niño grande me pregunta “Mamá, ¿usted qué siente?” Y no normal, porque si uno se asusta, los niños también”. 

María, sus tres hijos y su esposo encontraron refugio en casa de una prima. Más de 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas últimas semanas. Las que logran extraerse. 

No hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial, ahora con drones. La primera crisis humanitaria tuvo lugar en enero de 2025. 

En diciembre se reactivó en dos municipios de la región: Tibú y El Tarra. “Se inició un paro armado por parte del grupo ELN en todo el país, pero en el Catatumbo no paró”, explica Ludy Páez, personera municipal. 

“No es contra ninguna fuerza del orden. Se enfrentan las dos fuerzas que están al margen de la ley. Con drones es más difícil para la población civil evadir los ataques, porque si ellos detectan calor humano en algún sitio de más de dos o tres personas, atacan", asegura. 

Los desplazados del conflicto y sus familias acuden la personería de Cúcuta, la entidad pública que monitorea los derechos de la ciudadanía. Deben registrarse para recibir ayuda humanitaria y mercados. “No se trata de que a mí me den el mercado para mí, sino que también para el sitio donde yo llego, porque voy a ocupar su cocina, estoy gastando su luz”, dice Páez.

"Él está dando plata a cambio de mi ubicación"

En este conflicto, los civiles se vuelven carne de cañón y los lideres de las comunidades un blanco. Los líderes de Juntas Comunales --que representan a la población en pequeñas localidades– fueron los primeros desplazados.  

En Cúcuta, se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. Uno de ellos muestra un video en el que se ve al comandante Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, señalándolo como “instigador”.  "Él está dando plata a cambio de mi ubicación, porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, explica bajo anonimato.  

La casa de otro líder fue blanco de tiros. Un maestro de obras recibió los disparos porque estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. 

“Hay puntos claves. Corregimiento o veredas estratégicas que buscan conquistar porque para son corredores y quieren llegar nuevamente a a retomarlas. Esos terrenos los habían perdido cuando la antigua guerrilla FARC se desmovilizó en el 2016. Desde 2018 los quieren tomar y de ahí es que está saliendo la población amenazada”, detallan. 

Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en la región, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a los habitantes con ayuda de la de la Defensoría del Pueblo y de la ONU.  

“Hemos creado una comisión humanitaria”, dice a RFI el obispo de Tibú Israel Bravo Cortés. Habla con los grupos armados por ejemplo sobre temas de reclutamiento de menores. "Hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de de las filas”. 

¿Institucionalidad?

“Cuando uno dice estas cosas, pues todo mundo piensa que la mayor presencia del Estado es llenar de tropas, llenar de militares el territorio”, dice el obispo. La soledad del Catatumbo no data del año pasado, explica, sino que tiene raíz en décadas de violencia y de abandono del gobierno. “La institucionalidad significa que la educación y la salud deben funcionar. Pero se le invierte poco a la región”. 

Destaca que incluso los programas de restitución de cultivos ilícitos son ineficaces en esta zona donde hay 50.000 hectáreas de coca. “Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales. Cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, lamenta. 

Para un líder comunal anónimo, no es solo la droga. Hay en el Catatumbo “minería ilegal, carbón y economía legal como ganadería o extracción de palma de aceite de palma. Es más, en Tibú hay campo de crudo, uno de los más antiguo en Colombia. Ellos tienen su seguridad, pero igual los actores armados les roban las camionetas a los vigilantes y perforan la tubería que saca el petróleo allá”. Así se financia el conflicto. 

Según él, sí falta fuerza armada. “En el casco urbano del municipio de Tibú, la policía tenía prohibido salir de la estación”, recuerda. Cinco policías fueron secuestrados en enero de 2026 y luego liberados. 

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 100.000 habitantes del Catatumbo fueron desplazados por la violencia, que está despoblando la región, hundiéndola en su soledad. 

Pandillas, violencia y narco. La impunidad es el caldo de cultivo en el que Honduras se desangra. El narcotráfico ha permeado en muchos poderes estatales a través de la financiación de campañas políticas. RFI recorre el país para remontar la cadena de la violencia: desde el pandillero al congresista comprado por el crimen organizado. Un itinerario desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa pasando por varios municipios de uno de los países más violentos del mundo. 

Del enviado especial de RFI a Honduras, Carlos Herranz

José ha pasado media vida entre rejas. Dice que su devoción por Dios es lo que le ha apartado de la pandilla 18. Lleva tan solo unos meses fuera de la cárcel y acude cada semana a una escuela religiosa dirigida por un pastor que reinserta pandilleros a las afueras de Tegucigalpa. Hoy es sábado a mediodía y varios ex pandilleros, algunos con un largo historial de asesinatos a sus espaldas, acuden al centro religioso. “Yo inicié en el camino de la pandilla a la edad de 17 años, en el año 1995. Me gustó el ambiente y empecé a llevarme con ellos y luego pues me fui metiendo más y más a fondo y luego nos tocó hacer cosas que no son gratas ante los ojos de nadie para poder ir ascendiendo dentro de la organización... como si fuesen niveles, según lo que los méritos que uno vaya haciendo.Los méritos son delitos, algunos de sangre. No hay opción para salirse porque uno es un compromiso de por vida. O está preso, está muerto, pero que no sales, no sales” nos cuenta este expandillero desmovilizado que ahora profesa una fe sin límites a la que atribuye su propia salvación. 

El pastor Wilmer Sauceda es quien dirige este centro en Comayagüela, localidad pegada a la capital hondureña. Lleva toda una vidadedicado a reinsertar pandilleros y trabajando con ellos en varias cárceles del país. Apasionado por su trabajo, su historia familiar también está marcada por la violencia. Wilmer decidió perdonar en prisión al asesino de su hermano pequeño, quien se negó a pagar una extorsión. A su madre, nos cuenta, le costó entender aquel perdón que daba sentido a su vida y su trabajo con pandilleros. “Ahora las maras ya no extorsionan a los pequeños. Son organizaciones, funcionan como grandes empresas, son dueños de empresas. Cada tiene dividido ya sus sectores, ya no pelean por territorios,todo está definido y tienen el control y el tráfico de drogas en esos sectores propios” nos cuenta Wilmer que añade que las maras se preoucpan ahora por tener una buena implantación e imagen en las comunidades. “Sí, ayudan mucho a la sociedad para sobreguardar ese respaldo de la sociedad, que nos cuiden para que la policía no vaya a sorprendernos”.Una implantación social de las maras que ocupan los espacios vacíos que el estado hondureño. No alcanza a ocupar.

El factor edad también ha contribuido al cambio.“Los líderes que iniciaron las pandillas son personas que ahora andan entre los 45 a 50 años de edad. Yo he platicado con ellos y ellos ya no son violentos”. Estos factores de cambio en la dinámica de las maras son los que han ayudado a rebajar el nivel de violencia en los últimos años. El sociólogo Fermín Lainez ha estudiado las diferentes mutaciones que han vivido las pandillas en Honduras y no duda en apuntar hacia arriba a cómo el poder político ha instrumentalizado a pandilleros. “Te lo resumo principalmente que fueron cooptados por grupos militares. De hecho, en el 2017, según el Departamento de Estados de Estados Unidos, estos grupos fueron utilizados para causar los disturbios que hubieron en ese tiempo para que se mantuviera en el poder Juan Orlando Hernández (expresidente del país condenado por narcotráfico en EE.UU.) Entonces eso causó la última mutación. Nosotros veníamos midiendo las mutaciones del de los grupos pandilleros en este país. Iban mutando de ser muchachos, que estaban en las calles simplemente pasando el tiempo. Luego pasaron a tener armas, verdad, y esas armas venían principalmente de Nicaragua, en tiempo de que armas que llegaron por parte de los contras. Entonces todo eso ha venido a evolucionar, pero nunca, nunca, nunca el joven de pandilla ha tenido el control, siempre ha sido cooptado” afirma Lainez cuya historia personal ejemplifica la hidra del crimen en el país que conecta pandillas, narco y poder.El pandillero que lo salvó de la muerte tras un secuestro ordenado desde el poder, apareció después muerto.

El país ha conseguidoreducir su alto índice de homicidios en los últimos años, algo que muchos expertos conectan conun cambio de paradigma en las pandillas que buscan ahoramayor aceptación social. Leonardo Pineda, politólogo, así lo afirma: “más que obedecer a políticas estatales, obedece a cambios en las dinámicas criminales. Las pandillas decidieron no calentar sus zonas, no hacerle tanto escándalo, sino tener un control más específico sin estar matando a gente en las calles, algo que no es conveniente para sus negocios”.

Hacemos una parada enla morgue de San Pedro Sula. Durante años fue calificada como la ciudad más violenta del mundo, con tasas que llegaron a los187 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2013.Un récord que se ha ido reduciendo durante los últimos años. Simón trabaja en la principal funeraria de la ciudad y ha sido testigo de ese horror. “Había días muy críticos de hasta 32 levantamientos. Estoy hablando que en 32 levantamientos se podían levantar más de 40 o 50 muertos porque hay levantamientos que son múltiples. También cuerpos desmembrados, aunque esto ya no es tan frecuente como antes.Antes uno se se topaba con escenas dantescas, hallar cuerpos hasta en 26 pedazos.(...) Esto era un mensaje atemorizante que mandaban las maras”. La falta de medios contribuye al gran problema que sustenta la violencia, la impunidad según estiman diversas voces que conocen bien la problemática sobre terreno. Leonardo Pineda incide en ello: “muchas veces hasta que encuentran, por ejemplo, una fosa clandestina con 2030 cuerpos tratan de identificar algunos en Honduras todavía tenemos muchos problemas con la identificación de cadáveres. Porque no tenemos un banco de datos de ADN que los pueda identificar y a veces tal vez por los dientes se lo van a identificar, pero por decirte una cosa, el año pasado se encontraron 3 cuatro fosas clandestinas en varios sectores peliurbanes de la ciudad y esa gente pues no pasa ni a las estadísticas y muchos de ellos ni siquiera son identificados.

JOH, caso no aislado

La detención del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022,recientemente indultado por Trump,  dio la vuelta al mundo en la apertura de informativos. Condenado 45 años por narcotráfico, el caso Hernández es el más conocido pero dista de ser un caso aislado.La simbiosis entre narco y poder político es una gangrena en Honduras.La financiación de las campañas políticas es la puerta de entrada del narcotráficoy el problema del origen es el costo de las campañas, según apunta el director de Flacso Honduras, Rolando Sierra. "Aquí hay que decir que en el caso de Honduras las campañas son de alto costo. Hay mucha inversión en publicidad, inversión en recorrer el país. De hecho, hay candidatos a diputados que lo que invierten en su campaña electoral es mucho más de lo que van a recibir como salario en los en los cuatro años. Entonces, frente a esto, busca,se busca el dinero donde se puede encontrar y eso abre la puerta del narcotráfico". El límite de gasto para los candidatos presidenciales es de casi 20 millones de dólares, aunque parezca poco comparado con otros países, los expertos coinciden en que es mucho para la realidad del país y critican la forma de obtener fondos discrecional y carente de supervisión. Cristian Nolasco, de la organización civil Consejo Nacional Anticorrupción, critica la falta de datos. "La responsabilidad de recabar esos datos corresponde a la Unidad de financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, como la unidad está debilitada, no presenta datos. Entonces no podemos ni siquiera retomar esos datos de quiénes y cuántos candidatos o candidatas son de cierta manera financiados por el crimen organizado. Lo que sí podemos mencionar es que ha sido una práctica recurrente" apunta Nolasco. El resultado es que el narco financia al político. Y el político queda a su servicio. "Y por lo tanto, después el Estado termina capturado en un congreso nacional en función de quienes lo financiaron" sentencia Rolando Sierra, director de FLACSO Honduras.

La tutela de EE.UU. 

Estados Unidos siempre ha tutelado la política hondureña. Por ello, son muchas las voces que no dudan en señalar la responsabilidad de Washington en el manejo de la seguridaddel estado hondureño. Julio Uclés, presidente de la Federación de Patronatos de Chamalecón en San Pedro Sula, se atreve a señalarlo claramente. "Definitivamente, el crimen organizado premió la institucionalidad del país por completo. Y también a los partidos políticos que son parte de la sociedad. Pero también había que verel estado de responsabilidad que han tenido nuestros cooperantes nuestros socios en permitir estas cosas también porque la embajada americana tuvo conocimiento desde a desde mucho tiempo atrás  de actos reñidos con la con la ley y los permitió hasta que a ellos les convino".

La impunidad es también la base de acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos vinculados con las élites poderosas. Y los periodistas corren riesgos por denunciarlo. Osman Reyes fue el presidente del Colegio de Periodistas Hondureño. "Desde el año 2000 hasta aquí, en 25 años, tenemos 104 periodistas asesinados. Lo más terrible es que en su gran mayoría, casi el 93% están en completa impunidad. Nunca se investigó las causas. Alguna gente después, el caso de algunos narcotraficantes en las cortes de Estados Unidos, revelaron que ellos habían mandado a asesinar a estos periodistas por el trabajo que realizaban" explica Reyes.

Pagar con la vida por denunciar es moneda de cambio, no solo para periodistas, también paramedioambientalistas. Hace 10 años, el caso de Berta Cáceres impactó al mundo. La activista sufrió una persecución constante durante años que obligó a parte de su familia a abandonar el país. Su hija, Berta Zúñiga Cáceres, continúa una década después empeñada en llevar ante la justicia al autor intelectual del asesinato de su madre. Asesinatos, desapariciones y torturas con fines interesados y sobre una base de impunidad. Un patrón sistemático amparado por negligencia institucional en un país demasiado acostumbrado a la violencia y a la muerte.

“Españoles, Franco ha muerto”: el 20 de noviembre de 1975, el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciaba en la televisión la muerte del dictador español Francisco Franco. España inició entonces un difícil camino para recuperar la democracia, un camino que para parte de la población aún está incompleto. Reportaje desde Madrid.

La plaza de la Puerta del Sol es la más céntrica de Madrid, también de España, porque allí se sitúa el kilómetro cero de todas las carreteras del país. Justo en la entrada de la Real Casa de Correos, el edificio que sobresale con su reloj en este bullicioso enclave comercial y turístico.

En frente de la Real Casa de Correos, siempre hay visitantes extranjeros con guías que narran en varios idiomas la historia del edificio construido en el siglo 18. Pero casi ninguno cuenta que hasta hace pocas décadas, el edificio era la sede de la Dirección General de Seguridad, donde se torturaba a opositores a la dictadura de Francisco Franco.

“Amenazarte continuamente”

Entre ellos estabanRosa García Alcón y Julio Pacheco. “Los calabozos eran muy pequeños”, cuenta Rosa. “Yo me acuerdo de una celda muy oscura, una celda muy pequeña”, prosigue Julio, a lo que Rosa añade: “Nos daban una manta que estaba asquerosísima. Por cierto, la manta era una cosa espantosa”.  

Aquello ocurrió en el verano de 1975, hace 50 años, cuando Julio y Rosa eran unos jovencísimos estudiantes y fueron detenidos por su implicación en una organización universitaria que luchaba por la democracia.

“Amenazas constantes, torturas…”, recuerda Julio. “Pues eso, amenazarte continuamente. O te vamos a tirar por la ventana, o te vamos a tirar por las escaleras. Yo decía bueno, pues tiradme porque así se acaba esto. O sea que al final acabas deseando morirte. Primero acabas deseando perder el conocimiento, pero no lo pierdes. Y luego dices bueno, pues mira, así se termina esta tortura”, detalla Rosa.

Uno de los pocos que en la Puerta del Sol recuerda que allí se torturaba a gente durante la dictadura es el periodista y sociólogo Emilio Silva, que recorre el centro de Madrid con un grupo de jóvenes, la mayoría estadounidenses de la Universidad de Nueva York.

Rescatar la memoria

Frente a la Real Casa de Correos, les explica en inglés que en España existe la tradición de recibir el nuevo año comiendo uvas frente al televisor, al compás que marcan las campanas del reloj del edificio de la Puerta del Sol.

Durante unos años esa fiesta se producía mientras en los sótanos había gente golpeada y privada de libertad, algo que ha marcado a Emilio Silva: “Debajo de ese reloj donde estábamos todos emocionados mirando, pidiéndole deseos al Año Nuevo, y había gente torturada unos metros más abajo. Esa imagen de esa España que esconde, que está aquí celebrando un año nuevo, pero a la vez era un año viejo, ¿no? Porque era un año con dictadura, con represión”, dice.

Silva preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una organización que en los últimos 25 años ha logrado rescatar los cuerpos de 1.700 hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Franco y enterrados en fosas comunes donde pasaron décadas en el olvido, entre ellos su abuelo, Emilio Silva Fava.

“Mi abuelo era un hombre de El Bierzo, una comarca en el noreste de España. Había sido emigrante en Argentina y Estados Unidos, y cuando se proclamó la República empezó a militar en un partido que se llamaba Izquierda Republicana. Hoy pensaríamos que era un partido moderado. Era un hombre bastante culto que alguna vez se enfrentó en un periódico local a un aristócrata, de allí que escribía artículos burlándose de las personas que pedían la igualdad”, cuenta.

Cuando ocurrió “el golpe de Estado, su pueblo cayó muy rápido en manos de los golpistas. Le empezaron a sacar dinero y un día lo detuvieron en el ayuntamiento y a la mañana siguiente ya no estaba allí. Lo asesinaron con otras 13 personas a 33 kilómetros, y estuvo 64 años desaparecido en una fosa común, hasta que yo en el año 2000 di con ese lugar y conseguí que se exhumara la fosa, que él fuera identificado genéticamente y que se enterraran sus restos con los de mi abuela, que había muerto tres años antes de la exhumación”.

“Creo que hay mucho olvido”

Las rutas guiadas que ofrece Emilio Silva a estudiantes descubren rincones de Madrid en los que sobrevive simbología de la dictadura, y señalan también lugares en los que el ejército de Franco, con el apoyo de la aviación alemana de Adolf Hitler, bombardeaba a la población civil durante la guerra que lo llevó a convertirse en caudillo de España.

“Era muy interesante porque para mí, antes de llegar a España, ni sabía quién era Franco, nunca escuché su nombre. Pero yo creo que se debe a mi ignorancia”, cuenta un joven extranjero.

Junto a los estadounidenses hay una joven española, Ainara, que estudia periodismo en una universidad pública madrileña en la que echa en falta este tipo de ejercicios de memoria democrática: “Yo creo que hay mucho silencio, mucho olvido. No se quiere hablar de la realidad. Y yo, por ejemplo, en toda mi formación académica he tenido obviamente la formación de lo que fue la dictadura, pero desde muy por encima y siendo más un contexto histórico, sin explicarte bien en profundidad lo que sucedió”, lamenta.

Ainara cree que ese silencio y olvido sobre la historia reciente de España contribuye al auge de los postulados ultraderechistas en jóvenes de su generación: “Yo creo que todos los ideales de la ultraderecha están calando un montón en nuestras edades, y yo cada vez noto más auge”.

Actualmente en España, el 20% de la población siente nostalgia por los viejos himnos del pasado. También los jóvenes: uno de cada cinco de los nacidos en democracia, una generación que no vivió la dictadura, valora positivamente los casi 40 años del régimen de Francisco Franco.

Represión “implacable” en la guerra y posguerra

“Franco ha sido una figura fundamental en la historia de España porque dirigió la dictadura más larga, más sanguinaria y más terrible en todos los aspectos que nos podamos imaginar en España”, analiza Ainhoa Campos, doctora en Historia, especializada en la Guerra Civil española y en el franquismo.

“Franco formaba parte de un grupo de generales que dieron un golpe de Estado en julio de 1936 para acabar con el régimen de la República (un régimen democrático que se había instaurado en 1931) y tuvo la habilidad y la suerte de conseguir colocarse como el único que podía acceder al poder absoluto de ese grupo de generales”, explica.

Franco ganó la guerra con la ayuda de las tropas italianas de Mussolini y de la aviación nazi, responsable de matanzas de población civil y desarmada, como la que el pintor Pablo Picasso retrató en su obra Guernica. No fue suficiente para Franco, que después de la guerra siguió ejecutando durante años a decenas de miles de españoles.

“La represión después de la guerra, la que protagonizó la dictadura de Franco, fue absolutamente implacable con el enemigo. Él quería aplastar cualquier intento de ponerle coto a su poder o de poner en cuestión el régimen que él había construido. Entonces, ya durante la guerra, todos aquellos que hubieran estado relacionados con la República, con algunos de los elementos más característicos de la República, como la educación, por ejemplo, los maestros, fueron implacablemente perseguidos, detenidos, forzados al exilio interior o asesinados, ejecutados”, prosigue Campos.

“Las cifras son desoladoras. Casi medio millón de personas tuvieron que irse al exilio. También se calcula que casi medio millón de personas fueron encarceladas al final de la guerra, y se calcula que entre 140 y 150.000 personas fueron ejecutadas en esta represión que tuvo lugar en la posguerra”, recalca.

La muerte de Franco, “una gran alegría”

La España franquista no participó en la Segunda Guerra Mundial y quedó aislada internacionalmente tras la derrota de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que le ayudaron a acabar con la democracia en España. Aunque años después, en el contexto de la Guerra Fría, el dictador español se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Con el apoyo de la gran potencia, Franco pudo prolongar su régimen hasta el mismo día de su muerte, el 20 de noviembre de 1975.

“Yo me enteré por una gran algarabía que hubo en el patio de los presos sociales, a los presos comunes los hacían formar para el recuento en un patio que estaba aledaño a nuestras celdas. Y entonces al cerrar la formación, hubo un griterío y en ese momento supimos que Franco había muerto. Como te puedes suponer, fue una gran alegría para para todos”, recuerda Pablo Mayoral.

Mayoral estaba en la cárcel ese día porque el dictador murió matando. Dos meses antes, autorizó el fusilamiento de cinco militantes antifranquistas de organizaciones que habían emprendido la lucha armada contra el régimen. Dos pertenecían a ETA, organización separatista vasca, y tres al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), en el que participaba Mayoral, que fue juzgado en un consejo de guerra en septiembre de 1975, junto a sus compañeros.

“Cuando el abogado te dice que te piden la pena de muerte, se te viene el mundo encima, aunque estás preparado y sabes que puede pasar”, cuenta. Pablo Mayoral esquivó la pena de muerte y fue condenado a 30 años de prisión, no así tres de sus compañeros del FRAP.

Paca Sauquillo es una de las abogadas que intentaron salvar la vida de los procesados: “Sabíamos que les podían pedir pena de muerte y yo, contra la pena de muerte, podían acusarme de terrorista o acusarme de lo que quisieran o meterme en la cárcel. Pero había que luchar contra la pena de muerte”, explica.

Sauquillo consiguió evitar el fusilamiento de una de las procesadas por estar embarazada, en un juicio militar repleto de irregularidades: “No nos dejaron hacer nada porque desde que los cogieron hasta que les ejecutaron, no pasó ni un mes, y no pudimos ni estudiar el sumario ni verlo porque no pudimos aportar pruebas. Fue increíble”, afirma.

Una ley de amnistía dolorosa

Pablo Mayoral no pudo salir de prisión hasta finales de 1977, cuando España avanzaba hacia la democracia y se promulgó una ley de amnistía que borraba todos los delitos de los presos antifranquistas, pero también los crímenes de la dictadura. Para algunos fue un necesario gesto de reconciliación, para otros un pacto de silencio que consagraba la impunidad, equiparando a víctimas y victimarios.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “el verdadero problema ya no es solo la impunidad jurídica. No es que no podamos ver un juicio a estos crímenes, sino que el hábito de la impunidad se ha convertido en una cultura política, y está por muchos sitios corrompiendo nuestra democracia y debilitándola. Y eso es muy grave, porque si uno ha amnistiado los mayores crímenes que se pueden cometer contra miles de seres humanos, pues hay muchas cosas que están por debajo de eso y que han vivido también alejadas de los juzgados”.

En 2023, Julio Pacheco se convirtió en el primer español que pudo contar en un juzgado de su país las torturas a las que lo sometieron los policías franquistas: “Fue una alegría enorme. Fue la primera vez que unos querellantes o unos torturados -no nos gusta decir víctimas- del franquismo pudimos declarar ante una sede judicial: ‘Yo fui torturado por esta persona, ahí está’”, dice.

La querella por torturas que presentó Julio Pacheco aprovechó una rendija abierta por la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite investigar delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista, al menos en teoría, porque un año después la Justicia archivó la causa. Julio Pacheco ha recurrido y no pierde la esperanza de conseguir romper el muro de la impunidad.